PORTADA DEL PAÍS

Sentencia del Supremo sobre el Fiscal General

Noticia
12/12/2025(Ricardo Trigo)

Visto el contenido de la Sentencia condenatoria del Fiscal General y las reacciones tanto de los medios como de los políticos, cabe destacar una discrepancia sustancial en cuanto a su corrección, sobre todo en lo que se refiere a la existencia de pruebas sobre la comisión del delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 417 apartado 1 del Código Penal.

Todas las posiciones que aparecen en los medios, y las de los políticos que se han pronunciado (incluyendo altos cargos del Gobierno), están teñidas de un marcado subjetivismo ideológico. Unos exacerban la contundencia de la prueba de cargo y otros sostienen que es inexistente y que la Sentencia vulnera el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Ni unos ni otros, por más que los que se dan por conformes tampoco coincidan en todos los criterios del Tribunal, aciertan a destacar lo esencial: solo el Tribunal tiene la auctoritas necesaria y suficiente, emanada del principio de independencia judicial, para realizar una valoración soberana de la prueba de cargo que conduzca a un determinado sentido del fallo.

Asistimos pues a un cuestionamiento evidente de las prerrogativas judiciales por parte de todos los que exhiben intereses partidarios. Ello resulta injustificado en este caso por la ausencia del respeto mínimo que debe exigirse a los protagonistas, y más si son miembros de la Administración que se debe a la Ley sin excusas.

Las actitudes de los miembros del poder ejecutivo y sus socios que deslegitiman una sentencia firme del más alto tribunal del orden jurisdiccional ordinario socavan la separación de poderes y contribuyen a una imagen pública de debilitamiento de las garantías institucionales del Estado de Derecho.

PORTADA DEL ABC

Cerdán y Salazar impulsaron la purga de feministas en el PSOE

Noticia
12/12/2025(Ricardo Trigo)

El apellido Salazar, derivado del latín salax, -acis ("muy inclinado a la lujuria"), adquiere una resonancia irónica a la luz de los acontecimientos recientes. Al margen de esta casualidad etimológica, es innegable que existe una grave crisis interna y un profundo malestar entre la facción feminista de este partido que se autoproclama como tal.

Si bien el término "purga" resulta excesivo y propio de una postura periodística o política más radicalizada, lo cierto es que la situación ha derivado de una crisis ética y de poder en la cúpula, que ha facilitado la salida de mujeres críticas y ha provocado un castigo perceptible en el electorado femenino. Este impacto no es menor, especialmente al contrastarse con las declaraciones públicas de sus dirigentes sobre el compromiso del partido con el feminismo:

  1. El Factor Salazar (Crisis Ética): Francisco Salazar, un estrecho colaborador del Presidente Sánchez, fue objeto de acusaciones por acoso sexual y comportamientos inadecuados, incluyendo comentarios obscenos, abuso de poder e invitaciones fuera de lugar, dirigidos a mujeres jóvenes, empleadas y voluntarias del partido. La reacción inicial de la dirección del PSOE se caracterizó por la inacción y el silencio, lo que fue interpretado por los colectivos feministas socialistas como un claro patrón de protección a los agresores y una traición a los protocolos antiacoso internos.

  2. El Factor Cerdán (Crisis Orgánica): Por su parte, Santos Cerdán, ex-Secretario de Organización (y posteriormente investigado por su presunta implicación en una red de corrupción), se encontró en el centro de decisiones orgánicas que culminaron en estrategias de acoso y derribo de figuras feministas socialistas prominentes, como Adriana Lastra (ex número dos del PSOE). Aunque esta es una purga de corte orgánico y meramente político, la posición de Cerdán se alinea con una falta de credibilidad palpable en el discurso feminista del PSOE y con la percepción de una dirección hostil a la disidencia interna femenina.

La paradoja se agrava al observar a los principales socios del Gobierno, a menudo ubicados en el ala más radical de la izquierda. Estos socios aceptan sin rechistar tales estrategias de poder, demostrando una llamativa falta de coherencia y poniendo de manifiesto que, para ellos, la obtención y conservación del poder resulta mucho más apetecible y prioritaria que la defensa innegociable de la honradez y la coherencia ética feminista.

La conclusión es clara: la combinación de escándalos éticos y purgas políticas en la cúpula ha dinamitado la credibilidad del autoproclamado feminismo socialista.

PORTADA DE LA RAZÓN

Mónica dimite el médico no te admite

Noticia
12/12/2025(Ricardo Trigo)

Resulta profundamente frustrante que, en un país que se precia de ser moderno y democrático, persista la incapacidad de ofrecer datos de participación ciudadana con una mínima precisión. En conflictos sociales de gran calado, como la reciente huelga de médicos, el ciudadano que costea el sistema con su esfuerzo y trabajo se ve desorientado por cifras que han sido, a todas luces, tamizadas por los intereses contrapuestos de los protagonistas.

El caso de la huelga de médicos es el ejemplo más reciente de esta polarización informativa:

  • Los Sindicatos elevan el seguimiento al 85%-90%.

  • Los datos oficiales reportan cifras insignificantes en algunas comunidades, como el 6,5% en Madrid o el 35% en Andalucía.

Esta abismal guerra de cifras no solo desorienta, sino que impide al ciudadano evaluar la magnitud real del malestar.

Independientemente de la cifra de seguimiento, la realidad de un sistema sanitario masificado y en crisis no cambia.

El origen inmediato del conflicto es el borrador del nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. Según los facultativos, esta norma parte de un error conceptual de base: al tratarse de un totum revolutum que agrupa las condiciones laborales de toda la plantilla sanitaria global, no aborda las particularidades y la extrema degradación de la dedicación y las agendas médicas. En consecuencia, este borrador no impediría la huida de profesionales ni aliviaría la sobrecarga asistencial.

La movilización, que se extiende del 9 al 12 de diciembre, se produce en un momento particularmente delicado, con la incidencia de la gripe en un periodo álgido que exacerba las tensiones asistenciales y el colapso.

El malestar de los facultativos se ve agravado por la percepción de que la gestión del Ministerio, liderado por un titular con escasa o nula experiencia gestora en este ámbito y con un evidente sesgo político de izquierdas, parte de presupuestos ideológicos que chocan frontalmente con la cruda realidad operativa y las necesidades técnicas de la sanidad.

Para restaurar la confianza y abordar la crisis de manera efectiva, es imprescindible no solo negociar las condiciones laborales, sino también exigir a todas las partes —especialmente a la Administración— la imparcialidad informativa que es condición sine qua non para un debate democrático sano.

PORTADA DE LA VANGUARDIA

Juntos se abre a retomar la relación con el PSOE si se cumplen los acuerdos.

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12/12/2025(Ricardo Trigo)

El presidente Pedro Sánchez en un gesto previsible e imprescindible, compareció anteayer en dos medios catalanes para entonar el "mea culpa" exigido por JxCat como condición para retomar el diálogo y garantizar la supervivencia de la legislatura.

Este acto de contrición política fue rápidamente materializado en un Decreto del Consejo de Ministros cargado de concesiones. Entre las más destacadas se encuentran la flexibilización de las reglas que permiten a los municipios utilizar sus superávits de 2024 para financiar nuevas inversiones, y la ampliación hasta 2027 del plazo de implantación obligatoria del sistema de facturación electrónica Verifactu.

En el marco de esta ofensiva política, Sánchez elevó el tono en lo referente a la aplicación de la Amnistía.  Ello pone en evidencia su "plena confianza" en que las futuras decisiones judiciales de alto calado se alinearán con los intereses y la agenda del Gobierno. Esta declaración es interpretada por la oposición como un indicio de control o profunda seguridad que se sustenta en la actual mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC), cuya composición ha sido renovada bajo el mandato del Ejecutivo con el resultado de 6 magistrados designados directa o indirectamente por el Gobierno frente a 4 conservadores.

Este escenario no es más que una negociación estrictamente pragmática por la supervivencia. La relación entre Sánchez y Junts se consolida como un juego de alto riesgo y un "tira y afloja" con objetivos estratégicos definidos:

  • El Gobierno (PSOE): Busca garantizar la estabilidad hasta 2027, asegurando la aprobación de los Presupuestos y evitando elecciones anticipadas.

  • JxCat (Derecha Separatista): Capitaliza su posición clave para obtener concesiones políticas y réditos económicos constantes, fortaleciendo su influencia en Cataluña.

Ambas partes están condenadas a mantener este acuerdo de conveniencia hasta que sus intereses estratégicos individuales no soporten más la presión, o hasta que uno de los actores decida que es más rentable romper la baraja.

El juego no es muy limpio por ambas partes dadas las decisiones críticas a tomar para contentar a los catalanes.  Queda al aire en la posición ambigua de la portavoz en sus declaraciones de ayer, abriendo de nuevo las puertas en su poco ético "vayvén".

PORTADA DE EL CORREO

El Gobierno acelera la salidad del Jefe de la UCO al aprobar su ascenso (2/12/2025)

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12/12/2025(Ricardo Trigo)

El ascenso del Coronel Rafael Yuste a General de Brigada ha generado una fuerte controversia política, ya que, al dejar la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se produce un relevo en la cúpula de esta unidad en medio de investigaciones de corrupción de alto nivel (como el 'caso Koldo').

El Gobierno defiende que el ascenso es legal y se enmarca en la normativa, dado que el Coronel Yuste cumplía los requisitos (incluido el curso de capacitación). El nombramiento a Generalato es una facultad discrecional del Consejo de Ministros (Gobierno).

La crítica se suscita al apreciarse la celeridad y el momento de la investigación en que se decide el ascenso. La oposición y otros analistas interpretan que el uso de esta discrecionalidad de manera urgente, busca forzar un cambio de mando en la UCO, que permite al Ministro del Interior nombrar a un nuevo jefe y, con ello, aumentar potencialmente el control gubernamental sobre la unidad.

A pesar de ello, la garantía final de la imparcialidad de las investigaciones (que afectan a distintos partidos políticos) recae en las autoridades judiciales (jueces y fiscales). La UCO actúa como Policía Judicial bajo la estricta dirección de los tribunales, lo que minimiza el riesgo de injerencia política en las diligencias.

A parte de ello, históricamente, la UCO ha demostrado ejemplaridad y rigurosidad profesional, investigando casos de corrupción independientemente de la filiación política de los implicados. La imparcialidad de los procesos dependerá de la calidad de las pruebas que se remitan a los jueces.

En definitiva, la controversia reside en la percepción política sobre el uso de una facultad legalmente discrecional en un momento crucial para la investigación de la corrupción, lo cual probablemente no carece de fundamento.

PORTADA DE EL DIARIO DE SEVILLA

Trump avisa a Maduro: "vamos a empezar los ataques por tierra"

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12/12/2025(Ricardo Trigo)

El eje central de la política de la administración de Donald Trump hacia Venezuela, desde el inicio de su mandato, ha sido la utilización de la lucha contra el narcotráfico como la justificación principal para una política de agresión progresiva.

Inicialmente, esta estrategia se caracterizó por un bloqueo económico y diplomático al estilo de la Guerra Fría. Sin embargo, a partir de agosto de 2025, la tensión experimentó un "calentamiento" dramático:

  • Despliegue de Fuerza: La activación de la "Operación Lanza del Sur" implicó el despliegue de una gran flota militar en el Caribe y el Pacífico, intensificando el cerco naval.

  • Uso de la Fuerza Letal: La escalada se materializó en el hundimiento de supuestas narcolanchas, resultando en casi un centenar de bajas, una acción de guerra no declarada.

  • Violación de la Soberanía: La administración estadounidense proclamó unilateralmente un inminente riesgo para el que se atreviera a usar el espacio aéreo venezolano, una clara afrenta a la soberanía del país.

  • Precio a la Cabeza: La política se personalizó y criminalizó aún más al duplicar el precio de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro (50 millones de dólares).

  • Punto Álgido: La cumbre de esta escalada es la amenaza directa de ataque por tierra, con una referencia expresa a Colombia como posible objetivo si no controla el flujo de drogas. Este aviso transforma la disputa unilateral en una potencial acción militar de carácter regional.

Es difícil determinar con claridad el objetivo final de esta política (si es el cambio de régimen, la estabilidad regional o la contención del narcotráfico), lo que sí está meridianamente claro es que la figura del narcoterrorismo es el casus belli o la justificación legal y moral constante para todas las posturas y acciones de fuerza adoptadas por Washington.

Algo sin embargo apunta a que en el fondo de toda esta actividad hay:

Como objetivo primordial la caída del gobierno de Maduro para reinstaurar un gobierno afín a los intereses de EE. UU lo que favorecería  -> Asegurar la influencia sobre las vastas reservas petroleras de Venezuela y contener la creciente presencia e inversión de potencias rivales como Rusia, China e Irán en el hemisferio, lo cual ayudaría a  ->  consolidar la base de apoyo conservadora y la imagen de líder fuerte del presidente Trump por medio del argumento de la mano dura y la confrontación contra gobiernos "enemigos".

PORTADA DEL HERALDO DE ARAGÓN

Feijóo pide "elecciones ya" en la concentración contra Sánchez en Madrid (2/12/2025)

Noticia
12/12/2025(Ricardo Trigo)

La postura de Feijóo suscita el análisis de las tres opciones: Mantenerse, Elecciones Ya, Moción de Censura  y revela una clara diferenciación estratégica entre los actores políticos.

El Gobierno prioriza la estabilidad institucional y opta por agotar la legislatura. La convocatoria anticipada de elecciones solo se justifica si:

  1. Elecciones Ya: Existe una oportunidad electoral clara (altos índices de popularidad, oposición fragmentada) que garantice una mayoría reforzada en las urnas.

  2. Elecciones Ya: Se hace imperativo desbloquear una situación institucional insostenible (rechazo de los Presupuestos Generales del Estado), que impida la gobernabilidad efectiva. 

Frente a la Oposición, el Gobierno siempre verá la Moción de Censura como una decisión irresponsable y partidista que busca la desestabilización. Si la moción es fallida, el Gobierno saldrá políticamente reforzado con la revalidación de la confianza parlamentaria.

Como factor no-racional, pero real, la decisión puede responder a la voluntad personal del Presidente de "huir hacia adelante" o evitar el desgaste, primando el cálculo partidista sobre el interés general. Como se ha podido comprobar y el Gobierno declara, van dos años en los que se han prorrogado los PGE sin que esto cree un problema al Gobierno, lo cual le ayuda a mantener la opción de continuidad a toda costa y sin pararse en las consecuencias de gobernar sin presupuestos. 

La oposición se enfrenta a un dilema entre la vía electoral (más segura) y la vía parlamentaria (más inmediata).

  1. Elecciones Ya: Si se atisba una ventaja electoral clara en las encuestas, la vía electoral es la solución más segura y legítima para obtener el poder con un mandato sólido.

  2. Moción de Censura (Instrumental): La moción se utiliza como una herramienta de exigencia inmediata de responsabilidad política y ética al Gobierno. Sin embargo, en el contexto actual y ante la inexistencia de una mayoría parlamentaria alternativa, esta moción adquiere un carácter puramente instrumental, cuyo objetivo real es:

    • Aumentar la presión sobre el Gobierno para forzar la convocatoria de elecciones.

    • Visibilizar al candidato alternativo y su programa ante la ciudadanía, como paso previo a una campaña electoral.

Esta dualidad estratégica se ve reflejada en la discrepancia interna de la oposición de derechas, donde el partido mayoritario (PP) podría preferir esperar a la vía electoral, mientras que la minoría (Vox) exige la moción como herramienta inmediata de presión.

En definitiva la decisión a tomar no es fácil para la oposición, dadas las incertidumbres que la situación plantea.

PORTADA DE EL MUNDO

El "caso Salazar" arruina el plan del PSOE de recuperar el voto de las mujeres

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12/12/2025(Ricardo Trigo)

La gestión del "Caso Salazar" por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ha convertido en una crisis de credibilidad interna y externa, confrontando su auto-proclamada bandera feminista con una práctica política marcada por la opacidad, la dilación y el aparente intento de encubrimiento de un grave caso de acoso sexual y abuso de poder.

Francisco Salazar, ex alto cargo en la Moncloa y exdirigente socialista, fue denunciado por varias mujeres jóvenes subordinadas, quienes describieron un patrón de comentarios humillantes, gestos obscenos y uso de lenguaje inadecuado en el entorno laboral. Estas denuncias fueron canalizadas a través del protocolo antiacoso del partido.

Sin embargo, en lugar de una respuesta inmediata y contundente, la dirección de Ferraz mostró una extrema lentitud. Las denuncias se mantuvieron sin respuesta durante meses, y se llegó a hablar de una "interrupción momentánea" del canal que provocó la "desaparición" de la información. Esta negligencia sin precedentes ha generado la fundada sospecha de que la dirección del partido intentó silenciar el asunto, esperando que el escándalo se disolviera antes de que se hiciera público. El protocolo, diseñado para proteger a las víctimas, actuó, en este caso, como una coartada para ganar tiempo.

La gestión ha revelado una doble moral que erosiona la imagen pública del PSOE que parece que tiene "dos caras":

  1. La Cara Institucional: Mientras portavoces del Gobierno calificaban las expresiones de Salazar como "vomitivas", se puso en relieve el encuentro privado que la ministra portavoz, Pilar Alegría, mantuvo con Salazar poco antes de que la crisis se reavivara. Aunque se enmarcó en lo personal, la cercanía al denunciado, unida a la inacción del partido, alimenta la crítica de que la cúpula priorizó la protección del aparato sobre la de las víctimas.

  2. La Cara Feminista ineficaz: El caso ha demostrado que el protocolo antiacoso del PSOE es, cuando menos, ineficaz ante la presión política. La falta de diligencia y la ausencia de transparencia con las que se trató internamente este caso de acoso, por parte de un significado dirigente, socavan la coherencia de la imagen feminista que se intenta proyectar.

El punto de mayor tensión reside en la discrepancia sobre las acciones a seguir. Si bien se han alzado voces, especialmente desde las responsables de Igualdad de las federaciones territoriales, en favor de acudir inmediatamente a la Fiscalía para que la justicia ordinaria investigue los hechos, la dirección de Ferraz no ha tomado por el momento esta decisión.

Esta resistencia a llevar el caso al ámbito judicial externo se interpreta como un intento de mantener el control de la información y limitar el daño, aun a costa de una credibilidad que se muestra en un estado lamentable. 

En definitiva, la gestión del caso Salazar supone un grave fracaso ético y político para el PSOE. El PSOE se nos aparece como una organización carente de diligencia y transparencia.

PORTADA DE EL PERIÓDICO

Empieza la batalla extremeña

Noticia
12/12/2025(Ricardo Trigo)

La participación de Pedro Sánchez en la campaña del candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, adquiere una dimensión significativa debido a que este último se encuentra inmerso en la investigación judicial por la presunta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente.

Esta aparición se interpreta como un respaldo expreso e inequívoco no solo del presidente del Gobierno, sino de toda la dirección nacional del Partido Socialista. Dicha circunstancia pone en el punto de mira la calidad ética y la vara de medir tanto del líder del Ejecutivo como de su formación política en pleno periodo electoral.

Sánchez ha defendido su postura y la de Gallardo minimizando la trascendencia del procesamiento y centrándose en la habitual crítica hacia la "judicialización de la política" que, según él, promueve la "ultraderecha" para desgastar al Gobierno.

La clave de la estrategia electoral reside en el impacto real de esta defensa. Está por determinar si la presencia de Sánchez logrará la movilización del electorado socialista deseada o si, por el contrario, la controversia generará un voto de castigo o sembrará mayores dudas en el electorado indeciso respecto al liderazgo y la ejemplaridad del partido.

En cualquier caso, se pone en juego su capacidad para convencer a la ciudadanía de que la gestión es prioritaria sobre las polémicas personales y judiciales. El éxito de la estrategia dependerá de si el votante extremeño prioriza la lealtad al partido o la exigencia de rendición de cuentas. Se produce en tal caso una evaluación de la calidad ética mayoritaria del pueblo extremeño de modo indirecto que da un significado adicional a las elecciones.

¿Si condena a Gallardo, condena a su hermano?

  • La condena electoral a Miguel Ángel Gallardo (su derrota) es una condena indirecta a la decisión del presidente Sánchez de arroparlo públicamente.

  • Esta condena electoral se traduciría en un incremento exponencial del coste político de la investigación que afecta a David Sánchez, pues se demostraría que el caso tiene capacidad real de erosionar al PSOE en las urnas.

Nos encontramos ante una test implícito de la tolerancia de los simpatizantes socialistas a los escándalos de corrupción y falta de moralidad y más cuando se mezclan con esferas de poder familiar.

PORTADA DE LA VOZ DE GALICIA

España no irá a Eurovisión ni la televisará, al mantener el certamen la participación de Israel.

Noticia
12/12/2025(Ricardo Trigo)

La confirmación por parte de RTVE, la Corporación de Radio y Televisión Española, de que no participará en el Festival de Eurovisión 2026 tras la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de mantener a Israel, ha generado estupefacción en algunos ambientes.

Es fundamental matizar que no es España como nación quien se retira, sino RTVE como ente público y miembro de la UER. Si bien la Corporación utiliza su carácter público para conferir a la decisión un matiz de "decisión de Estado" ("España se retira"), esto oculta que la acción es de naturaleza institucional y no de consenso nacional o gubernamental.

La razón de fondo resulta ser doblemente política y potencialmente falsaria:

  1. Acusación de RTVE: La Corporación justifica su retirada acusando a la UER de estar "mediatizada políticamente" por permitir la participación israelí, lo que —según su posición— incumple el carácter apolítico del evento.

  2. La Contradicción Falsaria: La paradoja reside en que la propia decisión de RTVE de no intervenir es, por definición, un acto político de protesta y boicot motivado por razones geopolíticas e ideológicas. Se critica la politización ajena para justificar una acción propia que, de forma irrefutable, aumenta la tensión política del Festival.

Si la verdadera pretensión fuera "despolitizar" un evento cuya naturaleza política es de sobra conocida, la solución no parece ser la de escalar la confrontación mediante una retirada basada en motivos ideológicos que, además, no cuentan con un consenso mayoritario en la sociedad española. Al ocultar la naturaleza política de su propio boicot, RTVE incurre en un sesgo de conveniencia que debilita su autoridad moral si alguna vez existió.

La jugada de RTVE es un ejemplo de manual sobre como instrumentalizar el servicio público para fines ideológicos específicos.

Al ser un ente público, RTVE tiene la obligación de servir a la pluralidad y no utilizar su posición para hacer declaraciones de política exterior que deberían corresponder al Gobierno central y al Ministerio de Exteriores.

  • Al retirarse con el argumento de "genocidio en Gaza" o "incumplimiento de normas", RTVE busca automáticamente posicionarse en el lado de la superioridad ética, haciendo que cualquier crítica a su decisión parezca una defensa indirecta de la postura israelí o una falta de sensibilidad.

  • La clave está en quién vota dentro del Consejo de Administración de RTVE. Al estar sus miembros elegidos por cuotas parlamentarias, la decisión refleja una mayoría política interna de la Corporación (vinculada al Gobierno de turno y sus socios), no un consenso de Estado.

  • El daño no recae solo sobre el Festival, sino sobre el artista elegido que fracasa antes de participar y sobre la propia imagen de España, que queda asociada a una acción de boicot que, irónicamente, hace exactamente lo que acusa a la UER de no impedir: mezclar música con política exterior.

La retirada es, pues, una acción de guerra cultural donde RTVE decide unilateralmente pagar un coste artístico y económico (la multa por incumplimiento, si la hay, y la pérdida de audiencia) para ganar una batalla política e ideológica específica al servicio de un Gobierno que al consentirlo o impulsarlo se tiñe de falsario.

OTRAS NOTICIAS

Polarización, guerra de trincheras y acción popular solidaria

Noticia
22/11/2025(Ricardo Trigo)

Ante la avalancha de descalificaciones de los partidos contrarios al contenido del fallo esperable en la Sentencia del TS en el Caso del Fiscal General, cabe analizar la situación de fondo.

Muchos analistas políticos sostienen que en sistemas democráticos pluralistas, lo esencial para los líderes no es buscar el consenso y el interés general, sino movilizar a sus bases por medio de la distinción radical del contrario.

La polarización, manifestada en el discurso del "vamos a por ellos", es la política de trincheras, un medio eficaz para asegurar la lealtad del votante y la visibilidad mediática. Los líderes ambiciosos, al radicalizar sus diferencias con los opositores, aumentan su poder dentro de la organización, lo que de paso, provoca la fractura social.

El actual ambiente mediático (especialmente las redes sociales) premia los contenidos extremistas, irracionales por su carga emocional y, sobre todo, de enfrentamiento, lo cual se manifiesta en el lenguaje agresivo. Los seguidores (o hooligans políticos) consumen y redistribuyen este contenido, aumentando su sentido de pertenencia y validando su actitud extremista; un círculo vicioso de polarización social.

 

Asistimos a un pleno espectáculo de captura de la Agenda Política. Las grandes empresas (financieras, energéticas, sindicatos, etc.) no generan ni consumen ideología, sino que financian aquellas ideas que les son favorables, sin que sea relevante el color político del partido que las promueve. Por ello, no es contradictorio para ellas estar con la derecha o con la izquierda y, a la vez, combatir o apoyar el ecologismo, la lucha medioambiental, el cambio climático o la desaparición de combustibles fósiles, nucleares o fuentes renovables. Apoyarán unas ideas u otras, a veces de manera contradictoria, según se adapten a sus intereses económicos y de poder.

Por ejemplo: la izquierda puede ser arrinconada o presionada por lobbies de energías renovables o tecnológicas, mientras que la derecha será fácilmente presionada por la banca o las grandes constructoras. La ideología actúa como la excusa perfecta, una fachada moral o filosófica, que da legitimidad y apariencia de bien hacer a una política que solo beneficia a un interés económico concreto.

El fenómeno de las puertas giratorias, mencionado por ciertos sectores de la ultraizquierda en España, es un ejemplo concreto de la interdependencia entre el poder político y económico. Los expolíticos pasan a ocupar puestos importantes en empresas reguladas o controladas por el Gobierno del que formaban parte, y viceversa. De este modo, resulta muy posible que las decisiones políticas hayan estado orientadas y contaminadas por la expectativa de ese futuro traslado.

 

 

Esta situación exige responsabilidades a la clase dirigente y del ciudadano:

  • Responsabilidad de la Clase Política: Los políticos tienen la responsabilidad moral de atender al interés general y no a sus propios criterios interesados. Solo eludiendo estas tácticas es posible alcanzar un pacto tácito de mínimos honorables que antepongan la salud democrática a los resultados electorales. Deben evitar la deshumanización del adversario, aceptar los resultados electorales sin cuestionar la legitimidad del sistema (si no hay pruebas de fraude) y buscar espacios de acuerdo en temas de Estado.

  • El Despertar del Ciudadano: Es imprescindible una mayor conciencia sobre el uso de la propia ideología por parte del poder. Si los partidos no demuestran autocrítica, la presión del pueblo es fundamental. Se necesitan ciudadanos informados y críticos, que penalicen en las urnas la confrontación estéril, las mentiras obvias o la dependencia de lobbies.

CONDENADO EL FGE

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO CONDENADO POR REVELACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA

Noticia
22/11/2025(Ricardo Trigo)

La condena del Fiscal General del Estado por un delito de revelación de información reservada supone la aplicación del ordenamiento jurídico a un alto funcionario del Estado.

Hechos e Implicaciones:

  • Aplicación de la Ley: La sentencia confirma que la conducta del Fiscal General incurrió en el supuesto tipificado por la ley, determinando una responsabilidad penal independientemente del cargo ocupado.

  • Principio de Igualdad ante la Ley: El fallo sirve de constatación del cumplimiento  del principio de que todo ciudadano, incluidos los altos cargos, está sujeto al imperio de la ley y a la acción de la Justicia.

  • Consecuencias Institucionales: La condena conlleva la inhabilitación o cese en sus funciones, lo que requiere la activación de los mecanismos de sustitución previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

  • Contexto de Nombramiento: El incidente plantea la necesidad de revisar los procedimientos y criterios de designación de altos cargos, así como la responsabilidad política asociada a los nombramientos realizados por el Gobierno.

El suceso marca un precedente relevante en la separación de poderes y la exigencia de transparencia y rigor en el ejercicio de las funciones públicas de máximo nivel, dada su excepcionalidad y que no hay otro anterior en la Historia de España.

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(R. Trigo)

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