¿El PSOE secuestrado o el PSOE de siempre?
La tesis del partido víctima exige demostrar algo muy difícil: que lo que vemos hoy es una excepción. Un análisis escrito hace quince años lo pone seriamente en duda.
«Zapatero niega cobros por el rescate de Plus Ultra». El titular, cuya relevancia jurídica dependerá de lo que determinen las investigaciones y, en su caso, los tribunales, no sería especialmente extraordinario si no fuera por el nombre al que afecta. Cuando las sospechas o investigaciones comienzan a aproximarse a quienes ocuparon las más altas responsabilidades del Estado, el debate deja de girar únicamente en torno a conductas individuales y pasa a plantear una cuestión más profunda: la naturaleza del sistema político que las hizo posibles.
En el entorno socialista parece abrirse paso una respuesta preventiva ante la acumulación de escándalos, investigaciones y sospechas que afectan al partido. La tesis sostiene que una trama de intereses ajenos a los valores históricos del PSOE habría colonizado progresivamente sus estructuras, convirtiendo a la organización en víctima de una especie de secuestro interno. La ventaja política de esta explicación es evidente: permite separar la identidad histórica del partido de los comportamientos que hoy deterioran su imagen pública. Si el problema son determinadas personas, bastaría con apartarlas para restaurar la credibilidad de la organización.
Sin embargo, la teoría exige una demostración compleja. Para sostener que el PSOE ha sido secuestrado es necesario acreditar que existió previamente un PSOE sustancialmente distinto, inmune a los problemas que hoy se denuncian.
La historia reciente no parece facilitar esa conclusión. Los GAL fueron financiados con fondos reservados durante un gobierno socialista. Filesa articuló un sistema de financiación ilegal vinculado al PSOE. Los ERE de Andalucía desviaron durante años recursos públicos destinados a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial. Ninguno de estos episodios pertenece a la etapa política actual ni guarda relación con sus protagonistas inmediatos. Lo que sí comparten es su vinculación con el mismo partido político.
Más aún, la idea de que los escándalos responden siempre a elementos extraños o infiltrados tampoco resulta novedosa. Tras cada gran crisis política existe la tentación de presentar los hechos como desviaciones individuales, errores aislados o anomalías pasajeras. Sin embargo, cuando los episodios se repiten durante décadas y bajo liderazgos distintos, la cuestión deja de ser quiénes son los responsables concretos y pasa a ser si existe un problema estructural que trasciende a las personas.
Ahora bien, entre la tesis del partido secuestrado y la tesis del partido inmutable existe una tercera posibilidad, probablemente más cercana a la realidad. Puede que el PSOE no haya sido colonizado por una fuerza extraña a su tradición política, pero tampoco que todas sus etapas sean equivalentes. Es posible que determinados problemas históricos —clientelismo, ocupación partidista de instituciones, escasa autocrítica interna o identificación creciente entre partido y Estado— hayan estado presentes durante décadas y que, lejos de corregirse, se hayan agravado progresivamente bajo distintos liderazgos.
Pero la discusión no debería limitarse a los casos de corrupción. Existe una segunda cuestión, menos llamativa mediáticamente, aunque posiblemente más relevante para la salud institucional de una democracia: la calidad del ejercicio del poder.
Ya en 2011 publiqué El Sexenio 2004-2010. Derecho y Soberanía Ciudadana, un análisis de las legislaturas desarrolladas bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. En aquella obra se sostenía que la profunda crisis interna sufrida por el PSOE a comienzos de la década anterior había favorecido el ascenso de una nueva generación de dirigentes caracterizada por una insuficiente experiencia política y un limitado bagaje intelectual para afrontar los desafíos institucionales del país. El resultado, según aquel análisis, fue una producción normativa frecuentemente orientada por criterios ideológicos antes que por principios de calidad legislativa, seguridad jurídica o respeto al equilibrio constitucional.
Esta cuestión es importante porque conviene no confundir planos distintos. La corrupción constituye un problema ético y jurídico. La degradación institucional constituye un problema político y democrático. Son fenómenos diferentes, pero pueden compartir un mismo origen: una determinada cultura de poder que acaba subordinando las instituciones a los intereses partidistas.
La relevancia de Zapatero en este debate no depende de lo que puedan concluir las investigaciones actuales. Depende de un hecho mucho más simple: muchas de las críticas institucionales que hoy se formulan contra el socialismo gobernante ya fueron planteadas durante sus años de gobierno. Por ello, incluso si ninguna investigación llegara a afectar personalmente al expresidente, seguiría siendo difícil sostener que todos los problemas del PSOE nacieron con la dirección actual o que responden exclusivamente a una infiltración reciente.
La cuestión de fondo es más amplia que cualquier procedimiento judicial concreto. Se trata de determinar si el PSOE, cuando ejerce el poder, mantiene una relación coherente con los valores constitucionales que proclama o si, por el contrario, tiende a instrumentalizarlos en función de sus objetivos ideológicos y electorales. Esa pregunta no nació con la crisis actual. Lleva formulándose desde hace años.
La pregunta decisiva sigue siendo la misma: ¿estamos ante una excepción o ante una continuidad histórica?
Tal vez la respuesta correcta sea incómoda para todos. Quizá los problemas no nacieron ayer, pero tampoco permanecieron inalterados. Quizá exista una continuidad de fondo y, al mismo tiempo, una intensificación progresiva de determinadas prácticas y dinámicas de poder. En ese caso, la crisis actual no sería una anomalía ni una simple repetición del pasado. Sería la culminación de una evolución largamente incubada.
La consecuencia política es importante. Un partido que ha sido secuestrado puede recuperar fácilmente su identidad original mediante una regeneración interna. Pero si los problemas responden a patrones que se repiten bajo distintos liderazgos, en distintas épocas y ante circunstancias diferentes, la solución exige algo mucho más difícil: una revisión crítica de la propia cultura política de la organización.
Y esa autocrítica, al menos por ahora, parece ausente.
Ningún relato de emergencia puede sustituirla.
