PORTADA DEL ABC Domingo, 15 de noviembre de 2026
Análisis 1
Esditorial: "Paracuellos no es lugar de memoria"
Fecha: 15 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión Paracuellos y la vara de medir de la memoria democrática Noventa años después de las matanzas de presos de noviembre de 1936, la Ley de Memoria Democrática afronta una prueba sencilla de enunciar y difícil de esquivar: si sus criterios valen igual para todas las víctimas que ella misma reconoce. En estas semanas se cumplen noventa años de uno de los episodios más graves de la Guerra Civil: las sacas de presos de las cárceles de Madrid que, entre el 7 de noviembre y principios de diciembre de 1936, terminaron en fusilamientos masivos en Paracuellos del Jarama y en el Soto de Aldovea, en Torrejón de Ardoz. No fueron bajas de combate. Fueron personas detenidas, bajo custodia de las autoridades, asesinadas sin juicio. Precisamente porque estaban presas, el Estado que las custodiaba tenía el deber de protegerlas. Esa es la raíz de la gravedad de lo ocurrido, y también la razón por la que su memoria interpela hoy a las instituciones, y no solo a los historiadores. Qué ocurrió El 6 de noviembre de 1936, con las tropas sublevadas a las puertas de Madrid, el Gobierno de Largo Caballero se trasladó a Valencia. La defensa de la capital quedó en manos de la Junta de Defensa presidida por el general Miaja. En las cárceles madrileñas había miles de detenidos considerados desafectos: militares, religiosos, funcionarios, políticos, profesionales y civiles sin otra significación que sus ideas, su fe o su posición social. Desde el 7 de noviembre, grupos de presos fueron sacados de las prisiones, oficialmente para su traslado o evacuación. Muchos nunca llegaron a destino. Los autobuses se detenían junto al arroyo de San José, en Paracuellos, o en Aldovea; allí eran fusilados y enterrados en fosas comunes. La cifra sigue siendo discutida. Ian Gibson la estimó en torno a 2.500 víctimas, cálculo que acepta el historiador Julius Ruiz; el recuento nominal de José Manuel Ezpeleta eleva a 4.353 los cuerpos inhumados en el cementerio de Paracuellos, incluidos los trasladados desde Torrejón. La horquilla es amplia, pero ninguna de sus cifras rebaja la magnitud: estamos ante la mayor matanza de presos en la retaguardia republicana. También se discuten las responsabilidades. Una parte relevante de la historiografía atribuye la organización de las sacas al Consejo de Investigación creado en la Dirección General de Seguridad bajo la Consejería de Orden Público de Santiago Carrillo; otros autores amplían el foco a la cadena de mando policial y gubernativa. Conviene distinguir entre quienes dispararon, quienes organizaron los traslados y quienes, desde sus cargos, tenían deberes de custodia. Nada de eso está judicialmente declarado, y no hace falta que lo esté para afirmar lo indiscutible: miles de presos fueron asesinados sin juicio. Qué ha dicho el Ministerio En julio de 2026 se conoció la respuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a una solicitud presentada en el Portal de Transparencia por el historiador y diputado autonómico Pedro Corral. El escrito, firmado por la Subdirección General de Divulgación de la Memoria Democrática, sostiene que la Administración no está obligada a declarar todos los espacios vinculados a episodios de represión, sino solo los que acrediten relevancia histórica suficiente, y que la ausencia de declaración no supone desconocer los hechos, sino "una valoración diferenciada de su alcance y significación". Es cierto que la ley no impone una catalogación automática pero el argumento elude el problema que está en otro sitio. El propio Ministerio, en su mapa oficial de fosas, describe la de Paracuellos como "el máximo exponente de la represión republicana". Cuesta entender cómo un lugar puede ser el máximo exponente de un fenómeno represivo y, a la vez, carecer de la relevancia histórica que la ley exige.  Qué dice la ley La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, no deja lugar a dudas sobre quién es víctima. Su artículo 3.1 considera tal a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido daños físicos, morales, psicológicos o patrimoniales en el periodo que va del golpe de Estado de 1936 a la Constitución de 1978. La guerra está dentro de ese periodo. Los presos de Paracuellos son víctimas a efectos de la ley, sin más opinión. El artículo 49 define los Lugares de Memoria Democrática como espacios en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva. El artículo 50 regula el procedimiento: puede incoarse de oficio o a instancia de entidades que promuevan la memoria democrática, que deben identificar el bien, los valores que justifican la declaración y su delimitación cartográfica. En este punto hay que señalar algo relevante: una contestación a una solicitud de acceso a la información no es una resolución denegatoria en un procedimiento administrativo de declaración. No consta que alguien haya solicitado formalmente la incoación conforme al artículo 50. Y eso importa: solo en ese procedimiento la Administración está obligada a motivar su decisión con arreglo a los criterios legales, y solo entonces esa decisión queda sujeta a recurso y, en su caso, al control de los tribunales.  La  inevitable comparación En octubre de 2025 el Ministerio declaró Lugar de Memoria Democrática la tapia de fusilamiento del Cementerio del Este, en Madrid, donde fueron ejecutados miles de presos en la posguerra. La declaración fue merecida. Pero sirve de término de comparación: también allí se fusiló a personas privadas de libertad, también allí hay una repercusión indiscutible en la memoria colectiva. Si la tapia del Este reúne la relevancia exigida y Paracuellos no, el Ministerio debería poder explicar qué criterio, aplicable a ambos casos, los separa. La objeción más seria Hay una razón que merece respuesta y no desprecio. Paracuellos tuvo durante cuarenta años memoria oficial: el franquismo honró a sus muertos, mientras miles de víctimas del otro bando seguían en cunetas. La ley, se dice, nace para reparar a quienes la dictadura condenó al olvido, no para reiterar homenajes que ya existieron. La objeción explica de dónde viene la ley, pero no lo que la ley dice. El artículo 3 no distingue víctimas según hayan sido honradas o silenciadas en el pasado. Y que la dictadura utilizara a unos muertos para su propaganda no los convierte en víctimas de segunda en democracia. Precisamente una memoria democrática, a diferencia de la franquista, debería ser capaz de reconocer a todas sin preguntar por el bando: en esa ausencia descansa lo ilegítimo del argumento, que lo sitúa en una posición idéntica a la franquista. Reconocer a las víctimas de Paracuellos no exige justificar el golpe de julio de 1936, ni la represión franquista, ni relativizar ninguna otra fosa. Condenar un crimen no obliga a absolver otro. Lo que queda pendiente Paracuellos no necesita que se manipule su historia ni que sus muertos se usen como munición política. Necesita investigación rigurosa, conservación de las fosas y respeto institucional. El camino es conocido. Que una entidad legitimada solicite formalmente la incoación conforme al artículo 50 de la Ley 20/2022. Que el Ministerio resuelva de forma motivada, identificando los criterios que aplica y demostrando que son los mismos que ha empleado en Carabanchel, en la tapia del Cementerio del Este o en cualquier otro lugar ya declarado. Y que, si la respuesta no supera ese examen, sean la crítica pública y los tribunales quienes digan la última palabra. La memoria democrática no se mide por el número de placas ni por la extensión de un inventario. Se mide por su capacidad de reconocer hechos incómodos y de aplicar a todas las víctimas la misma vara de medir.     Fuentes: OKDIARIO, 16-7-2026 · Ley 20/2022 consolidada (BOE) · Declaración tapia Cementerio del Este (BOE-A-2025-21355) · El Debate, 15-11-2026 (cifras Gibson/Ruiz) · OKDIARIO, recuento Ezpeleta
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Esditorial: "Paracuellos no es lugar de memoria"

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Fecha: 15 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Paracuellos y la vara de medir de la memoria democrática

Noventa años después de las matanzas de presos de noviembre de 1936, la Ley de Memoria Democrática afronta una prueba sencilla de enunciar y difícil de esquivar: si sus criterios valen igual para todas las víctimas que ella misma reconoce.

En estas semanas se cumplen noventa años de uno de los episodios más graves de la Guerra Civil: las sacas de presos de las cárceles de Madrid que, entre el 7 de noviembre y principios de diciembre de 1936, terminaron en fusilamientos masivos en Paracuellos del Jarama y en el Soto de Aldovea, en Torrejón de Ardoz. No fueron bajas de combate. Fueron personas detenidas, bajo custodia de las autoridades, asesinadas sin juicio. Precisamente porque estaban presas, el Estado que las custodiaba tenía el deber de protegerlas. Esa es la raíz de la gravedad de lo ocurrido, y también la razón por la que su memoria interpela hoy a las instituciones, y no solo a los historiadores.

Qué ocurrió

El 6 de noviembre de 1936, con las tropas sublevadas a las puertas de Madrid, el Gobierno de Largo Caballero se trasladó a Valencia. La defensa de la capital quedó en manos de la Junta de Defensa presidida por el general Miaja. En las cárceles madrileñas había miles de detenidos considerados desafectos: militares, religiosos, funcionarios, políticos, profesionales y civiles sin otra significación que sus ideas, su fe o su posición social. Desde el 7 de noviembre, grupos de presos fueron sacados de las prisiones, oficialmente para su traslado o evacuación. Muchos nunca llegaron a destino. Los autobuses se detenían junto al arroyo de San José, en Paracuellos, o en Aldovea; allí eran fusilados y enterrados en fosas comunes.

La cifra sigue siendo discutida. Ian Gibson la estimó en torno a 2.500 víctimas, cálculo que acepta el historiador Julius Ruiz; el recuento nominal de José Manuel Ezpeleta eleva a 4.353 los cuerpos inhumados en el cementerio de Paracuellos, incluidos los trasladados desde Torrejón. La horquilla es amplia, pero ninguna de sus cifras rebaja la magnitud: estamos ante la mayor matanza de presos en la retaguardia republicana.

También se discuten las responsabilidades. Una parte relevante de la historiografía atribuye la organización de las sacas al Consejo de Investigación creado en la Dirección General de Seguridad bajo la Consejería de Orden Público de Santiago Carrillo; otros autores amplían el foco a la cadena de mando policial y gubernativa. Conviene distinguir entre quienes dispararon, quienes organizaron los traslados y quienes, desde sus cargos, tenían deberes de custodia. Nada de eso está judicialmente declarado, y no hace falta que lo esté para afirmar lo indiscutible: miles de presos fueron asesinados sin juicio.

Qué ha dicho el Ministerio

En julio de 2026 se conoció la respuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a una solicitud presentada en el Portal de Transparencia por el historiador y diputado autonómico Pedro Corral. El escrito, firmado por la Subdirección General de Divulgación de la Memoria Democrática, sostiene que la Administración no está obligada a declarar todos los espacios vinculados a episodios de represión, sino solo los que acrediten relevancia histórica suficiente, y que la ausencia de declaración no supone desconocer los hechos, sino "una valoración diferenciada de su alcance y significación".

Es cierto que la ley no impone una catalogación automática pero el argumento elude el problema que está en otro sitio. El propio Ministerio, en su mapa oficial de fosas, describe la de Paracuellos como "el máximo exponente de la represión republicana". Cuesta entender cómo un lugar puede ser el máximo exponente de un fenómeno represivo y, a la vez, carecer de la relevancia histórica que la ley exige. 

Qué dice la ley

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, no deja lugar a dudas sobre quién es víctima. Su artículo 3.1 considera tal a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido daños físicos, morales, psicológicos o patrimoniales en el periodo que va del golpe de Estado de 1936 a la Constitución de 1978. La guerra está dentro de ese periodo. Los presos de Paracuellos son víctimas a efectos de la ley, sin más opinión.

El artículo 49 define los Lugares de Memoria Democrática como espacios en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva. El artículo 50 regula el procedimiento: puede incoarse de oficio o a instancia de entidades que promuevan la memoria democrática, que deben identificar el bien, los valores que justifican la declaración y su delimitación cartográfica.

En este punto hay que señalar algo relevante: una contestación a una solicitud de acceso a la información no es una resolución denegatoria en un procedimiento administrativo de declaración. No consta que alguien haya solicitado formalmente la incoación conforme al artículo 50. Y eso importa: solo en ese procedimiento la Administración está obligada a motivar su decisión con arreglo a los criterios legales, y solo entonces esa decisión queda sujeta a recurso y, en su caso, al control de los tribunales. 

La  inevitable comparación

En octubre de 2025 el Ministerio declaró Lugar de Memoria Democrática la tapia de fusilamiento del Cementerio del Este, en Madrid, donde fueron ejecutados miles de presos en la posguerra. La declaración fue merecida. Pero sirve de término de comparación: también allí se fusiló a personas privadas de libertad, también allí hay una repercusión indiscutible en la memoria colectiva. Si la tapia del Este reúne la relevancia exigida y Paracuellos no, el Ministerio debería poder explicar qué criterio, aplicable a ambos casos, los separa.

La objeción más seria

Hay una razón que merece respuesta y no desprecio. Paracuellos tuvo durante cuarenta años memoria oficial: el franquismo honró a sus muertos, mientras miles de víctimas del otro bando seguían en cunetas. La ley, se dice, nace para reparar a quienes la dictadura condenó al olvido, no para reiterar homenajes que ya existieron.

La objeción explica de dónde viene la ley, pero no lo que la ley dice. El artículo 3 no distingue víctimas según hayan sido honradas o silenciadas en el pasado. Y que la dictadura utilizara a unos muertos para su propaganda no los convierte en víctimas de segunda en democracia. Precisamente una memoria democrática, a diferencia de la franquista, debería ser capaz de reconocer a todas sin preguntar por el bando: en esa ausencia descansa lo ilegítimo del argumento, que lo sitúa en una posición idéntica a la franquista.

Reconocer a las víctimas de Paracuellos no exige justificar el golpe de julio de 1936, ni la represión franquista, ni relativizar ninguna otra fosa. Condenar un crimen no obliga a absolver otro.

Lo que queda pendiente

Paracuellos no necesita que se manipule su historia ni que sus muertos se usen como munición política. Necesita investigación rigurosa, conservación de las fosas y respeto institucional.

El camino es conocido. Que una entidad legitimada solicite formalmente la incoación conforme al artículo 50 de la Ley 20/2022. Que el Ministerio resuelva de forma motivada, identificando los criterios que aplica y demostrando que son los mismos que ha empleado en Carabanchel, en la tapia del Cementerio del Este o en cualquier otro lugar ya declarado. Y que, si la respuesta no supera ese examen, sean la crítica pública y los tribunales quienes digan la última palabra.

La memoria democrática no se mide por el número de placas ni por la extensión de un inventario. Se mide por su capacidad de reconocer hechos incómodos y de aplicar a todas las víctimas la misma vara de medir.

 

 

Fuentes: OKDIARIO, 16-7-2026 · Ley 20/2022 consolidada (BOE) · Declaración tapia Cementerio del Este (BOE-A-2025-21355) · El Debate, 15-11-2026 (cifras Gibson/Ruiz) · OKDIARIO, recuento Ezpeleta

PORTADA DEL HERALDO DE ARAGÓN Domingo, 15 de noviembre de 2026
Análisis 1
La Vanguardia: El Gobierno defiende la "norma no escrita" de que los jueces evitan interferir en las elecciones
Fecha: 14 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opiniónBolaños y la "norma no escrita": cuando la imprudencia la pone el Gobierno La única norma escrita del periodo electoral obliga al poder ejecutivo, no a los jueces. El ministro de Justicia invoca otra, no escrita, que haría exactamente lo contrario. El ministro de Justicia no merece una respuesta destemplada, aunque sus palabras de ayer suenen a desafío directo a jueces y fiscales. Merece, precisamente porque es el ministro de Justicia, una respuesta jurídica. Qué dijo el ministro En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario del viernes 13 de noviembre, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, fue preguntado por las últimas actuaciones judiciales que afectan al PSOE. Entre ellas estaba la entrada de la UCO de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas el día anterior, en busca de presuntas irregularidades en donaciones al partido. Su respuesta fue invocar una "norma no escrita" según la cual la Justicia no avanza, en periodo electoral, en causas que afectan al Gobierno y a los partidos. "A mí esa norma no escrita me parece muy prudente, muy razonable", dijo. Y añadió que "se ha venido cumpliendo siempre y es respetuosa con los procesos que están en curso", como las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuera de cámara, fuentes de Moncloa fueron más explícitas: se quejaron de que esas operaciones se produzcan con la campaña ya iniciada. La pregunta que suscita es sencilla: ¿desde cuándo la independencia judicial está condicionada por el calendario electoral? Una norma que no es norma El artículo 117.1 de la Constitución establece que jueces y magistrados están sometidos "únicamente al imperio de la ley". La palabra decisiva es únicamente. No están sometidos al calendario electoral, ni a las conveniencias del Gobierno, ni a la repercusión política que puedan tener sus resoluciones. Si alguna vez ha existido esa práctica (y el ministro no aporta más prueba que su afirmación de que "se ha venido cumpliendo siempre"), sería, a lo sumo, un uso. Un uso no es una norma jurídica. Y mucho menos puede convertirse en una obligación de paralizar actuaciones judiciales. Un juez, dentro de sus facultades de ordenación del proceso, puede decidir cuándo practica una diligencia por razones procesales justificadas: la disponibilidad de medios, la necesidad de no frustrar otra diligencia, la protección de la propia investigación. Eso forma parte del funcionamiento ordinario de la Justicia. Otra cosa, muy diferente, es que deba posponerla porque su resultado pueda perjudicar electoralmente al partido que gobierna. Lo primero es ordenación procesal. Lo segundo es un criterio de oportunidad política, ajeno a la función jurisdiccional. Que un juez, por propia iniciativa, sea cuidadoso con los tiempos es un ejercicio de su independencia. Que se lo reclame públicamente el Gobierno es exactamente lo contrario. La única norma escrita en nuestro ordenamiento para el periodo electoral, obliga al Gobierno Hay una ironía que el ministro debería conocer mejor que nadie. Durante el periodo electoral sí existe una norma, y está escrita. El artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe, desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones, cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que aluda a sus realizaciones o logros, así como la inauguración de obras o servicios públicos. Es decir, la ley impone la contención electoral al poder ejecutivo, no a los jueces. El legislador entendió que quien puede aprovechar el poder para influir en el voto es el Gobierno, y a él le ató las manos. La norma escrita frena al Gobierno. La "no escrita" que invoca el Gobierno frenaría a los jueces. El reparto de prudencias está exactamente invertido. La paradoja El ministro dice querer evitar que la Justicia influya en el proceso electoral, y para ello pide a la Justicia que se adapte al proceso electoral. Para preservar la neutralidad política de los tribunales, les reclama que tengan en cuenta las consecuencias políticas de sus actuaciones. Pero la paralización tampoco es neutral. Un registro aplazado, una declaración suspendida o una resolución congelada también producen efectos electorales: favorecen a quien está siendo investigado. No actuar es también decidir, y decidir en favor de alguien. La única neutralidad posible para un juez es la que le marca la ley. Si existen razones procesales para practicar un registro, requerir documentación, tomar una declaración o dictar una resolución, esas razones deben prevalecer. Si no existen, la actuación no debe realizarse. La proximidad de unas elecciones no es una de esas razones, sencillamente porque la ley no la contempla. La responsabilidad de quien ocupa el Ministerio de Justicia Lo verdaderamente preocupante no es la idea de fondo, sino quién la formula. El artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no deja margen: "Todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados". Todos incluye, con mayor motivo, al ministro del ramo. La misma ley prevé incluso un cauce para cuando un juez se considera inquietado o perturbado en su independencia: ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial y solicitar su amparo (artículo 14). La petición, además, no se dirige solo a los jueces. Alcanza a los fiscales, a quienes el artículo 124 de la Constitución sujeta "en todo caso" a los principios de legalidad e imparcialidad, y cuyo Fiscal General nombra el propio Gobierno. Y alcanza a la policía judicial, que según el artículo 126 de la Constitución depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito. La UCO no fija su propio calendario: actúa bajo dirección judicial o fiscal. Pedirle que se detenga es, en realidad, pedírselo al juez o al fiscal que la dirige. Un ministro de Justicia debe observar una cautela especial cuando habla de actuaciones de jueces, fiscales y policía judicial, y más aún si esas actuaciones afectan a personas o entidades vinculadas al Gobierno al que pertenece. Reclamar mejoras para la Administración de Justicia es su trabajo. Sugerir que sus órganos modulen sus actuaciones según la conveniencia electoral es otra cosa. La responsabilidad del cargo exige no confundir ambas. Los informes policiales y las filtraciones El País recogía también ayer el malestar del Gobierno por los informes policiales que se están publicando en plena campaña. Aquí conviene deshacer otra confusión. Una cosa es la investigación policial; otra, la incorporación de sus resultados al procedimiento judicial, y otra muy distinta, la difusión pública de la información que procede de esas investigaciones. Si se producen filtraciones ilegítimas, deben investigarse. Si se vulnera el secreto de las actuaciones, deben exigirse las responsabilidades que correspondan. Esa preocupación es legítima, y lo sería con cualquier Gobierno. Pero una eventual irregularidad en la difusión de un informe no convierte en ilegítima la investigación que lo originó. La solución a las filtraciones no es paralizar las investigaciones. Y menos aún cuando esa paralización beneficiaría precisamente a quienes son objeto de ellas. La memoria institucional también importa La defensa de las normas, de las instituciones y de la legalidad no puede elegirse a conveniencia. No es admisible invocar solemnemente una supuesta tradición institucional cuando sus consecuencias pueden perjudicar al Gobierno y, al mismo tiempo, relativizar las exigencias de la legalidad cuando resultan incómodas para el poder. A quien ocupa la cartera de Justicia debe exigírsele un estándar de respeto institucional particularmente elevado. No basta con apelar a la prudencia de los jueces cuando sus resoluciones afectan al Ejecutivo. La independencia judicial debe defenderse también, y sobre todo, cuando sus decisiones incomodan a quien gobierna. La Constitución no contempla una independencia judicial intermitente, que se suspende durante la campaña electoral y se recupera cuando se cierran las urnas. La Justicia no está al servicio del calendario político El argumento de la "prudencia" suena razonable. Pero pierde toda legitimidad cuando lo formula el Gobierno, y cuando lo formula en un momento en que las actuaciones judiciales afectan a su propio entorno político. No le corresponde a la Justicia proteger al Gobierno de las consecuencias electorales de sus investigaciones. Tampoco a la oposición, si mañana fuera ella la investigada. Su obligación es otra: investigar cuando proceda, resolver cuando corresponda y hacerlo con arreglo a la ley. La independencia judicial no es una concesión del poder político, ni una tradición que pueda invocarse o abandonarse según las circunstancias. Es una garantía constitucional frente al propio poder por lo que convendría que el ministro de Justicia no lo recordara solo cuando le resulta conveniente.  
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La Vanguardia: El Gobierno defiende la "norma no escrita" de que los jueces evitan interferir en las elecciones

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Fecha: 14 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Bolaños y la "norma no escrita": cuando la imprudencia la pone el Gobierno

La única norma escrita del periodo electoral obliga al poder ejecutivo, no a los jueces. El ministro de Justicia invoca otra, no escrita, que haría exactamente lo contrario.


El ministro de Justicia no merece una respuesta destemplada, aunque sus palabras de ayer suenen a desafío directo a jueces y fiscales. Merece, precisamente porque es el ministro de Justicia, una respuesta jurídica.

Qué dijo el ministro

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario del viernes 13 de noviembre, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, fue preguntado por las últimas actuaciones judiciales que afectan al PSOE. Entre ellas estaba la entrada de la UCO de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas el día anterior, en busca de presuntas irregularidades en donaciones al partido.

Su respuesta fue invocar una "norma no escrita" según la cual la Justicia no avanza, en periodo electoral, en causas que afectan al Gobierno y a los partidos. "A mí esa norma no escrita me parece muy prudente, muy razonable", dijo. Y añadió que "se ha venido cumpliendo siempre y es respetuosa con los procesos que están en curso", como las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuera de cámara, fuentes de Moncloa fueron más explícitas: se quejaron de que esas operaciones se produzcan con la campaña ya iniciada.

La pregunta que suscita es sencilla: ¿desde cuándo la independencia judicial está condicionada por el calendario electoral?

Una norma que no es norma

El artículo 117.1 de la Constitución establece que jueces y magistrados están sometidos "únicamente al imperio de la ley". La palabra decisiva es únicamente. No están sometidos al calendario electoral, ni a las conveniencias del Gobierno, ni a la repercusión política que puedan tener sus resoluciones.

Si alguna vez ha existido esa práctica (y el ministro no aporta más prueba que su afirmación de que "se ha venido cumpliendo siempre"), sería, a lo sumo, un uso. Un uso no es una norma jurídica. Y mucho menos puede convertirse en una obligación de paralizar actuaciones judiciales.

Un juez, dentro de sus facultades de ordenación del proceso, puede decidir cuándo practica una diligencia por razones procesales justificadas: la disponibilidad de medios, la necesidad de no frustrar otra diligencia, la protección de la propia investigación. Eso forma parte del funcionamiento ordinario de la Justicia. Otra cosa, muy diferente, es que deba posponerla porque su resultado pueda perjudicar electoralmente al partido que gobierna. Lo primero es ordenación procesal. Lo segundo es un criterio de oportunidad política, ajeno a la función jurisdiccional.

Que un juez, por propia iniciativa, sea cuidadoso con los tiempos es un ejercicio de su independencia. Que se lo reclame públicamente el Gobierno es exactamente lo contrario.

La única norma escrita en nuestro ordenamiento para el periodo electoral, obliga al Gobierno

Hay una ironía que el ministro debería conocer mejor que nadie. Durante el periodo electoral sí existe una norma, y está escrita. El artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe, desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones, cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que aluda a sus realizaciones o logros, así como la inauguración de obras o servicios públicos.

Es decir, la ley impone la contención electoral al poder ejecutivo, no a los jueces. El legislador entendió que quien puede aprovechar el poder para influir en el voto es el Gobierno, y a él le ató las manos.

La norma escrita frena al Gobierno. La "no escrita" que invoca el Gobierno frenaría a los jueces. El reparto de prudencias está exactamente invertido.

La paradoja

El ministro dice querer evitar que la Justicia influya en el proceso electoral, y para ello pide a la Justicia que se adapte al proceso electoral. Para preservar la neutralidad política de los tribunales, les reclama que tengan en cuenta las consecuencias políticas de sus actuaciones.

Pero la paralización tampoco es neutral. Un registro aplazado, una declaración suspendida o una resolución congelada también producen efectos electorales: favorecen a quien está siendo investigado. No actuar es también decidir, y decidir en favor de alguien.

La única neutralidad posible para un juez es la que le marca la ley. Si existen razones procesales para practicar un registro, requerir documentación, tomar una declaración o dictar una resolución, esas razones deben prevalecer. Si no existen, la actuación no debe realizarse. La proximidad de unas elecciones no es una de esas razones, sencillamente porque la ley no la contempla.

La responsabilidad de quien ocupa el Ministerio de Justicia

Lo verdaderamente preocupante no es la idea de fondo, sino quién la formula. El artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no deja margen: "Todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados". Todos incluye, con mayor motivo, al ministro del ramo. La misma ley prevé incluso un cauce para cuando un juez se considera inquietado o perturbado en su independencia: ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial y solicitar su amparo (artículo 14).

La petición, además, no se dirige solo a los jueces. Alcanza a los fiscales, a quienes el artículo 124 de la Constitución sujeta "en todo caso" a los principios de legalidad e imparcialidad, y cuyo Fiscal General nombra el propio Gobierno. Y alcanza a la policía judicial, que según el artículo 126 de la Constitución depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito. La UCO no fija su propio calendario: actúa bajo dirección judicial o fiscal. Pedirle que se detenga es, en realidad, pedírselo al juez o al fiscal que la dirige.

Un ministro de Justicia debe observar una cautela especial cuando habla de actuaciones de jueces, fiscales y policía judicial, y más aún si esas actuaciones afectan a personas o entidades vinculadas al Gobierno al que pertenece. Reclamar mejoras para la Administración de Justicia es su trabajo. Sugerir que sus órganos modulen sus actuaciones según la conveniencia electoral es otra cosa. La responsabilidad del cargo exige no confundir ambas.

Los informes policiales y las filtraciones

El País recogía también ayer el malestar del Gobierno por los informes policiales que se están publicando en plena campaña. Aquí conviene deshacer otra confusión. Una cosa es la investigación policial; otra, la incorporación de sus resultados al procedimiento judicial, y otra muy distinta, la difusión pública de la información que procede de esas investigaciones.

Si se producen filtraciones ilegítimas, deben investigarse. Si se vulnera el secreto de las actuaciones, deben exigirse las responsabilidades que correspondan. Esa preocupación es legítima, y lo sería con cualquier Gobierno. Pero una eventual irregularidad en la difusión de un informe no convierte en ilegítima la investigación que lo originó.

La solución a las filtraciones no es paralizar las investigaciones. Y menos aún cuando esa paralización beneficiaría precisamente a quienes son objeto de ellas.

La memoria institucional también importa

La defensa de las normas, de las instituciones y de la legalidad no puede elegirse a conveniencia. No es admisible invocar solemnemente una supuesta tradición institucional cuando sus consecuencias pueden perjudicar al Gobierno y, al mismo tiempo, relativizar las exigencias de la legalidad cuando resultan incómodas para el poder. A quien ocupa la cartera de Justicia debe exigírsele un estándar de respeto institucional particularmente elevado. No basta con apelar a la prudencia de los jueces cuando sus resoluciones afectan al Ejecutivo. La independencia judicial debe defenderse también, y sobre todo, cuando sus decisiones incomodan a quien gobierna.

La Constitución no contempla una independencia judicial intermitente, que se suspende durante la campaña electoral y se recupera cuando se cierran las urnas.

La Justicia no está al servicio del calendario político

El argumento de la "prudencia" suena razonable. Pero pierde toda legitimidad cuando lo formula el Gobierno, y cuando lo formula en un momento en que las actuaciones judiciales afectan a su propio entorno político.

No le corresponde a la Justicia proteger al Gobierno de las consecuencias electorales de sus investigaciones. Tampoco a la oposición, si mañana fuera ella la investigada.

Su obligación es otra: investigar cuando proceda, resolver cuando corresponda y hacerlo con arreglo a la ley. La independencia judicial no es una concesión del poder político, ni una tradición que pueda invocarse o abandonarse según las circunstancias.

Es una garantía constitucional frente al propio poder por lo que convendría que el ministro de Justicia no lo recordara solo cuando le resulta conveniente.

 

PORTADA DE LA VANGUARDIA Domingo, 15 de noviembre de 2026
Análisis 2
El día después de la Huelga General del 11N
Fecha: 12 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión 11N: lo que cambia cuando la huelga termina Reflexiones al día siguiente de la huelga general La jornada de huelga general del 11 de noviembre merece una reflexión que vaya más allá de la guerra de cifras -siempre reñidas, siempre discutibles-, de las fotografías de las manifestaciones y de los balances triunfales que convocantes y detractores tenían escritos antes de que amaneciera. Propongo un criterio sencillo, que debería presidir cualquier valoración seria: el éxito de una huelga no se mide por el número de personas que salen a la calle, sino por su capacidad para conseguir los objetivos que justificaron la convocatoria. Lo que no mide el éxito Una manifestación multitudinaria ofrece una imagen de fuerza, pero no es por sí misma un indicador de éxito. Tampoco lo son los cortes de tráfico, el cierre de establecimientos o la interrupción de servicios. Y menos aún puede confundirse la capacidad de imponer la protesta a terceros -mediante piquetes que coaccionan o episodios de violencia como la agresión denunciada por dos militantes del PP en Barakaldo- con el respaldo social a lo que se reivindica. Ejercer el derecho de huelga es una cosa; medir el propio éxito por la alteración de la vida ajena, otra muy distinta. El artículo 28.2 de la Constitución protege a quien deja de trabajar, y esa misma protección alcanza a quien decide no hacerlo. La libertad de uno no se mide por lo que consigue impedir al otro. Tres preguntas que no conviene mezclar Una huelga general admite tres lecturas distintas: el seguimiento efectivo en los centros de trabajo, la capacidad de movilización en la calle y la consecución de los objetivos perseguidos. Las dos primeras informan sobre la fuerza de los convocantes; solo la tercera dice si esa fuerza ha servido para algo. Confundirlas conduce, inevitablemente, a conclusiones interesadas. La pregunta decisiva, por tanto, es otra: ¿qué pretendían conseguir los convocantes y qué han conseguido realmente? Y aquí conviene distinguir entre los objetivos declarados y aquellos que, sin formularse expresamente, se deducen del contexto en que se produce la convocatoria. Los objetivos declarados La huelga se registró bajo el lema "Salarios, vivienda y precios". La fórmula no es un adorno: es la clave jurídica de la convocatoria. El artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977, preconstitucional pero todavía vigente, declara ilegal la huelga que se inicie o sostenga "por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". La vivienda, por sí sola, difícilmente cabe en esa noción de interés profesional; el salario que permite pagarla, sí. De ahí que entre en la convocatoria de la mano del sueldo. La vía judicial que nadie quiso recorrer La CEOE lo vio con claridad. Su presidente anunció el 19 de octubre que impugnaría la huelga por considerarla ilegal y electoral, y sostuvo que se había "trufado de temas laborales" para parecer lícita. Tres días después la patronal dio marcha atrás: no recurriría antes del 11 de noviembre, porque la resolución judicial no llegaría a tiempo, aunque se reservaba actuaciones posteriores. Hizo bien en no confiar demasiado en esa vía. El precepto sobrevivió en 1981, pero lo hizo vaciado de contenido. En la STC 11/1981, el Tribunal Constitucional solo anuló del artículo 11 el adverbio "directamente" de su apartado b), referido a las huelgas de solidaridad, y dejó intacta la prohibición de la huelga política. Pero al razonar sobre ese apartado (FJ 21) sentó un criterio que lo cambió todo: el interés que la huelga defiende no tiene por qué ser el de los propios huelguistas; basta que sea el de la categoría de los trabajadores, y lo "profesional" ha de entenderse referido a los trabajadores en cuanto tales, no a un oficio concreto. Doce años después, ese criterio se aplicó a una huelga general. En la STC 36/1993, el Tribunal otorgó el amparo a Comisiones Obreras en un litigio derivado del 14-D de 1988, y aunque resolvió por otro motivo (la falta de preaviso a una empresa concreta), dejó dicho en su FJ 3 que resultaba "en verdad difícil" considerar ajenas al interés de los trabajadores reivindicaciones sobre política social, empleo o pensiones. El precedente más próximo es aún más elocuente. El 8 de noviembre de 2017, un mes después del referéndum del 1 de octubre, con el artículo 155 en vigor y al día siguiente del ingreso en prisión de buena parte del Gobierno de la Generalidad cesado, un sindicato minoritario convocó huelga general en Cataluña. Fomento del Trabajo pidió que se declarase política e ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sentencia 15/2018, de 2 de mayo) la calificó de huelga "mixta", con motivos políticos y laborales, y recordó que esa clase de huelga cabe dentro del derecho fundamental. Fijó además un estándar exigente: quien alega que los motivos laborales son una pantalla debe probar el fraude, y debe probarlo más allá de toda duda razonable, porque lo que se pretende es restringir un derecho fundamental. El Tribunal Supremo confirmó el criterio (STS 31/2020, de 15 de enero): la finalidad de aquella huelga era, a su juicio, fundamentalmente la defensa de los derechos de los trabajadores, y los fines políticos que la acompañaban no contaminaban esa finalidad primordial. Para llegar ahí, el Supremo examinó el texto de la convocatoria, motivo por motivo, y encontró en él salarios, precariedad y pensiones. Si una huelga convocada en aquellas circunstancias superó el examen, la del 11N no tenía nada que temer. El resultado práctico es que la prohibición de la huelga política subsiste como reserva para supuestos extremos, pero apenas alcanza a una convocatoria que incorpore algún componente laboral reconocible. Los tribunales leen la convocatoria, no las intenciones; y una convocatoria cuyo lema empieza por "salarios" se escribe, precisamente, para ser leída por un tribunal. De modo que la pregunta sobre su finalidad real no la van a responder los tribunales. Habrá que responderla con el único criterio que queda: sus resultados. El balance legislativo Si el objetivo era cambiar la política de vivienda, el balance inmediato es, como mínimo, ambiguo. Hoy, 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso -las Cortes están disueltas desde la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre- convalidará al menos el principal de los dos reales decretos-leyes de vivienda que el Gobierno volvió a aprobar el 6 de octubre, días después de que el Pleno derogara sus predecesores con los votos de PP, Vox y Juntos. En la Diputación Permanente el voto de Juntos deja de ser decisivo. ¿Podrán los convocantes atribuirse ese resultado? Conviene no apresurarse, por tres razones. La primera, que la convalidación depende de la aritmética de un órgano parlamentario de composición distinta a la del Pleno, no de la presión de la calle. La segunda, que convalidar un decreto no equivale a mejorar el acceso a la vivienda: prorrogar contratos o suspender desahucios puede aliviar situaciones concretas, pero no construye una sola vivienda ni corrige por sí mismo los precios. Y la tercera, que los salarios y los precios -dos de los tres términos del lema- no figuran hoy en el orden del día de nadie. Una huelga a favor del Gobierno Hay un rasgo que distingue esta huelga de sus precedentes. Las huelgas generales de 1988, 2002, 2010 y 2012 se dirigieron contra el Gobierno de turno y contra sus reformas. La del 11N -la primera respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde 2012- reclama, en lo que se refiere a vivienda, medidas que el propio Gobierno ha aprobado y defiende. A quien presiona no es al Ejecutivo, sino a la oposición parlamentaria que tumbó sus decretos. El calendario completa el cuadro: una huelga convocada a dieciocho días de unas elecciones generales, a dos del comienzo de la campaña y en la víspera de la votación de esos mismos decretos, que el Gobierno llevó a la Diputación Permanente en el último día hábil del plazo. No tengo pruebas pero intuyo una taimada intención que me obliga a formular una segunda hipótesis. La hipótesis electoral La hipótesis es que la finalidad de la convocatoria no fuese tanto obtener resultados legislativos inmediatos como construir una movilización social susceptible de traducirse en respaldo electoral al Gobierno. Es, en el fondo, la tesis de la CEOE, que renunció a someterla a un juez. Si ese era el propósito, el juicio debe aplazarse hasta el 29 de noviembre, y aun entonces será difícil de emitir: los resultados electorales tienen demasiadas causas como para atribuir a una sola jornada de huelga lo que suceda en las urnas. No sería la primera vez que una reivindicación social legítima se convierte también en instrumento de estrategia política. Que las organizaciones sindicales tengan preferencias políticas, o pretendan influir en la orientación del Gobierno, no es reprochable: forma parte de una sociedad democrática. Lo cuestionable es presentar como reivindicación laboral lo que en realidad responda a una operación de movilización electoral. Si de verdad fue una huelga electoral Conviene entonces ponerle nombre a lo que se habría quebrantado, porque no es una cuestión de estética. La legislación de huelga. Una huelga sostenida por una finalidad electoral es, por definición, una huelga iniciada "por motivos políticos", y por tanto ilegal según el artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977. Pero no solo eso: vestir esa finalidad con reivindicaciones salariales para eludir la prohibición es exactamente lo que el artículo 6.4 del Código Civil llama fraude de ley, un acto amparado en una norma que persigue un resultado prohibido por otra. Las consecuencias no serían menores. Los trabajadores que participaron activamente en la huelga perderían la protección que el derecho de huelga les dispensa; y el sindicato convocante respondería de los daños causados, conforme a las reglas generales de responsabilidad civil y al artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. La legislación electoral. El artículo 50.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe a cualquier persona jurídica distinta de partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores realizar campaña electoral desde la convocatoria de las elecciones. Los sindicatos son personas jurídicas, y las elecciones del 29 de noviembre estaban convocadas desde principios de octubre. Una huelga concebida para captar votos sería, materialmente, un acto de campaña realizado por quien la ley excluye de la campaña, sancionable por la Junta Electoral con arreglo a su artículo 153.1. La neutralidad de los poderes públicos. Si el Gobierno hubiera promovido, coordinado o financiado, directa o indirectamente, la movilización -y el cruce de fechas entre la huelga y la votación de sus decretos invita al menos a preguntarlo-, entraría en juego el artículo 50.2 de la misma ley, que prohíbe desde la convocatoria cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que aluda a sus logros. Es el precepto por el que la Junta Electoral Central ha multado, en estos años, a presidentes autonómicos y al propio presidente del Gobierno. La financiación de la campaña. Y si los medios materiales de los sindicatos -su organización, su logística, su capacidad de convocatoria- se hubieran puesto al servicio de la campaña de un partido, estaríamos ante una aportación en especie de personas jurídicas a una fuerza política, lo que la legislación de financiación de partidos prohíbe desde 2015. Por qué nada de esto ocurrirá Ahora bien, sería poco honesto detenerse ahí. Cada una de esas normas exige algo que no está a la vista. La ilegalidad laboral exige probar el fraude, y los tribunales han fijado el listón donde lo pone una restricción de derechos fundamentales: más allá de toda duda razonable. Ya hemos visto que ni siquiera la huelga del 8 de noviembre de 2017 lo superó. La infracción electoral exige algo más que influir: exige captar sufragios. La Junta Electoral Central, siguiendo al Tribunal Supremo, distingue entre ambas cosas y considera que las actividades de personas jurídicas que no se dirigen directamente a pedir el voto para una candidatura, por críticas que sean, quedan amparadas por la libertad de expresión. Una huelga que no pide el voto para nadie, aunque su calendario hable por sí solo, difícilmente cruzará ese umbral. El líder de la oposición la ha llamado "acto camuflado de campaña electoral"; el adjetivo es exacto, y es justamente el camuflaje lo que la pone fuera del alcance de la ley. La infracción de neutralidad exige probar que el Gobierno organizó o financió algo, y coincidir en las fechas no es organizar. El resultado es una paradoja que merece señalarse. La prohibición de la huelga política ha sido vaciada por la jurisprudencia; la prohibición de hacer campaña a las personas jurídicas se ha reducido a la petición expresa de voto. Entre una y otra queda un espacio que ninguna norma vigila: el de la movilización sindical con efectos electorales que no pide el voto ni abandona el lenguaje del salario. El 11N se ha movido, con notable pericia, dentro de ese espacio. Si fue electoralista, no habrá quebrantado ninguna norma que alguien vaya a aplicar. Habrá hecho algo distinto, y en cierto modo peor: demostrar que se puede utilizar un derecho fundamental para un fin que su propia regulación excluye, sin que nadie esté en condiciones de impedirlo. A eso, en castellano, se le llama una utilización, cuando menos, torticera. Lo que queda Una huelga puede ser multitudinaria y fracasar en sus objetivos. Puede tener un seguimiento laboral limitado y, sin embargo, lograr una repercusión política considerable. Y puede convertirse en un éxito propagandístico para sus organizadores sin haber mejorado en absoluto las condiciones de vida de aquellos a quienes dicen representar. Dentro de un año sabremos si los alquileres han bajado, si los salarios alcanzan para pagarlos y si se han construido las viviendas que faltan. Esa será la única cifra de seguimiento que importe. La verdadera medida del éxito no está en cuántas personas se manifiestan, sino en qué cambia después de que la manifestación termina. Fuentes: JEC – Acuerdo 688/2019 (art. 50.5 LOREG) LOREG art. 50 – JEC Uniovi – Ilicitud en la huelga y consecuencias Cuestiones Laborales – Despido y huelga ilegal Derecho Local – STS 02/02/2023, sanción por el art. 50.2 Periódico de Ibiza – Feijóo sobre el 11N
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El día después de la Huelga General del 11N

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Fecha: 12 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

11N: lo que cambia cuando la huelga termina

Reflexiones al día siguiente de la huelga general

La jornada de huelga general del 11 de noviembre merece una reflexión que vaya más allá de la guerra de cifras -siempre reñidas, siempre discutibles-, de las fotografías de las manifestaciones y de los balances triunfales que convocantes y detractores tenían escritos antes de que amaneciera.

Propongo un criterio sencillo, que debería presidir cualquier valoración seria: el éxito de una huelga no se mide por el número de personas que salen a la calle, sino por su capacidad para conseguir los objetivos que justificaron la convocatoria.

Lo que no mide el éxito

Una manifestación multitudinaria ofrece una imagen de fuerza, pero no es por sí misma un indicador de éxito. Tampoco lo son los cortes de tráfico, el cierre de establecimientos o la interrupción de servicios. Y menos aún puede confundirse la capacidad de imponer la protesta a terceros -mediante piquetes que coaccionan o episodios de violencia como la agresión denunciada por dos militantes del PP en Barakaldo- con el respaldo social a lo que se reivindica.

Ejercer el derecho de huelga es una cosa; medir el propio éxito por la alteración de la vida ajena, otra muy distinta. El artículo 28.2 de la Constitución protege a quien deja de trabajar, y esa misma protección alcanza a quien decide no hacerlo. La libertad de uno no se mide por lo que consigue impedir al otro.

Tres preguntas que no conviene mezclar

Una huelga general admite tres lecturas distintas: el seguimiento efectivo en los centros de trabajo, la capacidad de movilización en la calle y la consecución de los objetivos perseguidos. Las dos primeras informan sobre la fuerza de los convocantes; solo la tercera dice si esa fuerza ha servido para algo. Confundirlas conduce, inevitablemente, a conclusiones interesadas.

La pregunta decisiva, por tanto, es otra: ¿qué pretendían conseguir los convocantes y qué han conseguido realmente? Y aquí conviene distinguir entre los objetivos declarados y aquellos que, sin formularse expresamente, se deducen del contexto en que se produce la convocatoria.

Los objetivos declarados

La huelga se registró bajo el lema "Salarios, vivienda y precios". La fórmula no es un adorno: es la clave jurídica de la convocatoria. El artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977, preconstitucional pero todavía vigente, declara ilegal la huelga que se inicie o sostenga "por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". La vivienda, por sí sola, difícilmente cabe en esa noción de interés profesional; el salario que permite pagarla, sí. De ahí que entre en la convocatoria de la mano del sueldo.

La vía judicial que nadie quiso recorrer

La CEOE lo vio con claridad. Su presidente anunció el 19 de octubre que impugnaría la huelga por considerarla ilegal y electoral, y sostuvo que se había "trufado de temas laborales" para parecer lícita. Tres días después la patronal dio marcha atrás: no recurriría antes del 11 de noviembre, porque la resolución judicial no llegaría a tiempo, aunque se reservaba actuaciones posteriores.

Hizo bien en no confiar demasiado en esa vía. El precepto sobrevivió en 1981, pero lo hizo vaciado de contenido. En la STC 11/1981, el Tribunal Constitucional solo anuló del artículo 11 el adverbio "directamente" de su apartado b), referido a las huelgas de solidaridad, y dejó intacta la prohibición de la huelga política. Pero al razonar sobre ese apartado (FJ 21) sentó un criterio que lo cambió todo: el interés que la huelga defiende no tiene por qué ser el de los propios huelguistas; basta que sea el de la categoría de los trabajadores, y lo "profesional" ha de entenderse referido a los trabajadores en cuanto tales, no a un oficio concreto.

Doce años después, ese criterio se aplicó a una huelga general. En la STC 36/1993, el Tribunal otorgó el amparo a Comisiones Obreras en un litigio derivado del 14-D de 1988, y aunque resolvió por otro motivo (la falta de preaviso a una empresa concreta), dejó dicho en su FJ 3 que resultaba "en verdad difícil" considerar ajenas al interés de los trabajadores reivindicaciones sobre política social, empleo o pensiones. El precedente más próximo es aún más elocuente. El 8 de noviembre de 2017, un mes después del referéndum del 1 de octubre, con el artículo 155 en vigor y al día siguiente del ingreso en prisión de buena parte del Gobierno de la Generalidad cesado, un sindicato minoritario convocó huelga general en Cataluña. Fomento del Trabajo pidió que se declarase política e ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sentencia 15/2018, de 2 de mayo) la calificó de huelga "mixta", con motivos políticos y laborales, y recordó que esa clase de huelga cabe dentro del derecho fundamental. Fijó además un estándar exigente: quien alega que los motivos laborales son una pantalla debe probar el fraude, y debe probarlo más allá de toda duda razonable, porque lo que se pretende es restringir un derecho fundamental. El Tribunal Supremo confirmó el criterio (STS 31/2020, de 15 de enero): la finalidad de aquella huelga era, a su juicio, fundamentalmente la defensa de los derechos de los trabajadores, y los fines políticos que la acompañaban no contaminaban esa finalidad primordial. Para llegar ahí, el Supremo examinó el texto de la convocatoria, motivo por motivo, y encontró en él salarios, precariedad y pensiones.

Si una huelga convocada en aquellas circunstancias superó el examen, la del 11N no tenía nada que temer. El resultado práctico es que la prohibición de la huelga política subsiste como reserva para supuestos extremos, pero apenas alcanza a una convocatoria que incorpore algún componente laboral reconocible. Los tribunales leen la convocatoria, no las intenciones; y una convocatoria cuyo lema empieza por "salarios" se escribe, precisamente, para ser leída por un tribunal. De modo que la pregunta sobre su finalidad real no la van a responder los tribunales. Habrá que responderla con el único criterio que queda: sus resultados.

El balance legislativo

Si el objetivo era cambiar la política de vivienda, el balance inmediato es, como mínimo, ambiguo. Hoy, 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso -las Cortes están disueltas desde la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre- convalidará al menos el principal de los dos reales decretos-leyes de vivienda que el Gobierno volvió a aprobar el 6 de octubre, días después de que el Pleno derogara sus predecesores con los votos de PP, Vox y Juntos. En la Diputación Permanente el voto de Juntos deja de ser decisivo.

¿Podrán los convocantes atribuirse ese resultado? Conviene no apresurarse, por tres razones. La primera, que la convalidación depende de la aritmética de un órgano parlamentario de composición distinta a la del Pleno, no de la presión de la calle. La segunda, que convalidar un decreto no equivale a mejorar el acceso a la vivienda: prorrogar contratos o suspender desahucios puede aliviar situaciones concretas, pero no construye una sola vivienda ni corrige por sí mismo los precios. Y la tercera, que los salarios y los precios -dos de los tres términos del lema- no figuran hoy en el orden del día de nadie.

Una huelga a favor del Gobierno

Hay un rasgo que distingue esta huelga de sus precedentes. Las huelgas generales de 1988, 2002, 2010 y 2012 se dirigieron contra el Gobierno de turno y contra sus reformas. La del 11N -la primera respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde 2012- reclama, en lo que se refiere a vivienda, medidas que el propio Gobierno ha aprobado y defiende. A quien presiona no es al Ejecutivo, sino a la oposición parlamentaria que tumbó sus decretos.

El calendario completa el cuadro: una huelga convocada a dieciocho días de unas elecciones generales, a dos del comienzo de la campaña y en la víspera de la votación de esos mismos decretos, que el Gobierno llevó a la Diputación Permanente en el último día hábil del plazo.

No tengo pruebas pero intuyo una taimada intención que me obliga a formular una segunda hipótesis.

La hipótesis electoral

La hipótesis es que la finalidad de la convocatoria no fuese tanto obtener resultados legislativos inmediatos como construir una movilización social susceptible de traducirse en respaldo electoral al Gobierno. Es, en el fondo, la tesis de la CEOE, que renunció a someterla a un juez.

Si ese era el propósito, el juicio debe aplazarse hasta el 29 de noviembre, y aun entonces será difícil de emitir: los resultados electorales tienen demasiadas causas como para atribuir a una sola jornada de huelga lo que suceda en las urnas.

No sería la primera vez que una reivindicación social legítima se convierte también en instrumento de estrategia política. Que las organizaciones sindicales tengan preferencias políticas, o pretendan influir en la orientación del Gobierno, no es reprochable: forma parte de una sociedad democrática. Lo cuestionable es presentar como reivindicación laboral lo que en realidad responda a una operación de movilización electoral.

Si de verdad fue una huelga electoral

Conviene entonces ponerle nombre a lo que se habría quebrantado, porque no es una cuestión de estética.

La legislación de huelga. Una huelga sostenida por una finalidad electoral es, por definición, una huelga iniciada "por motivos políticos", y por tanto ilegal según el artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977. Pero no solo eso: vestir esa finalidad con reivindicaciones salariales para eludir la prohibición es exactamente lo que el artículo 6.4 del Código Civil llama fraude de ley, un acto amparado en una norma que persigue un resultado prohibido por otra. Las consecuencias no serían menores. Los trabajadores que participaron activamente en la huelga perderían la protección que el derecho de huelga les dispensa; y el sindicato convocante respondería de los daños causados, conforme a las reglas generales de responsabilidad civil y al artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

La legislación electoral. El artículo 50.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe a cualquier persona jurídica distinta de partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores realizar campaña electoral desde la convocatoria de las elecciones. Los sindicatos son personas jurídicas, y las elecciones del 29 de noviembre estaban convocadas desde principios de octubre. Una huelga concebida para captar votos sería, materialmente, un acto de campaña realizado por quien la ley excluye de la campaña, sancionable por la Junta Electoral con arreglo a su artículo 153.1.

La neutralidad de los poderes públicos. Si el Gobierno hubiera promovido, coordinado o financiado, directa o indirectamente, la movilización -y el cruce de fechas entre la huelga y la votación de sus decretos invita al menos a preguntarlo-, entraría en juego el artículo 50.2 de la misma ley, que prohíbe desde la convocatoria cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que aluda a sus logros. Es el precepto por el que la Junta Electoral Central ha multado, en estos años, a presidentes autonómicos y al propio presidente del Gobierno.

La financiación de la campaña. Y si los medios materiales de los sindicatos -su organización, su logística, su capacidad de convocatoria- se hubieran puesto al servicio de la campaña de un partido, estaríamos ante una aportación en especie de personas jurídicas a una fuerza política, lo que la legislación de financiación de partidos prohíbe desde 2015.

Por qué nada de esto ocurrirá

Ahora bien, sería poco honesto detenerse ahí. Cada una de esas normas exige algo que no está a la vista.

La ilegalidad laboral exige probar el fraude, y los tribunales han fijado el listón donde lo pone una restricción de derechos fundamentales: más allá de toda duda razonable. Ya hemos visto que ni siquiera la huelga del 8 de noviembre de 2017 lo superó.

La infracción electoral exige algo más que influir: exige captar sufragios. La Junta Electoral Central, siguiendo al Tribunal Supremo, distingue entre ambas cosas y considera que las actividades de personas jurídicas que no se dirigen directamente a pedir el voto para una candidatura, por críticas que sean, quedan amparadas por la libertad de expresión. Una huelga que no pide el voto para nadie, aunque su calendario hable por sí solo, difícilmente cruzará ese umbral. El líder de la oposición la ha llamado "acto camuflado de campaña electoral"; el adjetivo es exacto, y es justamente el camuflaje lo que la pone fuera del alcance de la ley.

La infracción de neutralidad exige probar que el Gobierno organizó o financió algo, y coincidir en las fechas no es organizar.

El resultado es una paradoja que merece señalarse. La prohibición de la huelga política ha sido vaciada por la jurisprudencia; la prohibición de hacer campaña a las personas jurídicas se ha reducido a la petición expresa de voto. Entre una y otra queda un espacio que ninguna norma vigila: el de la movilización sindical con efectos electorales que no pide el voto ni abandona el lenguaje del salario. El 11N se ha movido, con notable pericia, dentro de ese espacio. Si fue electoralista, no habrá quebrantado ninguna norma que alguien vaya a aplicar. Habrá hecho algo distinto, y en cierto modo peor: demostrar que se puede utilizar un derecho fundamental para un fin que su propia regulación excluye, sin que nadie esté en condiciones de impedirlo. A eso, en castellano, se le llama una utilización, cuando menos, torticera.

Lo que queda

Una huelga puede ser multitudinaria y fracasar en sus objetivos. Puede tener un seguimiento laboral limitado y, sin embargo, lograr una repercusión política considerable. Y puede convertirse en un éxito propagandístico para sus organizadores sin haber mejorado en absoluto las condiciones de vida de aquellos a quienes dicen representar.

Dentro de un año sabremos si los alquileres han bajado, si los salarios alcanzan para pagarlos y si se han construido las viviendas que faltan. Esa será la única cifra de seguimiento que importe.

La verdadera medida del éxito no está en cuántas personas se manifiestan, sino en qué cambia después de que la manifestación termina.

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PORTADA DEL PAÍS Domingo, 15 de noviembre de 2026
Análisis 1
Los sindicatos miden su fuerza entre los ataques de la derecha
Fecha: 11 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión ¿Una huelga general a favor del Gobierno? Contradicción o parcialidad ingenua España vive hoy una huelga general. Merece una reflexión que vaya más allá del enfrentamiento habitual entre partidarios y detractores. Y, desde luego, más allá de esas posiciones que la presentan como un simple pulso entre los sindicatos y  "la derecha". Para empezar, no es una huelga unitaria. La convocan CCOO, UGT, CGT, CNT y el "Sindicato" de Inquilinas, entre otros. Pero la han rechazado USO, CSIF, el sindicato de maquinistas SEMAF y Fetico, con un argumento común: no tiene naturaleza laboral. La patronal ha anunciado que la impugnará por "electoral". Una huelga general que divide al propio sindicalismo ya dice algo de sí misma. Para qué sirve una huelga general La huelga general ha sido históricamente uno de los instrumentos más importantes de los trabajadores frente al poder económico y político. Su función es trasladar a quien decide el coste social de sus decisiones y obligarle a cambiarlas. CCOO y UGT lo saben bien, porque no dudaron en usarla contra Gobiernos socialistas. El 14-D de 1988 paralizaron el país frente a Felipe González, y volvieron a hacerlo en 1992 y 1994. En 2010 llamaron al paro contra la reforma laboral de Zapatero. Esa trayectoria es precisamente la que hace más visible la anomalía de hoy. La del 11 de noviembre es su primera huelga general desde 2012 y la primera bajo los Gobiernos de Pedro Sánchez. Y el Gobierno al que, en buena lógica, debería dirigirse no se siente interpelado: el presidente respalda la movilización y, según se ha publicado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha sopesado secundarla. Sería la primera vez que un miembro del Gobierno hace huelga. ¿Contra quién? ¿A quién se reclama responsabilidad? Las reivindicaciones son legítimas: vivienda asequible, salarios dignos y contención de precios. Nadie razonable puede negar la gravedad de estos problemas. Pero tampoco puede ignorarse que quien gobierna desde 2018 dispone de instrumentos legislativos, presupuestarios y administrativos para intervenir en ellos. La situación de la vivienda no ha mejorado en estos años, sino al contrario. Si hoy hace falta una huelga general, es razonable preguntarse por qué el Ejecutivo actúa como espectador solidario de una protesta que también debería pedirle cuentas a él. Se dirá que el Gobierno lo intentó y que fue el Congreso quien, el 2 de octubre, tumbó sus decretos de vivienda con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Es cierto, y conviene decirlo. Pero el argumento prueba demasiado. Uno de los que votaron en contra, Junts, fue socio de investidura del presidente. Un Ejecutivo que no logra convalidar su propia política de vivienda es un Ejecutivo sin mayoría para gobernar, y la respuesta institucional a esa situación son las elecciones, que ya están convocadas. No lo es una huelga general. Si la protesta apunta a la oposición parlamentaria y no a quien gobierna, deja de ser presión sobre el poder y empieza a parecerse a una campaña. Una huelga general no debería convertirse en un acto de respaldo político al Gobierno de turno. Su función es presionar al poder, no ofrecerle una ocasión de legitimarse. La independencia sindical como cuestión de credibilidad UGT y CCOO tienen plena legitimidad para convocar huelgas y defender un modelo social. Pero la independencia sindical no se acredita con declaraciones. Se demuestra con la capacidad de exigir responsabilidades al poder político, también cuando ese poder comparte su orientación ideológica. Los sindicatos pueden coincidir con el Gobierno, claro que sí. Lo que resulta dudoso es que conserven la misma capacidad de movilización y exigencia cuando las políticas cuestionadas proceden de un Ejecutivo afín. El término"sindicato amarillo" nació en Francia a principios del siglo pasado para designar a las organizaciones creadas al servicio de la patronal. No sería justo aplicarlo sin más a CCOO y UGT. Pero existe una variante más sutil y más moderna: el sindicalismo de afinidad. No está controlado por el poder, pero es incapaz de incomodarlo cuando ese poder es de los suyos. Tampoco es una cuestión solo política. Nuestro ordenamiento, en el artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977, considera ilegal la huelga"por motivos políticos" o ajena al interés profesional de los trabajadores. El Tribunal Constitucional, desde la STC 11/1981, admite huelgas por intereses socioeconómicos generales, y la vivienda y los salarios encajan formalmente en ellos. Pero cuanto más se acerca una convocatoria a una cita electoral, y cuanto más se señala como responsable a la oposición en lugar de al Gobierno, más se acerca también a esa frontera. Decidirlo corresponde a los tribunales. Advertirlo, a cualquiera. Una convocatoria en vísperas electorales Hay otro elemento que no debería pasar inadvertido. La huelga se celebra dos días antes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas por el presidente tras la caída de sus decretos de vivienda. Y la propia prensa la ha analizado como una oportunidad para devolver la vivienda al centro del debate electoral. No hace falta atribuir intenciones ocultas a nadie para reconocer que el contexto condiciona inevitablemente la percepción de la convocatoria. Una movilización puede perseguir objetivos sociales legítimos y producir, al mismo tiempo, beneficios electorales para una formación concreta. Ambas cosas son compatibles. Precisamente por eso es exigible más transparencia sobre los objetivos, los destinatarios y la oportunidad de la convocatoria. ¿Contradicción o parcialidad ingenua? Defender el derecho a la vivienda, salarios dignos y unas condiciones de vida razonables es perfectamente compatible con exigir responsabilidades al Gobierno. Lo difícil de conciliar es una huelga que dice presionar al poder y encuentra en ese mismo poder a uno de sus principales aliados. Quizá no estemos ante una huelga a favor del Gobierno en sentido formal. Pero sí ante una movilización cuyo uso político puede acabar favoreciendo precisamente a quienes deberían sentirse destinatarios de sus reivindicaciones. Porque cuando la independencia sindical depende de quién gobierne, deja de ser independencia y se convierte en afinidad. Una huelga general debe servir para exigir responsabilidades a quienes gobiernan, no para ayudarles a eludirlas.   Fuentes •         Artículo 14 – Huelga general del 11N: quién convoca y motivos •         Vozpópuli – Rechazo de USO, CSIF, SEMAF y otros •         Artículo 14 – Garamendi impugnará la huelga •         Qué! – Yolanda Díaz sopesa secundar la huelga •         Brainsre – El Congreso tumba los decretos de vivienda •         Izquierda Diario – Convocatoria tras el rechazo de los decretos
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Fecha: 11 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

¿Una huelga general a favor del Gobierno?

Contradicción o parcialidad ingenua

España vive hoy una huelga general. Merece una reflexión que vaya más allá del enfrentamiento habitual entre partidarios y detractores. Y, desde luego, más allá de esas posiciones que la presentan como un simple pulso entre los sindicatos y  "la derecha".

Para empezar, no es una huelga unitaria. La convocan CCOO, UGT, CGT, CNT y el "Sindicato" de Inquilinas, entre otros. Pero la han rechazado USO, CSIF, el sindicato de maquinistas SEMAF y Fetico, con un argumento común: no tiene naturaleza laboral. La patronal ha anunciado que la impugnará por "electoral". Una huelga general que divide al propio sindicalismo ya dice algo de sí misma.

Para qué sirve una huelga general

La huelga general ha sido históricamente uno de los instrumentos más importantes de los trabajadores frente al poder económico y político. Su función es trasladar a quien decide el coste social de sus decisiones y obligarle a cambiarlas.

CCOO y UGT lo saben bien, porque no dudaron en usarla contra Gobiernos socialistas. El 14-D de 1988 paralizaron el país frente a Felipe González, y volvieron a hacerlo en 1992 y 1994. En 2010 llamaron al paro contra la reforma laboral de Zapatero. Esa trayectoria es precisamente la que hace más visible la anomalía de hoy. La del 11 de noviembre es su primera huelga general desde 2012 y la primera bajo los Gobiernos de Pedro Sánchez. Y el Gobierno al que, en buena lógica, debería dirigirse no se siente interpelado: el presidente respalda la movilización y, según se ha publicado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha sopesado secundarla. Sería la primera vez que un miembro del Gobierno hace huelga. ¿Contra quién?

¿A quién se reclama responsabilidad?

Las reivindicaciones son legítimas: vivienda asequible, salarios dignos y contención de precios. Nadie razonable puede negar la gravedad de estos problemas.

Pero tampoco puede ignorarse que quien gobierna desde 2018 dispone de instrumentos legislativos, presupuestarios y administrativos para intervenir en ellos. La situación de la vivienda no ha mejorado en estos años, sino al contrario. Si hoy hace falta una huelga general, es razonable preguntarse por qué el Ejecutivo actúa como espectador solidario de una protesta que también debería pedirle cuentas a él.

Se dirá que el Gobierno lo intentó y que fue el Congreso quien, el 2 de octubre, tumbó sus decretos de vivienda con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Es cierto, y conviene decirlo. Pero el argumento prueba demasiado. Uno de los que votaron en contra, Junts, fue socio de investidura del presidente. Un Ejecutivo que no logra convalidar su propia política de vivienda es un Ejecutivo sin mayoría para gobernar, y la respuesta institucional a esa situación son las elecciones, que ya están convocadas. No lo es una huelga general. Si la protesta apunta a la oposición parlamentaria y no a quien gobierna, deja de ser presión sobre el poder y empieza a parecerse a una campaña.

Una huelga general no debería convertirse en un acto de respaldo político al Gobierno de turno. Su función es presionar al poder, no ofrecerle una ocasión de legitimarse.

La independencia sindical como cuestión de credibilidad

UGT y CCOO tienen plena legitimidad para convocar huelgas y defender un modelo social. Pero la independencia sindical no se acredita con declaraciones. Se demuestra con la capacidad de exigir responsabilidades al poder político, también cuando ese poder comparte su orientación ideológica. Los sindicatos pueden coincidir con el Gobierno, claro que sí. Lo que resulta dudoso es que conserven la misma capacidad de movilización y exigencia cuando las políticas cuestionadas proceden de un Ejecutivo afín.

El término"sindicato amarillo" nació en Francia a principios del siglo pasado para designar a las organizaciones creadas al servicio de la patronal. No sería justo aplicarlo sin más a CCOO y UGT. Pero existe una variante más sutil y más moderna: el sindicalismo de afinidad. No está controlado por el poder, pero es incapaz de incomodarlo cuando ese poder es de los suyos.

Tampoco es una cuestión solo política. Nuestro ordenamiento, en el artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977, considera ilegal la huelga"por motivos políticos" o ajena al interés profesional de los trabajadores. El Tribunal Constitucional, desde la STC 11/1981, admite huelgas por intereses socioeconómicos generales, y la vivienda y los salarios encajan formalmente en ellos. Pero cuanto más se acerca una convocatoria a una cita electoral, y cuanto más se señala como responsable a la oposición en lugar de al Gobierno, más se acerca también a esa frontera. Decidirlo corresponde a los tribunales. Advertirlo, a cualquiera.

Una convocatoria en vísperas electorales

Hay otro elemento que no debería pasar inadvertido. La huelga se celebra dos días antes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas por el presidente tras la caída de sus decretos de vivienda. Y la propia prensa la ha analizado como una oportunidad para devolver la vivienda al centro del debate electoral.

No hace falta atribuir intenciones ocultas a nadie para reconocer que el contexto condiciona inevitablemente la percepción de la convocatoria. Una movilización puede perseguir objetivos sociales legítimos y producir, al mismo tiempo, beneficios electorales para una formación concreta. Ambas cosas son compatibles. Precisamente por eso es exigible más transparencia sobre los objetivos, los destinatarios y la oportunidad de la convocatoria.

¿Contradicción o parcialidad ingenua?

Defender el derecho a la vivienda, salarios dignos y unas condiciones de vida razonables es perfectamente compatible con exigir responsabilidades al Gobierno. Lo difícil de conciliar es una huelga que dice presionar al poder y encuentra en ese mismo poder a uno de sus principales aliados. Quizá no estemos ante una huelga a favor del Gobierno en sentido formal. Pero sí ante una movilización cuyo uso político puede acabar favoreciendo precisamente a quienes deberían sentirse destinatarios de sus reivindicaciones.

Porque cuando la independencia sindical depende de quién gobierne, deja de ser independencia y se convierte en afinidad.

Una huelga general debe servir para exigir responsabilidades a quienes gobiernan, no para ayudarles a eludirlas.

 

Fuentes

•         Artículo 14 – Huelga general del 11N: quién convoca y motivos

•         Vozpópuli – Rechazo de USO, CSIF, SEMAF y otros

•         Artículo 14 – Garamendi impugnará la huelga

•         Qué! – Yolanda Díaz sopesa secundar la huelga

•         Brainsre – El Congreso tumba los decretos de vivienda

•         Izquierda Diario – Convocatoria tras el rechazo de los decretos

PORTADA DE LA VOZ DE GALICIA Domingo, 15 de noviembre de 2026
Análisis 1
El vórtice polar: ¿puede la contaminación alterar el equilibrio atmosférico del planeta?
Fecha: 10 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión La compleja relación entre el cambio climático, la contaminación y los grandes episodios de frío en el hemisferio norte Una enorme estructura de circulación atmosférica, en forma de anillo, rodea el Ártico y contribuye a mantener el aire muy frío concentrado en aquellas regiones. Se conoce como vórtice polar y, aunque permanece entre 15 y 50 km por encima de nuestras cabezas, su evolución en invierno tiene consecuencias meteorológicas relevantes en Europa, Norteamérica y Asia. Cuando el vórtice se debilita, se desplaza o incluso a veces se divide, se producen alteraciones en la circulación atmosférica que facilitan que masas de aire polar alcancen latitudes más bajas. ¿Cual es la causa de estas perturbaciones? ¿Son fenómenos naturales o puede intervenir la actividad humana? ¿Existe alguna relación con la contaminación y el calentamiento global? Para responder hay que comprender algunos mecanismos fundamentales de la física atmosférica. El vórtice polar: una estructura invisible que condiciona el invierno El vórtice polar es una región donde la circulación de vientos se desarrolla alrededor de las regiones polares durante el invierno. Una parte del vórtice se encuentra en la estratosfera, aproximadamente entre los 15 y los 50 kilómetros de altitud. Esta circulación se intensifica debido al fuerte contraste térmico entre el Ártico, que pierde radiación solar durante el invierno, y las latitudes inferiores, que conservan temperaturas más elevadas que las árticas. Mientras el vórtice permanece intenso y organizado, confina el aire más frío en las regiones polares.  Sin embargo, el vórtice puede experimentar desplazamientos, deformaciones y divisiones que modifican la circulación atmosférica del hemisferio norte. ¿Cómo se debilita el vórtice polar? Los científicos denomiman ondas planetarias de Rossby a la causa inmediata más importante de los grandes debilitamientos del vórtice. Son grandes ondulaciones de la circulación atmosférica que pueden propagarse desde la troposfera (capa atmosférica inmediatamente anterior), hacia la estratosfera. Cuando estas ondas transportan suficiente energía y momento (masa y velocidad), hacia la estratosfera polar, pueden alterar la circulacion de los vientos que mantienen organizado el vórtice al proporcionar más calor. En ocasiones, la perturbación produce un aumento muy rápido de la temperatura estratosférica polar. El fenómeno se conoce como calentamiento súbito estratosférico (Sudden Stratospheric Warming). En los casos más intensos, los vientos del vórtice que circulan del oeste al este pueden llegar a invertirse, favoreciendo el desplazamiento o la división del vórtice. Este fenómeno demuestra que las distintas capas de la atmósfera no funcionan de manera independiente: la meteorología que se desarrolla cerca de la superficie puede influir en procesos que tienen lugar a decenas de kilómetros de altura. ¿Qué papel tiene la contaminación en esta debilitación del vórtice polar? La respuesta requiere distinguir entre diferentes tipos de contaminación. No existe una relación directa y general según la cual un aumento de la contaminación atmosférica provoque necesariamente el debilitamiento del vórtice polar. Sin embargo, determinadas sustancias de origen humano pueden modificar las propiedades físicas y químicas de la estratosfera. Los gases de efecto invernadero El dióxido de carbono (CO₂) es el principal ejemplo. Su aumento contribuye al calentamiento de la troposfera, pero también favorece el enfriamiento radiativo de la estratosfera. Este comportamiento aparentemente contradictorio se explica porque cada capa atmosférica tiene un balance energético diferente. El enfriamiento estratosférico puede modificar los gradientes térmicos y la circulación atmosférica. No obstante, sus efectos sobre el vórtice dependen de múltiples factores y no equivalen automáticamente a un debilitamiento. Los aerosoles atmosféricos Las partículas suspendidas en la atmósfera también pueden alterar el balance radiativo. Las grandes erupciones volcánicas, por ejemplo, pueden inyectar dióxido de azufre en la estratosfera, donde se transforma en aerosoles de sulfato. Estos aerosoles modifican la absorción y dispersión de la radiación solar e infrarroja, alterando temporalmente las condiciones térmicas de la estratosfera. La actividad industrial también genera aerosoles, aunque la mayor parte de sus emisiones permanece en la troposfera y su influencia estratosférica es ínfima comparada con las emisiones volcánicas. Los compuestos que destruyen el ozono Los clorofluorocarbonos (CFC) constituyen otro ejemplo importante de intervención humana sobre la estratosfera. Estos compuestos liberan cloro y bromo mediante procesos fotoquímicos que destruyen moléculas de ozono. La disminución del ozono reduce la absorción de radiación ultravioleta y modifica las temperaturas estratosféricas. Este mecanismo tiene especial relevancia en la Antártida, donde contribuye al intenso enfriamiento estratosférico y a la persistencia del vórtice polar austral. Los cambios climáticos y el comportamiento del vórtice Los científicos están muy interesados en determinar cómo está modificando el cambio climático la dinámica del vórtice polar. El calentamiento global no implica que todas las capas de la atmósfera se calienten por igual. Mientras la superficie terrestre y la troposfera experimentan un calentamiento general, la estratosfera presenta una tendencia al enfriamiento, principalmente como consecuencia del aumento de los gases de efecto invernadero. Esta modificación de la estructura térmica atmosférica puede influir en la circulación estratosférica. También se investiga cómo los cambios en el hielo marino del Ártico, las temperaturas oceánicas y la distribución de las masas continentales pueden modificar la propagación de las ondas planetarias. Sin embargo, todavía no existe una explicación única y concluyente que permita atribuir al cambio climático actualmente observado, una tendencia universal al debilitamiento del vórtice polar. Es necesario diferenciar los cambios climáticos a largo plazo de las perturbaciones meteorológicas que se producen en una temporada concreta. El Niño: una posible conexión entre los océanos y la estratosfera El fenómeno de El Niño constituye otro elemento a considerar. Se produce cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial presentan anomalías cálidas persistentes. Estas alteraciones modifican la distribución de las precipitaciones tropicales y pueden afectar a la circulación atmosférica a escala planetaria. En determinadas circunstancias, El Niño favorece patrones de ondas de Rossby que pueden propagarse hacia la estratosfera y modificar la intensidad del vórtice polar. No significa que El Niño provoque necesariamente un calentamiento súbito estratosférico, pero sí que puede contribuir a crear condiciones favorables para determinadas perturbaciones. Estamos, por tanto, ante un sistema climático en el que océanos, atmósfera y estratosfera mantienen una interacción permanente. ¿Por qué un debilitamiento del vórtice puede provocar frío en Europa? Esta es probablemente la consecuencia que más interés despierta. El vórtice polar estratosférico y la corriente en chorro polar de la troposfera (la corriente en chorro oeste-este), son estructuras diferentes, aunque están relacionadas. La corriente en chorro es una banda de vientos muy intensos que circula generalmente de oeste a este a unos 8-15 kilómetros de altitud (Troposfera). Cuando una perturbación estratosférica se transmite hacia la troposfera, puede favorecer modificaciones en la trayectoria de esta corriente. En determinadas configuraciones, aparecen grandes ondulaciones que permiten que el aire frío ártico descienda hacia latitudes inferiores. Europa puede experimentar entonces episodios de frío intenso, aunque su distribución geográfica depende de la posición de las dorsales anticiclónicas, las vaguadas y los bloqueos atmosféricos. Por ello, un vórtice polar debilitado no significa necesariamente que España vaya a experimentar una ola de frío. La propagación de la perturbación y la configuración posterior de la circulación atmosférica son determinantes. (A finales de los años 60 del siglo pasado, se apreció en España tal efecto con inviernos exageradamente fríos y grandes nevadas). Invierno Episodio destacado 1962-1963 Ola de frío importante, del 26 de enero al 6 de febrero 1966-1967 Entrada fría en enero, con nevadas en Madrid 1967-1968 Nevada en Madrid el 8 de marzo, sin ola de frío excepcional 1968-1969 Episodios de nieve, pero sin ola de frío nacional destacada 1970-1971 Ola extraordinaria, del 16 de diciembre al 7 de enero, de 23 días Fuentes: registros históricos recopilados por AEMET y documentación meteorológica.   ¿Podemos predecir estos fenómenos? La meteorología moderna dispone de modelos numéricos capaces de simular la evolución de la atmósfera, incluidos los procesos estratosféricos. Sin embargo, el sistema atmosférico presenta un comportamiento caótico: pequeñas diferencias en las condiciones iniciales pueden producir evoluciones distintas a medida que aumenta el horizonte temporal. Por eso, los meteorólogos trabajan con conjuntos de simulaciones y probabilidades, en lugar de depender de una única predicción. Los indicadores más importantes para vigilar el comportamiento del vórtice son: ·         La velocidad de los vientos estratosféricos a 10 hPa ( medida de presión atmosférica hPa = 100 Pascales) y 60° de latitud norte. ·         La evolución de las temperaturas estratosféricas polares. ·         La actividad y propagación de las ondas planetarias. ·         La posible transmisión de las perturbaciones hacia la troposfera. ·         La evolución de la corriente en chorro y los bloqueos atmosféricos. Conclusión: un equilibrio atmosférico mucho más complejo de lo que parece El vórtice polar constituye un magnífico ejemplo de la complejidad del sistema climático terrestre. Su comportamiento depende de interacciones entre la radiación solar, los contrastes térmicos, las ondas atmosféricas, los océanos y la composición química de la atmósfera. La contaminación puede intervenir en algunos de estos procesos, especialmente mediante los gases de efecto invernadero, los aerosoles y las sustancias que alteran la capa de ozono. Por eso no es correcto afirmar que la actividad humana sea la causa directa de los grandes debilitamientos del vórtice polar. La cuestión científica fundamental es otra: ¿hasta qué punto las modificaciones que estamos introduciendo en la composición y la temperatura de la atmósfera están alterando los mecanismos naturales que regulan la circulación del planeta? Comprender esta relación será esencial para interpretar la evolución del clima y mejorar nuestra capacidad de anticipar fenómenos meteorológicos extremos. El vórtice polar no es simplemente un fenómeno del invierno ártico. Es una pieza de un sistema atmosférico global en el que procesos aparentemente distantes pueden terminar condicionando el tiempo que experimentamos a miles de kilómetros de distancia. Fuentes científicas recomendadas ·         NOAA – Climate Prediction Center: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/ ·         ECMWF – Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo: https://www.ecmwf.int/ ·         NASA – Ozone Watch: https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/ ·         Organización Meteorológica Mundial: https://wmo.int/
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Fecha: 10 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

La compleja relación entre el cambio climático, la contaminación y los grandes episodios de frío en el hemisferio norte

Una enorme estructura de circulación atmosférica, en forma de anillo, rodea el Ártico y contribuye a mantener el aire muy frío concentrado en aquellas regiones. Se conoce como vórtice polar y, aunque permanece entre 15 y 50 km por encima de nuestras cabezas, su evolución en invierno tiene consecuencias meteorológicas relevantes en Europa, Norteamérica y Asia. Cuando el vórtice se debilita, se desplaza o incluso a veces se divide, se producen alteraciones en la circulación atmosférica que facilitan que masas de aire polar alcancen latitudes más bajas. ¿Cual es la causa de estas perturbaciones? ¿Son fenómenos naturales o puede intervenir la actividad humana? ¿Existe alguna relación con la contaminación y el calentamiento global? Para responder hay que comprender algunos mecanismos fundamentales de la física atmosférica.

El vórtice polar: una estructura invisible que condiciona el invierno

El vórtice polar es una región donde la circulación de vientos se desarrolla alrededor de las regiones polares durante el invierno. Una parte del vórtice se encuentra en la estratosfera, aproximadamente entre los 15 y los 50 kilómetros de altitud. Esta circulación se intensifica debido al fuerte contraste térmico entre el Ártico, que pierde radiación solar durante el invierno, y las latitudes inferiores, que conservan temperaturas más elevadas que las árticas. Mientras el vórtice permanece intenso y organizado, confina el aire más frío en las regiones polares.  Sin embargo, el vórtice puede experimentar desplazamientos, deformaciones y divisiones que modifican la circulación atmosférica del hemisferio norte.

¿Cómo se debilita el vórtice polar?

Los científicos denomiman ondas planetarias de Rossby a la causa inmediata más importante de los grandes debilitamientos del vórtice. Son grandes ondulaciones de la circulación atmosférica que pueden propagarse desde la troposfera (capa atmosférica inmediatamente anterior), hacia la estratosfera. Cuando estas ondas transportan suficiente energía y momento (masa y velocidad), hacia la estratosfera polar, pueden alterar la circulacion de los vientos que mantienen organizado el vórtice al proporcionar más calor. En ocasiones, la perturbación produce un aumento muy rápido de la temperatura estratosférica polar. El fenómeno se conoce como calentamiento súbito estratosférico (Sudden Stratospheric Warming). En los casos más intensos, los vientos del vórtice que circulan del oeste al este pueden llegar a invertirse, favoreciendo el desplazamiento o la división del vórtice. Este fenómeno demuestra que las distintas capas de la atmósfera no funcionan de manera independiente: la meteorología que se desarrolla cerca de la superficie puede influir en procesos que tienen lugar a decenas de kilómetros de altura.

¿Qué papel tiene la contaminación en esta debilitación del vórtice polar?

La respuesta requiere distinguir entre diferentes tipos de contaminación. No existe una relación directa y general según la cual un aumento de la contaminación atmosférica provoque necesariamente el debilitamiento del vórtice polar. Sin embargo, determinadas sustancias de origen humano pueden modificar las propiedades físicas y químicas de la estratosfera.

Los gases de efecto invernadero

El dióxido de carbono (CO₂) es el principal ejemplo. Su aumento contribuye al calentamiento de la troposfera, pero también favorece el enfriamiento radiativo de la estratosfera. Este comportamiento aparentemente contradictorio se explica porque cada capa atmosférica tiene un balance energético diferente. El enfriamiento estratosférico puede modificar los gradientes térmicos y la circulación atmosférica. No obstante, sus efectos sobre el vórtice dependen de múltiples factores y no equivalen automáticamente a un debilitamiento.

Los aerosoles atmosféricos

Las partículas suspendidas en la atmósfera también pueden alterar el balance radiativo. Las grandes erupciones volcánicas, por ejemplo, pueden inyectar dióxido de azufre en la estratosfera, donde se transforma en aerosoles de sulfato. Estos aerosoles modifican la absorción y dispersión de la radiación solar e infrarroja, alterando temporalmente las condiciones térmicas de la estratosfera. La actividad industrial también genera aerosoles, aunque la mayor parte de sus emisiones permanece en la troposfera y su influencia estratosférica es ínfima comparada con las emisiones volcánicas.

Los compuestos que destruyen el ozono

Los clorofluorocarbonos (CFC) constituyen otro ejemplo importante de intervención humana sobre la estratosfera. Estos compuestos liberan cloro y bromo mediante procesos fotoquímicos que destruyen moléculas de ozono. La disminución del ozono reduce la absorción de radiación ultravioleta y modifica las temperaturas estratosféricas. Este mecanismo tiene especial relevancia en la Antártida, donde contribuye al intenso enfriamiento estratosférico y a la persistencia del vórtice polar austral.

Los cambios climáticos y el comportamiento del vórtice

Los científicos están muy interesados en determinar cómo está modificando el cambio climático la dinámica del vórtice polar. El calentamiento global no implica que todas las capas de la atmósfera se calienten por igual. Mientras la superficie terrestre y la troposfera experimentan un calentamiento general, la estratosfera presenta una tendencia al enfriamiento, principalmente como consecuencia del aumento de los gases de efecto invernadero. Esta modificación de la estructura térmica atmosférica puede influir en la circulación estratosférica. También se investiga cómo los cambios en el hielo marino del Ártico, las temperaturas oceánicas y la distribución de las masas continentales pueden modificar la propagación de las ondas planetarias. Sin embargo, todavía no existe una explicación única y concluyente que permita atribuir al cambio climático actualmente observado, una tendencia universal al debilitamiento del vórtice polar. Es necesario diferenciar los cambios climáticos a largo plazo de las perturbaciones meteorológicas que se producen en una temporada concreta.

El Niño: una posible conexión entre los océanos y la estratosfera

El fenómeno de El Niño constituye otro elemento a considerar. Se produce cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial presentan anomalías cálidas persistentes. Estas alteraciones modifican la distribución de las precipitaciones tropicales y pueden afectar a la circulación atmosférica a escala planetaria. En determinadas circunstancias, El Niño favorece patrones de ondas de Rossby que pueden propagarse hacia la estratosfera y modificar la intensidad del vórtice polar. No significa que El Niño provoque necesariamente un calentamiento súbito estratosférico, pero sí que puede contribuir a crear condiciones favorables para determinadas perturbaciones. Estamos, por tanto, ante un sistema climático en el que océanos, atmósfera y estratosfera mantienen una interacción permanente.

¿Por qué un debilitamiento del vórtice puede provocar frío en Europa?

Esta es probablemente la consecuencia que más interés despierta. El vórtice polar estratosférico y la corriente en chorro polar de la troposfera (la corriente en chorro oeste-este), son estructuras diferentes, aunque están relacionadas. La corriente en chorro es una banda de vientos muy intensos que circula generalmente de oeste a este a unos 8-15 kilómetros de altitud (Troposfera). Cuando una perturbación estratosférica se transmite hacia la troposfera, puede favorecer modificaciones en la trayectoria de esta corriente. En determinadas configuraciones, aparecen grandes ondulaciones que permiten que el aire frío ártico descienda hacia latitudes inferiores. Europa puede experimentar entonces episodios de frío intenso, aunque su distribución geográfica depende de la posición de las dorsales anticiclónicas, las vaguadas y los bloqueos atmosféricos. Por ello, un vórtice polar debilitado no significa necesariamente que España vaya a experimentar una ola de frío. La propagación de la perturbación y la configuración posterior de la circulación atmosférica son determinantes. (A finales de los años 60 del siglo pasado, se apreció en España tal efecto con inviernos exageradamente fríos y grandes nevadas).

Invierno

Episodio destacado

1962-1963

Ola de frío importante, del 26 de enero al 6 de febrero

1966-1967

Entrada fría en enero, con nevadas en Madrid

1967-1968

Nevada en Madrid el 8 de marzo, sin ola de frío excepcional

1968-1969

Episodios de nieve, pero sin ola de frío nacional destacada

1970-1971

Ola extraordinaria, del 16 de diciembre al 7 de enero, de 23 días

Fuentes: registros históricos recopilados por AEMET y documentación meteorológica.

 

¿Podemos predecir estos fenómenos?

La meteorología moderna dispone de modelos numéricos capaces de simular la evolución de la atmósfera, incluidos los procesos estratosféricos. Sin embargo, el sistema atmosférico presenta un comportamiento caótico: pequeñas diferencias en las condiciones iniciales pueden producir evoluciones distintas a medida que aumenta el horizonte temporal. Por eso, los meteorólogos trabajan con conjuntos de simulaciones y probabilidades, en lugar de depender de una única predicción.

Los indicadores más importantes para vigilar el comportamiento del vórtice son:

·         La velocidad de los vientos estratosféricos a 10 hPa ( medida de presión atmosférica hPa = 100 Pascales) y 60° de latitud norte.

·         La evolución de las temperaturas estratosféricas polares.

·         La actividad y propagación de las ondas planetarias.

·         La posible transmisión de las perturbaciones hacia la troposfera.

·         La evolución de la corriente en chorro y los bloqueos atmosféricos.

Conclusión: un equilibrio atmosférico mucho más complejo de lo que parece

El vórtice polar constituye un magnífico ejemplo de la complejidad del sistema climático terrestre. Su comportamiento depende de interacciones entre la radiación solar, los contrastes térmicos, las ondas atmosféricas, los océanos y la composición química de la atmósfera.

La contaminación puede intervenir en algunos de estos procesos, especialmente mediante los gases de efecto invernadero, los aerosoles y las sustancias que alteran la capa de ozono. Por eso no es correcto afirmar que la actividad humana sea la causa directa de los grandes debilitamientos del vórtice polar.

La cuestión científica fundamental es otra: ¿hasta qué punto las modificaciones que estamos introduciendo en la composición y la temperatura de la atmósfera están alterando los mecanismos naturales que regulan la circulación del planeta?

Comprender esta relación será esencial para interpretar la evolución del clima y mejorar nuestra capacidad de anticipar fenómenos meteorológicos extremos. El vórtice polar no es simplemente un fenómeno del invierno ártico. Es una pieza de un sistema atmosférico global en el que procesos aparentemente distantes pueden terminar condicionando el tiempo que experimentamos a miles de kilómetros de distancia.

Fuentes científicas recomendadas

·         NOAA – Climate Prediction Center: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/

·         ECMWF – Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo: https://www.ecmwf.int/

·         NASA – Ozone Watch: https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

·         Organización Meteorológica Mundial: https://wmo.int/

PORTADA DE LA RAZÓN Domingo, 15 de noviembre de 2026
Análisis 1
El fin de la MINURSO: Marruecos, Ceuta, Melilla y Canarias
Fecha: 5 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opiniónEl fin de la MINURSO: Marruecos, Ceuta, Melilla y Canarias La desaparición de la MINURSO, después de que Estados Unidos y Rusia no lograran acordar la renovación de su mandato, abre una nueva etapa en el conflicto del Sáhara Occidental. Marruecos obtiene una ventaja estratégica frente al Polisario, mientras España debe valorar las consecuencias de este fortalecimiento sobre Ceuta, Melilla y Canarias. El fin de la MINURSO: un fracaso diplomático con consecuencias sobre el terreno El 31 de octubre de 2026 expiró el mandato de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), creada en 1991 para supervisar el alto el fuego y organizar el referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse. La renovación quedó bloqueada el día anterior por el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad. La resolución 2797, de octubre de 2025, ya había tomado el plan marroquí de autonomía como base de las negociaciones. Washington quiso ir más lejos: su propuesta reforzaba ese plan, bajo soberanía de Marruecos, como fundamento de la negociación y planteaba transformar la misión, eliminando incluso de su denominación la referencia al referéndum. El texto obtuvo once votos a favor y tres abstenciones, pero Rusia lo vetó. Moscú presentó entonces una alternativa para mantener la misión en sus condiciones anteriores, pero Estados Unidos votó en contra y la propuesta, con tres votos a favor y once abstenciones, tampoco consiguió los nueve votos necesarios. El resultado fue extraordinario: ninguna de las dos propuestas prosperó y Naciones Unidas se quedó sin misión de mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental. El 1 de noviembre comenzó la liquidación de una presencia sobre el terreno que había durado 35 años. La ONU mantiene, eso sí, a su Enviado Personal, Staffan de Mistura, para seguir buscando una solución política. La primera consecuencia: una ventaja estratégica para Marruecos La desaparición de la MINURSO favorece objetivamente la posición marroquí. Rabat la ha celebrado como un paso hacia el cierre del expediente y reclama que el asunto salga de la agenda del Consejo de Seguridad. El desequilibrio entre Marruecos y el Frente Polisario es muy considerable. Marruecos dispone de unas fuerzas armadas regulares, recursos económicos, capacidad diplomática y apoyo internacional muy superiores a los del movimiento saharaui, cuya capacidad política y militar depende en buena medida del respaldo argelino. La retirada de los observadores internacionales elimina, además, un mecanismo de vigilancia y contención que contribuía a limitar los riesgos de escalada en un conflicto cuyas hostilidades se reanudaron en 2020. Marruecos no obtiene por ello un reconocimiento jurídico de soberanía sobre el territorio, ni desaparece el derecho saharaui a la autodeterminación, como ha recordado el propio secretario general de la ONU. Sin embargo, la correlación de fuerzas se desplaza todavía más a su favor. La estrategia estadounidense pretendía consolidar políticamente esa ventaja mediante el reconocimiento del plan de autonomía como referencia central de la negociación. Rusia consiguió impedirlo, pero no logró preservar la misión. La paradoja es evidente: el veto ruso bloqueó la iniciativa estadounidense, pero el fracaso posterior de la alternativa rusa, rechazada por Estados Unidos y sin apoyos suficientes, terminó produciendo un resultado que favorece materialmente a Marruecos. Ceuta y Melilla: el fortalecimiento de Marruecos y sus implicaciones para España El cambio de equilibrio en el Sáhara no tiene consecuencias jurídicas directas sobre Ceuta y Melilla, cuya soberanía española no queda afectada por la desaparición de la MINURSO. Sin embargo, existe una conexión geopolítica que España no debería ignorar. Marruecos mantiene reivindicaciones territoriales sobre ambas ciudades. Una consolidación de su posición en el Sáhara reforzaría su confianza estratégica y su capacidad de presión diplomática frente a España. El precedente político que Rabat podría extraer es significativo: una reivindicación territorial sostenida durante décadas puede avanzar mediante la combinación de presión diplomática, alianzas internacionales y una correlación de fuerzas favorable. Esto no significa que Marruecos vaya a trasladar necesariamente su estrategia al ámbito militar. Existen instrumentos de presión económica, migratoria y diplomática mucho más probables. Por tanto, el fortalecimiento marroquí en el Sáhara obliga a España a valorar con mayor atención la defensa de sus intereses territoriales y estratégicos en el norte de África. Canarias: la dimensión atlántica del nuevo equilibrio La cuestión adquiere una dimensión adicional cuando se contempla la posición geográfica de Canarias. El Sáhara Occidental constituye un espacio estratégico de conexión entre el Atlántico, el Magreb y el Sahel. Una consolidación marroquí del territorio aumentaría su proyección sobre la fachada atlántica africana y reforzaría su influencia en las rutas comerciales y energéticas de la región. Para España, esto tiene implicaciones en materia de seguridad marítima, vigilancia de los espacios próximos a Canarias, control de las rutas migratorias y estabilidad regional. No se trata de establecer una amenaza militar inmediata sobre el archipiélago, sino de reconocer que un Marruecos afianzado en el territorio y fortalecido diplomáticamente dispondrá de una posición regional más influyente. La política española desde 2022 El fortalecimiento estratégico de Marruecos no puede analizarse al margen de la política española de los últimos años. En marzo de 2022, Pedro Sánchez modificó unilateralmente la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental al considerar la propuesta marroquí de autonomía "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto. Aquella decisión supuso, en la práctica, abandonar la neutralidad que España había mantenido entre las partes y aproximarse a las tesis de Rabat, sin que se obtuviera a cambio una solución definitiva a las reivindicaciones marroquíes ni una garantía duradera de respeto a los intereses españoles. Los acontecimientos posteriores obligan a revisar el balance de aquella política. La entrada masiva en Ceuta de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio de 2026 (72.000 según Interior; 96.058 según un informe del Gobierno de Ceuta) constituye un episodio de extraordinaria gravedad. Estuvo precedida de avisos del CNI, entre ellos uno del 29 de julio a la Delegación del Gobierno sobre un llamamiento a un asalto por valla y mar, aunque el propio CNI admite que no anticipó su magnitud. El CNI ha informado además a la Audiencia Nacional de que las fuerzas de seguridad marroquíes actuaron con una pasividad que contribuyó al desbordamiento de la crisis. Todo ello plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno español para prevenir y proteger eficazmente la frontera. La posterior recuperación del control no elimina la gravedad de una crisis que puso de manifiesto la vulnerabilidad de la ciudad. Estos hechos pesan todavía más tras la desaparición de la MINURSO y la consolidación de la posición marroquí en el Sáhara. Marruecos obtiene una ventaja estratégica y diplomática frente al Polisario y aumenta su capacidad de influencia regional, mientras España parece haber sustituido una política de defensa firme de sus intereses por una estrategia de aproximación a Rabat cuya eficacia resulta, cuando menos, discutible. Una advertencia para España Ceuta y Melilla no tienen ninguna relación jurídica con la descolonización del Sáhara, ni su soberanía española queda cuestionada por la desaparición de la MINURSO. Sin embargo, el fortalecimiento de Marruecos y la persistencia de sus reivindicaciones territoriales obligan a considerar seriamente las consecuencias para ambas ciudades. Canarias, por su parte, debe contemplarse dentro de la nueva proyección atlántica marroquí y de sus implicaciones para la seguridad marítima y regional. España corre el riesgo de encontrarse ante un Marruecos afianzado en el territorio, diplomáticamente respaldado y consciente de su capacidad para ejercer presión sobre las fronteras españolas. La cesión política de 2022 y la escandalosa falta de previsión del Gobierno ante la crisis de Ceuta de julio de 2026 deberían servir de advertencia. La cooperación con Marruecos es necesaria, pero no puede construirse a costa de la capacidad española para defender su soberanía, sus fronteras y sus intereses estratégicos.   Fuentes: ONU: votación del Consejo de Seguridad Noticias ONU: fin de la MINURSO ONU: acta de la resolución 2797 Wikipedia: crisis migratoria de Ceuta de 2026 Moncloa.com: comparecencia de Marlaska Aragón Digital: aviso del CNI El Constitucional: alertas previas Diario Red: informe del CNI a la jueza Onda Vasca: la carta de 2022 Escudo Digital: alcance de la resolución 2797 The Objective: reacción marroquí TelQuel: España y la resolución 2797 Mundiario: auto del Supremo Western Sahara Resource Watch: las dos votaciones Sáhara Occidental: debate del 10 de noviembre  
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El fin de la MINURSO: Marruecos, Ceuta, Melilla y Canarias

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Fecha: 5 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

El fin de la MINURSO: Marruecos, Ceuta, Melilla y Canarias

La desaparición de la MINURSO, después de que Estados Unidos y Rusia no lograran acordar la renovación de su mandato, abre una nueva etapa en el conflicto del Sáhara Occidental. Marruecos obtiene una ventaja estratégica frente al Polisario, mientras España debe valorar las consecuencias de este fortalecimiento sobre Ceuta, Melilla y Canarias.

El fin de la MINURSO: un fracaso diplomático con consecuencias sobre el terreno

El 31 de octubre de 2026 expiró el mandato de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), creada en 1991 para supervisar el alto el fuego y organizar el referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse.

La renovación quedó bloqueada el día anterior por el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad. La resolución 2797, de octubre de 2025, ya había tomado el plan marroquí de autonomía como base de las negociaciones. Washington quiso ir más lejos: su propuesta reforzaba ese plan, bajo soberanía de Marruecos, como fundamento de la negociación y planteaba transformar la misión, eliminando incluso de su denominación la referencia al referéndum. El texto obtuvo once votos a favor y tres abstenciones, pero Rusia lo vetó. Moscú presentó entonces una alternativa para mantener la misión en sus condiciones anteriores, pero Estados Unidos votó en contra y la propuesta, con tres votos a favor y once abstenciones, tampoco consiguió los nueve votos necesarios. El resultado fue extraordinario: ninguna de las dos propuestas prosperó y Naciones Unidas se quedó sin misión de mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental. El 1 de noviembre comenzó la liquidación de una presencia sobre el terreno que había durado 35 años. La ONU mantiene, eso sí, a su Enviado Personal, Staffan de Mistura, para seguir buscando una solución política.

La primera consecuencia: una ventaja estratégica para Marruecos

La desaparición de la MINURSO favorece objetivamente la posición marroquí. Rabat la ha celebrado como un paso hacia el cierre del expediente y reclama que el asunto salga de la agenda del Consejo de Seguridad. El desequilibrio entre Marruecos y el Frente Polisario es muy considerable. Marruecos dispone de unas fuerzas armadas regulares, recursos económicos, capacidad diplomática y apoyo internacional muy superiores a los del movimiento saharaui, cuya capacidad política y militar depende en buena medida del respaldo argelino. La retirada de los observadores internacionales elimina, además, un mecanismo de vigilancia y contención que contribuía a limitar los riesgos de escalada en un conflicto cuyas hostilidades se reanudaron en 2020.

Marruecos no obtiene por ello un reconocimiento jurídico de soberanía sobre el territorio, ni desaparece el derecho saharaui a la autodeterminación, como ha recordado el propio secretario general de la ONU. Sin embargo, la correlación de fuerzas se desplaza todavía más a su favor. La estrategia estadounidense pretendía consolidar políticamente esa ventaja mediante el reconocimiento del plan de autonomía como referencia central de la negociación. Rusia consiguió impedirlo, pero no logró preservar la misión.

La paradoja es evidente: el veto ruso bloqueó la iniciativa estadounidense, pero el fracaso posterior de la alternativa rusa, rechazada por Estados Unidos y sin apoyos suficientes, terminó produciendo un resultado que favorece materialmente a Marruecos.

Ceuta y Melilla: el fortalecimiento de Marruecos y sus implicaciones para España

El cambio de equilibrio en el Sáhara no tiene consecuencias jurídicas directas sobre Ceuta y Melilla, cuya soberanía española no queda afectada por la desaparición de la MINURSO. Sin embargo, existe una conexión geopolítica que España no debería ignorar.

Marruecos mantiene reivindicaciones territoriales sobre ambas ciudades. Una consolidación de su posición en el Sáhara reforzaría su confianza estratégica y su capacidad de presión diplomática frente a España. El precedente político que Rabat podría extraer es significativo: una reivindicación territorial sostenida durante décadas puede avanzar mediante la combinación de presión diplomática, alianzas internacionales y una correlación de fuerzas favorable. Esto no significa que Marruecos vaya a trasladar necesariamente su estrategia al ámbito militar. Existen instrumentos de presión económica, migratoria y diplomática mucho más probables.

Por tanto, el fortalecimiento marroquí en el Sáhara obliga a España a valorar con mayor atención la defensa de sus intereses territoriales y estratégicos en el norte de África.

Canarias: la dimensión atlántica del nuevo equilibrio

La cuestión adquiere una dimensión adicional cuando se contempla la posición geográfica de Canarias. El Sáhara Occidental constituye un espacio estratégico de conexión entre el Atlántico, el Magreb y el Sahel. Una consolidación marroquí del territorio aumentaría su proyección sobre la fachada atlántica africana y reforzaría su influencia en las rutas comerciales y energéticas de la región. Para España, esto tiene implicaciones en materia de seguridad marítima, vigilancia de los espacios próximos a Canarias, control de las rutas migratorias y estabilidad regional. No se trata de establecer una amenaza militar inmediata sobre el archipiélago, sino de reconocer que un Marruecos afianzado en el territorio y fortalecido diplomáticamente dispondrá de una posición regional más influyente.

La política española desde 2022

El fortalecimiento estratégico de Marruecos no puede analizarse al margen de la política española de los últimos años. En marzo de 2022, Pedro Sánchez modificó unilateralmente la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental al considerar la propuesta marroquí de autonomía "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto. Aquella decisión supuso, en la práctica, abandonar la neutralidad que España había mantenido entre las partes y aproximarse a las tesis de Rabat, sin que se obtuviera a cambio una solución definitiva a las reivindicaciones marroquíes ni una garantía duradera de respeto a los intereses españoles.

Los acontecimientos posteriores obligan a revisar el balance de aquella política. La entrada masiva en Ceuta de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio de 2026 (72.000 según Interior; 96.058 según un informe del Gobierno de Ceuta) constituye un episodio de extraordinaria gravedad. Estuvo precedida de avisos del CNI, entre ellos uno del 29 de julio a la Delegación del Gobierno sobre un llamamiento a un asalto por valla y mar, aunque el propio CNI admite que no anticipó su magnitud. El CNI ha informado además a la Audiencia Nacional de que las fuerzas de seguridad marroquíes actuaron con una pasividad que contribuyó al desbordamiento de la crisis. Todo ello plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno español para prevenir y proteger eficazmente la frontera. La posterior recuperación del control no elimina la gravedad de una crisis que puso de manifiesto la vulnerabilidad de la ciudad.

Estos hechos pesan todavía más tras la desaparición de la MINURSO y la consolidación de la posición marroquí en el Sáhara. Marruecos obtiene una ventaja estratégica y diplomática frente al Polisario y aumenta su capacidad de influencia regional, mientras España parece haber sustituido una política de defensa firme de sus intereses por una estrategia de aproximación a Rabat cuya eficacia resulta, cuando menos, discutible.

Una advertencia para España

Ceuta y Melilla no tienen ninguna relación jurídica con la descolonización del Sáhara, ni su soberanía española queda cuestionada por la desaparición de la MINURSO. Sin embargo, el fortalecimiento de Marruecos y la persistencia de sus reivindicaciones territoriales obligan a considerar seriamente las consecuencias para ambas ciudades. Canarias, por su parte, debe contemplarse dentro de la nueva proyección atlántica marroquí y de sus implicaciones para la seguridad marítima y regional.

España corre el riesgo de encontrarse ante un Marruecos afianzado en el territorio, diplomáticamente respaldado y consciente de su capacidad para ejercer presión sobre las fronteras españolas. La cesión política de 2022 y la escandalosa falta de previsión del Gobierno ante la crisis de Ceuta de julio de 2026 deberían servir de advertencia. La cooperación con Marruecos es necesaria, pero no puede construirse a costa de la capacidad española para defender su soberanía, sus fronteras y sus intereses estratégicos.

 

Fuentes:

 

PORTADA DE EL PERIÓDICO Domingo, 15 de noviembre de 2026
Análisis 1
Sobre el desmantelamiento de la manifestación de la Puerta del Sol
Fecha: 2 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: LAW-FAIR Derecho de reunión y manifestaciónTipo: Artículo de opinión Sol: cuando la prudencia deja de ser una razón La acampada de la Puerta del Sol empieza a desaparecer tras más de un mes de ocupación. La mayoría de las comisiones que la organizaron ha decidido abandonar la plaza y trasladar su actividad a los barrios para preparar la huelga general del 11 de noviembre. No se ha marchado todo el mundo. Quedan tiendas, queda un grupo que no quiere irse y queda una recién creada asociación de personas sin hogar, de la que las comisiones se han desmarcado expresamente. La retirada llega después de que la Delegación del Gobierno pidiera por carta el fin de la protesta, al entender que había pasado "un tiempo razonable" y que las circunstancias habían cambiado. Esa carta es el mejor punto de partida. Si la protección tenía un tiempo razonable y las circunstancias cambiaron, hay que preguntarse cuándo se agotó ese tiempo, cuándo cambiaron y qué hizo entretanto la autoridad competente. La cuestión no es solo por qué se levanta ahora el campamento, sino por qué hizo falta más de un mes para llegar hasta aquí y qué consecuencias jurídicas tiene la actuación, o la falta de actuación, de las autoridades. El debate está servido. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado dos veces ordenar el desalojo y la Comunidad de Madrid ha anunciado una denuncia penal contra quien fue delegado del Gobierno. Derecho de manifestación y ocupación permanente del espacio público La controversia trasciende el debate político inmediato: ¿hasta dónde llega la protección constitucional del derecho de reunión y en qué momento la inacción de los poderes públicos deja de ser una opción legítima para convertirse en una omisión jurídicamente reprochable? El problema no consiste en enfrentar el derecho de manifestación con las potestades de mantenimiento del orden público. Ambos tienen reconocimiento en nuestro ordenamiento. La verdadera cuestión es cómo armonizarlos cuando el ejercicio de uno empieza a comprometer de manera continuada otros derechos y libertades. El artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, cuyo ejercicio no necesita autorización previa. En lugares de tránsito público se exige comunicación previa a la autoridad, que solo puede prohibir la reunión cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Como cualquier derecho fundamental, no es ilimitado: la doctrina del Tribunal Constitucional exige ponderar los derechos e intereses concurrentes, atendiendo a las circunstancias de cada caso. La ley ofrece aquí una pista valiosa. El artículo 1.2 de la Ley Orgánica 9/1983 define la reunión como la concurrencia "concertada y temporal" de más de veinte personas "con finalidad determinada". La temporalidad y la finalidad no son adornos: forman parte de la definición legal. Pero la misma ley marca el límite de este argumento. Su artículo 5 obliga a la autoridad gubernativa a suspender y, en su caso, disolver las reuniones en supuestos tasados, entre ellos que sean ilícitas conforme a las leyes penales o que se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes. La mera duración no figura en esa lista. Quien defienda el desalojo debe argumentar, por tanto, algo más que el paso del tiempo: que aquello ya no era una reunión en sentido legal, o que concurría alguno de esos supuestos. El derecho de reunión protege la expresión colectiva de ideas, reivindicaciones y discrepancias, y su función en una sociedad democrática justifica una protección especialmente intensa. Esa protección no equivale, sin embargo, a un derecho ilimitado a ocupar el dominio público. Una cosa es permitir que una concentración se prolongue, incluso con las instalaciones temporales que necesite, y otra muy distinta admitir que una plaza quede sometida sin plazo a una ocupación material que altere sustancialmente su uso ordinario. La diferencia no es meramente temporal. Cuentan la finalidad de la concentración, sus condiciones materiales, la intensidad de las restricciones que produce y la posibilidad de hacerla compatible con los derechos de terceros. La libertad de circulación, la seguridad ciudadana, el acceso a establecimientos y viviendas y el funcionamiento de los servicios públicos también merecen protección. Invocar el artículo 21 no excluye por sí solo la intervención administrativa, del mismo modo que cualquier alteración del uso ordinario de una plaza no justifica por sí sola el desalojo. Lo exigible es una ponderación real, motivada y proporcionada. De la reivindicación política al asentamiento de personas sin hogar Hay otro elemento que no puede ignorarse: la progresiva transformación material y funcional de la acampada. Nació tras la manifestación del 26 de septiembre como una protesta política por la vivienda y los desahucios, con el Sindicato de Inquilinas a la cabeza y una finalidad claramente reivindicativa. Con las semanas, las organizaciones promotoras fueron perdiendo protagonismo y el campamento adquirió rasgos distintos de los que justificaron su instalación. A juicio de la propia Delegación, ya no quedaba rastro de aquellos promotores. Cuando las comisiones anunciaron su retirada, según EFE, la única organización que seguía sobre el terreno era la constituida por personas sin hogar. El entonces delegado del Gobierno ya había reconocido su presencia y había instado al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias. Este cambio plantea una pregunta de fondo: ¿seguía existiendo una reunión concertada, temporal y con finalidad determinada, protegida por el artículo 21, o había cambiado sustancialmente la realidad material de la ocupación? La presencia de personas sin hogar no constituye ninguna irregularidad ni puede justificar una actuación discriminatoria. Son personas en situación de especial vulnerabilidad que merecen la protección de los poderes públicos. Pero la atención social a estas personas y el ejercicio colectivo del derecho de manifestación son realidades jurídicas distintas, y deben recibir respuestas distintas. Una concentración reivindicativa no se convierte, por la mera prolongación de su existencia, en un dispositivo permanente de alojamiento y asistencia en la vía pública. Y, a la inversa, la necesidad de atender a quienes no tienen hogar no puede servir de argumento para perpetuar una ocupación que ha perdido su finalidad original. Esa transformación exigía una nueva valoración. No bastaba con seguir invocando el derecho que amparó la instalación inicial. La Administración debía proteger la manifestación y, a la vez, afrontar una realidad social distinta, para la que existen instrumentos específicos de intervención y asistencia. Tolerarla sin delimitar responsabilidades perjudica tanto al uso común del espacio público como a las propias personas vulnerables que permanecen en él. La Delegación del Gobierno: ¿cuándo deja de ser legítima su tolerancia? La Delegación del Gobierno tiene atribuidas competencias en materia de seguridad ciudadana y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Ayuntamiento conserva las suyas sobre el espacio público, las ordenanzas municipales y los bienes de dominio público. Esa concurrencia exige cooperación, no inhibición recíproca, y lo ocurrido en Sol se ha parecido demasiado a lo segundo. El Ayuntamiento y la Comunidad exigían a la Delegación la disolución, mientras fuentes del Gobierno señalaban a la policía municipal y el delegado pedía al Ayuntamiento que atendiera a las personas sin hogar. La cooperación entre Administraciones no puede convertirse en una excusa para que ninguna asuma la responsabilidad de resolver. La autoridad gubernativa dispone de un margen de apreciación para decidir cómo y cuándo intervenir, sobre todo cuando una actuación policial puede poner en riesgo la integridad de manifestantes, agentes o terceros. Pero ese margen no equivale a una potestad ilimitada. La proporcionalidad opera en ambas direcciones: para limitar una manifestación y para justificar que se prolongue una ocupación que afecta a otros derechos. No intervenir puede estar plenamente justificado en un momento dado y dejar de estarlo cuando cambian las circunstancias. Lo que no parece jurídicamente admisible es convertir una decisión inicial de prudencia en una tolerancia indefinida, sin revisar sus fundamentos ni valorar las alternativas disponibles. La Delegación niega haber permanecido pasiva y sostiene que todas sus decisiones se adoptaron con pleno respeto a la legalidad. Su carta puede leerse, en efecto, como esa revisión de fundamentos. Pero también abre una pregunta incómoda: si la propia autoridad reconoce que la protección tenía un "tiempo razonable", debería poder explicar con qué criterio lo midió y en qué momento empezó a agotarse. Según se ha publicado, la Delegación llegó a advertir a los acampados de que el desalojo "podría resultar legítimo". De ser así, lo que cambió no fue la ley, sino los hechos. Y eso es precisamente lo que una Administración debe poder explicar. ¿Responsabilidades jurídicas derivadas de la inactividad? La eventual responsabilidad de las autoridades no se deduce automáticamente de la permanencia de una acampada. Hay que identificar qué obligación concreta se incumplió, quién debía ejecutarla y en qué condiciones podía exigirse. Son tres los ámbitos posibles, y en dos de ellos ya hay actuaciones abiertas. Responsabilidad penal Una primera acción de Manos Limpias contra Francisco Martín fue archivada por no cumplir requisitos formales. Vox presentó otra querella, y la Comunidad de Madrid ha anunciado una denuncia contra el ya exdelegado por prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.  El artículo 404 del Código Penal exige una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia. La jurisprudencia ha admitido que ciertas omisiones tengan relevancia penal cuando existe un deber jurídico concreto de resolver y la omisión presenta los elementos necesarios para equipararse a una resolución arbitraria. Pero no toda inactividad constituye prevaricación. Habría que acreditar algo más que una discrepancia con la estrategia de la Delegación, y algo más que una decisión discutible o incluso errónea: una omisión jurídicamente cualificada, arbitraria y consciente de su injusticia. El artículo 408 castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, deja intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia. Aquí el objeto no sería la acampada como tal, sino los hechos delictivos concretos que la Comunidad afirma que se cometieron en su entorno. Habría que probar su existencia, su conocimiento y la omisión intencionada. También podría examinarse el artículo 412, sobre denegación de auxilio. Castiga a quien, requerido por autoridad competente, no presta el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, y contempla además el requerimiento de un particular. Requerimientos los hubo: la Comunidad y el Ayuntamiento los dirigieron a la Delegación. Pero con eso no basta. Habría que determinar si procedían de autoridad competente para exigirlo y si el auxilio reclamado era realmente debido. Responsabilidad contencioso-administrativa Esta vía ya ha recibido una primera respuesta. La Comunidad de Madrid recurrió la inactividad de la Delegación el 1 de octubre y pidió la disolución de la acampada. El TSJ de Madrid rechazó la medida cautelarísima el 5 de octubre y, tras oír a la Abogacía del Estado, la medida cautelar el día 7.  Conviene no extraer de esa resolución más de lo que dice. La Sala no ha declarado correcta la actuación de la Delegación ni ha entrado en el fondo. Ha dicho algo más modesto: que el artículo 29 no es una acción general contra la pasividad administrativa. Que ese cauce no sirva no convierte en acertada la decisión de no actuar. Solo significa que no era esa la vía para enjuiciarla. Responsabilidad patrimonial Comerciantes, vecinos y otros afectados podrían reclamar los daños que consideren imputables al funcionamiento de los servicios públicos, siempre que acrediten los requisitos de los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015. No bastaría con invocar genéricamente una caída de la actividad o las molestias de la ocupación. Habría que demostrar un daño efectivo, individualizado, económicamente evaluable y causalmente vinculado al funcionamiento del servicio público. El obstáculo principal es otro: que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el daño. Aquí la discusión vuelve a la ponderación. Si la autoridad protegía legítimamente un derecho fundamental, ¿hasta cuándo debían asumir los terceros su coste? El momento en que ese «tiempo razonable» se agotó dejaría entonces de ser una cuestión académica para convertirse en la clave de la reclamación. Proporcionalidad en la intervención policial y evitación de males mayores La defensa más consistente de la Delegación no está en negar las molestias, sino en justificar por qué no desalojó de inmediato. Es la que llevó al TSJ de Madrid: las medidas de compulsión física podían derivar en incidentes con riesgo para las personas, los edificios y el mobiliario urbano. Y tiene apoyo legal, porque el artículo 23 de la Ley Orgánica 4/2015 configura la disolución como último recurso. Una intervención policial en un espacio tan concurrido como la Puerta del Sol puede provocar enfrentamientos, lesiones o daños a terceros, y valorar ese riesgo es legítimo. La actuación policial no es un mecanismo automático de ejecución: debe responder a criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Hay que reconocer, además, que el desenlace da un argumento a la Delegación, porque la plaza ha empezado a vaciarse sin un desalojo por la fuerza. Ahora bien, el argumento de los males mayores también tiene límites. Último recurso significa que antes deben intentarse otros, no que nunca pueda llegar el momento de utilizarlo. Prevenir incidentes puede justificar que se posponga una intervención, que se diseñe un dispositivo alternativo o que se adopten medidas menos lesivas, pero no necesariamente una renuncia indefinida a ejercer las competencias. Y un buen resultado no demuestra por sí solo que el camino fuera el debido. La proporcionalidad no consiste en elegir entre desalojar violentamente o no hacer absolutamente nada. Entre ambos extremos caben la negociación, la delimitación del espacio, la imposición de condiciones y la ejecución progresiva de las medidas procedentes. La Administración debe explicar por qué la alternativa elegida es la menos lesiva entre las que permiten alcanzar el objetivo legítimo perseguido. El Gobierno no puede renunciar indefinidamente a su responsabilidad Lo sucedido en la Puerta del Sol pone de manifiesto una cuestión esencial del Estado de Derecho: la protección de los derechos fundamentales no puede sustraer determinadas situaciones a cualquier control administrativo. El derecho de manifestación merece una protección reforzada porque es una de las expresiones fundamentales del pluralismo político. Pero esa protección no reconoce a sus titulares una facultad de apropiación indefinida de los espacios públicos en perjuicio de los demás ciudadanos. Del mismo modo, la Administración no puede invocar genéricamente la prudencia policial para justificar una inactividad permanente cuando existen alternativas legales y proporcionadas. La evolución de la acampada añade un elemento particularmente significativo: una concentración política convertida en una realidad material distinta, con necesidades asistenciales que no se resuelven invocando el derecho de manifestación. Esa parte del problema sigue en la plaza. No se trata de criminalizar la protesta ni de negar el derecho a ocupar temporalmente el espacio público para expresar una reivindicación. Tampoco de convertir la vulnerabilidad social en un problema de orden público. Se trata de recordar que los derechos fundamentales conviven dentro de un mismo ordenamiento y que ninguno puede convertirse en un instrumento de exclusión de los demás. La cuestión jurídica decisiva, que ningún tribunal ha resuelto todavía, es si la Delegación del Gobierno podía prolongar su tolerancia sin una justificación objetiva, actualizada y jurídicamente suficiente. Porque en un Estado de Derecho la prudencia administrativa es legítima; la renuncia injustificada al ejercicio de las competencias públicas, no.   Fuentes: Nota del TSJ de Madrid sobre el auto de 7 de octubre Ley Orgánica 9/1983 (BOE) Infobae: el auto del TSJM y las alegaciones de la Delegación Infobae: retirada de las comisiones Moncloa.com: denuncia de la Comunidad de Madrid Demócrata: archivo de la acción de Manos Limpias Moncloa.com: dimisión de Francisco Martín y querella de Vox elDiario.es: la carta de la Delegación The Objective/EFE: quién queda en la plaza Ara: reparto de competencias COPE: inicio de la retirada INEAF: art. 23 LOPSC vLex: prevaricación por omisión  
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Sobre el desmantelamiento de la manifestación de la Puerta del Sol

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Fecha: 2 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: LAW-FAIR Derecho de reunión y manifestación
Tipo: Artículo de opinión

Sol: cuando la prudencia deja de ser una razón

La acampada de la Puerta del Sol empieza a desaparecer tras más de un mes de ocupación. La mayoría de las comisiones que la organizaron ha decidido abandonar la plaza y trasladar su actividad a los barrios para preparar la huelga general del 11 de noviembre.

No se ha marchado todo el mundo. Quedan tiendas, queda un grupo que no quiere irse y queda una recién creada asociación de personas sin hogar, de la que las comisiones se han desmarcado expresamente. La retirada llega después de que la Delegación del Gobierno pidiera por carta el fin de la protesta, al entender que había pasado "un tiempo razonable" y que las circunstancias habían cambiado. Esa carta es el mejor punto de partida. Si la protección tenía un tiempo razonable y las circunstancias cambiaron, hay que preguntarse cuándo se agotó ese tiempo, cuándo cambiaron y qué hizo entretanto la autoridad competente. La cuestión no es solo por qué se levanta ahora el campamento, sino por qué hizo falta más de un mes para llegar hasta aquí y qué consecuencias jurídicas tiene la actuación, o la falta de actuación, de las autoridades. El debate está servido. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado dos veces ordenar el desalojo y la Comunidad de Madrid ha anunciado una denuncia penal contra quien fue delegado del Gobierno.

Derecho de manifestación y ocupación permanente del espacio público

La controversia trasciende el debate político inmediato: ¿hasta dónde llega la protección constitucional del derecho de reunión y en qué momento la inacción de los poderes públicos deja de ser una opción legítima para convertirse en una omisión jurídicamente reprochable?

El problema no consiste en enfrentar el derecho de manifestación con las potestades de mantenimiento del orden público. Ambos tienen reconocimiento en nuestro ordenamiento. La verdadera cuestión es cómo armonizarlos cuando el ejercicio de uno empieza a comprometer de manera continuada otros derechos y libertades.

El artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, cuyo ejercicio no necesita autorización previa. En lugares de tránsito público se exige comunicación previa a la autoridad, que solo puede prohibir la reunión cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Como cualquier derecho fundamental, no es ilimitado: la doctrina del Tribunal Constitucional exige ponderar los derechos e intereses concurrentes, atendiendo a las circunstancias de cada caso.

La ley ofrece aquí una pista valiosa. El artículo 1.2 de la Ley Orgánica 9/1983 define la reunión como la concurrencia "concertada y temporal" de más de veinte personas "con finalidad determinada". La temporalidad y la finalidad no son adornos: forman parte de la definición legal. Pero la misma ley marca el límite de este argumento. Su artículo 5 obliga a la autoridad gubernativa a suspender y, en su caso, disolver las reuniones en supuestos tasados, entre ellos que sean ilícitas conforme a las leyes penales o que se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes. La mera duración no figura en esa lista. Quien defienda el desalojo debe argumentar, por tanto, algo más que el paso del tiempo: que aquello ya no era una reunión en sentido legal, o que concurría alguno de esos supuestos.

El derecho de reunión protege la expresión colectiva de ideas, reivindicaciones y discrepancias, y su función en una sociedad democrática justifica una protección especialmente intensa. Esa protección no equivale, sin embargo, a un derecho ilimitado a ocupar el dominio público. Una cosa es permitir que una concentración se prolongue, incluso con las instalaciones temporales que necesite, y otra muy distinta admitir que una plaza quede sometida sin plazo a una ocupación material que altere sustancialmente su uso ordinario.

La diferencia no es meramente temporal. Cuentan la finalidad de la concentración, sus condiciones materiales, la intensidad de las restricciones que produce y la posibilidad de hacerla compatible con los derechos de terceros. La libertad de circulación, la seguridad ciudadana, el acceso a establecimientos y viviendas y el funcionamiento de los servicios públicos también merecen protección. Invocar el artículo 21 no excluye por sí solo la intervención administrativa, del mismo modo que cualquier alteración del uso ordinario de una plaza no justifica por sí sola el desalojo. Lo exigible es una ponderación real, motivada y proporcionada.

De la reivindicación política al asentamiento de personas sin hogar

Hay otro elemento que no puede ignorarse: la progresiva transformación material y funcional de la acampada. Nació tras la manifestación del 26 de septiembre como una protesta política por la vivienda y los desahucios, con el Sindicato de Inquilinas a la cabeza y una finalidad claramente reivindicativa. Con las semanas, las organizaciones promotoras fueron perdiendo protagonismo y el campamento adquirió rasgos distintos de los que justificaron su instalación. A juicio de la propia Delegación, ya no quedaba rastro de aquellos promotores. Cuando las comisiones anunciaron su retirada, según EFE, la única organización que seguía sobre el terreno era la constituida por personas sin hogar. El entonces delegado del Gobierno ya había reconocido su presencia y había instado al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias. Este cambio plantea una pregunta de fondo: ¿seguía existiendo una reunión concertada, temporal y con finalidad determinada, protegida por el artículo 21, o había cambiado sustancialmente la realidad material de la ocupación?

La presencia de personas sin hogar no constituye ninguna irregularidad ni puede justificar una actuación discriminatoria. Son personas en situación de especial vulnerabilidad que merecen la protección de los poderes públicos. Pero la atención social a estas personas y el ejercicio colectivo del derecho de manifestación son realidades jurídicas distintas, y deben recibir respuestas distintas. Una concentración reivindicativa no se convierte, por la mera prolongación de su existencia, en un dispositivo permanente de alojamiento y asistencia en la vía pública. Y, a la inversa, la necesidad de atender a quienes no tienen hogar no puede servir de argumento para perpetuar una ocupación que ha perdido su finalidad original. Esa transformación exigía una nueva valoración. No bastaba con seguir invocando el derecho que amparó la instalación inicial. La Administración debía proteger la manifestación y, a la vez, afrontar una realidad social distinta, para la que existen instrumentos específicos de intervención y asistencia. Tolerarla sin delimitar responsabilidades perjudica tanto al uso común del espacio público como a las propias personas vulnerables que permanecen en él.

La Delegación del Gobierno: ¿cuándo deja de ser legítima su tolerancia?

La Delegación del Gobierno tiene atribuidas competencias en materia de seguridad ciudadana y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Ayuntamiento conserva las suyas sobre el espacio público, las ordenanzas municipales y los bienes de dominio público. Esa concurrencia exige cooperación, no inhibición recíproca, y lo ocurrido en Sol se ha parecido demasiado a lo segundo. El Ayuntamiento y la Comunidad exigían a la Delegación la disolución, mientras fuentes del Gobierno señalaban a la policía municipal y el delegado pedía al Ayuntamiento que atendiera a las personas sin hogar. La cooperación entre Administraciones no puede convertirse en una excusa para que ninguna asuma la responsabilidad de resolver. La autoridad gubernativa dispone de un margen de apreciación para decidir cómo y cuándo intervenir, sobre todo cuando una actuación policial puede poner en riesgo la integridad de manifestantes, agentes o terceros. Pero ese margen no equivale a una potestad ilimitada. La proporcionalidad opera en ambas direcciones: para limitar una manifestación y para justificar que se prolongue una ocupación que afecta a otros derechos. No intervenir puede estar plenamente justificado en un momento dado y dejar de estarlo cuando cambian las circunstancias. Lo que no parece jurídicamente admisible es convertir una decisión inicial de prudencia en una tolerancia indefinida, sin revisar sus fundamentos ni valorar las alternativas disponibles. La Delegación niega haber permanecido pasiva y sostiene que todas sus decisiones se adoptaron con pleno respeto a la legalidad. Su carta puede leerse, en efecto, como esa revisión de fundamentos. Pero también abre una pregunta incómoda: si la propia autoridad reconoce que la protección tenía un "tiempo razonable", debería poder explicar con qué criterio lo midió y en qué momento empezó a agotarse.

Según se ha publicado, la Delegación llegó a advertir a los acampados de que el desalojo "podría resultar legítimo". De ser así, lo que cambió no fue la ley, sino los hechos. Y eso es precisamente lo que una Administración debe poder explicar.

¿Responsabilidades jurídicas derivadas de la inactividad?

La eventual responsabilidad de las autoridades no se deduce automáticamente de la permanencia de una acampada. Hay que identificar qué obligación concreta se incumplió, quién debía ejecutarla y en qué condiciones podía exigirse. Son tres los ámbitos posibles, y en dos de ellos ya hay actuaciones abiertas.

Responsabilidad penal

Una primera acción de Manos Limpias contra Francisco Martín fue archivada por no cumplir requisitos formales. Vox presentó otra querella, y la Comunidad de Madrid ha anunciado una denuncia contra el ya exdelegado por prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. 

El artículo 404 del Código Penal exige una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia. La jurisprudencia ha admitido que ciertas omisiones tengan relevancia penal cuando existe un deber jurídico concreto de resolver y la omisión presenta los elementos necesarios para equipararse a una resolución arbitraria. Pero no toda inactividad constituye prevaricación. Habría que acreditar algo más que una discrepancia con la estrategia de la Delegación, y algo más que una decisión discutible o incluso errónea: una omisión jurídicamente cualificada, arbitraria y consciente de su injusticia. El artículo 408 castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, deja intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia. Aquí el objeto no sería la acampada como tal, sino los hechos delictivos concretos que la Comunidad afirma que se cometieron en su entorno. Habría que probar su existencia, su conocimiento y la omisión intencionada. También podría examinarse el artículo 412, sobre denegación de auxilio. Castiga a quien, requerido por autoridad competente, no presta el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, y contempla además el requerimiento de un particular. Requerimientos los hubo: la Comunidad y el Ayuntamiento los dirigieron a la Delegación. Pero con eso no basta. Habría que determinar si procedían de autoridad competente para exigirlo y si el auxilio reclamado era realmente debido.

Responsabilidad contencioso-administrativa

Esta vía ya ha recibido una primera respuesta. La Comunidad de Madrid recurrió la inactividad de la Delegación el 1 de octubre y pidió la disolución de la acampada. El TSJ de Madrid rechazó la medida cautelarísima el 5 de octubre y, tras oír a la Abogacía del Estado, la medida cautelar el día 7. 

Conviene no extraer de esa resolución más de lo que dice. La Sala no ha declarado correcta la actuación de la Delegación ni ha entrado en el fondo. Ha dicho algo más modesto: que el artículo 29 no es una acción general contra la pasividad administrativa. Que ese cauce no sirva no convierte en acertada la decisión de no actuar. Solo significa que no era esa la vía para enjuiciarla.

Responsabilidad patrimonial

Comerciantes, vecinos y otros afectados podrían reclamar los daños que consideren imputables al funcionamiento de los servicios públicos, siempre que acrediten los requisitos de los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015. No bastaría con invocar genéricamente una caída de la actividad o las molestias de la ocupación. Habría que demostrar un daño efectivo, individualizado, económicamente evaluable y causalmente vinculado al funcionamiento del servicio público.

El obstáculo principal es otro: que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el daño. Aquí la discusión vuelve a la ponderación. Si la autoridad protegía legítimamente un derecho fundamental, ¿hasta cuándo debían asumir los terceros su coste? El momento en que ese «tiempo razonable» se agotó dejaría entonces de ser una cuestión académica para convertirse en la clave de la reclamación.

Proporcionalidad en la intervención policial y evitación de males mayores

La defensa más consistente de la Delegación no está en negar las molestias, sino en justificar por qué no desalojó de inmediato. Es la que llevó al TSJ de Madrid: las medidas de compulsión física podían derivar en incidentes con riesgo para las personas, los edificios y el mobiliario urbano. Y tiene apoyo legal, porque el artículo 23 de la Ley Orgánica 4/2015 configura la disolución como último recurso.

Una intervención policial en un espacio tan concurrido como la Puerta del Sol puede provocar enfrentamientos, lesiones o daños a terceros, y valorar ese riesgo es legítimo. La actuación policial no es un mecanismo automático de ejecución: debe responder a criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Hay que reconocer, además, que el desenlace da un argumento a la Delegación, porque la plaza ha empezado a vaciarse sin un desalojo por la fuerza.

Ahora bien, el argumento de los males mayores también tiene límites. Último recurso significa que antes deben intentarse otros, no que nunca pueda llegar el momento de utilizarlo. Prevenir incidentes puede justificar que se posponga una intervención, que se diseñe un dispositivo alternativo o que se adopten medidas menos lesivas, pero no necesariamente una renuncia indefinida a ejercer las competencias. Y un buen resultado no demuestra por sí solo que el camino fuera el debido.

La proporcionalidad no consiste en elegir entre desalojar violentamente o no hacer absolutamente nada. Entre ambos extremos caben la negociación, la delimitación del espacio, la imposición de condiciones y la ejecución progresiva de las medidas procedentes. La Administración debe explicar por qué la alternativa elegida es la menos lesiva entre las que permiten alcanzar el objetivo legítimo perseguido.

El Gobierno no puede renunciar indefinidamente a su responsabilidad

Lo sucedido en la Puerta del Sol pone de manifiesto una cuestión esencial del Estado de Derecho: la protección de los derechos fundamentales no puede sustraer determinadas situaciones a cualquier control administrativo.

El derecho de manifestación merece una protección reforzada porque es una de las expresiones fundamentales del pluralismo político. Pero esa protección no reconoce a sus titulares una facultad de apropiación indefinida de los espacios públicos en perjuicio de los demás ciudadanos. Del mismo modo, la Administración no puede invocar genéricamente la prudencia policial para justificar una inactividad permanente cuando existen alternativas legales y proporcionadas.

La evolución de la acampada añade un elemento particularmente significativo: una concentración política convertida en una realidad material distinta, con necesidades asistenciales que no se resuelven invocando el derecho de manifestación. Esa parte del problema sigue en la plaza. No se trata de criminalizar la protesta ni de negar el derecho a ocupar temporalmente el espacio público para expresar una reivindicación. Tampoco de convertir la vulnerabilidad social en un problema de orden público. Se trata de recordar que los derechos fundamentales conviven dentro de un mismo ordenamiento y que ninguno puede convertirse en un instrumento de exclusión de los demás.

La cuestión jurídica decisiva, que ningún tribunal ha resuelto todavía, es si la Delegación del Gobierno podía prolongar su tolerancia sin una justificación objetiva, actualizada y jurídicamente suficiente. Porque en un Estado de Derecho la prudencia administrativa es legítima; la renuncia injustificada al ejercicio de las competencias públicas, no.

 

Fuentes:

 

PORTADA DE EL CORREO Domingo, 15 de noviembre de 2026
Análisis 1
La investigación revela el caos en el control de Adif y un fallo"habitual" de seguridad
Fecha: 30 de octubre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión Urda: la filtración que eligió un culpable Antes de que la investigación judicial y la técnica hayan dicho una sola palabra, unas grabaciones cuidadosamente seleccionadas ya han señalado a un trabajador del centro de control de Atocha. La pregunta no es solo qué falló en la vía, sino a quién beneficia que la conversación pública se detenga en él. Unas horas, tres audios, tres medios El 28 de octubre, en las proximidades de Urda (Toledo), un AVE alcanzó a gran velocidad a un tren de Iryo que permanecía detenido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Es el segundo gran siniestro en esta línea en apenas diez meses: en enero, en Adamuz, murieron 46 personas. Esta vez el balance se acerca a los setenta muertos. Esa misma tarde, pocas horas después de que el ministro de Transportes calificara de "inexplicable" la orden de reanudar la marcha dada desde el centro de control de Adif, tres grabaciones de las comunicaciones entre Atocha y los maquinistas aparecían simultáneamente en la Cadena SER, El País y elDiario.es. En ellas se oye cómo el controlador autoriza al AVE a reanudar con "marcha normal" tras la caída del sistema LZB y cómo, minutos después, la maquinista del Iryo comunica que sigue detenida a la entrada de Urda, sin que en lo difundido conste orden alguna de detener al tren que venía detrás. El contenido es grave y debe investigarse hasta el final. Pero la forma en que ha llegado a la opinión pública también lo es, y no puede pasar inadvertida. Una prueba que no debía estar en la calle Esas grabaciones no son material periodístico ordinario. Son fuentes de prueba de una investigación judicial en curso y de la investigación técnica del accidente. Varios jueces han recordado públicamente que las actuaciones habían sido declaradas secretas. Si así consta, su difusión no es una indiscreción: es la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas que castiga el artículo 466 del Código Penal; y si quien las entregó es autoridad o funcionario que accedió a ellas por razón de su cargo, entra además en el ámbito del artículo 417. No se sabe todavía quién filtró. Pero sí se sabe quién podía disponer de esas grabaciones a las pocas horas del accidente: el gestor de la infraestructura, del que dependen el centro de control y sus registros, su cadena de mando y, en su caso, quienes ya las hubieran recibido en el marco de la investigación. El círculo es estrecho, y la justicia tiene instrumentos para cerrarlo. La primera exigencia es simple: que se investigue la filtración con la misma diligencia que el siniestro. Selección, momento y destinatario Una filtración no es neutral por el hecho de contener material auténtico. Lo que la hace interesada es lo que se elige y lo que se omite, cuándo se difunde y a quién señala. Se han difundido tres conversaciones. No los registros del LZB que explicarían por qué se cayó la central de Urda. Tampoco el procedimiento de circulación degradada vigente aquella mañana. Ni las comunicaciones internas entre el controlador, su auxiliar y su supervisor. Ni los datos de plantilla y carga de trabajo del centro de Atocha. Lo difundido admite una sola lectura: un hombre dio una orden equivocada. Lo omitido es precisamente lo que permitiría preguntar por qué esa orden pudo acabar en una colisión. El momento tampoco es indiferente. Las grabaciones aparecen horas después de una comparecencia ministerial que situó el origen del accidente en "la orden" del centro de control, y en plena precampaña electoral. El ministro tuvo el cuidado de no nombrar a nadie y de remitir las responsabilidades a la investigación. La filtración hizo, en cambio, lo que él dijo no hacer: puso voz, y casi rostro, al responsable. Desde dentro de Adif y desde los sindicatos ferroviarios se ha denunciado que se ha expuesto a un trabajador desbordado y que difundir el audio sin contexto es gravísimo. Tienen toda la razón. El controlador no está solo en la cadena Si se confirma que el controlador autorizó la marcha normal sin comprobar que el tramo estaba libre y sin aplicar la marcha a la vista que, según lo publicado, exigía el protocolo, su actuación deberá examinarse profesional y jurídicamente. Nadie pide impunidad. Pero le asisten, como a cualquiera, la presunción de inocencia y el derecho a que su conducta se juzgue con todos los datos, y no con un fragmento elegido por terceros. Y los datos que ya conocemos apuntan más allá de él. El propio ministro informó de que el operario tenía experiencia, de que se le había asignado un auxiliar y de que había un supervisor por encima. Entre la orden y el choque, el AVE recorrió unos veinticinco kilómetros, y la maquinista del Iryo llamó dos veces para avisar de que seguía detenida. Una orden errónea que varias personas pudieron corregir durante varios minutos, y que nadie corrigió, no es un error individual: es un fallo de organización. Un controlador no diseña la señalización, no decide qué tecnología se instala, no adjudica contratos de modernización ni fija las plantillas del centro de control. Trabaja dentro de una estructura que debe darle sistemas fiables, procedimientos claros, medios suficientes y barreras que impidan que un error humano —posible siempre, y por eso previsto en cualquier actividad de riesgo— se convierta en una catástrofe. En aviación o en energía nuclear esa premisa es elemental. El ferrocarril no puede ser la excepción. Lo que la filtración deja fuera de la atención Al concentrar la atención en Atocha, la filtración aparta la mirada de las preguntas incómodas. La primera: por qué falló el LZB. Es el sistema de la línea desde 1992 y ha funcionado durante décadas, pero su antigüedad plantea problemas de mantenimiento, repuestos y soporte que la Administración conocía. En septiembre de 2021, Adif Alta Velocidad adjudicó por unos 136 millones de euros la renovación de las instalaciones de seguridad de la línea, con implantación de ERTMS de nivel 2; el contrato principal, de 93,8 millones, tenía un plazo de 52 meses, lo que situaba la línea renovada en 2026. En octubre, la renovación seguía sin completarse. No se trata de afirmar que el ERTMS por sí solo habría evitado el choque —el proyecto preveía que el LZB siguiera en servicio junto a él—, sino de preguntar por qué una actuación declarada necesaria para la seguridad y la fiabilidad de la línea acumula retraso. La segunda: qué barrera quedaba en pie cuando cayó el sistema automático. Si, en situación de tráfico degradado, la separación entre dos trenes dependía únicamente de una cadena de decisiones humanas, sin un mecanismo técnico independiente capaz de detener al que se acercaba, estamos ante un agujero de seguridad que ningún controlador creó. La tercera: la supervisión. Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Ministerio de Transportes tienen encomendadas, cada uno en su ámbito, la gestión, el control y la tutela del sistema. Dos tragedias en la misma línea en diez meses obligan a preguntarles qué sabían, qué hicieron y qué dejaron de hacer. Responsabilidad política no es buscar un culpable Nada de esto supone atribuir al Gobierno responsabilidad penal por el accidente. Supone exigirle que responda por la gestión de un servicio público cuya seguridad es una obligación esencial, y que no utilice —ni tolere que se utilice— el material de una investigación judicial para fijar el relato antes de que hablen los jueces y los técnicos. Porque la filtración no solo perjudica a un trabajador. Contamina la prueba, condiciona a los testigos, presiona a quien tiene que investigar y ofrece a la opinión pública una explicación cómoda: la de un error humano aislado, que exime a todos los demás. Cuando falla una barrera de seguridad, el error puede ser humano. Cuando fallan todas, la pregunta es institucional. Y cuando, en lugar de responderla, alguien filtra una grabación para que la conteste un solo hombre, la pregunta apunta a desvelar actos de clara inmoralidad.
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La investigación revela el caos en el control de Adif y un fallo"habitual" de seguridad

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Fecha: 30 de octubre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Urda: la filtración que eligió un culpable

Antes de que la investigación judicial y la técnica hayan dicho una sola palabra, unas grabaciones cuidadosamente seleccionadas ya han señalado a un trabajador del centro de control de Atocha. La pregunta no es solo qué falló en la vía, sino a quién beneficia que la conversación pública se detenga en él.

Unas horas, tres audios, tres medios

El 28 de octubre, en las proximidades de Urda (Toledo), un AVE alcanzó a gran velocidad a un tren de Iryo que permanecía detenido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Es el segundo gran siniestro en esta línea en apenas diez meses: en enero, en Adamuz, murieron 46 personas. Esta vez el balance se acerca a los setenta muertos.

Esa misma tarde, pocas horas después de que el ministro de Transportes calificara de "inexplicable" la orden de reanudar la marcha dada desde el centro de control de Adif, tres grabaciones de las comunicaciones entre Atocha y los maquinistas aparecían simultáneamente en la Cadena SER, El País y elDiario.es. En ellas se oye cómo el controlador autoriza al AVE a reanudar con "marcha normal" tras la caída del sistema LZB y cómo, minutos después, la maquinista del Iryo comunica que sigue detenida a la entrada de Urda, sin que en lo difundido conste orden alguna de detener al tren que venía detrás. El contenido es grave y debe investigarse hasta el final. Pero la forma en que ha llegado a la opinión pública también lo es, y no puede pasar inadvertida.

Una prueba que no debía estar en la calle

Esas grabaciones no son material periodístico ordinario. Son fuentes de prueba de una investigación judicial en curso y de la investigación técnica del accidente. Varios jueces han recordado públicamente que las actuaciones habían sido declaradas secretas. Si así consta, su difusión no es una indiscreción: es la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas que castiga el artículo 466 del Código Penal; y si quien las entregó es autoridad o funcionario que accedió a ellas por razón de su cargo, entra además en el ámbito del artículo 417.

No se sabe todavía quién filtró. Pero sí se sabe quién podía disponer de esas grabaciones a las pocas horas del accidente: el gestor de la infraestructura, del que dependen el centro de control y sus registros, su cadena de mando y, en su caso, quienes ya las hubieran recibido en el marco de la investigación. El círculo es estrecho, y la justicia tiene instrumentos para cerrarlo. La primera exigencia es simple: que se investigue la filtración con la misma diligencia que el siniestro.

Selección, momento y destinatario

Una filtración no es neutral por el hecho de contener material auténtico. Lo que la hace interesada es lo que se elige y lo que se omite, cuándo se difunde y a quién señala. Se han difundido tres conversaciones. No los registros del LZB que explicarían por qué se cayó la central de Urda. Tampoco el procedimiento de circulación degradada vigente aquella mañana. Ni las comunicaciones internas entre el controlador, su auxiliar y su supervisor. Ni los datos de plantilla y carga de trabajo del centro de Atocha. Lo difundido admite una sola lectura: un hombre dio una orden equivocada. Lo omitido es precisamente lo que permitiría preguntar por qué esa orden pudo acabar en una colisión. El momento tampoco es indiferente. Las grabaciones aparecen horas después de una comparecencia ministerial que situó el origen del accidente en "la orden" del centro de control, y en plena precampaña electoral. El ministro tuvo el cuidado de no nombrar a nadie y de remitir las responsabilidades a la investigación. La filtración hizo, en cambio, lo que él dijo no hacer: puso voz, y casi rostro, al responsable.

Desde dentro de Adif y desde los sindicatos ferroviarios se ha denunciado que se ha expuesto a un trabajador desbordado y que difundir el audio sin contexto es gravísimo. Tienen toda la razón.

El controlador no está solo en la cadena

Si se confirma que el controlador autorizó la marcha normal sin comprobar que el tramo estaba libre y sin aplicar la marcha a la vista que, según lo publicado, exigía el protocolo, su actuación deberá examinarse profesional y jurídicamente. Nadie pide impunidad. Pero le asisten, como a cualquiera, la presunción de inocencia y el derecho a que su conducta se juzgue con todos los datos, y no con un fragmento elegido por terceros. Y los datos que ya conocemos apuntan más allá de él. El propio ministro informó de que el operario tenía experiencia, de que se le había asignado un auxiliar y de que había un supervisor por encima. Entre la orden y el choque, el AVE recorrió unos veinticinco kilómetros, y la maquinista del Iryo llamó dos veces para avisar de que seguía detenida. Una orden errónea que varias personas pudieron corregir durante varios minutos, y que nadie corrigió, no es un error individual: es un fallo de organización.

Un controlador no diseña la señalización, no decide qué tecnología se instala, no adjudica contratos de modernización ni fija las plantillas del centro de control. Trabaja dentro de una estructura que debe darle sistemas fiables, procedimientos claros, medios suficientes y barreras que impidan que un error humano —posible siempre, y por eso previsto en cualquier actividad de riesgo— se convierta en una catástrofe. En aviación o en energía nuclear esa premisa es elemental. El ferrocarril no puede ser la excepción.

Lo que la filtración deja fuera de la atención

Al concentrar la atención en Atocha, la filtración aparta la mirada de las preguntas incómodas.

La primera: por qué falló el LZB. Es el sistema de la línea desde 1992 y ha funcionado durante décadas, pero su antigüedad plantea problemas de mantenimiento, repuestos y soporte que la Administración conocía. En septiembre de 2021, Adif Alta Velocidad adjudicó por unos 136 millones de euros la renovación de las instalaciones de seguridad de la línea, con implantación de ERTMS de nivel 2; el contrato principal, de 93,8 millones, tenía un plazo de 52 meses, lo que situaba la línea renovada en 2026. En octubre, la renovación seguía sin completarse. No se trata de afirmar que el ERTMS por sí solo habría evitado el choque —el proyecto preveía que el LZB siguiera en servicio junto a él—, sino de preguntar por qué una actuación declarada necesaria para la seguridad y la fiabilidad de la línea acumula retraso.

La segunda: qué barrera quedaba en pie cuando cayó el sistema automático. Si, en situación de tráfico degradado, la separación entre dos trenes dependía únicamente de una cadena de decisiones humanas, sin un mecanismo técnico independiente capaz de detener al que se acercaba, estamos ante un agujero de seguridad que ningún controlador creó.

La tercera: la supervisión. Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Ministerio de Transportes tienen encomendadas, cada uno en su ámbito, la gestión, el control y la tutela del sistema. Dos tragedias en la misma línea en diez meses obligan a preguntarles qué sabían, qué hicieron y qué dejaron de hacer.

Responsabilidad política no es buscar un culpable

Nada de esto supone atribuir al Gobierno responsabilidad penal por el accidente. Supone exigirle que responda por la gestión de un servicio público cuya seguridad es una obligación esencial, y que no utilice —ni tolere que se utilice— el material de una investigación judicial para fijar el relato antes de que hablen los jueces y los técnicos. Porque la filtración no solo perjudica a un trabajador. Contamina la prueba, condiciona a los testigos, presiona a quien tiene que investigar y ofrece a la opinión pública una explicación cómoda: la de un error humano aislado, que exime a todos los demás. Cuando falla una barrera de seguridad, el error puede ser humano. Cuando fallan todas, la pregunta es institucional. Y cuando, en lugar de responderla, alguien filtra una grabación para que la conteste un solo hombre, la pregunta apunta a desvelar actos de clara inmoralidad.

PORTADA DE HOY Domingo, 15 de noviembre de 2026
Análisis 2
PP y Vox alcanzan in extremis su pacto para controlar el Senado
Fecha: 27 de octubre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión Del azul y el verde al pensamiento único: la lógica argumental de Pedro Sánchez Las palabras de Sánchez "El neurocientífico Patrick Munol (¡se trata de Mineault!)  descubrió algo muy curioso: que a nuestro cerebro le cuesta distinguir entre algunos tonos de azul y de verde. Y hay quienes llevan años intentando convencernos de que son colores muy diferentes, que el azul es una cosa y el verde es otra. Pero basta con escucharles cuando, por ejemplo, hablan de pensiones, o cuando hablan de los derechos de las mujeres, o cuando hablan del Estado del bienestar. Durante años han intentado hacernos creer que representaban proyectos muy diferentes, pero tanto las palabras como los hechos lo dejan muy claro. Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos. Y ahora hasta presentan listas únicas al Senado. Dos colores y un mismo proyecto de involución. Así que tú eliges: o España avanza o avanza el pasado". — Pedro Sánchez Nota previa La revisión científica me lleva a informar al que contó esas ideas a Sánchez (con lo carísimos que nos salen los asesores que cobran de lo que se obtiene de los impuestos): Mineault creó una prueba interactiva para explorar cómo las personas clasifican determinados tonos de azul y verde; no descubrió que el cerebro sea incapaz de distinguir dos colores. La prueba muestra variaciones en la percepción y clasificación de los tonos, con limitaciones relacionadas, entre otros factores, con las pantallas y las condiciones de observación.   Una analogía que no demuestra nada Hay discursos políticos que merecen ser examinados no tanto por lo que pretenden demostrar como por la forma en que intentan convencernos de ello. La reciente intervención de Pedro Sánchez sobre el acuerdo entre el Partido Popular y Vox constituye un ejemplo ilustrativo de cómo una analogía aparentemente ingeniosa puede terminar debilitando el razonamiento al que pretende servir. El presidente parte de una supuesta dificultad del cerebro humano para distinguir determinados tonos de azul y de verde. A continuación, traslada esa circunstancia al terreno político: durante años se nos habría intentado convencer de que ambos colores son diferentes, cuando las diferencias entre el PP y Vox serían, en realidad, irrelevantes. Aquí aparece el primer problema, y no es menor. Que algunas personas tengan dificultades para distinguir dos colores no significa que esos colores sean iguales. El azul sigue siendo azul y el verde sigue siendo verde, con independencia de la capacidad de cada observador para diferenciarlos. Una limitación perceptiva no modifica la naturaleza de aquello que se percibe. La conclusión es elemental, pero conviene recordarla porque constituye el fundamento de cualquier razonamiento riguroso: la dificultad para distinguir dos realidades no demuestra su identidad. La analogía, por tanto, no prueba nada acerca de las semejanzas o diferencias entre el PP y Vox. Como recurso retórico puede resultar efectista; como argumento, carece de fuerza demostrativa. El ejemplo de los colores no aporta evidencia sobre los programas, las posiciones ideológicas o las actuaciones de ambos partidos. Se limita a preparar al oyente para aceptar una conclusión que todavía está por demostrar. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero problema: no en la conclusión política que Sánchez defiende, sino en la insuficiencia del razonamiento con el que pretende justificarla. De las coincidencias a la identidad Sánchez continúa afirmando que ambos partidos dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos, y presenta su acuerdo electoral como la confirmación de que representan un mismo proyecto político. Pero estas afirmaciones plantean cuestiones distintas que no deberían confundirse. Dos partidos pueden coincidir en determinadas votaciones sin compartir la totalidad de sus programas. Pueden alcanzar acuerdos parlamentarios sin renunciar a sus diferencias ideológicas. Pueden incluso concurrir conjuntamente en determinadas circunscripciones sin convertirse por ello en una misma organización política. La coincidencia no implica identidad; la cooperación no supone la desaparición de las diferencias. Y un acuerdo electoral, por amplio que sea, no demuestra por sí solo que dos formaciones compartan un proyecto idéntico en todos sus aspectos. Para sostener una tesis semejante haría falta algo más que una enumeración de coincidencias: identificar las propuestas compartidas, examinar las diferencias relevantes y justificar por qué unas y otras permiten concluir que ambos partidos constituyen, en lo sustancial, una misma alternativa. La repetición de una afirmación no sustituye a su demostración, por mucho énfasis que se ponga en ella. Conviene introducir aquí una precisión: la debilidad de la analogía de los colores no demuestra que el PP y Vox carezcan de semejanzas. Esa cuestión debe examinarse a partir de sus programas, sus votaciones, sus acuerdos y sus actuaciones. Precisamente por eso es necesario distinguir entre lo que se afirma, lo que se acredita y lo que se pretende que el ciudadano acepte sin mayor examen. El problema no es que Sánchez sostenga que ambos partidos comparten un proyecto político. Tiene pleno derecho a defender esa interpretación. El problema aparece cuando se presenta como una conclusión evidente algo que exige un análisis y una justificación que la analogía inicial no proporciona. La descalificación como sustituto de la demostración El discurso culmina con la expresión «dos colores y un mismo proyecto de involución». Llegados a este punto, la argumentación abandona el terreno de la descripción para entrar en el de la descalificación. La palabra involución no es neutral. Presupone que las propuestas de los partidos aludidos representan un retroceso respecto de una situación que se considera preferible. Es una valoración legítima dentro de la confrontación política, pero no constituye por sí misma una demostración. Para justificarla habría que precisar qué medidas concretas supondrían ese retroceso, respecto de qué situación y por qué razones sus efectos merecen semejante calificación. Sin ese desarrollo, la palabra cumple una función distinta de la argumentativa: no explica, sino que predispone; no demuestra, sino que califica. El problema no es que un presidente del Gobierno critique a sus adversarios. Esa crítica forma parte de la confrontación democrática y es perfectamente legítima. El problema consiste en presentar una valoración negativa como si fuera la conclusión natural e inevitable de unos hechos que, por sí solos, no la acreditan. Primero se invita al ciudadano a aceptar que dos realidades diferentes apenas se distinguen; después se afirma que ambas representan lo mismo y, finalmente, se identifica ese supuesto proyecto común con una involución. La secuencia puede ser eficaz desde el punto de vista retórico, pero la eficacia persuasiva no debe confundirse con el rigor argumental. El camaleón en casa propia Puestos a hablar de colores que se confunden, conviene mirar también hacia el partido del presidente. Si hay una formación cuya trayectoria reciente permite plantear interrogantes sobre la estabilidad de sus posiciones declaradas, es el PSOE bajo la dirección de Pedro Sánchez, cuya política de pactos ha experimentado cambios significativos en función de las necesidades parlamentarias. El mismo dirigente que aseguró que no pactaría con Bildu —«si quiere se lo digo cinco veces o veinte»— ha terminado apoyándose en esa formación para sostener su acción de gobierno. El mismo que, antes de las elecciones de 2023, sostenía que la amnistía no cabía en la Constitución, terminó impulsando su aprobación cuando los escaños de Junts resultaron decisivos para su investidura. Una decisión que justificó mediante la expresión «hacer de la necesidad virtud». Cabe objetar que adaptar las posiciones a los resultados electorales forma parte de la negociación parlamentaria y que ningún partido está obligado a mantener indefinidamente todas sus posiciones anteriores. Es cierto. Los acuerdos políticos exigen concesiones, y cambiar de criterio no constituye necesariamente una contradicción ilegítima. Pero precisamente por eso conviene examinar los hechos y no limitarse a las etiquetas. La cuestión relevante es determinar cuándo estamos ante una negociación legítima y cuándo los compromisos que se presentan como inaceptables dejan de serlo porque se convierten en necesarios para conservar el poder. No se trata de sostener que las decisiones del PSOE demuestren que el PP y Vox son diferentes. Sería incurrir en el mismo error argumental que se critica. Se trata de exigir al presidente la misma claridad y el mismo rigor que reclama a sus adversarios. Quien acusa a otros de confundir sus colores debería explicar también los cambios de tonalidad de los propios. El derecho del ciudadano a pensar La política democrática no exige que los partidos renuncien a la retórica. Exige, sin embargo, que el ciudadano pueda distinguir entre un argumento y un recurso destinado a producir una impresión. Una analogía puede ayudar a comprender una idea, pero no sustituye a las pruebas. Una coincidencia puede revelar una afinidad política, pero no acredita una identidad absoluta. Y una descalificación puede expresar una posición ideológica, pero no convierte esa posición en un hecho demostrado. El discurso de Sánchez pretende conducir al oyente desde una dificultad para distinguir dos colores hasta la conclusión de que dos partidos diferentes representan un mismo proyecto político y, además, regresivo. Entre el punto de partida y la conclusión existe un espacio argumentativo que debe cubrirse con razones y evidencias, no con una sucesión de imágenes, afirmaciones categóricas y calificativos. El ciudadano tiene derecho a que las afirmaciones políticas se sometan al mismo examen crítico que cualquier otra afirmación. No está obligado a aceptar que dos partidos son idénticos porque un presidente lo repita, ni que sus propuestas constituyen una involución porque así se las califique. Puede compartir esas conclusiones, pero debería hacerlo después de examinar las razones que las sustentan, no por la fuerza persuasiva de una metáfora. El problema, en definitiva, no es que Sánchez considere que el PP y Vox representan una misma alternativa política. Tiene todo el derecho a defender esa tesis. El problema es pretender que una analogía sobre la percepción de los colores basta para demostrarla. En democracia, los ciudadanos no están obligados a aceptar las conclusiones de un presidente por la eficacia de sus metáforas. Tienen derecho a exigirle que las justifique. Porque el azul no se convierte en verde porque alguien insista en que no merece la pena distinguirlos. Y dos realidades no se vuelven idénticas porque resulte políticamente conveniente presentarlas como tales.   Fuentes Declaraciones de Borja Sémper sobre los cambios de posición de Sánchez (PP, noviembre de 2023) Sánchez justifica la amnistía: «de la necesidad virtud» (Crónica Económica) Sánchez confirma que seguirá pactando con Bildu (El Debate, abril de 2024)    
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PP y Vox alcanzan in extremis su pacto para controlar el Senado

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Fecha: 27 de octubre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Del azul y el verde al pensamiento único: la lógica argumental de Pedro Sánchez

Las palabras de Sánchez

"El neurocientífico Patrick Munol (¡se trata de Mineault!)  descubrió algo muy curioso: que a nuestro cerebro le cuesta distinguir entre algunos tonos de azul y de verde. Y hay quienes llevan años intentando convencernos de que son colores muy diferentes, que el azul es una cosa y el verde es otra. Pero basta con escucharles cuando, por ejemplo, hablan de pensiones, o cuando hablan de los derechos de las mujeres, o cuando hablan del Estado del bienestar. Durante años han intentado hacernos creer que representaban proyectos muy diferentes, pero tanto las palabras como los hechos lo dejan muy claro. Dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos. Y ahora hasta presentan listas únicas al Senado. Dos colores y un mismo proyecto de involución. Así que tú eliges: o España avanza o avanza el pasado".

— Pedro Sánchez

Nota previa

La revisión científica me lleva a informar al que contó esas ideas a Sánchez (con lo carísimos que nos salen los asesores que cobran de lo que se obtiene de los impuestos):

Mineault creó una prueba interactiva para explorar cómo las personas clasifican determinados tonos de azul y verde; no descubrió que el cerebro sea incapaz de distinguir dos colores. La prueba muestra variaciones en la percepción y clasificación de los tonos, con limitaciones relacionadas, entre otros factores, con las pantallas y las condiciones de observación.

 

Una analogía que no demuestra nada

Hay discursos políticos que merecen ser examinados no tanto por lo que pretenden demostrar como por la forma en que intentan convencernos de ello. La reciente intervención de Pedro Sánchez sobre el acuerdo entre el Partido Popular y Vox constituye un ejemplo ilustrativo de cómo una analogía aparentemente ingeniosa puede terminar debilitando el razonamiento al que pretende servir.

El presidente parte de una supuesta dificultad del cerebro humano para distinguir determinados tonos de azul y de verde. A continuación, traslada esa circunstancia al terreno político: durante años se nos habría intentado convencer de que ambos colores son diferentes, cuando las diferencias entre el PP y Vox serían, en realidad, irrelevantes.

Aquí aparece el primer problema, y no es menor. Que algunas personas tengan dificultades para distinguir dos colores no significa que esos colores sean iguales. El azul sigue siendo azul y el verde sigue siendo verde, con independencia de la capacidad de cada observador para diferenciarlos. Una limitación perceptiva no modifica la naturaleza de aquello que se percibe.

La conclusión es elemental, pero conviene recordarla porque constituye el fundamento de cualquier razonamiento riguroso: la dificultad para distinguir dos realidades no demuestra su identidad.

La analogía, por tanto, no prueba nada acerca de las semejanzas o diferencias entre el PP y Vox. Como recurso retórico puede resultar efectista; como argumento, carece de fuerza demostrativa. El ejemplo de los colores no aporta evidencia sobre los programas, las posiciones ideológicas o las actuaciones de ambos partidos. Se limita a preparar al oyente para aceptar una conclusión que todavía está por demostrar.

Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero problema: no en la conclusión política que Sánchez defiende, sino en la insuficiencia del razonamiento con el que pretende justificarla.

De las coincidencias a la identidad

Sánchez continúa afirmando que ambos partidos dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos, y presenta su acuerdo electoral como la confirmación de que representan un mismo proyecto político. Pero estas afirmaciones plantean cuestiones distintas que no deberían confundirse.

Dos partidos pueden coincidir en determinadas votaciones sin compartir la totalidad de sus programas. Pueden alcanzar acuerdos parlamentarios sin renunciar a sus diferencias ideológicas. Pueden incluso concurrir conjuntamente en determinadas circunscripciones sin convertirse por ello en una misma organización política.

La coincidencia no implica identidad; la cooperación no supone la desaparición de las diferencias. Y un acuerdo electoral, por amplio que sea, no demuestra por sí solo que dos formaciones compartan un proyecto idéntico en todos sus aspectos.

Para sostener una tesis semejante haría falta algo más que una enumeración de coincidencias: identificar las propuestas compartidas, examinar las diferencias relevantes y justificar por qué unas y otras permiten concluir que ambos partidos constituyen, en lo sustancial, una misma alternativa. La repetición de una afirmación no sustituye a su demostración, por mucho énfasis que se ponga en ella.

Conviene introducir aquí una precisión: la debilidad de la analogía de los colores no demuestra que el PP y Vox carezcan de semejanzas. Esa cuestión debe examinarse a partir de sus programas, sus votaciones, sus acuerdos y sus actuaciones. Precisamente por eso es necesario distinguir entre lo que se afirma, lo que se acredita y lo que se pretende que el ciudadano acepte sin mayor examen.

El problema no es que Sánchez sostenga que ambos partidos comparten un proyecto político. Tiene pleno derecho a defender esa interpretación. El problema aparece cuando se presenta como una conclusión evidente algo que exige un análisis y una justificación que la analogía inicial no proporciona.

La descalificación como sustituto de la demostración

El discurso culmina con la expresión «dos colores y un mismo proyecto de involución». Llegados a este punto, la argumentación abandona el terreno de la descripción para entrar en el de la descalificación.

La palabra involución no es neutral. Presupone que las propuestas de los partidos aludidos representan un retroceso respecto de una situación que se considera preferible. Es una valoración legítima dentro de la confrontación política, pero no constituye por sí misma una demostración.

Para justificarla habría que precisar qué medidas concretas supondrían ese retroceso, respecto de qué situación y por qué razones sus efectos merecen semejante calificación. Sin ese desarrollo, la palabra cumple una función distinta de la argumentativa: no explica, sino que predispone; no demuestra, sino que califica.

El problema no es que un presidente del Gobierno critique a sus adversarios. Esa crítica forma parte de la confrontación democrática y es perfectamente legítima. El problema consiste en presentar una valoración negativa como si fuera la conclusión natural e inevitable de unos hechos que, por sí solos, no la acreditan.

Primero se invita al ciudadano a aceptar que dos realidades diferentes apenas se distinguen; después se afirma que ambas representan lo mismo y, finalmente, se identifica ese supuesto proyecto común con una involución. La secuencia puede ser eficaz desde el punto de vista retórico, pero la eficacia persuasiva no debe confundirse con el rigor argumental.

El camaleón en casa propia

Puestos a hablar de colores que se confunden, conviene mirar también hacia el partido del presidente. Si hay una formación cuya trayectoria reciente permite plantear interrogantes sobre la estabilidad de sus posiciones declaradas, es el PSOE bajo la dirección de Pedro Sánchez, cuya política de pactos ha experimentado cambios significativos en función de las necesidades parlamentarias.

El mismo dirigente que aseguró que no pactaría con Bildu —«si quiere se lo digo cinco veces o veinte»— ha terminado apoyándose en esa formación para sostener su acción de gobierno. El mismo que, antes de las elecciones de 2023, sostenía que la amnistía no cabía en la Constitución, terminó impulsando su aprobación cuando los escaños de Junts resultaron decisivos para su investidura. Una decisión que justificó mediante la expresión «hacer de la necesidad virtud».

Cabe objetar que adaptar las posiciones a los resultados electorales forma parte de la negociación parlamentaria y que ningún partido está obligado a mantener indefinidamente todas sus posiciones anteriores. Es cierto. Los acuerdos políticos exigen concesiones, y cambiar de criterio no constituye necesariamente una contradicción ilegítima.

Pero precisamente por eso conviene examinar los hechos y no limitarse a las etiquetas. La cuestión relevante es determinar cuándo estamos ante una negociación legítima y cuándo los compromisos que se presentan como inaceptables dejan de serlo porque se convierten en necesarios para conservar el poder.

No se trata de sostener que las decisiones del PSOE demuestren que el PP y Vox son diferentes. Sería incurrir en el mismo error argumental que se critica. Se trata de exigir al presidente la misma claridad y el mismo rigor que reclama a sus adversarios.

Quien acusa a otros de confundir sus colores debería explicar también los cambios de tonalidad de los propios.

El derecho del ciudadano a pensar

La política democrática no exige que los partidos renuncien a la retórica. Exige, sin embargo, que el ciudadano pueda distinguir entre un argumento y un recurso destinado a producir una impresión.

Una analogía puede ayudar a comprender una idea, pero no sustituye a las pruebas. Una coincidencia puede revelar una afinidad política, pero no acredita una identidad absoluta. Y una descalificación puede expresar una posición ideológica, pero no convierte esa posición en un hecho demostrado.

El discurso de Sánchez pretende conducir al oyente desde una dificultad para distinguir dos colores hasta la conclusión de que dos partidos diferentes representan un mismo proyecto político y, además, regresivo. Entre el punto de partida y la conclusión existe un espacio argumentativo que debe cubrirse con razones y evidencias, no con una sucesión de imágenes, afirmaciones categóricas y calificativos.

El ciudadano tiene derecho a que las afirmaciones políticas se sometan al mismo examen crítico que cualquier otra afirmación. No está obligado a aceptar que dos partidos son idénticos porque un presidente lo repita, ni que sus propuestas constituyen una involución porque así se las califique. Puede compartir esas conclusiones, pero debería hacerlo después de examinar las razones que las sustentan, no por la fuerza persuasiva de una metáfora.

El problema, en definitiva, no es que Sánchez considere que el PP y Vox representan una misma alternativa política. Tiene todo el derecho a defender esa tesis. El problema es pretender que una analogía sobre la percepción de los colores basta para demostrarla.

En democracia, los ciudadanos no están obligados a aceptar las conclusiones de un presidente por la eficacia de sus metáforas. Tienen derecho a exigirle que las justifique.

Porque el azul no se convierte en verde porque alguien insista en que no merece la pena distinguirlos. Y dos realidades no se vuelven idénticas porque resulte políticamente conveniente presentarlas como tales.

 

Fuentes

 

 

PORTADA DE EL MUNDO Domingo, 15 de noviembre de 2026
Análisis 1
Sánchez quiere división, que suba Vox para que pierda el PP
Fecha: 25 de octubre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión La polarización española: de la reforma legislativa a la fractura social La división que hoy percibimos en la sociedad española no se explica solo por el enfrentamiento entre partidos ni por la creciente agresividad del debate público. Su raíz está en la evolución del ordenamiento jurídico, en el desgaste de determinados consensos constitucionales y en el uso progresivo de la legislación unilateral, aprobada sin acuerdo e impuesta como instrumento de afirmación ideológica. El punto de partida debe situarse en 2004. José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Presidencia del Gobierno tras unas elecciones celebradas tres días después del mayor atentado de nuestra historia. Durante la jornada de reflexión hubo concentraciones ante las sedes del partido del Gobierno, y Alfredo Pérez Rubalcaba compareció públicamente para acusar al Ejecutivo de mentir, en abierta contradicción con el sentido de esa jornada. El nuevo Gobierno emprendió una intensa actividad legislativa sobre materias de especial sensibilidad social, institucional y constitucional (lo analicé en El Sexenio 2004-2010. Derecho y Soberanía Ciudadana: VIIIª y IXª legislaturas de las Cortes Generales españolas, © 2011 Ricardo Manuel Trigo Calonge, que puede descargarse desde esta página). Algunas de aquellas reformas alteraron sustancialmente el marco normativo y abrieron controversias que iban más allá de la discrepancia política ordinaria. Estaban en juego concepciones distintas de la familia, la vida humana, la libertad y la igualdad, la organización territorial, la historia y la relación entre los poderes públicos y la sociedad. No sostengo que toda innovación legislativa sea una ruptura constitucional. Tampoco niego al legislador democrático la facultad de adaptar las leyes a la evolución social. La cuestión es si aquellas reformas se hicieron preservando los consensos básicos que permiten a una sociedad plural reconocerse en unas mismas reglas de convivencia. La legitimidad de una mayoría parlamentaria para legislar no elimina la conveniencia de respetar los límites constitucionales y, en determinadas materias, la necesidad política de hacerlo, para evitar que cada cambio de Gobierno redefina los principios que ordenan la vida colectiva. La respuesta es negativa: aquellos principios elementales de convivencia no se respetaron. El Tribunal Constitucional merece especial atención. Sus magistrados no proceden necesariamente de la carrera judicial, y en su designación intervienen órganos de naturaleza inequívocamente política. Son juristas y ejercen una función jurisdiccional sometida a la Constitución y a la ley. Pero resulta difícil ignorar que los nombramientos están expuestos a la negociación entre fuerzas políticas, y que quienes designan no siempre han actuado con la neutralidad y la rectitud que la función exige. El problema no es que los magistrados tengan sensibilidades distintas, algo compatible con una sociedad plural. El problema es que la percepción pública de sus decisiones quede subordinada a la identificación de bloques ideológicos. Cuando la interpretación constitucional se contempla como una prolongación de la disputa partidista, la autoridad del Tribunal se debilita, incluso cuando sus resoluciones se ajustan a Derecho. La confianza en la justicia constitucional exige algo más que la regularidad formal de los nombramientos. Exige que sus decisiones puedan reconocerse como fruto de una interpretación jurídica razonada, y no como la victoria institucional de un partido del que se recibe una consigna. Los gobiernos posteriores tuvieron ocasión de revisar las reformas más controvertidas y de recuperar espacios de entendimiento. No lo hicieron. Con Mariano Rajoy no hubo rectificación de fondo: el sistema de plazos de la ley del aborto quedó intacto, salvo el consentimiento paterno de las menores restablecido en 2015. El recurso que su propio partido había interpuesto en 2010 no se resolvió hasta trece años después, y fue para desestimarlo. Ese mantenimiento pudo deberse a convicción, a cálculo parlamentario o a la prioridad de otras cuestiones, pero permitió que aquellas transformaciones se consolidaran. La inacción también tiene consecuencias: lo que no se revisa termina incorporándose a la normalidad institucional, aunque suponga una ruptura con la doctrina anterior. La moción de censura de 2018 abrió una etapa nueva y descarnada. La dependencia parlamentaria de una coalición de intereses muy heterogéneos ha puesto en primer plano una cuestión esencial: hasta dónde pueden llegar las mayorías coyunturales al transformar el ordenamiento jurídico sin comprometer los consensos fundamentales. Algunas de las fuerzas que sostienen esa mayoría niegan abiertamente el orden constitucional. Entre ellas figuran herederas de la izquierda abertzale, cuya legalización decidió el Tribunal Constitucional enmendando al Supremo. Su peso decisivo en reformas de gran alcance erosiona la legitimidad que buena parte de la ciudadanía reconoce a esas reformas. A ello se suma un uso del decreto-ley sin precedentes. Más de la mitad de las iniciativas legislativas de estos gobiernos se han aprobado por esa vía, muy por encima de cualquier gobierno anterior, cuando la Constitución la reserva a los casos de extraordinaria y urgente necesidad. Los acuerdos parlamentarios son inherentes al sistema democrático. Pero la necesidad exacerbada de mantenerse en el poder genera incentivos para impulsar reformas cuya justificación no está en un proyecto compartido de país, sino en satisfacer demandas particulares indispensables para sostener una mayoría. Es ahí donde la discusión deja de ser meramente partidista. Una parte significativa de la ciudadanía percibe que las reglas comunes se modifican en función de necesidades parlamentarias inmediatas. Percibe también que el adversario político es tratado como un obstáculo moral antes que como un competidor legítimo, y que las instituciones se convierten en instrumentos de confrontación. Cuando eso ocurre, la discrepancia se transforma en desconfianza. Y la desconfianza sostenida acaba erosionando la cohesión social. El escenario actual añade nuevos factores de tensión. Las causas judiciales que afectan a responsables públicos, las investigaciones que alcanzan a integrantes de los partidos gobernantes o de su entorno y la incertidumbre sobre sus consecuencias políticas alimentan un clima de sospecha. Es indispensable, sin embargo, distinguir entre investigación, imputación y condena firme. La exigencia de responsabilidad política no puede confundirse con la anticipación de la culpabilidad penal. El Estado de Derecho es el fundamento de nuestra convivencia, y precisamente por eso sus garantías deben aplicarse también a quienes ejercen el poder. La consecuencia es una sociedad cada vez más inclinada a interpretar las decisiones públicas desde la lógica de la pertenencia a un bloque. La discusión política deja de centrarse en la eficacia de las medidas o en su adecuación constitucional y pasa a plantearse, con demasiada frecuencia, en términos de vencedores y vencidos. La alternancia democrática debería permitir revisar políticas y corregir errores. En lugar de eso, se convierte en una amenaza para quienes temen que cada cambio de mayoría altere las bases jurídicas, culturales o territoriales de su concepción de España. Ninguna de las facciones advierte que, en esta carrera por el poder, está perdiendo de vista el interés general y el bien común. Recuperar la convivencia no exige eliminar las diferencias ni imponer una uniformidad ideológica imposible. Exige reconstruir un terreno común: instituciones cuya independencia no esté permanentemente en entredicho, reformas legislativas asentadas en una justificación jurídica rigurosa, respeto a las garantías constitucionales y disposición a alcanzar acuerdos que trasciendan la supervivencia de una legislatura. La democracia no consiste únicamente en que una mayoría pueda aprobar leyes. Consiste también en que ese poder se ejerza preservando las condiciones que permiten a quienes discrepan seguir reconociéndose como miembros de una misma comunidad política. Si la legislación se convierte en un instrumento de confrontación permanente y las instituciones pierden su capacidad de generar confianza compartida, la fractura social será inevitable y de extrema gravedad. España no necesita que todos sus ciudadanos piensen igual. Necesita que, pensando de manera distinta, puedan confiar en que las reglas fundamentales de convivencia no se modificarán a conveniencia de cada mayoría coyuntural. Sin esa confianza, la alternancia seguirá siendo formalmente posible, pero la reconciliación política y social será cada vez más difícil.  
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Sánchez quiere división, que suba Vox para que pierda el PP

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Fecha: 25 de octubre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

La polarización española: de la reforma legislativa a la fractura social

La división que hoy percibimos en la sociedad española no se explica solo por el enfrentamiento entre partidos ni por la creciente agresividad del debate público. Su raíz está en la evolución del ordenamiento jurídico, en el desgaste de determinados consensos constitucionales y en el uso progresivo de la legislación unilateral, aprobada sin acuerdo e impuesta como instrumento de afirmación ideológica.

El punto de partida debe situarse en 2004. José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Presidencia del Gobierno tras unas elecciones celebradas tres días después del mayor atentado de nuestra historia. Durante la jornada de reflexión hubo concentraciones ante las sedes del partido del Gobierno, y Alfredo Pérez Rubalcaba compareció públicamente para acusar al Ejecutivo de mentir, en abierta contradicción con el sentido de esa jornada. El nuevo Gobierno emprendió una intensa actividad legislativa sobre materias de especial sensibilidad social, institucional y constitucional (lo analicé en El Sexenio 2004-2010. Derecho y Soberanía Ciudadana: VIIIª y IXª legislaturas de las Cortes Generales españolas, © 2011 Ricardo Manuel Trigo Calonge, que puede descargarse desde esta página).

Algunas de aquellas reformas alteraron sustancialmente el marco normativo y abrieron controversias que iban más allá de la discrepancia política ordinaria. Estaban en juego concepciones distintas de la familia, la vida humana, la libertad y la igualdad, la organización territorial, la historia y la relación entre los poderes públicos y la sociedad.

No sostengo que toda innovación legislativa sea una ruptura constitucional. Tampoco niego al legislador democrático la facultad de adaptar las leyes a la evolución social. La cuestión es si aquellas reformas se hicieron preservando los consensos básicos que permiten a una sociedad plural reconocerse en unas mismas reglas de convivencia. La legitimidad de una mayoría parlamentaria para legislar no elimina la conveniencia de respetar los límites constitucionales y, en determinadas materias, la necesidad política de hacerlo, para evitar que cada cambio de Gobierno redefina los principios que ordenan la vida colectiva. La respuesta es negativa: aquellos principios elementales de convivencia no se respetaron.

El Tribunal Constitucional merece especial atención. Sus magistrados no proceden necesariamente de la carrera judicial, y en su designación intervienen órganos de naturaleza inequívocamente política. Son juristas y ejercen una función jurisdiccional sometida a la Constitución y a la ley. Pero resulta difícil ignorar que los nombramientos están expuestos a la negociación entre fuerzas políticas, y que quienes designan no siempre han actuado con la neutralidad y la rectitud que la función exige.

El problema no es que los magistrados tengan sensibilidades distintas, algo compatible con una sociedad plural. El problema es que la percepción pública de sus decisiones quede subordinada a la identificación de bloques ideológicos. Cuando la interpretación constitucional se contempla como una prolongación de la disputa partidista, la autoridad del Tribunal se debilita, incluso cuando sus resoluciones se ajustan a Derecho. La confianza en la justicia constitucional exige algo más que la regularidad formal de los nombramientos. Exige que sus decisiones puedan reconocerse como fruto de una interpretación jurídica razonada, y no como la victoria institucional de un partido del que se recibe una consigna.

Los gobiernos posteriores tuvieron ocasión de revisar las reformas más controvertidas y de recuperar espacios de entendimiento. No lo hicieron. Con Mariano Rajoy no hubo rectificación de fondo: el sistema de plazos de la ley del aborto quedó intacto, salvo el consentimiento paterno de las menores restablecido en 2015. El recurso que su propio partido había interpuesto en 2010 no se resolvió hasta trece años después, y fue para desestimarlo. Ese mantenimiento pudo deberse a convicción, a cálculo parlamentario o a la prioridad de otras cuestiones, pero permitió que aquellas transformaciones se consolidaran. La inacción también tiene consecuencias: lo que no se revisa termina incorporándose a la normalidad institucional, aunque suponga una ruptura con la doctrina anterior.

La moción de censura de 2018 abrió una etapa nueva y descarnada. La dependencia parlamentaria de una coalición de intereses muy heterogéneos ha puesto en primer plano una cuestión esencial: hasta dónde pueden llegar las mayorías coyunturales al transformar el ordenamiento jurídico sin comprometer los consensos fundamentales. Algunas de las fuerzas que sostienen esa mayoría niegan abiertamente el orden constitucional. Entre ellas figuran herederas de la izquierda abertzale, cuya legalización decidió el Tribunal Constitucional enmendando al Supremo. Su peso decisivo en reformas de gran alcance erosiona la legitimidad que buena parte de la ciudadanía reconoce a esas reformas.

A ello se suma un uso del decreto-ley sin precedentes. Más de la mitad de las iniciativas legislativas de estos gobiernos se han aprobado por esa vía, muy por encima de cualquier gobierno anterior, cuando la Constitución la reserva a los casos de extraordinaria y urgente necesidad. Los acuerdos parlamentarios son inherentes al sistema democrático. Pero la necesidad exacerbada de mantenerse en el poder genera incentivos para impulsar reformas cuya justificación no está en un proyecto compartido de país, sino en satisfacer demandas particulares indispensables para sostener una mayoría.

Es ahí donde la discusión deja de ser meramente partidista. Una parte significativa de la ciudadanía percibe que las reglas comunes se modifican en función de necesidades parlamentarias inmediatas. Percibe también que el adversario político es tratado como un obstáculo moral antes que como un competidor legítimo, y que las instituciones se convierten en instrumentos de confrontación. Cuando eso ocurre, la discrepancia se transforma en desconfianza. Y la desconfianza sostenida acaba erosionando la cohesión social.

El escenario actual añade nuevos factores de tensión. Las causas judiciales que afectan a responsables públicos, las investigaciones que alcanzan a integrantes de los partidos gobernantes o de su entorno y la incertidumbre sobre sus consecuencias políticas alimentan un clima de sospecha. Es indispensable, sin embargo, distinguir entre investigación, imputación y condena firme. La exigencia de responsabilidad política no puede confundirse con la anticipación de la culpabilidad penal. El Estado de Derecho es el fundamento de nuestra convivencia, y precisamente por eso sus garantías deben aplicarse también a quienes ejercen el poder.

La consecuencia es una sociedad cada vez más inclinada a interpretar las decisiones públicas desde la lógica de la pertenencia a un bloque. La discusión política deja de centrarse en la eficacia de las medidas o en su adecuación constitucional y pasa a plantearse, con demasiada frecuencia, en términos de vencedores y vencidos. La alternancia democrática debería permitir revisar políticas y corregir errores. En lugar de eso, se convierte en una amenaza para quienes temen que cada cambio de mayoría altere las bases jurídicas, culturales o territoriales de su concepción de España. Ninguna de las facciones advierte que, en esta carrera por el poder, está perdiendo de vista el interés general y el bien común.

Recuperar la convivencia no exige eliminar las diferencias ni imponer una uniformidad ideológica imposible. Exige reconstruir un terreno común: instituciones cuya independencia no esté permanentemente en entredicho, reformas legislativas asentadas en una justificación jurídica rigurosa, respeto a las garantías constitucionales y disposición a alcanzar acuerdos que trasciendan la supervivencia de una legislatura.

La democracia no consiste únicamente en que una mayoría pueda aprobar leyes. Consiste también en que ese poder se ejerza preservando las condiciones que permiten a quienes discrepan seguir reconociéndose como miembros de una misma comunidad política.

Si la legislación se convierte en un instrumento de confrontación permanente y las instituciones pierden su capacidad de generar confianza compartida, la fractura social será inevitable y de extrema gravedad.

España no necesita que todos sus ciudadanos piensen igual. Necesita que, pensando de manera distinta, puedan confiar en que las reglas fundamentales de convivencia no se modificarán a conveniencia de cada mayoría coyuntural. Sin esa confianza, la alternancia seguirá siendo formalmente posible, pero la reconciliación política y social será cada vez más difícil.

 

PORTADA DE EL DIARIO DE SEVILLA Domingo, 15 de noviembre de 2026
Análisis 1
El Constitucional frena el recurso de Gabilondo a la ley de nietos
Fecha: 22 de octubre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión El Gobierno invoca el derecho al voto, pero no muestra la misma urgencia para que se compruebe quién puede ejercerlo El origen: una ley legítima y una instrucción controvertida La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, abrió en su disposición adicional octava una vía para que determinados descendientes de españoles, entre ellos los hijos y nietos de exiliados, pudieran optar a la nacionalidad española de origen. Nada que objetar: es una decisión del legislador. El problema surge después. La Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública introdujo una presunción de exilio para quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esa presunción no figura en la ley. Con ella, la condición de exiliado dejó de tener que acreditarse: bastaba la fecha de salida. Una dirección general no puede modificar por vía interpretativa los requisitos materiales que fija el legislador. Si la Instrucción amplió el acceso a la nacionalidad más allá de lo que la ley permite, no estamos ante una discrepancia técnica, sino ante un exceso de la potestad administrativa cuyas consecuencias desbordan el ámbito registral, porque el reconocimiento de la nacionalidad lleva aparejada, la inscripción en el censo electoral. El Tribunal Supremo no ha anulado la Instrucción; eso se decidirá en sentencia. Pero, por autos de 10 de septiembre y 12 de octubre de 2026, ha suspendido cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes adquirieron la nacionalidad por esa vía, con una excepción significativa: podrán votar aquellos cuyo registro consular certifique que acreditaron el exilio sin acogerse a la presunción. No se trata de negar derechos a quienes legítimamente son españoles. Se trata de comprobar si la Administración aplicó la ley o si permitió acceder a esos derechos mediante una interpretación que el legislador no autorizó. El censo bajo examen: 163.020 electores pendientes de comprobación Según los datos de la Abogacía del Estado recogidos por EFE el 12 de octubre, la suspensión afecta a 163.020 personas inscritas en el CERA. La propia Abogacía cifra en 168.896 las inscripciones practicadas al amparo de la presunción. Esas cifras no demuestran por sí solas que las inscripciones sean irregulares. Precisamente por eso es indispensable examinar los expedientes y distinguir a quienes acreditaron el exilio de quienes accedieron a la nacionalidad solo en virtud de la presunción. La integridad del censo es una garantía esencial de la democracia: el derecho de voto debe protegerse, pero también debe garantizarse que lo ejerce quien lo tiene. No hay contradicción entre defender el sufragio y exigir que se compruebe su titularidad. Lo inadmisible es presentar esa comprobación como si fuera, en sí misma, un ataque a los derechos fundamentales. La causa del incumplimiento reside en la propia Administración Es aquí donde la actuación administrativa adquiere una dimensión institucional preocupante. El Supremo ordenó en septiembre desglosar los expedientes según hubieran acreditado o no el exilio. En su auto de 12 de octubre, aprobado por cinco votos a uno, constató que, un mes después, "el nivel de cumplimiento de lo ordenado […] es inexistente o, al menos, desconocido", y que ni siquiera se había aportado una cifra aproximada de los expedientes desglosados de esos 163.020 electores. La Sala reprochó además a la Abogacía del Estado que adjuntara a su recurso un informe de Exteriores cerrado a 31 de agosto, cuyos datos podían haberse expuesto en la vista del 7 de septiembre, conducta que, a su juicio, no se corresponde con la confianza y colaboración debidas al tribunal. Ante el alegato de imposibilidad material, la respuesta fue tajante: "No puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla". Esa frase resume el fondo del asunto. Fue la Administración la que creó la presunción; no puede invocar ahora la dificultad de deshacer sus efectos como razón para que no se deshagan. El ministro de Asuntos Exteriores ha reconocido que será muy difícil que los consulados verifiquen a tiempo quiénes acreditaron el exilio, y asegura que se han movilizado todos los medios disponibles. Puede ser cierto. Pero entonces la contradicción merece explicación: si el Gobierno considera urgente que nadie pierda la posibilidad de votar, debería mostrar un interés aún mayor en facilitar al tribunal la información que permite saber quién tiene derecho a hacerlo. La urgencia invocada para proteger el sufragio no puede convertirse en razón para dejar sin verificar su titularidad. No es un asunto meramente burocrático. La documentación reclamada es el único instrumento que permite distinguir entre quienes reúnen los requisitos legales y quienes se beneficiaron de una interpretación administrativa improcedente. Si el retraso obedece a dificultades materiales reales, la Administración debe acreditarlas, explicar sus causas y adoptar medidas efectivas. Si se demostrara que hubo una decisión deliberada de demorar el control judicial, la gravedad sería muy superior. No hace falta anticipar ninguna condena para formular esta exigencia: basta recordar que ninguna Administración puede decidir qué resoluciones judiciales está dispuesta a ejecutar, ni a qué ritmo. El recurso del Defensor del Pueblo El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acudió el 16 de octubre al Tribunal Constitucional en amparo, con petición de medidas cautelarísimas. El 21 de octubre, el Pleno lo inadmitió por diez votos contra dos, con ponencia de Enrique Arnaldo, por no haberse agotado la vía judicial previa (art. 44.1.a LOTC). Los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y Juan Carlos Campo anunciaron voto particular. La decisión fue procesal: no se pronunció sobre la legalidad de la Instrucción ni sobre el fondo del litigio. Nadie discute la legitimación del Defensor del Pueblo. La cuestión es si la urgencia justificaba anticiparse a un procedimiento ordinario aún abierto; diez de doce magistrados entendieron que no. El recurso contenía, no obstante, un argumento que merece respuesta: la medida solo afecta a los inscritos en el CERA, no a quienes, beneficiados por la misma presunción, residen en España, lo que generaría un trato desigual. El argumento tiene peso, pero no conduce donde pretende. El objeto del litigio son las altas en el CERA, y el tribunal no podía extender la medida a lo que no se le pidió. Y si existe desigualdad, la solución coherente no es renunciar a verificar a unos, sino verificar a todos. La garantía del sufragio comprende tanto la protección de los electores legítimos como la integridad del procedimiento que determina quiénes lo son. ¿Prevaricación? ¿Desobediencia? Lo que habría que acreditar La gravedad de los hechos obliga a distinguir actores y responsabilidades. La Instrucción la dictó una dirección general del Ministerio de Justicia. Para hablar de prevaricación (art. 404 CP) habría que acreditar una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia, y antes resolver una cuestión nada pacífica: si una instrucción interpretativa dirigida a los encargados de los registros es una "resolución en asunto administrativo" a efectos penales. La ilegalidad de una norma interna no basta, por sí sola, para afirmar el delito. El eventual incumplimiento de las órdenes del Supremo es otra cosa y otro tipo penal: la desobediencia del artículo 410 del Código Penal, que exige una negativa abierta a cumplir la resolución judicial. Una conducta meramente pasiva o morosa encaja mal en él, y conviene decirlo para no confundir la crítica política con la imputación penal. Tampoco el aumento del censo o la existencia de inscripciones cuestionadas demuestran, sin más, una estrategia deliberada para alterar el resultado electoral. Pero estas cautelas no pueden servir para cerrar en falso cualquier investigación. Si la Instrucción amplió conscientemente los supuestos legales, si esa ampliación produjo inscripciones que no reunían los requisitos y si después se dificultó la comprobación judicial, estaríamos ante una secuencia que exigiría depurar responsabilidades administrativas y, si concurren sus elementos, penales. La presunción de inocencia protege a las personas; no convierte en intocables las decisiones del poder público. Conclusión: el censo no es patrimonio del Gobierno La democracia no consiste en que el Gobierno determine quién puede votar y, a la vez, controle en la práctica la posibilidad de verificarlo. Consiste en que las reglas las fije el legislador, las aplique la Administración y las controlen tribunales independientes con medios reales para hacerlo. Tampoco sería aceptable que la defensa de la integridad electoral se tradujera en la exclusión indiscriminada de ciudadanos legítimos. La solución pasa por examinar los expedientes, individualizar las situaciones y adoptar medidas proporcionadas. Es exactamente lo que el Supremo ha ordenado. La nacionalidad legítimamente adquirida debe respetarse y el voto de quien cumple los requisitos, protegerse. Pero si el Gobierno invoca la urgencia para defender el sufragio, debe demostrar la misma urgencia para que la Justicia compruebe quién tiene derecho a ejercerlo. El censo electoral no es patrimonio del Gobierno: es una garantía de todos.  
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El Constitucional frena el recurso de Gabilondo a la ley de nietos

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Fecha: 22 de octubre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

El Gobierno invoca el derecho al voto, pero no muestra la misma urgencia para que se compruebe quién puede ejercerlo

El origen: una ley legítima y una instrucción controvertida

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, abrió en su disposición adicional octava una vía para que determinados descendientes de españoles, entre ellos los hijos y nietos de exiliados, pudieran optar a la nacionalidad española de origen. Nada que objetar: es una decisión del legislador. El problema surge después. La Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública introdujo una presunción de exilio para quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esa presunción no figura en la ley. Con ella, la condición de exiliado dejó de tener que acreditarse: bastaba la fecha de salida.

Una dirección general no puede modificar por vía interpretativa los requisitos materiales que fija el legislador. Si la Instrucción amplió el acceso a la nacionalidad más allá de lo que la ley permite, no estamos ante una discrepancia técnica, sino ante un exceso de la potestad administrativa cuyas consecuencias desbordan el ámbito registral, porque el reconocimiento de la nacionalidad lleva aparejada, la inscripción en el censo electoral.

El Tribunal Supremo no ha anulado la Instrucción; eso se decidirá en sentencia. Pero, por autos de 10 de septiembre y 12 de octubre de 2026, ha suspendido cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes adquirieron la nacionalidad por esa vía, con una excepción significativa: podrán votar aquellos cuyo registro consular certifique que acreditaron el exilio sin acogerse a la presunción.

No se trata de negar derechos a quienes legítimamente son españoles. Se trata de comprobar si la Administración aplicó la ley o si permitió acceder a esos derechos mediante una interpretación que el legislador no autorizó.

El censo bajo examen: 163.020 electores pendientes de comprobación

Según los datos de la Abogacía del Estado recogidos por EFE el 12 de octubre, la suspensión afecta a 163.020 personas inscritas en el CERA. La propia Abogacía cifra en 168.896 las inscripciones practicadas al amparo de la presunción.

Esas cifras no demuestran por sí solas que las inscripciones sean irregulares. Precisamente por eso es indispensable examinar los expedientes y distinguir a quienes acreditaron el exilio de quienes accedieron a la nacionalidad solo en virtud de la presunción. La integridad del censo es una garantía esencial de la democracia: el derecho de voto debe protegerse, pero también debe garantizarse que lo ejerce quien lo tiene.

No hay contradicción entre defender el sufragio y exigir que se compruebe su titularidad. Lo inadmisible es presentar esa comprobación como si fuera, en sí misma, un ataque a los derechos fundamentales.

La causa del incumplimiento reside en la propia Administración

Es aquí donde la actuación administrativa adquiere una dimensión institucional preocupante. El Supremo ordenó en septiembre desglosar los expedientes según hubieran acreditado o no el exilio. En su auto de 12 de octubre, aprobado por cinco votos a uno, constató que, un mes después, "el nivel de cumplimiento de lo ordenado […] es inexistente o, al menos, desconocido", y que ni siquiera se había aportado una cifra aproximada de los expedientes desglosados de esos 163.020 electores. La Sala reprochó además a la Abogacía del Estado que adjuntara a su recurso un informe de Exteriores cerrado a 31 de agosto, cuyos datos podían haberse expuesto en la vista del 7 de septiembre, conducta que, a su juicio, no se corresponde con la confianza y colaboración debidas al tribunal.

Ante el alegato de imposibilidad material, la respuesta fue tajante: "No puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla".

Esa frase resume el fondo del asunto. Fue la Administración la que creó la presunción; no puede invocar ahora la dificultad de deshacer sus efectos como razón para que no se deshagan.

El ministro de Asuntos Exteriores ha reconocido que será muy difícil que los consulados verifiquen a tiempo quiénes acreditaron el exilio, y asegura que se han movilizado todos los medios disponibles. Puede ser cierto. Pero entonces la contradicción merece explicación: si el Gobierno considera urgente que nadie pierda la posibilidad de votar, debería mostrar un interés aún mayor en facilitar al tribunal la información que permite saber quién tiene derecho a hacerlo. La urgencia invocada para proteger el sufragio no puede convertirse en razón para dejar sin verificar su titularidad.

No es un asunto meramente burocrático. La documentación reclamada es el único instrumento que permite distinguir entre quienes reúnen los requisitos legales y quienes se beneficiaron de una interpretación administrativa improcedente.

Si el retraso obedece a dificultades materiales reales, la Administración debe acreditarlas, explicar sus causas y adoptar medidas efectivas. Si se demostrara que hubo una decisión deliberada de demorar el control judicial, la gravedad sería muy superior. No hace falta anticipar ninguna condena para formular esta exigencia: basta recordar que ninguna Administración puede decidir qué resoluciones judiciales está dispuesta a ejecutar, ni a qué ritmo.

El recurso del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acudió el 16 de octubre al Tribunal Constitucional en amparo, con petición de medidas cautelarísimas. El 21 de octubre, el Pleno lo inadmitió por diez votos contra dos, con ponencia de Enrique Arnaldo, por no haberse agotado la vía judicial previa (art. 44.1.a LOTC). Los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y Juan Carlos Campo anunciaron voto particular. La decisión fue procesal: no se pronunció sobre la legalidad de la Instrucción ni sobre el fondo del litigio.

Nadie discute la legitimación del Defensor del Pueblo. La cuestión es si la urgencia justificaba anticiparse a un procedimiento ordinario aún abierto; diez de doce magistrados entendieron que no.

El recurso contenía, no obstante, un argumento que merece respuesta: la medida solo afecta a los inscritos en el CERA, no a quienes, beneficiados por la misma presunción, residen en España, lo que generaría un trato desigual. El argumento tiene peso, pero no conduce donde pretende. El objeto del litigio son las altas en el CERA, y el tribunal no podía extender la medida a lo que no se le pidió. Y si existe desigualdad, la solución coherente no es renunciar a verificar a unos, sino verificar a todos.

La garantía del sufragio comprende tanto la protección de los electores legítimos como la integridad del procedimiento que determina quiénes lo son.

¿Prevaricación? ¿Desobediencia? Lo que habría que acreditar

La gravedad de los hechos obliga a distinguir actores y responsabilidades.

La Instrucción la dictó una dirección general del Ministerio de Justicia. Para hablar de prevaricación (art. 404 CP) habría que acreditar una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia, y antes resolver una cuestión nada pacífica: si una instrucción interpretativa dirigida a los encargados de los registros es una "resolución en asunto administrativo" a efectos penales. La ilegalidad de una norma interna no basta, por sí sola, para afirmar el delito.

El eventual incumplimiento de las órdenes del Supremo es otra cosa y otro tipo penal: la desobediencia del artículo 410 del Código Penal, que exige una negativa abierta a cumplir la resolución judicial. Una conducta meramente pasiva o morosa encaja mal en él, y conviene decirlo para no confundir la crítica política con la imputación penal.

Tampoco el aumento del censo o la existencia de inscripciones cuestionadas demuestran, sin más, una estrategia deliberada para alterar el resultado electoral.

Pero estas cautelas no pueden servir para cerrar en falso cualquier investigación. Si la Instrucción amplió conscientemente los supuestos legales, si esa ampliación produjo inscripciones que no reunían los requisitos y si después se dificultó la comprobación judicial, estaríamos ante una secuencia que exigiría depurar responsabilidades administrativas y, si concurren sus elementos, penales. La presunción de inocencia protege a las personas; no convierte en intocables las decisiones del poder público.

Conclusión: el censo no es patrimonio del Gobierno

La democracia no consiste en que el Gobierno determine quién puede votar y, a la vez, controle en la práctica la posibilidad de verificarlo. Consiste en que las reglas las fije el legislador, las aplique la Administración y las controlen tribunales independientes con medios reales para hacerlo.

Tampoco sería aceptable que la defensa de la integridad electoral se tradujera en la exclusión indiscriminada de ciudadanos legítimos. La solución pasa por examinar los expedientes, individualizar las situaciones y adoptar medidas proporcionadas. Es exactamente lo que el Supremo ha ordenado.

La nacionalidad legítimamente adquirida debe respetarse y el voto de quien cumple los requisitos, protegerse. Pero si el Gobierno invoca la urgencia para defender el sufragio, debe demostrar la misma urgencia para que la Justicia compruebe quién tiene derecho a ejercerlo. El censo electoral no es patrimonio del Gobierno: es una garantía de todos.

 

OPINION

Esta sección recoge análisis críticos y de denuncia sobre tendencias ideológicas, sesgos mediáticos e institucionales, y manipulaciones del debate público. El tono es deliberadamente combativo.

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