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Sobre el desmantelamiento de la manifestación de la Puerta del Sol

18 noviembre, 2026 48 lecturas
Sobre el desmantelamiento de la manifestación de la Puerta del Sol
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Fecha: 2 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: LAW-FAIR Derecho de reunión y manifestación
Tipo: Artículo de opinión

Sol: cuando la prudencia deja de ser una razón

La acampada de la Puerta del Sol empieza a desaparecer tras más de un mes de ocupación. La mayoría de las comisiones que la organizaron ha decidido abandonar la plaza y trasladar su actividad a los barrios para preparar la huelga general del 11 de noviembre.

No se ha marchado todo el mundo. Quedan tiendas, queda un grupo que no quiere irse y queda una recién creada asociación de personas sin hogar, de la que las comisiones se han desmarcado expresamente. La retirada llega después de que la Delegación del Gobierno pidiera por carta el fin de la protesta, al entender que había pasado "un tiempo razonable" y que las circunstancias habían cambiado. Esa carta es el mejor punto de partida. Si la protección tenía un tiempo razonable y las circunstancias cambiaron, hay que preguntarse cuándo se agotó ese tiempo, cuándo cambiaron y qué hizo entretanto la autoridad competente. La cuestión no es solo por qué se levanta ahora el campamento, sino por qué hizo falta más de un mes para llegar hasta aquí y qué consecuencias jurídicas tiene la actuación, o la falta de actuación, de las autoridades. El debate está servido. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado dos veces ordenar el desalojo y la Comunidad de Madrid ha anunciado una denuncia penal contra quien fue delegado del Gobierno.

Derecho de manifestación y ocupación permanente del espacio público

La controversia trasciende el debate político inmediato: ¿hasta dónde llega la protección constitucional del derecho de reunión y en qué momento la inacción de los poderes públicos deja de ser una opción legítima para convertirse en una omisión jurídicamente reprochable?

El problema no consiste en enfrentar el derecho de manifestación con las potestades de mantenimiento del orden público. Ambos tienen reconocimiento en nuestro ordenamiento. La verdadera cuestión es cómo armonizarlos cuando el ejercicio de uno empieza a comprometer de manera continuada otros derechos y libertades.

El artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, cuyo ejercicio no necesita autorización previa. En lugares de tránsito público se exige comunicación previa a la autoridad, que solo puede prohibir la reunión cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Como cualquier derecho fundamental, no es ilimitado: la doctrina del Tribunal Constitucional exige ponderar los derechos e intereses concurrentes, atendiendo a las circunstancias de cada caso.

La ley ofrece aquí una pista valiosa. El artículo 1.2 de la Ley Orgánica 9/1983 define la reunión como la concurrencia "concertada y temporal" de más de veinte personas "con finalidad determinada". La temporalidad y la finalidad no son adornos: forman parte de la definición legal. Pero la misma ley marca el límite de este argumento. Su artículo 5 obliga a la autoridad gubernativa a suspender y, en su caso, disolver las reuniones en supuestos tasados, entre ellos que sean ilícitas conforme a las leyes penales o que se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes. La mera duración no figura en esa lista. Quien defienda el desalojo debe argumentar, por tanto, algo más que el paso del tiempo: que aquello ya no era una reunión en sentido legal, o que concurría alguno de esos supuestos.

El derecho de reunión protege la expresión colectiva de ideas, reivindicaciones y discrepancias, y su función en una sociedad democrática justifica una protección especialmente intensa. Esa protección no equivale, sin embargo, a un derecho ilimitado a ocupar el dominio público. Una cosa es permitir que una concentración se prolongue, incluso con las instalaciones temporales que necesite, y otra muy distinta admitir que una plaza quede sometida sin plazo a una ocupación material que altere sustancialmente su uso ordinario.

La diferencia no es meramente temporal. Cuentan la finalidad de la concentración, sus condiciones materiales, la intensidad de las restricciones que produce y la posibilidad de hacerla compatible con los derechos de terceros. La libertad de circulación, la seguridad ciudadana, el acceso a establecimientos y viviendas y el funcionamiento de los servicios públicos también merecen protección. Invocar el artículo 21 no excluye por sí solo la intervención administrativa, del mismo modo que cualquier alteración del uso ordinario de una plaza no justifica por sí sola el desalojo. Lo exigible es una ponderación real, motivada y proporcionada.

De la reivindicación política al asentamiento de personas sin hogar

Hay otro elemento que no puede ignorarse: la progresiva transformación material y funcional de la acampada. Nació tras la manifestación del 26 de septiembre como una protesta política por la vivienda y los desahucios, con el Sindicato de Inquilinas a la cabeza y una finalidad claramente reivindicativa. Con las semanas, las organizaciones promotoras fueron perdiendo protagonismo y el campamento adquirió rasgos distintos de los que justificaron su instalación. A juicio de la propia Delegación, ya no quedaba rastro de aquellos promotores. Cuando las comisiones anunciaron su retirada, según EFE, la única organización que seguía sobre el terreno era la constituida por personas sin hogar. El entonces delegado del Gobierno ya había reconocido su presencia y había instado al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias. Este cambio plantea una pregunta de fondo: ¿seguía existiendo una reunión concertada, temporal y con finalidad determinada, protegida por el artículo 21, o había cambiado sustancialmente la realidad material de la ocupación?

La presencia de personas sin hogar no constituye ninguna irregularidad ni puede justificar una actuación discriminatoria. Son personas en situación de especial vulnerabilidad que merecen la protección de los poderes públicos. Pero la atención social a estas personas y el ejercicio colectivo del derecho de manifestación son realidades jurídicas distintas, y deben recibir respuestas distintas. Una concentración reivindicativa no se convierte, por la mera prolongación de su existencia, en un dispositivo permanente de alojamiento y asistencia en la vía pública. Y, a la inversa, la necesidad de atender a quienes no tienen hogar no puede servir de argumento para perpetuar una ocupación que ha perdido su finalidad original. Esa transformación exigía una nueva valoración. No bastaba con seguir invocando el derecho que amparó la instalación inicial. La Administración debía proteger la manifestación y, a la vez, afrontar una realidad social distinta, para la que existen instrumentos específicos de intervención y asistencia. Tolerarla sin delimitar responsabilidades perjudica tanto al uso común del espacio público como a las propias personas vulnerables que permanecen en él.

La Delegación del Gobierno: ¿cuándo deja de ser legítima su tolerancia?

La Delegación del Gobierno tiene atribuidas competencias en materia de seguridad ciudadana y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Ayuntamiento conserva las suyas sobre el espacio público, las ordenanzas municipales y los bienes de dominio público. Esa concurrencia exige cooperación, no inhibición recíproca, y lo ocurrido en Sol se ha parecido demasiado a lo segundo. El Ayuntamiento y la Comunidad exigían a la Delegación la disolución, mientras fuentes del Gobierno señalaban a la policía municipal y el delegado pedía al Ayuntamiento que atendiera a las personas sin hogar. La cooperación entre Administraciones no puede convertirse en una excusa para que ninguna asuma la responsabilidad de resolver. La autoridad gubernativa dispone de un margen de apreciación para decidir cómo y cuándo intervenir, sobre todo cuando una actuación policial puede poner en riesgo la integridad de manifestantes, agentes o terceros. Pero ese margen no equivale a una potestad ilimitada. La proporcionalidad opera en ambas direcciones: para limitar una manifestación y para justificar que se prolongue una ocupación que afecta a otros derechos. No intervenir puede estar plenamente justificado en un momento dado y dejar de estarlo cuando cambian las circunstancias. Lo que no parece jurídicamente admisible es convertir una decisión inicial de prudencia en una tolerancia indefinida, sin revisar sus fundamentos ni valorar las alternativas disponibles. La Delegación niega haber permanecido pasiva y sostiene que todas sus decisiones se adoptaron con pleno respeto a la legalidad. Su carta puede leerse, en efecto, como esa revisión de fundamentos. Pero también abre una pregunta incómoda: si la propia autoridad reconoce que la protección tenía un "tiempo razonable", debería poder explicar con qué criterio lo midió y en qué momento empezó a agotarse.

Según se ha publicado, la Delegación llegó a advertir a los acampados de que el desalojo "podría resultar legítimo". De ser así, lo que cambió no fue la ley, sino los hechos. Y eso es precisamente lo que una Administración debe poder explicar.

¿Responsabilidades jurídicas derivadas de la inactividad?

La eventual responsabilidad de las autoridades no se deduce automáticamente de la permanencia de una acampada. Hay que identificar qué obligación concreta se incumplió, quién debía ejecutarla y en qué condiciones podía exigirse. Son tres los ámbitos posibles, y en dos de ellos ya hay actuaciones abiertas.

Responsabilidad penal

Una primera acción de Manos Limpias contra Francisco Martín fue archivada por no cumplir requisitos formales. Vox presentó otra querella, y la Comunidad de Madrid ha anunciado una denuncia contra el ya exdelegado por prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. 

El artículo 404 del Código Penal exige una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia. La jurisprudencia ha admitido que ciertas omisiones tengan relevancia penal cuando existe un deber jurídico concreto de resolver y la omisión presenta los elementos necesarios para equipararse a una resolución arbitraria. Pero no toda inactividad constituye prevaricación. Habría que acreditar algo más que una discrepancia con la estrategia de la Delegación, y algo más que una decisión discutible o incluso errónea: una omisión jurídicamente cualificada, arbitraria y consciente de su injusticia. El artículo 408 castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, deja intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia. Aquí el objeto no sería la acampada como tal, sino los hechos delictivos concretos que la Comunidad afirma que se cometieron en su entorno. Habría que probar su existencia, su conocimiento y la omisión intencionada. También podría examinarse el artículo 412, sobre denegación de auxilio. Castiga a quien, requerido por autoridad competente, no presta el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, y contempla además el requerimiento de un particular. Requerimientos los hubo: la Comunidad y el Ayuntamiento los dirigieron a la Delegación. Pero con eso no basta. Habría que determinar si procedían de autoridad competente para exigirlo y si el auxilio reclamado era realmente debido.

Responsabilidad contencioso-administrativa

Esta vía ya ha recibido una primera respuesta. La Comunidad de Madrid recurrió la inactividad de la Delegación el 1 de octubre y pidió la disolución de la acampada. El TSJ de Madrid rechazó la medida cautelarísima el 5 de octubre y, tras oír a la Abogacía del Estado, la medida cautelar el día 7. 

Conviene no extraer de esa resolución más de lo que dice. La Sala no ha declarado correcta la actuación de la Delegación ni ha entrado en el fondo. Ha dicho algo más modesto: que el artículo 29 no es una acción general contra la pasividad administrativa. Que ese cauce no sirva no convierte en acertada la decisión de no actuar. Solo significa que no era esa la vía para enjuiciarla.

Responsabilidad patrimonial

Comerciantes, vecinos y otros afectados podrían reclamar los daños que consideren imputables al funcionamiento de los servicios públicos, siempre que acrediten los requisitos de los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015. No bastaría con invocar genéricamente una caída de la actividad o las molestias de la ocupación. Habría que demostrar un daño efectivo, individualizado, económicamente evaluable y causalmente vinculado al funcionamiento del servicio público.

El obstáculo principal es otro: que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el daño. Aquí la discusión vuelve a la ponderación. Si la autoridad protegía legítimamente un derecho fundamental, ¿hasta cuándo debían asumir los terceros su coste? El momento en que ese «tiempo razonable» se agotó dejaría entonces de ser una cuestión académica para convertirse en la clave de la reclamación.

Proporcionalidad en la intervención policial y evitación de males mayores

La defensa más consistente de la Delegación no está en negar las molestias, sino en justificar por qué no desalojó de inmediato. Es la que llevó al TSJ de Madrid: las medidas de compulsión física podían derivar en incidentes con riesgo para las personas, los edificios y el mobiliario urbano. Y tiene apoyo legal, porque el artículo 23 de la Ley Orgánica 4/2015 configura la disolución como último recurso.

Una intervención policial en un espacio tan concurrido como la Puerta del Sol puede provocar enfrentamientos, lesiones o daños a terceros, y valorar ese riesgo es legítimo. La actuación policial no es un mecanismo automático de ejecución: debe responder a criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Hay que reconocer, además, que el desenlace da un argumento a la Delegación, porque la plaza ha empezado a vaciarse sin un desalojo por la fuerza.

Ahora bien, el argumento de los males mayores también tiene límites. Último recurso significa que antes deben intentarse otros, no que nunca pueda llegar el momento de utilizarlo. Prevenir incidentes puede justificar que se posponga una intervención, que se diseñe un dispositivo alternativo o que se adopten medidas menos lesivas, pero no necesariamente una renuncia indefinida a ejercer las competencias. Y un buen resultado no demuestra por sí solo que el camino fuera el debido.

La proporcionalidad no consiste en elegir entre desalojar violentamente o no hacer absolutamente nada. Entre ambos extremos caben la negociación, la delimitación del espacio, la imposición de condiciones y la ejecución progresiva de las medidas procedentes. La Administración debe explicar por qué la alternativa elegida es la menos lesiva entre las que permiten alcanzar el objetivo legítimo perseguido.

El Gobierno no puede renunciar indefinidamente a su responsabilidad

Lo sucedido en la Puerta del Sol pone de manifiesto una cuestión esencial del Estado de Derecho: la protección de los derechos fundamentales no puede sustraer determinadas situaciones a cualquier control administrativo.

El derecho de manifestación merece una protección reforzada porque es una de las expresiones fundamentales del pluralismo político. Pero esa protección no reconoce a sus titulares una facultad de apropiación indefinida de los espacios públicos en perjuicio de los demás ciudadanos. Del mismo modo, la Administración no puede invocar genéricamente la prudencia policial para justificar una inactividad permanente cuando existen alternativas legales y proporcionadas.

La evolución de la acampada añade un elemento particularmente significativo: una concentración política convertida en una realidad material distinta, con necesidades asistenciales que no se resuelven invocando el derecho de manifestación. Esa parte del problema sigue en la plaza. No se trata de criminalizar la protesta ni de negar el derecho a ocupar temporalmente el espacio público para expresar una reivindicación. Tampoco de convertir la vulnerabilidad social en un problema de orden público. Se trata de recordar que los derechos fundamentales conviven dentro de un mismo ordenamiento y que ninguno puede convertirse en un instrumento de exclusión de los demás.

La cuestión jurídica decisiva, que ningún tribunal ha resuelto todavía, es si la Delegación del Gobierno podía prolongar su tolerancia sin una justificación objetiva, actualizada y jurídicamente suficiente. Porque en un Estado de Derecho la prudencia administrativa es legítima; la renuncia injustificada al ejercicio de las competencias públicas, no.

 

Fuentes: