PORTADA DEL HERALDO DE ARAGÓN Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Análisis
La Policía informa a la Jueza de que agentes marroquíes guiaron la entrada a Ceuta
Fecha: 2 de septiembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: DivulgaciónTipo: Resumen de Información fundamentada NOTA-RESUMEN — Crisis migratoria de Ceuta (28 de julio / 2 de septiembre de 2026) 1. Informe CENIF de 28 de julio de 2026 Órgano: Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), Policía Nacional. Objeto: análisis de riesgo ante posibles entradas irregulares en Ceuta el 30 de julio. El documento advertía de un riesgo actual de entrada masiva, contemplando tanto un salto de la valla como cruces a nado. La existencia de este documento ha sido corroborada por varias fuentes y se ha difundido incluso el asunto y parte de su contenido. Conclusión: la Policía disponía, al menos desde el 28 de julio, de una evaluación de riesgo que contemplaba específicamente una entrada masiva en Ceuta alrededor del 30 de julio. Nota: hubo conocimiento previo de un escenario de riesgo, pero eso no demuestra por sí mismo que existiera una operación organizada. Fuentes: Cantabria Directa; Infobae — qué es el CENIF. 2. Informe/alerta CENIF de 29 de julio El día anterior a los acontecimientos se habría emitido una nueva comunicación dirigida a Interior/Secretaría de Estado de Seguridad. Contiene información sobre: riesgo extremo de determinadas modalidades de entrada; riesgo alto de entradas a nado; previsión de miles de personas; referencia al 30 de julio; posibilidad de actuaciones coordinadas. Conclusión: refuerza la existencia de información policial previa sobre la previsión de una entrada masiva. Nota: no permite afirmar que la Policía tuviera conocimiento previo de la dimensión exacta ni de quién lo habría organizado. Fuentes: El Español — Marlaska tuvo tres informes de Inteligencia sobre el riesgo en Ceuta. 3. Sucesos del 30 y 31 de julio Según datos recogidos en la Audiencia Nacional, aproximadamente 72.000 personas accedieron a Ceuta desde Marruecos. Conclusión: no estamos ante una entrada migratoria ordinaria, sino ante un episodio excepcional por volumen, velocidad y concentración temporal. Nota: esto es un hecho, independientemente de cuál sea finalmente su explicación. Fuente: Infobae — el Gobierno aclara que la cifra se mantiene en 72.000. 4. Auto de la Audiencia Nacional de 3 de agosto La magistrada María Tardón incoa diligencias tras recibir una denuncia y requiere a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que abra una investigación para averiguar si la masiva entrada resultó de una "acción concertada o dirigida" por una organización o grupo criminal. Simultáneamente requiere a la Guardia Civil para que informe si alguna unidad había recibido aviso que pudiera alertar sobre lo que iba a ocurrir. Conclusión: la sugerencia de una acción organizada no ha sido urdida por la prensa: ya constituía una hipótesis en las diligencias judiciales desde el 3 de agosto. Fuentes: El Español — la jueza María Tardón abre diligencias; eldiario.es — la AN pide a la Policía que aclare si fue "una acción concertada"; Euronews — la AN pregunta a la Guardia Civil si fue "alertada". 5. Informe de la Policía Nacional entregado a la magistrada Este es actualmente el documento más relevante. Según información facilitada y confirmada por RTVE y otros medios, el informe sostiene que: participaron gendarmes marroquíes, guiando a grupos de personas hacia puntos concretos; agentes marroquíes de paisano dieron instrucciones sobre el terreno; la entrada fue planificada; es posible que su objetivo trascendiera lo meramente migratorio. Conclusión: si el contenido publicado refleja fielmente el informe, la Policía describe una operación dirigida desde territorio marroquí con la intervención de agentes del Estado marroquí. Nota: el informe no ha sido publicado íntegramente. La información debe asumirse con cautela. Fuentes: El Español — la Policía informa a la juez que la entrada fue guiada por gendarmes marroquíes; Euronews — un informe de la Policía asegura que agentes marroquíes dirigieron la entrada. 6. La cuestión políticamente más delicada: Interior Merece especial atención la contradicción del Gobierno y particularmente de Marlaska. Marlaska sostuvo, el 25 de agosto, que no existía ningún informe del CNI que hubiera anticipado una entrada masiva de esa magnitud. Ese mismo día, Margarita Robles había explicado que el CNI había realizado su labor y compartido sus análisis con las fuerzas de seguridad y la Delegación del Gobierno. Ahora, sin embargo, sabemos de la existencia de informes de la Policía Nacional (CENIF) anteriores al 30 de julio, incluido uno del 29 de julio que advertía de un riesgo elevado/extremo. Conviene no confundir ambos organismos: la negativa de Marlaska se refería específicamente a un informe del CNI, mientras que los documentos ahora conocidos son de la Policía Nacional; que sean cuerpos distintos no cierra la pregunta política, pero sí conviene precisarlo. Y el 2 de septiembre, Marlaska ha pedido al director general de la Policía que aclare desde cuándo conocía el cuerpo la posible participación marroquí y por qué esa información no llegó al ministro. Conclusión: habrá que esperar a saber qué sabían, qué comunicaron,  cuándo y a quién tanto el CNI como la Policía Nacional. Fuentes: Infobae — Robles dice que el CNI hizo en Ceuta su labor y la compartió con las fuerzas de seguridad; The Objective — Marlaska contradice a Robles y reitera que no recibió "ningún informe" del CNI; Infobae — Marlaska pide explicaciones al director de la Policía. 7. Las declaraciones de Sánchez y Bolaños Frente a esta secuencia, el Gobierno ha mantenido en distintos momentos una posición de descarte activo de la implicación marroquí, sin cautela alguna: el 27 de agosto, Bolaños fue tajante: "no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia", y añadió que lanzar sospechas sobre el país vecino "no es un buen camino". Ese mismo día reconoció que el Gobierno "no teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno"; el 1 de septiembre, Sánchez fue en la misma línea: aseguró que ni las fuerzas de seguridad, ni el CNI, ni los servicios aliados habían hallado indicios de participación de Rabat, calificó las acusaciones de "muy graves, peligrosas y de alguna manera también gratuitas", y describió la cooperación migratoria con Marruecos como "francamente positiva", subrayando que las autoridades marroquíes mantuvieron contacto permanente los días 30-31 de julio y desplegaron efectivos para frenar la entrada; el 2 de septiembre —ya conocido el contenido del informe policial que apunta a gendarmes marroquíes— Bolaños moderó el tono: pidió "máxima cautela", dijo que el Gobierno se había enterado del contenido del informe por la prensa la noche anterior y que lo estaban "analizando en profundidad", sin reiterar la negación categórica del 27 de agosto. Conclusión: existe un nivel nuevo de contradicción y de mayor envergadura, distinto del de Marlaska/Robles sobre los informes de inteligencia:  el CENIF informaba sobre riesgos y remitía a la jueza un informe que apunta a agentes marroquíes; la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de la Presidencia negaban activamente cualquier intervención de Marruecos y "dando jabón" por su cooperación. El "gatillazo" de Bolaños del 2 de septiembre, al pasar de la negación categórica a la cautela, es en sí mismo un dato relevante. Nota: las declaraciones de Sánchez y Bolaños son anteriores, en su versión más categórica, a la difusión completa del informe policial del 1-2 de septiembre; es posible que la reevaluación del Gobierno esté todavía en curso y no se haya manifestado públicamente con la misma rotundidad que el descarte inicial. Fuentes: pressdigital.es — Bolaños niega aviso previo y descarta que Marruecos impulsara la entrada masiva (27 de agosto); Moncloa.com — Sánchez descarta a Marruecos en la crisis de Ceuta y el PP le acusa de exculparle (1 de septiembre); Infobae — Bolaños pide cautela sobre el informe policial y niega que el Gobierno haya ocultado información (2 de septiembre). En definitiva y provisionalmente: es pronto para concluir que "Marruecos invadió Ceuta". Esa conclusión sería prematura. Pero con fundamento en la documentación disponible a día de hoy se puede afirmar que existe una secuencia documental que comienza con alertas policiales concretas sobre una entrada masiva, continúa con una entrada extraordinaria de unas 72.000 personas, da lugar a una investigación de la Audiencia Nacional sobre una posible acción concertada y culmina con un informe de inteligencia policial que atribuye a agentes marroquíes una intervención activa en la dirección de los flujos. Esperemos a ver qué pruebas contiene realmente ese último informe: fotografías, identificación de agentes, comunicaciones, análisis de imágenes, fuentes humanas, patrones de comportamiento, inteligencia previa, etc. Confirmada la vesión plausible habrá que depurar responsabilidades no sólo políticas sino quiza penales.
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La Policía informa a la Jueza de que agentes marroquíes guiaron la entrada a Ceuta

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Fecha: 2 de septiembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: Divulgación
Tipo: Resumen de Información fundamentada

NOTA-RESUMEN — Crisis migratoria de Ceuta (28 de julio / 2 de septiembre de 2026)

1. Informe CENIF de 28 de julio de 2026

Órgano: Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), Policía Nacional.

Objeto: análisis de riesgo ante posibles entradas irregulares en Ceuta el 30 de julio.

El documento advertía de un riesgo actual de entrada masiva, contemplando tanto un salto de la valla como cruces a nado. La existencia de este documento ha sido corroborada por varias fuentes y se ha difundido incluso el asunto y parte de su contenido.

Conclusión: la Policía disponía, al menos desde el 28 de julio, de una evaluación de riesgo que contemplaba específicamente una entrada masiva en Ceuta alrededor del 30 de julio.

Nota: hubo conocimiento previo de un escenario de riesgo, pero eso no demuestra por sí mismo que existiera una operación organizada.

Fuentes: Cantabria Directa; Infobae — qué es el CENIF.

2. Informe/alerta CENIF de 29 de julio

El día anterior a los acontecimientos se habría emitido una nueva comunicación dirigida a Interior/Secretaría de Estado de Seguridad. Contiene información sobre:

  • riesgo extremo de determinadas modalidades de entrada;
  • riesgo alto de entradas a nado;
  • previsión de miles de personas;
  • referencia al 30 de julio;
  • posibilidad de actuaciones coordinadas.

Conclusión: refuerza la existencia de información policial previa sobre la previsión de una entrada masiva.

Nota: no permite afirmar que la Policía tuviera conocimiento previo de la dimensión exacta ni de quién lo habría organizado.

Fuentes: El Español — Marlaska tuvo tres informes de Inteligencia sobre el riesgo en Ceuta.

3. Sucesos del 30 y 31 de julio

Según datos recogidos en la Audiencia Nacional, aproximadamente 72.000 personas accedieron a Ceuta desde Marruecos.

Conclusión: no estamos ante una entrada migratoria ordinaria, sino ante un episodio excepcional por volumen, velocidad y concentración temporal.

Nota: esto es un hecho, independientemente de cuál sea finalmente su explicación.

Fuente: Infobae — el Gobierno aclara que la cifra se mantiene en 72.000.

4. Auto de la Audiencia Nacional de 3 de agosto

La magistrada María Tardón incoa diligencias tras recibir una denuncia y requiere a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que abra una investigación para averiguar si la masiva entrada resultó de una "acción concertada o dirigida" por una organización o grupo criminal. Simultáneamente requiere a la Guardia Civil para que informe si alguna unidad había recibido aviso que pudiera alertar sobre lo que iba a ocurrir.

Conclusión: la sugerencia de una acción organizada no ha sido urdida por la prensa: ya constituía una hipótesis en las diligencias judiciales desde el 3 de agosto.

Fuentes: El Español — la jueza María Tardón abre diligencias; eldiario.es — la AN pide a la Policía que aclare si fue "una acción concertada"; Euronews — la AN pregunta a la Guardia Civil si fue "alertada".

5. Informe de la Policía Nacional entregado a la magistrada

Este es actualmente el documento más relevante. Según información facilitada y confirmada por RTVE y otros medios, el informe sostiene que:

  • participaron gendarmes marroquíes, guiando a grupos de personas hacia puntos concretos;
  • agentes marroquíes de paisano dieron instrucciones sobre el terreno;
  • la entrada fue planificada;
  • es posible que su objetivo trascendiera lo meramente migratorio.

Conclusión: si el contenido publicado refleja fielmente el informe, la Policía describe una operación dirigida desde territorio marroquí con la intervención de agentes del Estado marroquí.

Nota: el informe no ha sido publicado íntegramente. La información debe asumirse con cautela.

Fuentes: El Español — la Policía informa a la juez que la entrada fue guiada por gendarmes marroquíes; Euronews — un informe de la Policía asegura que agentes marroquíes dirigieron la entrada.

6. La cuestión políticamente más delicada: Interior

Merece especial atención la contradicción del Gobierno y particularmente de Marlaska. Marlaska sostuvo, el 25 de agosto, que no existía ningún informe del CNI que hubiera anticipado una entrada masiva de esa magnitud. Ese mismo día, Margarita Robles había explicado que el CNI había realizado su labor y compartido sus análisis con las fuerzas de seguridad y la Delegación del Gobierno. Ahora, sin embargo, sabemos de la existencia de informes de la Policía Nacional (CENIF) anteriores al 30 de julio, incluido uno del 29 de julio que advertía de un riesgo elevado/extremo. Conviene no confundir ambos organismos: la negativa de Marlaska se refería específicamente a un informe del CNI, mientras que los documentos ahora conocidos son de la Policía Nacional; que sean cuerpos distintos no cierra la pregunta política, pero sí conviene precisarlo.

Y el 2 de septiembre, Marlaska ha pedido al director general de la Policía que aclare desde cuándo conocía el cuerpo la posible participación marroquí y por qué esa información no llegó al ministro.

Conclusión: habrá que esperar a saber qué sabían, qué comunicaron,  cuándo y a quién tanto el CNI como la Policía Nacional.

Fuentes: Infobae — Robles dice que el CNI hizo en Ceuta su labor y la compartió con las fuerzas de seguridad; The Objective — Marlaska contradice a Robles y reitera que no recibió "ningún informe" del CNI; Infobae — Marlaska pide explicaciones al director de la Policía.

7. Las declaraciones de Sánchez y Bolaños

Frente a esta secuencia, el Gobierno ha mantenido en distintos momentos una posición de descarte activo de la implicación marroquí, sin cautela alguna:

  • el 27 de agosto, Bolaños fue tajante: "no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia", y añadió que lanzar sospechas sobre el país vecino "no es un buen camino". Ese mismo día reconoció que el Gobierno "no teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno";
  • el 1 de septiembre, Sánchez fue en la misma línea: aseguró que ni las fuerzas de seguridad, ni el CNI, ni los servicios aliados habían hallado indicios de participación de Rabat, calificó las acusaciones de "muy graves, peligrosas y de alguna manera también gratuitas", y describió la cooperación migratoria con Marruecos como "francamente positiva", subrayando que las autoridades marroquíes mantuvieron contacto permanente los días 30-31 de julio y desplegaron efectivos para frenar la entrada;
  • el 2 de septiembre —ya conocido el contenido del informe policial que apunta a gendarmes marroquíes— Bolaños moderó el tono: pidió "máxima cautela", dijo que el Gobierno se había enterado del contenido del informe por la prensa la noche anterior y que lo estaban "analizando en profundidad", sin reiterar la negación categórica del 27 de agosto.

Conclusión: existe un nivel nuevo de contradicción y de mayor envergadura, distinto del de Marlaska/Robles sobre los informes de inteligencia:  el CENIF informaba sobre riesgos y remitía a la jueza un informe que apunta a agentes marroquíes; la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de la Presidencia negaban activamente cualquier intervención de Marruecos y "dando jabón" por su cooperación. El "gatillazo" de Bolaños del 2 de septiembre, al pasar de la negación categórica a la cautela, es en sí mismo un dato relevante.

Nota: las declaraciones de Sánchez y Bolaños son anteriores, en su versión más categórica, a la difusión completa del informe policial del 1-2 de septiembre; es posible que la reevaluación del Gobierno esté todavía en curso y no se haya manifestado públicamente con la misma rotundidad que el descarte inicial.

Fuentes: pressdigital.es — Bolaños niega aviso previo y descarta que Marruecos impulsara la entrada masiva (27 de agosto); Moncloa.com — Sánchez descarta a Marruecos en la crisis de Ceuta y el PP le acusa de exculparle (1 de septiembre); Infobae — Bolaños pide cautela sobre el informe policial y niega que el Gobierno haya ocultado información (2 de septiembre).

En definitiva y provisionalmente:

es pronto para concluir que "Marruecos invadió Ceuta". Esa conclusión sería prematura. Pero con fundamento en la documentación disponible a día de hoy se puede afirmar que existe una secuencia documental que comienza con alertas policiales concretas sobre una entrada masiva, continúa con una entrada extraordinaria de unas 72.000 personas, da lugar a una investigación de la Audiencia Nacional sobre una posible acción concertada y culmina con un informe de inteligencia policial que atribuye a agentes marroquíes una intervención activa en la dirección de los flujos.

Esperemos a ver qué pruebas contiene realmente ese último informe: fotografías, identificación de agentes, comunicaciones, análisis de imágenes, fuentes humanas, patrones de comportamiento, inteligencia previa, etc. Confirmada la vesión plausible habrá que depurar responsabilidades no sólo políticas sino quiza penales.

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Análisis
Cuando las palabras se deshilachan
Fecha: 31 de agosto de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión Cuando las palabras se deshilachan Hay palabras que, con el paso del tiempo, se deshilachan: pierden, hilo a hilo, aquello que en otro momento significaron. No porque el diccionario haya cambiado, sino porque ha cambiado la realidad que las rodea, y a veces porque alguien se ha encargado, con toda intención, de vaciarlas por dentro. Las palabras no viven aisladas. Arrastran historia, experiencias colectivas, conflictos, aspiraciones, derrotas, victorias y, también, una considerable carga ideológica. Algunas terminan acumulando tanta significación que pronunciarse sobre ellas supone, inevitablemente, invocar todo ese pasado. Otras, por el contrario, se desgastan por el uso hasta convertirse en una especie de envoltorio vacío: conservan la forma de la palabra y su sonido, pero han perdido buena parte de su significado original. Así, las sociedades sustituyen periódicamente unos términos por otros que no siempre son nuevos, tal y como ocurre con muchas modas. No siempre porque los anteriores sean incorrectos, sino porque han quedado contaminados por significados que ya no queremos reproducir. A veces una palabra se vuelve antigua y manida; otras, aquello que representaba ha evolucionado tanto que la palabra deja de servir para describirlo. Y en ocasiones sucede algo todavía más interesante: son quienes utilizan la palabra quienes terminan modificando su significado. También hay palabras que sobreviven a las ideas que las hicieron nacer, desfigurándolas. Y esto es exactamente lo que le está pasando a una de las palabras políticas con mayor recorrido histórico: la palabra socialismo. El desgaste de una palabra de cariz político El socialismo nació asociado a una determinada concepción de la sociedad, de la economía y de la distribución del poder. Durante generaciones representó, para unos, una alternativa al capitalismo y una promesa de emancipación social; para otros, un riesgo para la libertad económica, la propiedad privada y el pluralismo político. Pero las palabras políticas no permanecen inmunes al paso del tiempo. La historia europea del siglo XX transformó profundamente el significado de socialismo. La experiencia de los regímenes comunistas, la evolución de la socialdemocracia europea, la economía de mercado, el Estado del bienestar y la progresiva aceptación de sistemas democráticos y constitucionales hicieron que el término adquiriese significados muy distintos de los que tuvo en su origen. Sin embargo, las palabras pueden sobrevivir a las transformaciones históricas. Aquí es donde surge la paradoja española. Durante los últimos años hemos asistido a una utilización del término socialismo que ha contribuido decisivamente, y de forma consciente, a su propio desgaste. No porque hayan desaparecido las ideas socialistas, sino porque existe una distancia cada vez más difícil de disimular entre lo que la palabra pretende evocar y las prácticas políticas que algunos de quienes se proclaman sus representantes han llevado a cabo. El problema no reside, por tanto, en que una política sea de izquierdas o de derechas. Tampoco en que el socialismo pueda o no constituir una opción legítima dentro del pluralismo democrático. El problema aparece cuando una etiqueta ideológica se convierte en comodín, en la excusa que blanquea cualquier decisión cuyo verdadero fundamento es, simple y llanamente, la conservación del poder. Durante el último lustro, la política española ha proporcionado ejemplos suficientes para plantear esta reflexión. La necesidad de alcanzar mayorías parlamentarias ha llevado a sucesivos acuerdos con fuerzas políticas situadas en posiciones difícilmente conciliables con algunos de los principios esenciales del constitucionalismo español. El problema no es que existan pactos parlamentarios —algo consustancial a cualquier democracia—, sino que determinados pactos y determinadas cesiones pueden terminar alterando la percepción que los ciudadanos tienen de aquello que supuestamente se está defendiendo. La amnistía a los responsables del procés, tras haber sido descartada públicamente como imposible apenas unos meses antes de pactarla; los indultos concedidos en 2021 a quienes fueron condenados por sedición; la crisis migratoria de Ceuta de finales de julio de 2026 —más de 70.000 entradas irregulares en poco más de veinticuatro horas, a un ritmo de hasta 250 por minuto en una ciudad de apenas 84.000 habitantes, con al menos 88 personas muertas ahogadas—, en la que el propio Gobierno reconoció después haber subestimado la situación pese a llevar alertas desde días antes, y cuya gestión mereció de sus propios socios parlamentarios —ERC, Junts, PNV y EH Bildu, no la oposición— calificativos como «vodevil», «fracaso» y «negligencia»; los procesamientos y condenas de dirigentes del propio partido, como José Luis Ábalos, condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión, y su asesor Koldo García, a 19, por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, o Santos Cerdán, hasta hace poco secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Sánchez, en prisión preventiva desde 2025 por la trama de contratos de obra pública; o la financiación singular negociada para Cataluña al margen del resto de comunidades autónomas, son otros tantos episodios que cualquier ciudadano puede contrastar y que ilustran esa distancia entre la palabra y los hechos. No se trata de episodios menores ni de interpretaciones subjetivas: son hechos verificables, y es precisamente su carácter incómodo lo que explica que tantas veces se prefiera mirar hacia otro lado y no nombrarlos. Cuando, en nombre de una determinada ideología, se justifica hoy aquello que ayer se consideraba inaceptable; cuando principios que se proclamaban esenciales pasan a convertirse en negociables; cuando la defensa de unas ideas queda subordinada a la permanencia en el poder, entonces la palabra que identifica esas ideas se deteriora sin remedio. Y ese deterioro no lo producen los adversarios, sino sus propios representantes, cada vez que anteponen seguir en el Gobierno a la coherencia con lo que dicen defender. La paradoja del desgaste Existe una paradoja particularmente reveladora: cuanto más se invoca una palabra para legitimar actuaciones que se alejan de su significado histórico, más rápido se desgasta. Eso es exactamente lo que le está sucediendo al socialismo español. Si el socialismo pretende presentarse como una alternativa político-económica destinada a mejorar las condiciones de vida de la mayoría, proteger al ciudadano frente a determinados abusos del poder económico y garantizar un Estado social compatible con la democracia liberal y constitucional, resulta legítimo preguntarse qué queda de ese proyecto cuando la prioridad política pasa a ser, por encima de todo, conservar el poder. La ideología no se conserva repitiendo su nombre. Se conserva haciendo reconocibles sus principios en la realidad. Cuando la palabra y los hechos comienzan a separarse, la palabra pierde valor. Y cuando esa separación se prolonga, termina convirtiéndose en una etiqueta que ya no describe una determinada concepción política, sino una determinada forma de ejercer el poder: opaca, transaccional y cada vez más ajena a los principios que dice representar. Ese es el verdadero riesgo que corre el socialismo español: no que desaparezca, sino que llegue un momento en que la palabra socialismo deje de evocar una propuesta de transformación social y económica y pase a evocar, sencillamente, una determinada práctica de poder, teñida muchas veces de indignidad y de amoralidad. Entonces habrá ocurrido algo parecido a lo que sucede con tantas otras palabras a lo largo de la historia: habrá sobrevivido el término, pero se habrá deshilachado hasta quedar irreconocible, y habrá muerto buena parte de aquello que originalmente pretendía significar. Y quizá llegue entonces el momento de buscar otra palabra. No para esconder las ideas, sino para recuperar su significado. Pero conviene no engañarse: cambiar de palabra sin cambiar de prácticas sería incurrir en el mismo vicio bajo un nombre distinto, prolongar el problema disfrazándolo de solución. Una etiqueta nueva, por atractiva que resulte, se desgastará exactamente igual si vuelve a usarse para justificar lo injustificable. Por eso, a la vez que se busca una palabra que recupere el significado perdido, hay que exigir también nuevos hechos y nuevos políticos dispuestos a sostenerlo con su conducta en el poder. Porque es ahí, en la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, donde las palabras empiezan a desgastarse —y solo cerrando esa distancia, y no simplemente renombrándola, se las puede salvar.
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Cuando las palabras se deshilachan

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 31 de agosto de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Cuando las palabras se deshilachan

Hay palabras que, con el paso del tiempo, se deshilachan: pierden, hilo a hilo, aquello que en otro momento significaron. No porque el diccionario haya cambiado, sino porque ha cambiado la realidad que las rodea, y a veces porque alguien se ha encargado, con toda intención, de vaciarlas por dentro.

Las palabras no viven aisladas. Arrastran historia, experiencias colectivas, conflictos, aspiraciones, derrotas, victorias y, también, una considerable carga ideológica. Algunas terminan acumulando tanta significación que pronunciarse sobre ellas supone, inevitablemente, invocar todo ese pasado. Otras, por el contrario, se desgastan por el uso hasta convertirse en una especie de envoltorio vacío: conservan la forma de la palabra y su sonido, pero han perdido buena parte de su significado original.

Así, las sociedades sustituyen periódicamente unos términos por otros que no siempre son nuevos, tal y como ocurre con muchas modas. No siempre porque los anteriores sean incorrectos, sino porque han quedado contaminados por significados que ya no queremos reproducir. A veces una palabra se vuelve antigua y manida; otras, aquello que representaba ha evolucionado tanto que la palabra deja de servir para describirlo. Y en ocasiones sucede algo todavía más interesante: son quienes utilizan la palabra quienes terminan modificando su significado. También hay palabras que sobreviven a las ideas que las hicieron nacer, desfigurándolas. Y esto es exactamente lo que le está pasando a una de las palabras políticas con mayor recorrido histórico: la palabra socialismo.

El desgaste de una palabra de cariz político

El socialismo nació asociado a una determinada concepción de la sociedad, de la economía y de la distribución del poder. Durante generaciones representó, para unos, una alternativa al capitalismo y una promesa de emancipación social; para otros, un riesgo para la libertad económica, la propiedad privada y el pluralismo político. Pero las palabras políticas no permanecen inmunes al paso del tiempo. La historia europea del siglo XX transformó profundamente el significado de socialismo. La experiencia de los regímenes comunistas, la evolución de la socialdemocracia europea, la economía de mercado, el Estado del bienestar y la progresiva aceptación de sistemas democráticos y constitucionales hicieron que el término adquiriese significados muy distintos de los que tuvo en su origen. Sin embargo, las palabras pueden sobrevivir a las transformaciones históricas. Aquí es donde surge la paradoja española.

Durante los últimos años hemos asistido a una utilización del término socialismo que ha contribuido decisivamente, y de forma consciente, a su propio desgaste. No porque hayan desaparecido las ideas socialistas, sino porque existe una distancia cada vez más difícil de disimular entre lo que la palabra pretende evocar y las prácticas políticas que algunos de quienes se proclaman sus representantes han llevado a cabo.

El problema no reside, por tanto, en que una política sea de izquierdas o de derechas. Tampoco en que el socialismo pueda o no constituir una opción legítima dentro del pluralismo democrático. El problema aparece cuando una etiqueta ideológica se convierte en comodín, en la excusa que blanquea cualquier decisión cuyo verdadero fundamento es, simple y llanamente, la conservación del poder.

Durante el último lustro, la política española ha proporcionado ejemplos suficientes para plantear esta reflexión.

La necesidad de alcanzar mayorías parlamentarias ha llevado a sucesivos acuerdos con fuerzas políticas situadas en posiciones difícilmente conciliables con algunos de los principios esenciales del constitucionalismo español. El problema no es que existan pactos parlamentarios —algo consustancial a cualquier democracia—, sino que determinados pactos y determinadas cesiones pueden terminar alterando la percepción que los ciudadanos tienen de aquello que supuestamente se está defendiendo. La amnistía a los responsables del procés, tras haber sido descartada públicamente como imposible apenas unos meses antes de pactarla; los indultos concedidos en 2021 a quienes fueron condenados por sedición; la crisis migratoria de Ceuta de finales de julio de 2026 —más de 70.000 entradas irregulares en poco más de veinticuatro horas, a un ritmo de hasta 250 por minuto en una ciudad de apenas 84.000 habitantes, con al menos 88 personas muertas ahogadas—, en la que el propio Gobierno reconoció después haber subestimado la situación pese a llevar alertas desde días antes, y cuya gestión mereció de sus propios socios parlamentarios —ERC, Junts, PNV y EH Bildu, no la oposición— calificativos como «vodevil», «fracaso» y «negligencia»; los procesamientos y condenas de dirigentes del propio partido, como José Luis Ábalos, condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión, y su asesor Koldo García, a 19, por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, o Santos Cerdán, hasta hace poco secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Sánchez, en prisión preventiva desde 2025 por la trama de contratos de obra pública; o la financiación singular negociada para Cataluña al margen del resto de comunidades autónomas, son otros tantos episodios que cualquier ciudadano puede contrastar y que ilustran esa distancia entre la palabra y los hechos. No se trata de episodios menores ni de interpretaciones subjetivas: son hechos verificables, y es precisamente su carácter incómodo lo que explica que tantas veces se prefiera mirar hacia otro lado y no nombrarlos.

Cuando, en nombre de una determinada ideología, se justifica hoy aquello que ayer se consideraba inaceptable; cuando principios que se proclamaban esenciales pasan a convertirse en negociables; cuando la defensa de unas ideas queda subordinada a la permanencia en el poder, entonces la palabra que identifica esas ideas se deteriora sin remedio. Y ese deterioro no lo producen los adversarios, sino sus propios representantes, cada vez que anteponen seguir en el Gobierno a la coherencia con lo que dicen defender.

La paradoja del desgaste

Existe una paradoja particularmente reveladora: cuanto más se invoca una palabra para legitimar actuaciones que se alejan de su significado histórico, más rápido se desgasta. Eso es exactamente lo que le está sucediendo al socialismo español.

Si el socialismo pretende presentarse como una alternativa político-económica destinada a mejorar las condiciones de vida de la mayoría, proteger al ciudadano frente a determinados abusos del poder económico y garantizar un Estado social compatible con la democracia liberal y constitucional, resulta legítimo preguntarse qué queda de ese proyecto cuando la prioridad política pasa a ser, por encima de todo, conservar el poder. La ideología no se conserva repitiendo su nombre. Se conserva haciendo reconocibles sus principios en la realidad. Cuando la palabra y los hechos comienzan a separarse, la palabra pierde valor. Y cuando esa separación se prolonga, termina convirtiéndose en una etiqueta que ya no describe una determinada concepción política, sino una determinada forma de ejercer el poder: opaca, transaccional y cada vez más ajena a los principios que dice representar.

Ese es el verdadero riesgo que corre el socialismo español: no que desaparezca, sino que llegue un momento en que la palabra socialismo deje de evocar una propuesta de transformación social y económica y pase a evocar, sencillamente, una determinada práctica de poder, teñida muchas veces de indignidad y de amoralidad.

Entonces habrá ocurrido algo parecido a lo que sucede con tantas otras palabras a lo largo de la historia: habrá sobrevivido el término, pero se habrá deshilachado hasta quedar irreconocible, y habrá muerto buena parte de aquello que originalmente pretendía significar. Y quizá llegue entonces el momento de buscar otra palabra. No para esconder las ideas, sino para recuperar su significado.

Pero conviene no engañarse: cambiar de palabra sin cambiar de prácticas sería incurrir en el mismo vicio bajo un nombre distinto, prolongar el problema disfrazándolo de solución. Una etiqueta nueva, por atractiva que resulte, se desgastará exactamente igual si vuelve a usarse para justificar lo injustificable. Por eso, a la vez que se busca una palabra que recupere el significado perdido, hay que exigir también nuevos hechos y nuevos políticos dispuestos a sostenerlo con su conducta en el poder. Porque es ahí, en la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, donde las palabras empiezan a desgastarse —y solo cerrando esa distancia, y no simplemente renombrándola, se las puede salvar.

PORTADA DE LA VANGUARDIA Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Análisis
«La crisis de Ceuta se encuentra abierta en canal un mes después»
Fecha: 30 de agosto de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión Ceuta, una crisis abierta en canal «La crisis de Ceuta se encuentra abierta en canal un mes después». El titular es muy expresivo. Una crisis que, tras un mes, sigue «abierta en canal» no es una crisis enquistada que simplemente pide solución inmediata: es la consecuencia directa de un modo específico de ejercer el poder. Conviene recordar los hechos, porque sostienen la figura retórica mejor que cualquier adjetivo. A finales de julio, entre 50.000 y 80.000 personas,  depende de que fuente, invadieron de forma irregular territorio español en Ceuta en apenas dos días. Al menos 72 murieron en el cruce. El Gobierno dice que el 90% regresó a Marruecos, y lo presenta como un dato de buena gestión; Human Rights Watch y una organización marroquí de derechos humanos lo ponen en cuestión, porque no hubo evaluación individual de cada persona, ni acceso a procedimientos de asilo, ni investigación sobre denuncias de uso de fuerza innecesaria en la localidad marroquí de Beni Enzar. Además, semanas antes de la crisis el Tribunal Supremo había limitado las devoluciones en caliente por mar, y el Gobierno se ha resistido desde entonces a cerrar ese vacío legal por decreto porque no quería reunir al Consejo de Ministros en pleno agosto. Es decir: ni siquiera el único número que el Gobierno presenta como éxito está limpio de disputa legal y humanitaria. Y el resto de la respuesta fue igual de lenta. Durante dieciséis días, mientras el hospital de la ciudad operaba al límite y los distintos ministerios se pasaban la responsabilidad entre ellos, la única gestión visible fueron ocho visitas ministeriales que dejaron, según la crítica generalizada, "fotografías sin medidas operativas". El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tuvo que reclamar públicamente el 16 de agosto un mando único que coordinara de verdad. El Gobierno no lo anunció hasta el 24 de agosto ni lo aprobó hasta el 25: casi un mes después del asalto, semanas después de que se le pidiera. Y aun así, columnistas lo han descrito directamente como "el cuento del mando único": una autoridad funcional sin jerarquía real sobre ministros ni otras administraciones, mientras seguían sin resolverse cerca de 10.000 emigrantes en la ciudad. El plan económico de recuperación —ayudas al comercio, incentivos fiscales, apoyo al turismo— llegó con el mismo retraso, cuando el daño reputacional ya estaba hecho. Esa es la crisis "abierta en canal": no una imagen retórica, sino la fotografía exacta de una emergencia gestionada a golpe de reacción y de titular, nunca de anticipación. Estaréis de acuerdo en que gobernar no consiste en diseñar leyes, anunciar políticas o construir una entelequia política. Gobernar es resolver problemas reales. Y cuando los problemas permanecen abiertos, se acumulan o incluso se agravan, resulta legítimo preguntarse por la capacidad de quienes tienen encomendada su gestión. Y eso sin entrar en su génesis, porque lo peor viene cuando el problema es consecuencia de un modo de gobierno o, peor aún, de desgobierno. El problema cobra dimensiones exageradas cuando algunos ministros prefieren responder a la necesidad individual de sostener los pactos que sostienen al Gobierno, eliminando de facto la idea de que la Administración debe ser un instrumento al servicio de todos los españoles. A pesar de que muchas posiciones ideológicas parecen indefendibles o han demostrado ser poco realistas, no es este lugar para negar la legitimidad de la opción de cada cual. El sentido común , que no  la democracia por sí misma,  exige reconocer que todas las ideologías que respeten el marco constitucional tienen derecho a defender sus propuestas y a intentar convertirlas en políticas para el ciudadano (antes se decía «para el pueblo»). El esperpento surge cuando la ideología termina desplazando a la eficacia, y la Administración deja de estar orientada primordialmente a resolver problemas para convertirse en instrumento de una determinada concepción política de la sociedad. Y ahí es donde se aprecia la gravedad de una política y una sociedad con riesgo de contaminación enfermiza. Que una política se etiquete como "progresista" no la convierte automáticamente en beneficiosa para la sociedad. El progreso no puede medirse por la etiqueta ideológica de una política, sino por sus resultados. Toda política pública debe poder someterse a una pregunta elemental: ¿ha mejorado realmente aquello que pretendía mejorar? En Ceuta, un mes después, la respuesta la están dando las propias calles. Si la respuesta es negativa, mantener esa política indefinidamente por razones ideológicas deja de ser una cuestión de legítima discrepancia política y empieza a plantear un problema de responsabilidad en el ejercicio del poder, también para quienes deben votar y viven el día a día de forma humana y reflexiva. Eso es lo que puede predicarse de ministerios cuya existencia, estructura o competencias responden en buena medida a los equilibrios necesarios para mantener una mayoría parlamentaria. La lógica de los pactos puede explicar la formación de un Gobierno; lo que no debería explicar es la pérdida de eficacia del Gobierno. Porque una cosa es pactar para gobernar y otra muy distinta gobernar para mantener los pactos. Cuando la segunda lógica se impone, los ministerios y sus ministros dejan de ser servidores públicos y pasan a ser piezas de una arquitectura política destinada, ante todo, a conservar el poder. Ceuta constituye, en este sentido, algo más que un episodio concreto. Es una manifestación de la incapacidad del Estado para anticiparse a los problemas, reaccionar ante las crisis y ofrecer soluciones a tiempo. Un mando único creado tarde, un plan económico anunciado casi un mes después y un conflicto de competencias sin resolver entre la ciudad y el Gobierno central no son detalles de gestión: son el patrón. Una Administración que no resuelve sus problemas esenciales y graves, o que esconde la cabeza para huir de su responsabilidad, podrá parecer respetable por institucional, pero no lo es de verdad, porque carece de la mínima eficacia y capacidad. Todo conduce entonces a abrir el debate entre «progresismo» y «conservadurismo», en vez de ser valientes y buscar la discusión entre políticas que funcionan y políticas que fracasan; entre decisiones guiadas por el interés general y decisiones condicionadas por la necesidad de conservar una determinada mayoría política. Desde aquí observo yo ese estado de la crisis: «abierta en canal». No es una mera descripción de una crisis migratoria y territorial, es la imagen de una Administración «al pairo», porque sus responsables carecen de la capacidad, los méritos y la responsabilidad necesarios para escapar de sus propias creencias ideológicas cuando estas ya han dejado de servir a nadie.
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«La crisis de Ceuta se encuentra abierta en canal un mes después»

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Fecha: 30 de agosto de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Ceuta, una crisis abierta en canal

«La crisis de Ceuta se encuentra abierta en canal un mes después». El titular es muy expresivo. Una crisis que, tras un mes, sigue «abierta en canal» no es una crisis enquistada que simplemente pide solución inmediata: es la consecuencia directa de un modo específico de ejercer el poder.

Conviene recordar los hechos, porque sostienen la figura retórica mejor que cualquier adjetivo. A finales de julio, entre 50.000 y 80.000 personas,  depende de que fuente, invadieron de forma irregular territorio español en Ceuta en apenas dos días. Al menos 72 murieron en el cruce. El Gobierno dice que el 90% regresó a Marruecos, y lo presenta como un dato de buena gestión; Human Rights Watch y una organización marroquí de derechos humanos lo ponen en cuestión, porque no hubo evaluación individual de cada persona, ni acceso a procedimientos de asilo, ni investigación sobre denuncias de uso de fuerza innecesaria en la localidad marroquí de Beni Enzar. Además, semanas antes de la crisis el Tribunal Supremo había limitado las devoluciones en caliente por mar, y el Gobierno se ha resistido desde entonces a cerrar ese vacío legal por decreto porque no quería reunir al Consejo de Ministros en pleno agosto. Es decir: ni siquiera el único número que el Gobierno presenta como éxito está limpio de disputa legal y humanitaria.

Y el resto de la respuesta fue igual de lenta. Durante dieciséis días, mientras el hospital de la ciudad operaba al límite y los distintos ministerios se pasaban la responsabilidad entre ellos, la única gestión visible fueron ocho visitas ministeriales que dejaron, según la crítica generalizada, "fotografías sin medidas operativas". El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tuvo que reclamar públicamente el 16 de agosto un mando único que coordinara de verdad. El Gobierno no lo anunció hasta el 24 de agosto ni lo aprobó hasta el 25: casi un mes después del asalto, semanas después de que se le pidiera. Y aun así, columnistas lo han descrito directamente como "el cuento del mando único": una autoridad funcional sin jerarquía real sobre ministros ni otras administraciones, mientras seguían sin resolverse cerca de 10.000 emigrantes en la ciudad. El plan económico de recuperación —ayudas al comercio, incentivos fiscales, apoyo al turismo— llegó con el mismo retraso, cuando el daño reputacional ya estaba hecho. Esa es la crisis "abierta en canal": no una imagen retórica, sino la fotografía exacta de una emergencia gestionada a golpe de reacción y de titular, nunca de anticipación.

Estaréis de acuerdo en que gobernar no consiste en diseñar leyes, anunciar políticas o construir una entelequia política. Gobernar es resolver problemas reales. Y cuando los problemas permanecen abiertos, se acumulan o incluso se agravan, resulta legítimo preguntarse por la capacidad de quienes tienen encomendada su gestión. Y eso sin entrar en su génesis, porque lo peor viene cuando el problema es consecuencia de un modo de gobierno o, peor aún, de desgobierno.

El problema cobra dimensiones exageradas cuando algunos ministros prefieren responder a la necesidad individual de sostener los pactos que sostienen al Gobierno, eliminando de facto la idea de que la Administración debe ser un instrumento al servicio de todos los españoles.

A pesar de que muchas posiciones ideológicas parecen indefendibles o han demostrado ser poco realistas, no es este lugar para negar la legitimidad de la opción de cada cual. El sentido común , que no  la democracia por sí misma,  exige reconocer que todas las ideologías que respeten el marco constitucional tienen derecho a defender sus propuestas y a intentar convertirlas en políticas para el ciudadano (antes se decía «para el pueblo»).

El esperpento surge cuando la ideología termina desplazando a la eficacia, y la Administración deja de estar orientada primordialmente a resolver problemas para convertirse en instrumento de una determinada concepción política de la sociedad.

Y ahí es donde se aprecia la gravedad de una política y una sociedad con riesgo de contaminación enfermiza. Que una política se etiquete como "progresista" no la convierte automáticamente en beneficiosa para la sociedad. El progreso no puede medirse por la etiqueta ideológica de una política, sino por sus resultados. Toda política pública debe poder someterse a una pregunta elemental: ¿ha mejorado realmente aquello que pretendía mejorar? En Ceuta, un mes después, la respuesta la están dando las propias calles.

Si la respuesta es negativa, mantener esa política indefinidamente por razones ideológicas deja de ser una cuestión de legítima discrepancia política y empieza a plantear un problema de responsabilidad en el ejercicio del poder, también para quienes deben votar y viven el día a día de forma humana y reflexiva.

Eso es lo que puede predicarse de ministerios cuya existencia, estructura o competencias responden en buena medida a los equilibrios necesarios para mantener una mayoría parlamentaria. La lógica de los pactos puede explicar la formación de un Gobierno; lo que no debería explicar es la pérdida de eficacia del Gobierno.

Porque una cosa es pactar para gobernar y otra muy distinta gobernar para mantener los pactos.

Cuando la segunda lógica se impone, los ministerios y sus ministros dejan de ser servidores públicos y pasan a ser piezas de una arquitectura política destinada, ante todo, a conservar el poder.

Ceuta constituye, en este sentido, algo más que un episodio concreto. Es una manifestación de la incapacidad del Estado para anticiparse a los problemas, reaccionar ante las crisis y ofrecer soluciones a tiempo. Un mando único creado tarde, un plan económico anunciado casi un mes después y un conflicto de competencias sin resolver entre la ciudad y el Gobierno central no son detalles de gestión: son el patrón.

Una Administración que no resuelve sus problemas esenciales y graves, o que esconde la cabeza para huir de su responsabilidad, podrá parecer respetable por institucional, pero no lo es de verdad, porque carece de la mínima eficacia y capacidad.

Todo conduce entonces a abrir el debate entre «progresismo» y «conservadurismo», en vez de ser valientes y buscar la discusión entre políticas que funcionan y políticas que fracasan; entre decisiones guiadas por el interés general y decisiones condicionadas por la necesidad de conservar una determinada mayoría política.

Desde aquí observo yo ese estado de la crisis: «abierta en canal». No es una mera descripción de una crisis migratoria y territorial, es la imagen de una Administración «al pairo», porque sus responsables carecen de la capacidad, los méritos y la responsabilidad necesarios para escapar de sus propias creencias ideológicas cuando estas ya han dejado de servir a nadie.

PORTADA DE HOY Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Análisis
David Sánchez pide quitar de la sentencia el relato de como ganó la plaza
Fecha: 24 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: Derecho Procesal. Tipo: Ensayo   La petición y el problema de ciertos hechos prescritos La petición de la defensa de David Sánchez a la Audiencia Provincial de Badajoz plantea una problemática procesal de mayor interés que la que sugiere el simple titular de «borrar hechos de la sentencia». La cuestión gira en torno a las afirmaciones de la sentencia sobre la intervención del condenado en la creación y adjudicación inicial de la plaza. Según la interpretación de la defensa, la sentencia afirma que Sánchez sabía de antemano que la plaza se había creado para él, que participó en la convocatoria y que su entrevista sirvió para simular una legalidad inexistente en la concesión. A juicio de la defensa, estos hechos forman parte de una fase previa de la conducta enjuiciada que estaría prescrita y sobre la que nadie interrogó a Sánchez en el juicio. La prescripción no hace desaparecer los hechos Que un eventual delito derivado de unos hechos determinados esté prescrito supone la inexistencia de responsabilidad penal por los mismos, pero en ningún caso elimina la historia: los acontecimientos tuvieron lugar en todo caso. En consecuencia, no es correcto sostener que una conducta prescrita deba determinar el «borrado» de los hechos en la sentencia. Desde este punto de vista, no es lo mismo que la Audiencia mencione tales hechos como antecedente necesario para comprender una actuación posterior, que utilizarlos para inferir que el procesado tenía conocimiento, intención y participación en el delito que sí se está juzgando y que, obviamente, no está prescrito. El fondo real: el derecho de defensa Según la defensa, David Sánchez no fue interrogado sobre los acontecimientos de la creación inicial de la plaza precisamente porque esa cuestión había quedado fuera de la responsabilidad penal por prescripción. Si posteriormente la sentencia utiliza esos mismos acontecimientos para afirmar que Sánchez sabía que el procedimiento estaba diseñado para él y que participó en él para aparentar una legalidad inexistente, cabe preguntarse si tuvo una oportunidad efectiva de defenderse de esa imputación. No se trata, por tanto, de decidir simplemente si unos hechos «pueden mencionarse» en una sentencia. La cuestión es determinar si pueden emplearse como elemento incriminatorio para fundamentar la responsabilidad por otro delito, sin que el acusado haya tenido una oportunidad real de contradicción sobre ellos. Esta es, en esencia, una manifestación del problema clásico de la correlación entre acusación y sentencia y del principio acusatorio, que el Tribunal Constitucional viene anudando al derecho a ser informado de la acusación y al derecho de defensa del artículo 24.2 de la Constitución (por todas, SSTC 53/1987 y 225/1997). La doctrina constitucional distingue entre los hechos accesorios o de contexto —que el tribunal puede precisar sin merma del derecho de defensa— y el llamado «hecho nuclear», es decir, aquel que resulta determinante de la calificación jurídica o de la culpabilidad, sobre el que sí se exige identidad esencial entre lo debatido en el proceso y lo declarado probado. Trasladada a este caso, la pregunta no es tan distinta: ¿operan los hechos de 2016 como mero telón de fondo narrativo, o como pieza necesaria del razonamiento que sostiene el dolo del delito enjuiciado? ¿Puede resolverse mediante una aclaración? Aquí surge el conflicto, ya que, según la acusación popular, la aclaración de una sentencia no es un recurso ni un medio para modificar la valoración de la prueba. El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial —con su reflejo específico en el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el orden penal— reserva la aclaración a corregir errores materiales manifiestos y aritméticos, aclarar algún concepto oscuro o suplir omisiones, precisamente porque las resoluciones judiciales firmadas son, como regla general, inmodificables por el propio tribunal que las dicta. Si la defensa pretende que la Audiencia reconsidere la prueba y suprima unas conclusiones porque entiende que no debieron formar parte de la fundamentación de la condena, esa pretensión encaja mal en una simple aclaración: no busca corregir un error material ni despejar una oscuridad redaccional, sino reabrir la valoración jurídica de determinados hechos. Por eso no sorprende que la propia defensa advierta que, si la Audiencia no accede a su petición, planteará la cuestión en el oportuno recurso de apelación, que es, en rigor, la vía natural para discutir si unos hechos fueron correctamente empleados en la motivación del fallo o si es que formaron parte del mecanismo de elaboración y emisión del fallo. La clave para decidir La cuestión de fondo no es determinar si los hechos sucedidos en 2016 —que suponen la prescripción de los eventuales delitos en que se hubiera podido incurrir— impiden condenar por el delito correspondiente. La clave es otra: ¿puede un tribunal utilizar hechos correspondientes a una conducta prescrita como elemento incriminatorio para fundamentar la condena por un delito distinto, especialmente cuando el acusado no tuvo ocasión de ser interrogado y de defenderse específicamente sobre ellos? En realidad, todo depende del papel que esos hechos hayan jugado en la lógica y en la motivación de la sentencia. Si son meros antecedentes contextuales, la posición de la defensa pierde fuerza. Si, en cambio, sirven para concluir que David Sánchez actuó con dolo en la posterior alteración de la plaza, el derecho de defensa se convierte en el argumento principal a favor de la nulidad de esa parte del razonamiento. Por eso plantear la noticia como una discusión sobre eliminar o mantener unas líneas de texto en la sentencia no resulta acertado: lo esencial es decidir, en apelación, si esas afirmaciones fueron utilizadas conforme a las reglas de la sana crítica para fundamentar el fallo y si el acusado tuvo, en tal caso, oportunidad de ejercer su derecho de defensa combatiéndolas. Esta es una cuestión genuina y estrictamente procesal —de correlación entre lo debatido y lo fallado, y de tutela judicial efectiva— y desde luego no una simple disputa sobre el modo en que se redactó la sentencia. Habrá que esperar a ver si la Audiencia resuelve la aclaración o remite la cuestión, como parece más probable, al recurso de apelación; será entonces cuando se sepa si los hechos de 2016 fueron, para el tribunal, decorado o cimiento.
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David Sánchez pide quitar de la sentencia el relato de como ganó la plaza

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Fecha: 24 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: Derecho Procesal. Tipo: Ensayo

 

La petición y el problema de ciertos hechos prescritos

La petición de la defensa de David Sánchez a la Audiencia Provincial de Badajoz plantea una problemática procesal de mayor interés que la que sugiere el simple titular de «borrar hechos de la sentencia». La cuestión gira en torno a las afirmaciones de la sentencia sobre la intervención del condenado en la creación y adjudicación inicial de la plaza.

Según la interpretación de la defensa, la sentencia afirma que Sánchez sabía de antemano que la plaza se había creado para él, que participó en la convocatoria y que su entrevista sirvió para simular una legalidad inexistente en la concesión. A juicio de la defensa, estos hechos forman parte de una fase previa de la conducta enjuiciada que estaría prescrita y sobre la que nadie interrogó a Sánchez en el juicio.

La prescripción no hace desaparecer los hechos

Que un eventual delito derivado de unos hechos determinados esté prescrito supone la inexistencia de responsabilidad penal por los mismos, pero en ningún caso elimina la historia: los acontecimientos tuvieron lugar en todo caso. En consecuencia, no es correcto sostener que una conducta prescrita deba determinar el «borrado» de los hechos en la sentencia.

Desde este punto de vista, no es lo mismo que la Audiencia mencione tales hechos como antecedente necesario para comprender una actuación posterior, que utilizarlos para inferir que el procesado tenía conocimiento, intención y participación en el delito que sí se está juzgando y que, obviamente, no está prescrito.

El fondo real: el derecho de defensa

Según la defensa, David Sánchez no fue interrogado sobre los acontecimientos de la creación inicial de la plaza precisamente porque esa cuestión había quedado fuera de la responsabilidad penal por prescripción. Si posteriormente la sentencia utiliza esos mismos acontecimientos para afirmar que Sánchez sabía que el procedimiento estaba diseñado para él y que participó en él para aparentar una legalidad inexistente, cabe preguntarse si tuvo una oportunidad efectiva de defenderse de esa imputación.

No se trata, por tanto, de decidir simplemente si unos hechos «pueden mencionarse» en una sentencia. La cuestión es determinar si pueden emplearse como elemento incriminatorio para fundamentar la responsabilidad por otro delito, sin que el acusado haya tenido una oportunidad real de contradicción sobre ellos.

Esta es, en esencia, una manifestación del problema clásico de la correlación entre acusación y sentencia y del principio acusatorio, que el Tribunal Constitucional viene anudando al derecho a ser informado de la acusación y al derecho de defensa del artículo 24.2 de la Constitución (por todas, SSTC 53/1987 y 225/1997). La doctrina constitucional distingue entre los hechos accesorios o de contexto —que el tribunal puede precisar sin merma del derecho de defensa— y el llamado «hecho nuclear», es decir, aquel que resulta determinante de la calificación jurídica o de la culpabilidad, sobre el que sí se exige identidad esencial entre lo debatido en el proceso y lo declarado probado. Trasladada a este caso, la pregunta no es tan distinta: ¿operan los hechos de 2016 como mero telón de fondo narrativo, o como pieza necesaria del razonamiento que sostiene el dolo del delito enjuiciado?

¿Puede resolverse mediante una aclaración?

Aquí surge el conflicto, ya que, según la acusación popular, la aclaración de una sentencia no es un recurso ni un medio para modificar la valoración de la prueba. El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial —con su reflejo específico en el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el orden penal— reserva la aclaración a corregir errores materiales manifiestos y aritméticos, aclarar algún concepto oscuro o suplir omisiones, precisamente porque las resoluciones judiciales firmadas son, como regla general, inmodificables por el propio tribunal que las dicta.

Si la defensa pretende que la Audiencia reconsidere la prueba y suprima unas conclusiones porque entiende que no debieron formar parte de la fundamentación de la condena, esa pretensión encaja mal en una simple aclaración: no busca corregir un error material ni despejar una oscuridad redaccional, sino reabrir la valoración jurídica de determinados hechos. Por eso no sorprende que la propia defensa advierta que, si la Audiencia no accede a su petición, planteará la cuestión en el oportuno recurso de apelación, que es, en rigor, la vía natural para discutir si unos hechos fueron correctamente empleados en la motivación del fallo o si es que formaron parte del mecanismo de elaboración y emisión del fallo.

La clave para decidir

La cuestión de fondo no es determinar si los hechos sucedidos en 2016 —que suponen la prescripción de los eventuales delitos en que se hubiera podido incurrir— impiden condenar por el delito correspondiente. La clave es otra: ¿puede un tribunal utilizar hechos correspondientes a una conducta prescrita como elemento incriminatorio para fundamentar la condena por un delito distinto, especialmente cuando el acusado no tuvo ocasión de ser interrogado y de defenderse específicamente sobre ellos?

En realidad, todo depende del papel que esos hechos hayan jugado en la lógica y en la motivación de la sentencia. Si son meros antecedentes contextuales, la posición de la defensa pierde fuerza. Si, en cambio, sirven para concluir que David Sánchez actuó con dolo en la posterior alteración de la plaza, el derecho de defensa se convierte en el argumento principal a favor de la nulidad de esa parte del razonamiento.

Por eso plantear la noticia como una discusión sobre eliminar o mantener unas líneas de texto en la sentencia no resulta acertado: lo esencial es decidir, en apelación, si esas afirmaciones fueron utilizadas conforme a las reglas de la sana crítica para fundamentar el fallo y si el acusado tuvo, en tal caso, oportunidad de ejercer su derecho de defensa combatiéndolas.

Esta es una cuestión genuina y estrictamente procesal —de correlación entre lo debatido y lo fallado, y de tutela judicial efectiva— y desde luego no una simple disputa sobre el modo en que se redactó la sentencia. Habrá que esperar a ver si la Audiencia resuelve la aclaración o remite la cuestión, como parece más probable, al recurso de apelación; será entonces cuando se sepa si los hechos de 2016 fueron, para el tribunal, decorado o cimiento.

PORTADA DEL ABC Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Análisis
Caos en Ceuta por la imprevisión en la reagrupación de inmigrantes
Fecha: 22 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión. Ceuta no es una colonia: la historia que desmiente la reivindicación marroquí Hay momentos en los que la historia nos refresca la memoria de tal forma que parece que siempre estuvo aquí, y en Ceuta ha sucedido. Tras la invasión masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, desbordando la frontera de la ciudad española con la violencia inherente a una presión humana de tal categoría, el gobierno marroquí se empeña en recolocar oficialmente sobre la mesa su reivindicación de lo que denominan, con manifiesta falta de fundamento histórico y lógico, «las colonias españolas». Llama la atención que se haga precisamente cuando la crisis no ha concluido, porque esto pudiera poner de manifiesto un protagonismo en la génesis de la invasión que nadie puede afirmar hasta el momento. Lo digo porque el 21 de agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, declaró que Ceuta y Melilla constituyen un «derecho histórico y geográfico» de Marruecos y propuso crear un mecanismo de diálogo con España para abordar su eventual retorno a Marruecos. La reivindicación no es nueva, pero su reaparición después de la crisis fronteriza de julio resulta significativa. La respuesta española ha sido formalmente inequívoca: Exteriores ha trasladado a Rabat su «rechazo tajante» a cualquier planteamiento distinto de la realidad de que Ceuta y Melilla forman parte de España y, por tanto, de la integridad territorial de la Unión Europea. Pero la cuestión es si el hecho de que un gobierno tan «original» como el que existe hoy en España puede dar garantía de tal afirmación. Ceuta no es una colonia La utilización por el ministro marroquí del término «colonia» no aparenta precisamente ingenuidad: es una estrategia política que ya se intentó utilizar ante la ONU en 1975 por Marruecos, justo antes de invadir el Sáhara Español. Si Ceuta y Melilla fueran realmente colonias, podrían ser incluidas en el marco jurídico internacional de la descolonización. Pero no lo son, aunque, visto lo sucedido con el Sáhara, eso no es una garantía de seguridad. Las Naciones Unidas mantienen una lista de territorios no autónomos sometidos al proceso de descolonización. Ceuta y Melilla no figuran en ella. Marruecos ha intentado históricamente que ambas ciudades fueran consideradas territorios pendientes de descolonización, pero esa pretensión no ha sido aceptada por Naciones Unidas. Y es que, evidentemente, Ceuta y Melilla no son territorios administrados por España como una colonia separada de la metrópoli. Son ciudades autónomas previstas constitucionalmente, ciudades que gozan de estatuto pleno de nacionalidad española: sus ciudadanos son españoles, cuentan con instituciones propias y representación política. Decir «colonia» no describe la realidad jurídica: es una manifestación de la posición política de quien pretende modificarla. La historia tampoco encaja demasiado bien con la palabra «devolución» Existe además un problema con la expresión «retorno» o «devolución», porque Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415 y pasó a la Corona de España por herencia de Felipe II (rey de Portugal también). Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta permaneció vinculada a la Monarquía Hispánica por voluntad de sus ciudadanos, de ahí que Felipe IV le concediera el título de «ciudad fidelísima». El Tratado de Lisboa de 1668 consolidó la soberanía española sobre la ciudad. Resumiendo: la soberanía española sobre Ceuta es muy anterior a la independencia de Marruecos en 1956. No estamos ante un territorio que España hubiera recibido del Estado marroquí contemporáneo y que ahora Rabat solicite recuperar. Estamos ante una ciudad cuya vinculación política con España se remonta a varios siglos. Por supuesto, Marruecos puede formular una reivindicación territorial —los Estados lo hacen—, pero una reivindicación no se convierte automáticamente en un derecho por el mero hecho de denominarlo «histórico». Treinta y tres años intentando conquistarla La historia de Ceuta ofrece, además, un dato extraordinariamente revelador, y es que, entre 1694 y 1727, el sultán Muley Ismail mantuvo durante aproximadamente treinta y tres años el asedio de Ceuta. Treinta y tres años de operaciones militares, ataques, bombardeos y presión sobre las defensas de la ciudad. El intento terminó en fracaso tras fracaso, con la muerte del sultán, y Ceuta permaneció bajo soberanía española. No puedo evitar hacer una comparación, aunque no debamos confundir acontecimientos históricamente diferentes. Si bien, en el siglo XVII, la pretensión de conquistar Ceuta tuvo que expresarse mediante un prolongado asedio militar, debe aceptarse que en julio de 2026 decenas de miles de personas llegaron a las inmediaciones y al territorio de la ciudad desde Marruecos, provocando una crisis de dimensiones extraordinarias. El presidente del Gobierno español llegó entonces a calificar los acontecimientos de «violación y ataque a la integridad territorial» de España y aseguró que se utilizarían todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de Ceuta, ante lo cual la pregunta es inevitable: ¿Estamos ante una nueva forma de presión territorial? No hay pruebas suficientes para afirmar que la entrada masiva de julio fuese una operación diseñada por el Estado marroquí para conquistar Ceuta, pero sería de una ceguera palmaria e insensata ignorar el contexto político en el que se produce. Cuando la presión fronteriza coincide con la reivindicación territorial La secuencia es cristalina: entrada masiva desde Marruecos que desborda la capacidad de respuesta de una ciudad de unos 85.000 habitantes; a ello sigue una intensa discusión política sobre la actuación española. Y en este preciso momento, reaparece la reivindicación oficial marroquí que afirma que Ceuta y Melilla pertenecen históricamente a Marruecos y propone negociar su «retorno». No se podría acusar de «conspiranoico» a alguien que advierta que los tres acontecimientos pertenecen a una misma realidad geopolítica: Marruecos no ha renunciado a su reivindicación sobre las ciudades españolas. Y eso obliga al gobierno de España a decidir si quiere tratar cada episodio por separado —inmigración por un lado, diplomacia por otro, soberanía por otro— o si está ante un problema estratégico único. ¿O es mucho pedir?
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Caos en Ceuta por la imprevisión en la reagrupación de inmigrantes

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Fecha: 22 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

Ceuta no es una colonia: la historia que desmiente la reivindicación marroquí

Hay momentos en los que la historia nos refresca la memoria de tal forma que parece que siempre estuvo aquí, y en Ceuta ha sucedido.

Tras la invasión masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, desbordando la frontera de la ciudad española con la violencia inherente a una presión humana de tal categoría, el gobierno marroquí se empeña en recolocar oficialmente sobre la mesa su reivindicación de lo que denominan, con manifiesta falta de fundamento histórico y lógico, «las colonias españolas». Llama la atención que se haga precisamente cuando la crisis no ha concluido, porque esto pudiera poner de manifiesto un protagonismo en la génesis de la invasión que nadie puede afirmar hasta el momento.

Lo digo porque el 21 de agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, declaró que Ceuta y Melilla constituyen un «derecho histórico y geográfico» de Marruecos y propuso crear un mecanismo de diálogo con España para abordar su eventual retorno a Marruecos. La reivindicación no es nueva, pero su reaparición después de la crisis fronteriza de julio resulta significativa. La respuesta española ha sido formalmente inequívoca: Exteriores ha trasladado a Rabat su «rechazo tajante» a cualquier planteamiento distinto de la realidad de que Ceuta y Melilla forman parte de España y, por tanto, de la integridad territorial de la Unión Europea.

Pero la cuestión es si el hecho de que un gobierno tan «original» como el que existe hoy en España puede dar garantía de tal afirmación.

Ceuta no es una colonia

La utilización por el ministro marroquí del término «colonia» no aparenta precisamente ingenuidad: es una estrategia política que ya se intentó utilizar ante la ONU en 1975 por Marruecos, justo antes de invadir el Sáhara Español. Si Ceuta y Melilla fueran realmente colonias, podrían ser incluidas en el marco jurídico internacional de la descolonización. Pero no lo son, aunque, visto lo sucedido con el Sáhara, eso no es una garantía de seguridad.

Las Naciones Unidas mantienen una lista de territorios no autónomos sometidos al proceso de descolonización. Ceuta y Melilla no figuran en ella. Marruecos ha intentado históricamente que ambas ciudades fueran consideradas territorios pendientes de descolonización, pero esa pretensión no ha sido aceptada por Naciones Unidas. Y es que, evidentemente, Ceuta y Melilla no son territorios administrados por España como una colonia separada de la metrópoli. Son ciudades autónomas previstas constitucionalmente, ciudades que gozan de estatuto pleno de nacionalidad española: sus ciudadanos son españoles, cuentan con instituciones propias y representación política.

Decir «colonia» no describe la realidad jurídica: es una manifestación de la posición política de quien pretende modificarla.

La historia tampoco encaja demasiado bien con la palabra «devolución»

Existe además un problema con la expresión «retorno» o «devolución», porque Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415 y pasó a la Corona de España por herencia de Felipe II (rey de Portugal también). Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta permaneció vinculada a la Monarquía Hispánica por voluntad de sus ciudadanos, de ahí que Felipe IV le concediera el título de «ciudad fidelísima». El Tratado de Lisboa de 1668 consolidó la soberanía española sobre la ciudad.

Resumiendo: la soberanía española sobre Ceuta es muy anterior a la independencia de Marruecos en 1956. No estamos ante un territorio que España hubiera recibido del Estado marroquí contemporáneo y que ahora Rabat solicite recuperar. Estamos ante una ciudad cuya vinculación política con España se remonta a varios siglos. Por supuesto, Marruecos puede formular una reivindicación territorial —los Estados lo hacen—, pero una reivindicación no se convierte automáticamente en un derecho por el mero hecho de denominarlo «histórico».

Treinta y tres años intentando conquistarla

La historia de Ceuta ofrece, además, un dato extraordinariamente revelador, y es que, entre 1694 y 1727, el sultán Muley Ismail mantuvo durante aproximadamente treinta y tres años el asedio de Ceuta. Treinta y tres años de operaciones militares, ataques, bombardeos y presión sobre las defensas de la ciudad. El intento terminó en fracaso tras fracaso, con la muerte del sultán, y Ceuta permaneció bajo soberanía española.

No puedo evitar hacer una comparación, aunque no debamos confundir acontecimientos históricamente diferentes. Si bien, en el siglo XVII, la pretensión de conquistar Ceuta tuvo que expresarse mediante un prolongado asedio militar, debe aceptarse que en julio de 2026 decenas de miles de personas llegaron a las inmediaciones y al territorio de la ciudad desde Marruecos, provocando una crisis de dimensiones extraordinarias.

El presidente del Gobierno español llegó entonces a calificar los acontecimientos de «violación y ataque a la integridad territorial» de España y aseguró que se utilizarían todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de Ceuta, ante lo cual la pregunta es inevitable:

¿Estamos ante una nueva forma de presión territorial?

No hay pruebas suficientes para afirmar que la entrada masiva de julio fuese una operación diseñada por el Estado marroquí para conquistar Ceuta, pero sería de una ceguera palmaria e insensata ignorar el contexto político en el que se produce.

Cuando la presión fronteriza coincide con la reivindicación territorial

La secuencia es cristalina: entrada masiva desde Marruecos que desborda la capacidad de respuesta de una ciudad de unos 85.000 habitantes; a ello sigue una intensa discusión política sobre la actuación española. Y en este preciso momento, reaparece la reivindicación oficial marroquí que afirma que Ceuta y Melilla pertenecen históricamente a Marruecos y propone negociar su «retorno». No se podría acusar de «conspiranoico» a alguien que advierta que los tres acontecimientos pertenecen a una misma realidad geopolítica: Marruecos no ha renunciado a su reivindicación sobre las ciudades españolas.

Y eso obliga al gobierno de España a decidir si quiere tratar cada episodio por separado —inmigración por un lado, diplomacia por otro, soberanía por otro— o si está ante un problema estratégico único. ¿O es mucho pedir?

PORTADA DE EL DIARIO DE SEVILLA Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Análisis
El caos en Ceuta obliga a Sánchez a designar a Torres al frente de la crisis
Fecha: 22 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión. La contradicción española ante Ceuta: soberanía, separatismo y el silencio de Europa La contradicción española España sostiene, correctamente, que Ceuta forma parte de su integridad territorial. Pero el actual Gobierno depende parlamentariamente de formaciones políticas cuyo fundamento ideológico incluye, en algunos casos, precisamente la negación de la integridad territorial española. Independientemente de que esos partidos apoyen la anexión marroquí de Ceuta —porque no hay prueba de ello—, sí surge la contradicción: un Gobierno puede afirmar frente a Rabat «Ceuta es España y la integridad territorial española no se negocia» y, simultáneamente, necesitar —para mantenerse en el poder— el apoyo de fuerzas políticas que sostienen que determinados territorios españoles tienen derecho a abandonar España. Reconozcan que, cuando menos, la cuestión resulta «incómoda» para una persona coherente con una moral media. Si la integridad territorial de España es un principio, debería serlo frente a todos. No puede ser innegociable cuando lo cuestiona Marruecos y negociable cuando lo cuestionan determinados partidos españoles. Tampoco es lícito utilizar el principio de autodeterminación de manera selectiva (¿oportunista?). El espejo del separatismo El paralelismo me lleva a una reflexión más amplia. Por un lado, los nacionalistas separatistas españoles sostienen, en términos generales, que determinados territorios poseen una identidad nacional propia y que sus habitantes deberían poder decidir separarse de España. Por otro, Marruecos sostiene que Ceuta y Melilla poseen una identidad territorial vinculada a Marruecos y que deberían «volver» a su patria. Salvando las distancias entre ambas posturas, ¿cómo y quién decide la soberanía de un territorio? Si la respuesta es que basta la existencia de una identidad nacional diferenciada, la pregunta resulta incómoda para España, porque Marruecos puede formular exactamente el mismo argumento desde fuera. Si la respuesta es que las fronteras de un Estado no pueden modificarse unilateralmente por razones identitarias, España debería aplicar ese principio con la misma claridad dentro de sus propias fronteras. Y me temo que pagaría un alto precio: perder el poder, lo cual tiene poco de discusión sentimental sobre identidades. La cuestión es establecer un principio general. ¿Qué ocurriría con los ceutíes? Supongamos por un instante que Marruecos consiguiera su objetivo. España aceptase negociar. Y finalmente se produjera una modificación de la soberanía. ¿Qué ocurriría con los ciudadanos de Ceuta? Esta pregunta suele desaparecer de los discursos nacionalistas. Pero es precisamente la más importante. ¿Perderían la nacionalidad española? ¿Conservarían la nacionalidad española? ¿Tendrían doble nacionalidad? ¿Mantendrían sus instituciones? ¿Conservarían su régimen fiscal? ¿Seguirían utilizando el euro? ¿Seguirían siendo ciudadanos de la Unión Europea? ¿Podrían votar en las elecciones españolas? ¿Mantendrían sus actuales derechos constitucionales? ¿Tendría Marruecos que reconocer un régimen jurídico excepcional para una población que actualmente es española? Y, sobre todo: ¿qué sucedería si los ceutíes dijeran que no quieren ser marroquíes? No existe una respuesta sencilla. Porque una transferencia de soberanía no consiste en mover una frontera sobre un mapa. Consiste en cambiar el Estado al que pertenecen seres humanos concretos. La voluntad de los habitantes Ceuta no está deshabitada. No es un territorio sobre el que dos gobiernos puedan discutir como si se tratara exclusivamente de una parcela de terreno. Hay ciudadanos. Y esos ciudadanos tienen derechos. Por eso, cualquier hipotética modificación de soberanía debería enfrentarse a una cuestión elemental: ¿qué quieren los habitantes de Ceuta? Esta pregunta debería ser inevitable para cualquier demócrata. Si la población quiere continuar siendo española, ¿con qué fundamento democrático podría imponérsele una nacionalidad distinta? Y si Marruecos sostiene que la población de Ceuta debe regresar a la «patria marroquí», ¿por qué la voluntad de quienes viven allí debería ser secundaria frente a una reivindicación histórica formulada desde Rabat? La responsabilidad del Gobierno español El Gobierno tiene ahora una obligación que va más allá de las declaraciones diplomáticas. Debe decidir qué significa realmente defender Ceuta. El 31 de julio, Pedro Sánchez afirmó que se emplearían «todos los recursos del Estado» para garantizar la seguridad de la ciudad y calificó lo ocurrido de ataque a la integridad territorial española. Pues bien: si fue un ataque a la integridad territorial, España debería actuar en consecuencia. No significa necesariamente recurrir a una respuesta militar. Significa algo mucho más elemental: que ninguna presión migratoria, económica o diplomática pueda convertirse en un mecanismo capaz de modificar de hecho la situación territorial de España. La cooperación con Marruecos puede ser necesaria. La lucha contra la inmigración ilegal puede requerir cooperación. La relación económica entre ambos países es importante. Pero la cooperación no puede convertirse en dependencia. Y una buena relación bilateral no puede tener como precio el silencio sobre una reivindicación territorial explícita. Y Europa, ¿dónde está? Hay otro actor que no puede permanecer al margen. Ceuta es España. Pero también es frontera exterior de la Unión Europea. Cuando una presión extraordinaria afecta a la frontera de Ceuta, no solamente está siendo presionada España: está siendo presionada una frontera exterior europea. La propia Comisión Europea ha reconocido la necesidad de reforzar la respuesta europea ante la situación fronteriza española. La pregunta para Bruselas debería ser sencilla: ¿qué sentido tiene hablar de una frontera exterior común si, cuando esa frontera es sometida a una presión extraordinaria, la defensa efectiva de la frontera queda exclusivamente a cargo del Estado que la administra? España no debería pedir a Europa que resuelva un problema que es suyo. Pero Europa tampoco debería comportarse como si Ceuta fuese exclusivamente un asunto bilateral entre Madrid y Rabat. Estados Unidos e Israel Y todavía queda una dimensión geopolítica. Marruecos mantiene relaciones estratégicas con Estados Unidos. También ha desarrollado una relación particularmente estrecha con Israel. España, por su parte, forma parte de la Unión Europea y de la OTAN. Por eso sería ingenuo contemplar Ceuta exclusivamente como una disputa entre Madrid y Rabat. Pero también sería irresponsable afirmar, sin pruebas, que Washington o Jerusalén están apoyando una eventual anexión marroquí de las ciudades. La política internacional exige distinguir entre hechos, intereses e hipótesis. Lo que sí parece evidente es que Marruecos ocupa una posición estratégica demasiado importante como para que sus reivindicaciones territoriales puedan ser ignoradas indefinidamente. Una frontera que España debe decidir si quiere defender Ceuta plantea finalmente una cuestión que trasciende a Ceuta. ¿Qué significa hoy la soberanía? Si un Estado puede mantener durante décadas una reivindicación territorial y utilizar sucesivamente instrumentos diplomáticos, económicos, migratorios y políticos para presionar al Estado que ejerce la soberanía, ¿en qué momento deja de ser una simple reivindicación y empieza a convertirse en una estrategia de modificación de la realidad? No sabemos si Marruecos pretende realmente llegar a una anexión de Ceuta por medios distintos de la negociación. No hay pruebas para afirmarlo. Pero sabemos algo mucho más sencillo: Marruecos sigue reclamando Ceuta. Lo ha vuelto a decir públicamente. Y lo ha hecho después de una crisis fronteriza de dimensiones extraordinarias. España ha contestado que Ceuta es España. Ahora tiene que demostrar que esa frase significa algo más que una declaración diplomática. Porque la historia enseña que Ceuta ha resistido durante siglos. Resistió al sultán Muley Ismail durante treinta y tres años de asedio. Lo verdaderamente preocupante sería que España consiguiera perderla algún día sin que nadie hubiera tenido que disparar un solo tiro. Y entonces la pregunta no sería únicamente por qué se perdió Ceuta. Sería mucho más incómoda: ¿quién decidió que los ceutíes dejaran de ser españoles?
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El caos en Ceuta obliga a Sánchez a designar a Torres al frente de la crisis

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 22 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

La contradicción española ante Ceuta: soberanía, separatismo y el silencio de Europa

La contradicción española

España sostiene, correctamente, que Ceuta forma parte de su integridad territorial. Pero el actual Gobierno depende parlamentariamente de formaciones políticas cuyo fundamento ideológico incluye, en algunos casos, precisamente la negación de la integridad territorial española. Independientemente de que esos partidos apoyen la anexión marroquí de Ceuta —porque no hay prueba de ello—, sí surge la contradicción: un Gobierno puede afirmar frente a Rabat «Ceuta es España y la integridad territorial española no se negocia» y, simultáneamente, necesitar —para mantenerse en el poder— el apoyo de fuerzas políticas que sostienen que determinados territorios españoles tienen derecho a abandonar España. Reconozcan que, cuando menos, la cuestión resulta «incómoda» para una persona coherente con una moral media.

Si la integridad territorial de España es un principio, debería serlo frente a todos. No puede ser innegociable cuando lo cuestiona Marruecos y negociable cuando lo cuestionan determinados partidos españoles. Tampoco es lícito utilizar el principio de autodeterminación de manera selectiva (¿oportunista?).

El espejo del separatismo

El paralelismo me lleva a una reflexión más amplia. Por un lado, los nacionalistas separatistas españoles sostienen, en términos generales, que determinados territorios poseen una identidad nacional propia y que sus habitantes deberían poder decidir separarse de España.

Por otro, Marruecos sostiene que Ceuta y Melilla poseen una identidad territorial vinculada a Marruecos y que deberían «volver» a su patria.

Salvando las distancias entre ambas posturas, ¿cómo y quién decide la soberanía de un territorio?

Si la respuesta es que basta la existencia de una identidad nacional diferenciada, la pregunta resulta incómoda para España, porque Marruecos puede formular exactamente el mismo argumento desde fuera.

Si la respuesta es que las fronteras de un Estado no pueden modificarse unilateralmente por razones identitarias, España debería aplicar ese principio con la misma claridad dentro de sus propias fronteras. Y me temo que pagaría un alto precio: perder el poder, lo cual tiene poco de discusión sentimental sobre identidades.

La cuestión es establecer un principio general.

¿Qué ocurriría con los ceutíes?

Supongamos por un instante que Marruecos consiguiera su objetivo. España aceptase negociar. Y finalmente se produjera una modificación de la soberanía. ¿Qué ocurriría con los ciudadanos de Ceuta?

Esta pregunta suele desaparecer de los discursos nacionalistas. Pero es precisamente la más importante.

¿Perderían la nacionalidad española? ¿Conservarían la nacionalidad española? ¿Tendrían doble nacionalidad? ¿Mantendrían sus instituciones? ¿Conservarían su régimen fiscal? ¿Seguirían utilizando el euro? ¿Seguirían siendo ciudadanos de la Unión Europea? ¿Podrían votar en las elecciones españolas? ¿Mantendrían sus actuales derechos constitucionales? ¿Tendría Marruecos que reconocer un régimen jurídico excepcional para una población que actualmente es española?

Y, sobre todo: ¿qué sucedería si los ceutíes dijeran que no quieren ser marroquíes?

No existe una respuesta sencilla. Porque una transferencia de soberanía no consiste en mover una frontera sobre un mapa. Consiste en cambiar el Estado al que pertenecen seres humanos concretos.

La voluntad de los habitantes

Ceuta no está deshabitada. No es un territorio sobre el que dos gobiernos puedan discutir como si se tratara exclusivamente de una parcela de terreno. Hay ciudadanos. Y esos ciudadanos tienen derechos.

Por eso, cualquier hipotética modificación de soberanía debería enfrentarse a una cuestión elemental: ¿qué quieren los habitantes de Ceuta?

Esta pregunta debería ser inevitable para cualquier demócrata. Si la población quiere continuar siendo española, ¿con qué fundamento democrático podría imponérsele una nacionalidad distinta? Y si Marruecos sostiene que la población de Ceuta debe regresar a la «patria marroquí», ¿por qué la voluntad de quienes viven allí debería ser secundaria frente a una reivindicación histórica formulada desde Rabat?

La responsabilidad del Gobierno español

El Gobierno tiene ahora una obligación que va más allá de las declaraciones diplomáticas. Debe decidir qué significa realmente defender Ceuta.

El 31 de julio, Pedro Sánchez afirmó que se emplearían «todos los recursos del Estado» para garantizar la seguridad de la ciudad y calificó lo ocurrido de ataque a la integridad territorial española. Pues bien: si fue un ataque a la integridad territorial, España debería actuar en consecuencia.

No significa necesariamente recurrir a una respuesta militar. Significa algo mucho más elemental: que ninguna presión migratoria, económica o diplomática pueda convertirse en un mecanismo capaz de modificar de hecho la situación territorial de España.

La cooperación con Marruecos puede ser necesaria. La lucha contra la inmigración ilegal puede requerir cooperación. La relación económica entre ambos países es importante. Pero la cooperación no puede convertirse en dependencia. Y una buena relación bilateral no puede tener como precio el silencio sobre una reivindicación territorial explícita.

Y Europa, ¿dónde está?

Hay otro actor que no puede permanecer al margen. Ceuta es España. Pero también es frontera exterior de la Unión Europea. Cuando una presión extraordinaria afecta a la frontera de Ceuta, no solamente está siendo presionada España: está siendo presionada una frontera exterior europea.

La propia Comisión Europea ha reconocido la necesidad de reforzar la respuesta europea ante la situación fronteriza española. La pregunta para Bruselas debería ser sencilla: ¿qué sentido tiene hablar de una frontera exterior común si, cuando esa frontera es sometida a una presión extraordinaria, la defensa efectiva de la frontera queda exclusivamente a cargo del Estado que la administra?

España no debería pedir a Europa que resuelva un problema que es suyo. Pero Europa tampoco debería comportarse como si Ceuta fuese exclusivamente un asunto bilateral entre Madrid y Rabat.

Estados Unidos e Israel

Y todavía queda una dimensión geopolítica. Marruecos mantiene relaciones estratégicas con Estados Unidos. También ha desarrollado una relación particularmente estrecha con Israel. España, por su parte, forma parte de la Unión Europea y de la OTAN.

Por eso sería ingenuo contemplar Ceuta exclusivamente como una disputa entre Madrid y Rabat. Pero también sería irresponsable afirmar, sin pruebas, que Washington o Jerusalén están apoyando una eventual anexión marroquí de las ciudades. La política internacional exige distinguir entre hechos, intereses e hipótesis.

Lo que sí parece evidente es que Marruecos ocupa una posición estratégica demasiado importante como para que sus reivindicaciones territoriales puedan ser ignoradas indefinidamente.

Una frontera que España debe decidir si quiere defender

Ceuta plantea finalmente una cuestión que trasciende a Ceuta. ¿Qué significa hoy la soberanía? Si un Estado puede mantener durante décadas una reivindicación territorial y utilizar sucesivamente instrumentos diplomáticos, económicos, migratorios y políticos para presionar al Estado que ejerce la soberanía, ¿en qué momento deja de ser una simple reivindicación y empieza a convertirse en una estrategia de modificación de la realidad?

No sabemos si Marruecos pretende realmente llegar a una anexión de Ceuta por medios distintos de la negociación. No hay pruebas para afirmarlo. Pero sabemos algo mucho más sencillo: Marruecos sigue reclamando Ceuta. Lo ha vuelto a decir públicamente. Y lo ha hecho después de una crisis fronteriza de dimensiones extraordinarias.

España ha contestado que Ceuta es España. Ahora tiene que demostrar que esa frase significa algo más que una declaración diplomática.

Porque la historia enseña que Ceuta ha resistido durante siglos. Resistió al sultán Muley Ismail durante treinta y tres años de asedio. Lo verdaderamente preocupante sería que España consiguiera perderla algún día sin que nadie hubiera tenido que disparar un solo tiro.

Y entonces la pregunta no sería únicamente por qué se perdió Ceuta. Sería mucho más incómoda: ¿quién decidió que los ceutíes dejaran de ser españoles?

PORTADA DE LA RAZÓN Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Análisis
Moncloa decide atacar a Ceuta para defenderse de la crisis
Fecha: 18 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.El Gobierno cercado Hay momentos en que confluyen, de golpe, crisis procedentes de los flancos más débiles de un Gobierno. Ceuta parece ser, en este verano, el flanco más determinante para Pedro Sánchez, porque en ella ha culminado una catarata de episodios que ponen de manifiesto la extrema debilidad del Ejecutivo. Lo sucedido en la frontera ceutí el pasado 30 y 31 de julio no fue una incidencia migratoria ordinaria. Durante horas, decenas de miles de personas procedentes de Marruecos lograron acceder irregularmente a la ciudad. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, llegó a cifrar la entrada en 60.000 personas; el Gobierno habló de más de 50.000. Una magnitud extraordinaria para una ciudad cuya población ronda los 85.000 habitantes. No estamos, por tanto, ante una discusión meramente aritmética. Estamos ante un hecho político de enorme gravedad: una frontera exterior de la Unión Europea quedó sometida a una presión masiva y extraordinaria. Ahí es donde empezó el problema para el Gobierno. Porque la primera obligación de cualquier Ejecutivo ante una situación semejante no es buscar culpables, sino ejercer el poder del Estado. La inmigración, el control de las fronteras, la seguridad nacional y la defensa de la integridad territorial no pueden convertirse en una disputa competencial entre administraciones. Y mucho menos en una guerra política entre el Gobierno central y el presidente de una ciudad autónoma que reclama precisamente la intervención del Estado. Juan Vivas, presidente de Ceuta y dirigente del Partido Popular, mantuvo inicialmente una posición institucional y prudente. No convirtió la tragedia en una batalla partidista. Reclamó ayuda. Advirtió del riesgo de colapso. Y pidió una respuesta contundente del Estado. Con el paso de los días, sin embargo, aquella prudencia empezó a agotarse. El 17 de agosto, Vivas elevó el tono hasta anunciar que podría acudir al Poder Judicial si el Gobierno no ofrece una solución en treinta días. Acusó al Ejecutivo de «pasividad absoluta» y cuestionó que se estuviera respondiendo con la intensidad que exige una situación que afecta directamente a la seguridad y a la convivencia de la ciudad. Y entonces apareció algo políticamente revelador: el Gobierno comenzó a convertir a Vivas en parte del problema. Es difícil no preguntarse por qué. Cuando una administración reclama auxilio al Estado y la respuesta consiste en reprocharle que no colabora suficientemente, la discusión deja de ser administrativa y pasa a ser política. Cuando un problema es demasiado grande para ocultarlo, siempre existe la tentación de desplazar el foco hacia quien lo denuncia. Es exactamente ahí donde cobra sentido el titular de La Razón: «Moncloa decide atacar a Ceuta para defenderse de la crisis». Porque Ceuta no es el origen de la crisis. Ceuta es el lugar donde la crisis se denuncia y se hace visible sin tapujos. El espejo europeo Pero lo verdaderamente preocupante para el Gobierno no está solo en Ceuta: está también fuera de España. La crisis ha tenido una consecuencia que debería hacer reflexionar a cualquier Gobierno europeo: Italia, gobernada por Giorgia Meloni, decidió restablecer controles sobre los viajeros procedentes de España y suspender temporalmente la aplicación ordinaria del régimen Schengen con nuestro país. Los controles comenzaron en los aeropuertos italianos sobre determinados pasajeros procedentes de España. No es una cuestión menor: Schengen representa uno de los grandes símbolos de la construcción europea, la desaparición de las fronteras interiores y la confianza entre los Estados miembros. Y ahora esa confianza ha sufrido una grieta precisamente en la relación entre España e Italia. La respuesta española tampoco fue retórica. Desde el 8 de agosto, España ha establecido controles aleatorios sobre viajeros procedentes de Italia, y hasta el 17 de agosto habían sido controladas 5.080 personas. Es decir: la crisis de Ceuta ha terminado por levantar, entre dos países de la Unión Europea, una frontera donde antes no la había. Estamos ante una auténtica paradoja. Mientras la versión oficial de Moncloa presenta a Pedro Sánchez como un dirigente de enorme peso internacional, el Gobierno de una de las principales potencias europeas ha considerado necesario recuperar controles fronterizos con España como consecuencia de una crisis migratoria originada en territorio español. Eso no significa que España haya quedado aislada de Europa; sería exagerado decirlo. Pero sí significa algo mucho más concreto y difícil de discutir: la gestión española de la crisis ha generado suficiente preocupación en otro Estado miembro como para provocar una respuesta excepcional. Eso es trascendente, como lo es que la preocupación no se haya limitado a Italia. El debate sobre la presión migratoria española ha adquirido dimensión europea y ha provocado advertencias y reacciones políticas fuera de nuestras fronteras. De modo que la teoría del Gobierno según la cual todo está bajo control empieza a encontrar un problema sencillo: hay Gobiernos europeos que no parecen compartir esa tranquilidad. Marruecos, el gran silencio Y queda Marruecos. Porque detrás de la dimensión migratoria existe una dimensión geopolítica que no puede ignorarse. Las imágenes de miles de jóvenes intentando cruzar la frontera desde Marruecos no son las de un fenómeno migratorio espontáneo, comparable a una llegada ordinaria de migrantes. El propio Juan Vivas habló, aquel 31 de julio, de una «manipulación por parte de Marruecos de su población con fines partidistas». El Gobierno español, por su parte, ha insistido en la cooperación con las autoridades marroquíes y ha agradecido su colaboración para facilitar el retorno de quienes entraron irregularmente. Pedro Sánchez lo hizo expresamente durante su visita a Ceuta. ¿Puede una política exterior convertirse en una razón para evitar formular determinadas preguntas? La cooperación con Marruecos es necesaria. La relación bilateral es estratégica. Nadie sensato defendería lo contrario. Precisamente por eso resulta imprescindible que esa cooperación no se convierta en una zona de sombra sobre lo sucedido en la frontera. Porque si Marruecos utiliza, o permite que se utilicen, movimientos masivos de población como instrumento de presión, España necesita una respuesta de Estado, no únicamente una gestión administrativa de las consecuencias. Pero esa respuesta exige una transparencia que no existe desde la sorpresiva entrega del territorio autónomo del Sáhara, decidida personalmente por Sánchez, sin que se haya dado explicación alguna. El Gobierno contra sus propios pactos y origen Pero Ceuta tampoco está sola. Mientras el Ejecutivo intenta apagar el incendio migratorio, otro incendio político se le abre por el flanco energético. El Gobierno ha prorrogado la operación de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, apartándose del calendario de cierre inicialmente previsto. La decisión cuenta con respaldo técnico del Consejo de Seguridad Nuclear y responde a la solicitud de las empresas propietarias. Pero Sumar ha reaccionado con extraordinaria dureza y acusa al PSOE de incumplir los acuerdos de Gobierno. Y he aquí la contradicción esencial: el Gobierno necesita a sus socios para sobrevivir parlamentariamente, y esos mismos socios pueden convertirse en el principal obstáculo para gobernar. El Ejecutivo está obligado a pactar con quienes no comparten necesariamente sus decisiones fundamentales. Y cuando adopta decisiones necesarias para el funcionamiento del Estado, corre el riesgo de enfrentarse con quienes necesita para seguir en el poder. Almaraz es solamente el último ejemplo. La agonía de un modelo Por eso Ceuta es mucho más que Ceuta. Es el punto en el que convergen demasiadas contradicciones: Un Gobierno que tiene que gestionar una crisis fronteriza extraordinaria. Un Gobierno que recibe reclamaciones de la propia autoridad de una ciudad española. Un Gobierno que ve cómo un Estado miembro de la Unión Europea restablece controles fronterizos con España. Un Gobierno que debe mantener una relación especialmente delicada con Marruecos. Un Gobierno que necesita a sus socios parlamentarios, pero acaba enfrentándose con ellos por una decisión energética de primer orden. Y un Gobierno que, ante la dificultad de explicar algunas de sus actuaciones, corre el riesgo de dedicar más energía a combatir políticamente a quienes denuncian sus problemas que a resolverlos. Ese es el verdadero peligro. No que el Gobierno sea criticado, ni que la oposición aproveche una crisis, ni que Meloni discrepe de Sánchez, ni que Sumar se encolerice con el PSOE por no cumplir sus acuerdos. El verdadero peligro es que la política de supervivencia termine sustituyendo a la política de Gobierno. Cuando eso ocurre, cada problema deja de tratarse como un problema de Estado y pasa a convertirse en una batalla por la supervivencia política. Y entonces se buscan enemigos: Si la crisis está en Ceuta, el problema es Vivas. Si la presión viene de Italia, el problema es Meloni. Si el socio protesta por Almaraz, el problema es el socio. Si la oposición denuncia la situación, el problema es la oposición. Pero un Gobierno no puede gobernar indefinidamente contra todos aquellos que le recuerdan sus propias responsabilidades. Porque, al final, las crisis permanecen. Ceuta sigue ahí. La frontera sigue ahí. Marruecos sigue ahí. Schengen sigue siendo una cuestión europea. Almaraz sigue funcionando. Y los socios parlamentarios siguen siendo necesarios. Lo que empieza a desaparecer es otra cosa: el margen de maniobra del Gobierno. Tal vez por eso la imagen más precisa de este verano político no sea la de un Ejecutivo atacado desde fuera, sino la de un Gobierno cercado por sus propios pactos, sus propias contradicciones y las consecuencias de sus propias decisiones. Cabría preguntarse si este Gobierno no nació ya muerto, lastrado por las contradicciones inherentes a unos pactos antinaturales y de difícil explicación. Y cuando un Gobierno llega a ese punto, el problema ya no es quién le ataca. El problema es que empieza a quedarse sin espacio para defenderse.
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Moncloa decide atacar a Ceuta para defenderse de la crisis

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Fecha: 18 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

El Gobierno cercado

Hay momentos en que confluyen, de golpe, crisis procedentes de los flancos más débiles de un Gobierno. Ceuta parece ser, en este verano, el flanco más determinante para Pedro Sánchez, porque en ella ha culminado una catarata de episodios que ponen de manifiesto la extrema debilidad del Ejecutivo.

Lo sucedido en la frontera ceutí el pasado 30 y 31 de julio no fue una incidencia migratoria ordinaria. Durante horas, decenas de miles de personas procedentes de Marruecos lograron acceder irregularmente a la ciudad. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, llegó a cifrar la entrada en 60.000 personas; el Gobierno habló de más de 50.000. Una magnitud extraordinaria para una ciudad cuya población ronda los 85.000 habitantes.

No estamos, por tanto, ante una discusión meramente aritmética. Estamos ante un hecho político de enorme gravedad: una frontera exterior de la Unión Europea quedó sometida a una presión masiva y extraordinaria.

Ahí es donde empezó el problema para el Gobierno. Porque la primera obligación de cualquier Ejecutivo ante una situación semejante no es buscar culpables, sino ejercer el poder del Estado. La inmigración, el control de las fronteras, la seguridad nacional y la defensa de la integridad territorial no pueden convertirse en una disputa competencial entre administraciones. Y mucho menos en una guerra política entre el Gobierno central y el presidente de una ciudad autónoma que reclama precisamente la intervención del Estado.

Juan Vivas, presidente de Ceuta y dirigente del Partido Popular, mantuvo inicialmente una posición institucional y prudente. No convirtió la tragedia en una batalla partidista. Reclamó ayuda. Advirtió del riesgo de colapso. Y pidió una respuesta contundente del Estado.

Con el paso de los días, sin embargo, aquella prudencia empezó a agotarse.

El 17 de agosto, Vivas elevó el tono hasta anunciar que podría acudir al Poder Judicial si el Gobierno no ofrece una solución en treinta días. Acusó al Ejecutivo de «pasividad absoluta» y cuestionó que se estuviera respondiendo con la intensidad que exige una situación que afecta directamente a la seguridad y a la convivencia de la ciudad.

Y entonces apareció algo políticamente revelador: el Gobierno comenzó a convertir a Vivas en parte del problema. Es difícil no preguntarse por qué. Cuando una administración reclama auxilio al Estado y la respuesta consiste en reprocharle que no colabora suficientemente, la discusión deja de ser administrativa y pasa a ser política. Cuando un problema es demasiado grande para ocultarlo, siempre existe la tentación de desplazar el foco hacia quien lo denuncia.

Es exactamente ahí donde cobra sentido el titular de La Razón: «Moncloa decide atacar a Ceuta para defenderse de la crisis». Porque Ceuta no es el origen de la crisis. Ceuta es el lugar donde la crisis se denuncia y se hace visible sin tapujos.

El espejo europeo

Pero lo verdaderamente preocupante para el Gobierno no está solo en Ceuta: está también fuera de España. La crisis ha tenido una consecuencia que debería hacer reflexionar a cualquier Gobierno europeo: Italia, gobernada por Giorgia Meloni, decidió restablecer controles sobre los viajeros procedentes de España y suspender temporalmente la aplicación ordinaria del régimen Schengen con nuestro país. Los controles comenzaron en los aeropuertos italianos sobre determinados pasajeros procedentes de España. No es una cuestión menor: Schengen representa uno de los grandes símbolos de la construcción europea, la desaparición de las fronteras interiores y la confianza entre los Estados miembros. Y ahora esa confianza ha sufrido una grieta precisamente en la relación entre España e Italia.

La respuesta española tampoco fue retórica. Desde el 8 de agosto, España ha establecido controles aleatorios sobre viajeros procedentes de Italia, y hasta el 17 de agosto habían sido controladas 5.080 personas. Es decir: la crisis de Ceuta ha terminado por levantar, entre dos países de la Unión Europea, una frontera donde antes no la había. Estamos ante una auténtica paradoja.

Mientras la versión oficial de Moncloa presenta a Pedro Sánchez como un dirigente de enorme peso internacional, el Gobierno de una de las principales potencias europeas ha considerado necesario recuperar controles fronterizos con España como consecuencia de una crisis migratoria originada en territorio español. Eso no significa que España haya quedado aislada de Europa; sería exagerado decirlo. Pero sí significa algo mucho más concreto y difícil de discutir: la gestión española de la crisis ha generado suficiente preocupación en otro Estado miembro como para provocar una respuesta excepcional. Eso es trascendente, como lo es que la preocupación no se haya limitado a Italia. El debate sobre la presión migratoria española ha adquirido dimensión europea y ha provocado advertencias y reacciones políticas fuera de nuestras fronteras. De modo que la teoría del Gobierno según la cual todo está bajo control empieza a encontrar un problema sencillo: hay Gobiernos europeos que no parecen compartir esa tranquilidad.

Marruecos, el gran silencio

Y queda Marruecos. Porque detrás de la dimensión migratoria existe una dimensión geopolítica que no puede ignorarse. Las imágenes de miles de jóvenes intentando cruzar la frontera desde Marruecos no son las de un fenómeno migratorio espontáneo, comparable a una llegada ordinaria de migrantes. El propio Juan Vivas habló, aquel 31 de julio, de una «manipulación por parte de Marruecos de su población con fines partidistas».

El Gobierno español, por su parte, ha insistido en la cooperación con las autoridades marroquíes y ha agradecido su colaboración para facilitar el retorno de quienes entraron irregularmente. Pedro Sánchez lo hizo expresamente durante su visita a Ceuta.

¿Puede una política exterior convertirse en una razón para evitar formular determinadas preguntas?

La cooperación con Marruecos es necesaria. La relación bilateral es estratégica. Nadie sensato defendería lo contrario. Precisamente por eso resulta imprescindible que esa cooperación no se convierta en una zona de sombra sobre lo sucedido en la frontera. Porque si Marruecos utiliza, o permite que se utilicen, movimientos masivos de población como instrumento de presión, España necesita una respuesta de Estado, no únicamente una gestión administrativa de las consecuencias. Pero esa respuesta exige una transparencia que no existe desde la sorpresiva entrega del territorio autónomo del Sáhara, decidida personalmente por Sánchez, sin que se haya dado explicación alguna.

El Gobierno contra sus propios pactos y origen

Pero Ceuta tampoco está sola. Mientras el Ejecutivo intenta apagar el incendio migratorio, otro incendio político se le abre por el flanco energético. El Gobierno ha prorrogado la operación de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, apartándose del calendario de cierre inicialmente previsto. La decisión cuenta con respaldo técnico del Consejo de Seguridad Nuclear y responde a la solicitud de las empresas propietarias. Pero Sumar ha reaccionado con extraordinaria dureza y acusa al PSOE de incumplir los acuerdos de Gobierno.

Y he aquí la contradicción esencial: el Gobierno necesita a sus socios para sobrevivir parlamentariamente, y esos mismos socios pueden convertirse en el principal obstáculo para gobernar. El Ejecutivo está obligado a pactar con quienes no comparten necesariamente sus decisiones fundamentales. Y cuando adopta decisiones necesarias para el funcionamiento del Estado, corre el riesgo de enfrentarse con quienes necesita para seguir en el poder.

Almaraz es solamente el último ejemplo.

La agonía de un modelo

Por eso Ceuta es mucho más que Ceuta. Es el punto en el que convergen demasiadas contradicciones:

  • Un Gobierno que tiene que gestionar una crisis fronteriza extraordinaria.
  • Un Gobierno que recibe reclamaciones de la propia autoridad de una ciudad española.
  • Un Gobierno que ve cómo un Estado miembro de la Unión Europea restablece controles fronterizos con España.
  • Un Gobierno que debe mantener una relación especialmente delicada con Marruecos.
  • Un Gobierno que necesita a sus socios parlamentarios, pero acaba enfrentándose con ellos por una decisión energética de primer orden.
  • Y un Gobierno que, ante la dificultad de explicar algunas de sus actuaciones, corre el riesgo de dedicar más energía a combatir políticamente a quienes denuncian sus problemas que a resolverlos.

Ese es el verdadero peligro. No que el Gobierno sea criticado, ni que la oposición aproveche una crisis, ni que Meloni discrepe de Sánchez, ni que Sumar se encolerice con el PSOE por no cumplir sus acuerdos. El verdadero peligro es que la política de supervivencia termine sustituyendo a la política de Gobierno. Cuando eso ocurre, cada problema deja de tratarse como un problema de Estado y pasa a convertirse en una batalla por la supervivencia política. Y entonces se buscan enemigos:

  • Si la crisis está en Ceuta, el problema es Vivas.
  • Si la presión viene de Italia, el problema es Meloni.
  • Si el socio protesta por Almaraz, el problema es el socio.
  • Si la oposición denuncia la situación, el problema es la oposición.

Pero un Gobierno no puede gobernar indefinidamente contra todos aquellos que le recuerdan sus propias responsabilidades. Porque, al final, las crisis permanecen.

Ceuta sigue ahí. La frontera sigue ahí. Marruecos sigue ahí. Schengen sigue siendo una cuestión europea. Almaraz sigue funcionando. Y los socios parlamentarios siguen siendo necesarios.

Lo que empieza a desaparecer es otra cosa: el margen de maniobra del Gobierno.

Tal vez por eso la imagen más precisa de este verano político no sea la de un Ejecutivo atacado desde fuera, sino la de un Gobierno cercado por sus propios pactos, sus propias contradicciones y las consecuencias de sus propias decisiones. Cabría preguntarse si este Gobierno no nació ya muerto, lastrado por las contradicciones inherentes a unos pactos antinaturales y de difícil explicación.

Y cuando un Gobierno llega a ese punto, el problema ya no es quién le ataca.

El problema es que empieza a quedarse sin espacio para defenderse.

PORTADA DE LA VOZ DE GALICIA Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Análisis
12A, una noche de dos minutos sobre Galicia
Fecha: 9 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.12A, una noche de dos minutos sobre Galicia Hay acontecimientos que duran horas, acontecimientos que duran días y acontecimientos que, aunque apenas duran unos minutos, son capaces de movilizar durante meses a gobiernos, empresas, ciudadanos, medios de comunicación y redes sociales. El próximo 12 de agosto tendremos uno de ellos. Un eclipse total de Sol se producirá en una amplia franja de la península y, durante unos minutos, el día se convertirá en noche. Será un espectáculo astronómico extraordinario. Una de esas ocasiones en las que la naturaleza nos recuerda, sin necesidad de discursos, que seguimos viviendo en un planeta sometido a leyes que no hemos establecido nosotros, a pesar de las voces que promueven ideas contrarias fomentando la creencia de que el hombre es capaz de controlar o modular positivamente los fenómenos naturales de cierta envergadura. El verdadero fenómeno que deberíamos observar el día 12 no es solamente el eclipse: ¿por qué no nos observamos a nosotros mismos? Alrededor de esos pocos minutos se ha levantado una gigantesca estructura humana, psicofísica, económica, tecnológica y logística. Y ahí es donde el eclipse comienza a resultar un objeto de reflexión sociológica. El Estado para dos minutos Miles de personas se desplazarán buscando unos minutos de totalidad. Se reforzarán carreteras, transportes, comunicaciones, servicios sanitarios y dispositivos de seguridad. La Guardia Civil ha anunciado un despliegue extraordinario de más de 24.000 agentes en el conjunto de España, con unidades de tráfico, seguridad ciudadana, medio ambiente, servicios marítimos y aéreos, drones y otros recursos especializados. En Galicia, la propia Xunta ha preparado un dispositivo específico de protección civil y medidas para reforzar el transporte público ante el incremento previsible de desplazamientos. No hay nada necesariamente censurable en ello. Al contrario: cuando millones de personas se desplazan excepcionalmente, es razonable que los poderes públicos prevengan accidentes, colapsos, incendios, problemas sanitarios o situaciones de emergencia. Pero la magnitud del dispositivo invita a una pregunta. ¿Qué dice de nosotros que seamos capaces de movilizar semejante cantidad de recursos colectivos para garantizar que millones de personas puedan disfrutar durante unos minutos de una experiencia extraordinaria? La pregunta no pretende negar el valor del acontecimiento. Pretende ponerlo en relación con otros acontecimientos menos espectaculares de nuestra vida colectiva. Porque también existen problemas que duran mucho más de dos minutos y para los cuales rara vez contemplamos movilizaciones semejantes de recursos, entusiasmo y voluntad colectiva. Quizá el eclipse sea una buena ocasión para preguntarnos qué cosas consideramos verdaderamente importantes. La economía de no perdérselo Alrededor de la franja de totalidad del eclipse ha aparecido también otro fenómeno: una formidable expectativa de negocio. Alojamientos, restaurantes, transporte, actividades turísticas, excursiones, observatorios, alquileres, experiencias exclusivas, lugares privilegiados de observación... La economía ha comprendido rápidamente que hay algo que vender. Y no hay nada extraño en ello. Allí donde existe una necesidad, un deseo o una emoción, aparece el mercado. Pero aquí surge un elemento particularmente interesante: el miedo a quedarse fuera. No basta con ver el eclipse. Hay que verlo desde el lugar correcto. No basta con estar allí. Hay que estar dentro de la franja de totalidad. No basta con disfrutarlo. Hay que fotografiarlo, grabarlo, compartirlo y demostrar que estuvimos allí. El fenómeno astronómico se transforma así en experiencia de consumo. Y la experiencia de consumo, a su vez, se transforma en experiencia social. El eclipse deja de ser solamente un acontecimiento que contemplamos para convertirse en un acontecimiento que debemos poseer. Aunque solamente sea durante dos minutos. El extraño poder del "no me lo puedo perder" Hay una expresión contemporánea que merece quizá más atención de la que solemos concederle: "No me lo puedo perder." Parece una frase inocente. Pero encierra una poderosa estructura psicológica. ¿Por qué no podemos perdérnoslo? ¿Qué sucedería realmente si no estuviéramos allí? ¿Qué perderíamos? ¿Una experiencia estética? ¿Un recuerdo? ¿Una conversación? ¿Una fotografía? ¿Una oportunidad única? Probablemente sí. Pero también puede haber algo más profundo: el temor a quedar excluidos de una experiencia colectiva. El miedo a que los demás hayan vivido algo que nosotros no. Y ahí aparece el fenómeno conocido como FOMO —fear of missing out—, el miedo a perdernos aquello que otros están disfrutando. Las redes sociales han convertido este mecanismo en una poderosa fuerza de comportamiento. Ya no basta con vivir. Hay que vivir aquello que merece ser mostrado. Ya no basta con experimentar. Hay que experimentar lo que otros consideran digno de experimentar. Y ya no basta con disfrutar. Hay que poder demostrar que disfrutamos. El eclipse puede convertirse así en una gigantesca fotografía colectiva de nuestra época. Millones de personas mirando hacia el cielo. Y, paradójicamente, muchas de ellas preocupadas simultáneamente por el teléfono móvil. Una competición por unos segundos Hay algo todavía más paradójico. El eclipse será exactamente el mismo para todos. La Luna no distinguirá entre ricos y pobres. No distinguirá entre turistas y residentes. No distinguirá entre quienes pagaron una fortuna por alojarse en un lugar privilegiado y quienes simplemente levantaron la mirada desde el jardín de su casa. El eclipse es democrático. Sin embargo, nosotros podemos convertirlo en competitivo. ¿Quién consiguió el mejor lugar? ¿Quién reservó primero? ¿Quién pagó menos? ¿Quién pagó más? ¿Quién consiguió la mejor fotografía? ¿Quién estuvo más cerca? ¿Quién consiguió el alojamiento más exclusivo? ¿Quién tuvo la experiencia más extraordinaria? Es curioso. Un fenómeno cósmico que podría recordarnos nuestra pequeñez termina convertido en otra competición humana. Incluso frente al cielo podemos competir. El eclipse como fenómeno de masas Las masas no son necesariamente malas. Una sociedad necesita acontecimientos colectivos. Necesita rituales, celebraciones, símbolos y experiencias compartidas. El problema aparece cuando la dimensión colectiva no produce comunidad, sino simplemente agregación. Una multitud no es necesariamente una comunidad. Podemos ser millones de personas haciendo exactamente lo mismo y seguir siendo individuos completamente aislados. Podemos contemplar juntos el mismo eclipse sin experimentar ninguna forma de solidaridad. Podemos compartir el mismo espectáculo y no compartir absolutamente nada. Esta distinción me parece fundamental. La sociedad de masas puede reunir físicamente a las personas sin acercarlas moralmente. Y quizá esa sea una de las preguntas que deberíamos hacernos el 12 de agosto. Cuando millones de personas miren simultáneamente hacia el cielo, ¿estaremos viviendo un momento de comunidad? ¿O simplemente estaremos participando en un gigantesco acontecimiento de consumo? El cuerpo también paga la fiesta Hay otra dimensión menos visible. Todo acontecimiento de masas tiene costes. Horas de carretera. Atascos. Esperas. Calor. Falta de descanso. Desplazamientos apresurados. Saturación de servicios. Ansiedad. Preocupación por encontrar el lugar adecuado. Miedo a llegar tarde. Necesidad de reservar. Necesidad de competir. Necesidad de aprovechar al máximo una experiencia que solamente durará unos minutos. La propia administración recomienda planificar los desplazamientos y adoptar precauciones específicas para evitar problemas de movilidad y seguridad. Pero hay un coste psicológico más sutil. La obligación de disfrutar. Quizá esta sea una de las características más extrañas de nuestra época. No solamente tenemos que divertirnos. Tenemos que aprovechar la diversión. Una experiencia tiene que ser memorable. Un viaje tiene que ser extraordinario. Una comida tiene que ser excepcional. Un concierto tiene que ser inolvidable. Un eclipse tiene que ser "el momento de nuestra vida". Y cuando convertimos el disfrute en obligación, el disfrute comienza a parecerse sospechosamente a un trabajo. ¿Qué estamos buscando realmente? Aquí aparece, a mi juicio, la cuestión fundamental. El problema no es viajar para ver un eclipse. No es gastar dinero. No es disfrutar. No es hacer turismo. No es fotografiar. No es celebrar. Todo eso forma parte de una vida humana perfectamente legítima. La cuestión es otra: ¿Qué lugar ocupa todo ello dentro de nuestra jerarquía de valores? Porque una sociedad puede dedicar enormes cantidades de energía a satisfacer deseos inmediatos y, al mismo tiempo, mostrar una preocupante incapacidad para ocuparse de necesidades colectivas más profundas. Podemos organizar extraordinariamente bien un desplazamiento masivo para contemplar dos minutos de oscuridad y ser incapaces de organizar con igual entusiasmo aquello que afecta durante años a la vida de millones de personas. Podemos convertir un fenómeno astronómico en una extraordinaria oportunidad económica y tener muchas más dificultades para convertir el crecimiento económico en bienestar compartido. Podemos competir por conseguir el mejor lugar para mirar al cielo y no preocuparnos demasiado por quién se queda atrás en la tierra. No es una acusación. Es una paradoja. Y las paradojas son excelentes instrumentos para pensar. Una sociedad orientada hacia el disfrute Quizá el eclipse nos permita contemplar otra característica de nuestra sociedad: la progresiva identificación entre felicidad y consumo de experiencias. Parece que necesitamos acontecimientos. Necesitamos estímulos. Necesitamos novedades. Necesitamos viajar. Necesitamos celebrar. Necesitamos experimentar. Necesitamos sentir. Y, sobre todo, necesitamos evitar el aburrimiento. Pero una vida humana no puede sostenerse indefinidamente sobre la búsqueda de estímulos. La experiencia intensa no equivale necesariamente a una experiencia valiosa. El placer no equivale necesariamente a la felicidad. La diversión no equivale necesariamente al desarrollo personal. Y la acumulación de experiencias no garantiza una vida con sentido. Podemos tener miles de fotografías y pocos recuerdos verdaderamente significativos. Podemos viajar por medio mundo y no haber aprendido a mirar al vecino. Podemos asistir a acontecimientos extraordinarios y permanecer completamente ajenos a las personas que tenemos al lado. Podemos incluso contemplar la inmensidad del universo y seguir pensando exclusivamente en nosotros mismos. Dos minutos que podrían decirnos mucho El eclipse tendrá una duración limitada. La totalidad será fugaz. La sombra atravesará el territorio y desaparecerá. Después volverá la luz. Pero quizá nosotros deberíamos intentar que esos dos minutos no fueran solamente un acontecimiento astronómico. Podrían convertirse también en un pequeño experimento social. Observar qué hacemos. Cómo nos comportamos. Qué estamos dispuestos a pagar. Hasta dónde estamos dispuestos a desplazarnos. Cuánto estamos dispuestos a esperar. Qué sacrificios aceptamos. Qué recursos colectivos movilizamos. Qué importancia concedemos a la experiencia. Y, sobre todo, qué hacemos después de que termine. Porque el verdadero valor de un acontecimiento quizá no esté solamente en la intensidad con la que lo vivimos, sino en aquello que deja en nosotros. Si el 12 de agosto miramos al cielo y durante dos minutos sentimos asombro ante la extraordinaria mecánica del universo, quizá hayamos ganado algo. Si además conseguimos sentirnos parte de una humanidad que comparte el mismo planeta, quizá hayamos ganado mucho más. Pero si después de esos dos minutos solamente nos queda una fotografía para las redes sociales, una factura del hotel y la satisfacción de poder decir "yo estuve allí", quizá el eclipse haya pasado por encima de nosotros sin haber conseguido realmente iluminarnos. El cielo no necesita de nosotros Hay una última ironía. El eclipse no necesita publicidad. No necesita promoción. No necesita una estrategia de marketing. No necesita que nadie lo convierta en tendencia. No necesita que nadie lo monetice. No necesita que lo compartamos. La Luna pasará delante del Sol exactamente igual si estamos allí como si no estamos. Y quizá ahí resida su mayor enseñanza. Durante unos minutos, el universo seguirá funcionando sin tener en cuenta nuestros deseos, nuestras prisas, nuestros teléfonos, nuestros negocios y nuestras pequeñas competiciones. La sombra avanzará. El Sol desaparecerá. El día se hará noche. Y después todo volverá a ser como antes. Por eso quizá deberíamos aprovechar esos dos minutos no solamente para mirar hacia arriba, sino también para mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué clase de sociedad somos cuando un acontecimiento que dura dos minutos puede movilizar tanta energía, tanto dinero, tanta ansiedad y tanta competencia? Y, sobre todo: ¿qué otros acontecimientos, mucho más importantes y mucho más duraderos, deberían ser capaces de movilizarnos con la misma intensidad? Quizá esa sea la verdadera pregunta que nos deja el 12A. Porque el eclipse durará dos minutos. Pero lo que esos dos minutos digan de nosotros puede durar bastante más.
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12A, una noche de dos minutos sobre Galicia

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 9 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

12A, una noche de dos minutos sobre Galicia

Hay acontecimientos que duran horas, acontecimientos que duran días y acontecimientos que, aunque apenas duran unos minutos, son capaces de movilizar durante meses a gobiernos, empresas, ciudadanos, medios de comunicación y redes sociales.

El próximo 12 de agosto tendremos uno de ellos.

Un eclipse total de Sol se producirá en una amplia franja de la península y, durante unos minutos, el día se convertirá en noche. Será un espectáculo astronómico extraordinario. Una de esas ocasiones en las que la naturaleza nos recuerda, sin necesidad de discursos, que seguimos viviendo en un planeta sometido a leyes que no hemos establecido nosotros, a pesar de las voces que promueven ideas contrarias fomentando la creencia de que el hombre es capaz de controlar o modular positivamente los fenómenos naturales de cierta envergadura.

El verdadero fenómeno que deberíamos observar el día 12 no es solamente el eclipse: ¿por qué no nos observamos a nosotros mismos?

Alrededor de esos pocos minutos se ha levantado una gigantesca estructura humana, psicofísica, económica, tecnológica y logística.

Y ahí es donde el eclipse comienza a resultar un objeto de reflexión sociológica.

El Estado para dos minutos

Miles de personas se desplazarán buscando unos minutos de totalidad. Se reforzarán carreteras, transportes, comunicaciones, servicios sanitarios y dispositivos de seguridad. La Guardia Civil ha anunciado un despliegue extraordinario de más de 24.000 agentes en el conjunto de España, con unidades de tráfico, seguridad ciudadana, medio ambiente, servicios marítimos y aéreos, drones y otros recursos especializados.

En Galicia, la propia Xunta ha preparado un dispositivo específico de protección civil y medidas para reforzar el transporte público ante el incremento previsible de desplazamientos.

No hay nada necesariamente censurable en ello.

Al contrario: cuando millones de personas se desplazan excepcionalmente, es razonable que los poderes públicos prevengan accidentes, colapsos, incendios, problemas sanitarios o situaciones de emergencia.

Pero la magnitud del dispositivo invita a una pregunta.

¿Qué dice de nosotros que seamos capaces de movilizar semejante cantidad de recursos colectivos para garantizar que millones de personas puedan disfrutar durante unos minutos de una experiencia extraordinaria?

La pregunta no pretende negar el valor del acontecimiento.

Pretende ponerlo en relación con otros acontecimientos menos espectaculares de nuestra vida colectiva.

Porque también existen problemas que duran mucho más de dos minutos y para los cuales rara vez contemplamos movilizaciones semejantes de recursos, entusiasmo y voluntad colectiva.

Quizá el eclipse sea una buena ocasión para preguntarnos qué cosas consideramos verdaderamente importantes.

La economía de no perdérselo

Alrededor de la franja de totalidad del eclipse ha aparecido también otro fenómeno: una formidable expectativa de negocio.

Alojamientos, restaurantes, transporte, actividades turísticas, excursiones, observatorios, alquileres, experiencias exclusivas, lugares privilegiados de observación...

La economía ha comprendido rápidamente que hay algo que vender.

Y no hay nada extraño en ello.

Allí donde existe una necesidad, un deseo o una emoción, aparece el mercado.

Pero aquí surge un elemento particularmente interesante: el miedo a quedarse fuera.

No basta con ver el eclipse.

Hay que verlo desde el lugar correcto.

No basta con estar allí.

Hay que estar dentro de la franja de totalidad.

No basta con disfrutarlo.

Hay que fotografiarlo, grabarlo, compartirlo y demostrar que estuvimos allí.

El fenómeno astronómico se transforma así en experiencia de consumo.

Y la experiencia de consumo, a su vez, se transforma en experiencia social.

El eclipse deja de ser solamente un acontecimiento que contemplamos para convertirse en un acontecimiento que debemos poseer.

Aunque solamente sea durante dos minutos.

El extraño poder del "no me lo puedo perder"

Hay una expresión contemporánea que merece quizá más atención de la que solemos concederle:

"No me lo puedo perder."

Parece una frase inocente.

Pero encierra una poderosa estructura psicológica.

¿Por qué no podemos perdérnoslo?

¿Qué sucedería realmente si no estuviéramos allí?

¿Qué perderíamos?

¿Una experiencia estética? ¿Un recuerdo? ¿Una conversación? ¿Una fotografía? ¿Una oportunidad única?

Probablemente sí.

Pero también puede haber algo más profundo: el temor a quedar excluidos de una experiencia colectiva.

El miedo a que los demás hayan vivido algo que nosotros no.

Y ahí aparece el fenómeno conocido como FOMO —fear of missing out—, el miedo a perdernos aquello que otros están disfrutando.

Las redes sociales han convertido este mecanismo en una poderosa fuerza de comportamiento.

Ya no basta con vivir.

Hay que vivir aquello que merece ser mostrado.

Ya no basta con experimentar.

Hay que experimentar lo que otros consideran digno de experimentar.

Y ya no basta con disfrutar.

Hay que poder demostrar que disfrutamos.

El eclipse puede convertirse así en una gigantesca fotografía colectiva de nuestra época.

Millones de personas mirando hacia el cielo.

Y, paradójicamente, muchas de ellas preocupadas simultáneamente por el teléfono móvil.

Una competición por unos segundos

Hay algo todavía más paradójico.

El eclipse será exactamente el mismo para todos.

La Luna no distinguirá entre ricos y pobres.

No distinguirá entre turistas y residentes.

No distinguirá entre quienes pagaron una fortuna por alojarse en un lugar privilegiado y quienes simplemente levantaron la mirada desde el jardín de su casa.

El eclipse es democrático.

Sin embargo, nosotros podemos convertirlo en competitivo.

¿Quién consiguió el mejor lugar?

¿Quién reservó primero?

¿Quién pagó menos?

¿Quién pagó más?

¿Quién consiguió la mejor fotografía?

¿Quién estuvo más cerca?

¿Quién consiguió el alojamiento más exclusivo?

¿Quién tuvo la experiencia más extraordinaria?

Es curioso.

Un fenómeno cósmico que podría recordarnos nuestra pequeñez termina convertido en otra competición humana.

Incluso frente al cielo podemos competir.

El eclipse como fenómeno de masas

Las masas no son necesariamente malas.

Una sociedad necesita acontecimientos colectivos. Necesita rituales, celebraciones, símbolos y experiencias compartidas.

El problema aparece cuando la dimensión colectiva no produce comunidad, sino simplemente agregación.

Una multitud no es necesariamente una comunidad.

Podemos ser millones de personas haciendo exactamente lo mismo y seguir siendo individuos completamente aislados.

Podemos contemplar juntos el mismo eclipse sin experimentar ninguna forma de solidaridad.

Podemos compartir el mismo espectáculo y no compartir absolutamente nada.

Esta distinción me parece fundamental.

La sociedad de masas puede reunir físicamente a las personas sin acercarlas moralmente.

Y quizá esa sea una de las preguntas que deberíamos hacernos el 12 de agosto.

Cuando millones de personas miren simultáneamente hacia el cielo, ¿estaremos viviendo un momento de comunidad?

¿O simplemente estaremos participando en un gigantesco acontecimiento de consumo?

El cuerpo también paga la fiesta

Hay otra dimensión menos visible.

Todo acontecimiento de masas tiene costes.

Horas de carretera.

Atascos.

Esperas.

Calor.

Falta de descanso.

Desplazamientos apresurados.

Saturación de servicios.

Ansiedad.

Preocupación por encontrar el lugar adecuado.

Miedo a llegar tarde.

Necesidad de reservar.

Necesidad de competir.

Necesidad de aprovechar al máximo una experiencia que solamente durará unos minutos.

La propia administración recomienda planificar los desplazamientos y adoptar precauciones específicas para evitar problemas de movilidad y seguridad.

Pero hay un coste psicológico más sutil.

La obligación de disfrutar.

Quizá esta sea una de las características más extrañas de nuestra época.

No solamente tenemos que divertirnos.

Tenemos que aprovechar la diversión.

Una experiencia tiene que ser memorable.

Un viaje tiene que ser extraordinario.

Una comida tiene que ser excepcional.

Un concierto tiene que ser inolvidable.

Un eclipse tiene que ser "el momento de nuestra vida".

Y cuando convertimos el disfrute en obligación, el disfrute comienza a parecerse sospechosamente a un trabajo.

¿Qué estamos buscando realmente?

Aquí aparece, a mi juicio, la cuestión fundamental.

El problema no es viajar para ver un eclipse.

No es gastar dinero.

No es disfrutar.

No es hacer turismo.

No es fotografiar.

No es celebrar.

Todo eso forma parte de una vida humana perfectamente legítima.

La cuestión es otra:

¿Qué lugar ocupa todo ello dentro de nuestra jerarquía de valores?

Porque una sociedad puede dedicar enormes cantidades de energía a satisfacer deseos inmediatos y, al mismo tiempo, mostrar una preocupante incapacidad para ocuparse de necesidades colectivas más profundas.

Podemos organizar extraordinariamente bien un desplazamiento masivo para contemplar dos minutos de oscuridad y ser incapaces de organizar con igual entusiasmo aquello que afecta durante años a la vida de millones de personas.

Podemos convertir un fenómeno astronómico en una extraordinaria oportunidad económica y tener muchas más dificultades para convertir el crecimiento económico en bienestar compartido.

Podemos competir por conseguir el mejor lugar para mirar al cielo y no preocuparnos demasiado por quién se queda atrás en la tierra.

No es una acusación.

Es una paradoja.

Y las paradojas son excelentes instrumentos para pensar.

Una sociedad orientada hacia el disfrute

Quizá el eclipse nos permita contemplar otra característica de nuestra sociedad: la progresiva identificación entre felicidad y consumo de experiencias.

Parece que necesitamos acontecimientos.

Necesitamos estímulos.

Necesitamos novedades.

Necesitamos viajar.

Necesitamos celebrar.

Necesitamos experimentar.

Necesitamos sentir.

Y, sobre todo, necesitamos evitar el aburrimiento.

Pero una vida humana no puede sostenerse indefinidamente sobre la búsqueda de estímulos.

La experiencia intensa no equivale necesariamente a una experiencia valiosa.

El placer no equivale necesariamente a la felicidad.

La diversión no equivale necesariamente al desarrollo personal.

Y la acumulación de experiencias no garantiza una vida con sentido.

Podemos tener miles de fotografías y pocos recuerdos verdaderamente significativos.

Podemos viajar por medio mundo y no haber aprendido a mirar al vecino.

Podemos asistir a acontecimientos extraordinarios y permanecer completamente ajenos a las personas que tenemos al lado.

Podemos incluso contemplar la inmensidad del universo y seguir pensando exclusivamente en nosotros mismos.

Dos minutos que podrían decirnos mucho

El eclipse tendrá una duración limitada.

La totalidad será fugaz.

La sombra atravesará el territorio y desaparecerá.

Después volverá la luz.

Pero quizá nosotros deberíamos intentar que esos dos minutos no fueran solamente un acontecimiento astronómico.

Podrían convertirse también en un pequeño experimento social.

Observar qué hacemos.

Cómo nos comportamos.

Qué estamos dispuestos a pagar.

Hasta dónde estamos dispuestos a desplazarnos.

Cuánto estamos dispuestos a esperar.

Qué sacrificios aceptamos.

Qué recursos colectivos movilizamos.

Qué importancia concedemos a la experiencia.

Y, sobre todo, qué hacemos después de que termine.

Porque el verdadero valor de un acontecimiento quizá no esté solamente en la intensidad con la que lo vivimos, sino en aquello que deja en nosotros.

Si el 12 de agosto miramos al cielo y durante dos minutos sentimos asombro ante la extraordinaria mecánica del universo, quizá hayamos ganado algo.

Si además conseguimos sentirnos parte de una humanidad que comparte el mismo planeta, quizá hayamos ganado mucho más.

Pero si después de esos dos minutos solamente nos queda una fotografía para las redes sociales, una factura del hotel y la satisfacción de poder decir "yo estuve allí", quizá el eclipse haya pasado por encima de nosotros sin haber conseguido realmente iluminarnos.

El cielo no necesita de nosotros

Hay una última ironía.

El eclipse no necesita publicidad.

No necesita promoción.

No necesita una estrategia de marketing.

No necesita que nadie lo convierta en tendencia.

No necesita que nadie lo monetice.

No necesita que lo compartamos.

La Luna pasará delante del Sol exactamente igual si estamos allí como si no estamos.

Y quizá ahí resida su mayor enseñanza.

Durante unos minutos, el universo seguirá funcionando sin tener en cuenta nuestros deseos, nuestras prisas, nuestros teléfonos, nuestros negocios y nuestras pequeñas competiciones.

La sombra avanzará.

El Sol desaparecerá.

El día se hará noche.

Y después todo volverá a ser como antes.

Por eso quizá deberíamos aprovechar esos dos minutos no solamente para mirar hacia arriba, sino también para mirarnos a nosotros mismos.

¿Qué clase de sociedad somos cuando un acontecimiento que dura dos minutos puede movilizar tanta energía, tanto dinero, tanta ansiedad y tanta competencia?

Y, sobre todo:

¿qué otros acontecimientos, mucho más importantes y mucho más duraderos, deberían ser capaces de movilizarnos con la misma intensidad?

Quizá esa sea la verdadera pregunta que nos deja el 12A.

Porque el eclipse durará dos minutos.

Pero lo que esos dos minutos digan de nosotros puede durar bastante más.

PORTADA DEL PAÍS Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Análisis
La acogida de menores pone a prueba las alianzas del PP y Vox
Fecha: 6 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.El titular «La acogida de menores pone a prueba las alianzas del PP y Vox» presenta el debate político como si la cuestión controvertida fuera la acogida de menores, cuando, en realidad, el objeto principal de la controversia es el plan de redistribución de menores procedentes de Ceuta impulsado por el Gobierno y los criterios jurídicos, organizativos y financieros sobre los que se articula. Desde un punto de vista informativo, el titular tiende a identificar implícitamente la acogida de menores con la aceptación del mecanismo de reparto diseñado por el Gobierno, sugiriendo que la discrepancia política versa sobre la voluntad de prestar asistencia a los menores. Sin embargo, una parte significativa de las críticas formuladas por distintas comunidades autónomas no se dirige necesariamente a la obligación de protección de los menores —que deriva del ordenamiento jurídico—, sino al concreto sistema de redistribución propuesto y a las condiciones en que pretende ejecutarse. Asimismo, el enfoque elegido centra la atención exclusivamente en las eventuales tensiones entre el PP y Vox, omitiendo que las reservas al plan gubernamental también han sido expresadas por otros actores políticos, entre ellos catalanes de derechas conocidos por su irredento independentismo, que han condicionado su apoyo parlamentario al Gobierno a la exclusión de Cataluña del reparto, invocando el precedente de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y el criterio del «esfuerzo previo de acogida»; o el PNV, que se ha sumado a ese rechazo alegando el interés superior del menor y la falta de arraigo territorial de los destinos propuestos. Del mismo modo, otras comunidades autónomas han manifestado reservas de índole material o han optado por acudir a la vía judicial antes de fijar una posición definitiva. En este último plano, la controversia ha trascendido ya el terreno declarativo para instalarse en sede jurisdiccional. La Junta de Extremadura ha autorizado a su Abogacía General a interponer recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de las delegaciones del Gobierno en Ceuta y Canarias, invocando invasión de competencias autonómicas. La Xunta de Galicia, por su parte, mantiene un recurso ante el Tribunal Supremo contra el carácter obligatorio del mecanismo de reparto, aun reconociendo que deberá atender a los menores que finalmente le sean asignados. Se trata, por tanto, de un conflicto que ha adquirido naturaleza jurídico-competencial y que el titular analizado no refleja en absoluto al reducirlo a una tensión de alianza electoral. La noticia tampoco recoge otros elementos relevantes para comprender el debate, reiteradamente invocados por diversas comunidades autónomas: la insuficiencia de plazas disponibles, la falta de financiación estatal suficiente —los 25 millones de euros anunciados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han sido calificados por varias comunidades como manifiestamente insuficientes—, la ausencia de una planificación previa y las discrepancias sobre la legalidad y los criterios empleados para la distribución territorial de los menores. En estas circunstancias, un titular que atribuye el conflicto a la «acogida de menores» resulta simplificador, al desplazar el foco desde la controversia sobre el mecanismo de redistribución hacia una aparente oposición a la protección de los menores. Desde la perspectiva de la calidad informativa, habría sido más preciso identificar expresamente que el objeto de la controversia es el plan de reparto promovido por el Gobierno, en lugar de presentar la cuestión como un debate genérico sobre la acogida de menores. Cabe además deducir una intencionalidad concreta en el encuadre editorial elegido. Presentar el conflicto como una fractura interna del bloque PP-Vox permite arrojar una sombra de dudas sobre el desgaste político ajena al fondo del asunto, y desplaza el foco de escrutinio desde la gestión gubernamental de la crisis —suficiencia de plazas, financiación, planificación previa, criterios de reparto— hacia la conflictividad de terceros. Se trata de una operación de encuadre (framing) que convierte una controversia jurídico-administrativa y competencial en una confusión deliberada con una supuesta y no probada rivalidad partidista, más rentable en términos de audiencia y, en última instancia, más favorable al actor —el Gobierno— cuya actuación constituye precisamente el objeto primario del debate que el titular oscurece.
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La acogida de menores pone a prueba las alianzas del PP y Vox

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 6 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

El titular «La acogida de menores pone a prueba las alianzas del PP y Vox» presenta el debate político como si la cuestión controvertida fuera la acogida de menores, cuando, en realidad, el objeto principal de la controversia es el plan de redistribución de menores procedentes de Ceuta impulsado por el Gobierno y los criterios jurídicos, organizativos y financieros sobre los que se articula.

Desde un punto de vista informativo, el titular tiende a identificar implícitamente la acogida de menores con la aceptación del mecanismo de reparto diseñado por el Gobierno, sugiriendo que la discrepancia política versa sobre la voluntad de prestar asistencia a los menores. Sin embargo, una parte significativa de las críticas formuladas por distintas comunidades autónomas no se dirige necesariamente a la obligación de protección de los menores —que deriva del ordenamiento jurídico—, sino al concreto sistema de redistribución propuesto y a las condiciones en que pretende ejecutarse.

Asimismo, el enfoque elegido centra la atención exclusivamente en las eventuales tensiones entre el PP y Vox, omitiendo que las reservas al plan gubernamental también han sido expresadas por otros actores políticos, entre ellos catalanes de derechas conocidos por su irredento independentismo, que han condicionado su apoyo parlamentario al Gobierno a la exclusión de Cataluña del reparto, invocando el precedente de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y el criterio del «esfuerzo previo de acogida»; o el PNV, que se ha sumado a ese rechazo alegando el interés superior del menor y la falta de arraigo territorial de los destinos propuestos. Del mismo modo, otras comunidades autónomas han manifestado reservas de índole material o han optado por acudir a la vía judicial antes de fijar una posición definitiva.

En este último plano, la controversia ha trascendido ya el terreno declarativo para instalarse en sede jurisdiccional. La Junta de Extremadura ha autorizado a su Abogacía General a interponer recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de las delegaciones del Gobierno en Ceuta y Canarias, invocando invasión de competencias autonómicas. La Xunta de Galicia, por su parte, mantiene un recurso ante el Tribunal Supremo contra el carácter obligatorio del mecanismo de reparto, aun reconociendo que deberá atender a los menores que finalmente le sean asignados. Se trata, por tanto, de un conflicto que ha adquirido naturaleza jurídico-competencial y que el titular analizado no refleja en absoluto al reducirlo a una tensión de alianza electoral.

La noticia tampoco recoge otros elementos relevantes para comprender el debate, reiteradamente invocados por diversas comunidades autónomas: la insuficiencia de plazas disponibles, la falta de financiación estatal suficiente —los 25 millones de euros anunciados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han sido calificados por varias comunidades como manifiestamente insuficientes—, la ausencia de una planificación previa y las discrepancias sobre la legalidad y los criterios empleados para la distribución territorial de los menores.

En estas circunstancias, un titular que atribuye el conflicto a la «acogida de menores» resulta simplificador, al desplazar el foco desde la controversia sobre el mecanismo de redistribución hacia una aparente oposición a la protección de los menores. Desde la perspectiva de la calidad informativa, habría sido más preciso identificar expresamente que el objeto de la controversia es el plan de reparto promovido por el Gobierno, en lugar de presentar la cuestión como un debate genérico sobre la acogida de menores.

Cabe además deducir una intencionalidad concreta en el encuadre editorial elegido. Presentar el conflicto como una fractura interna del bloque PP-Vox permite arrojar una sombra de dudas sobre el desgaste político ajena al fondo del asunto, y desplaza el foco de escrutinio desde la gestión gubernamental de la crisis —suficiencia de plazas, financiación, planificación previa, criterios de reparto— hacia la conflictividad de terceros. Se trata de una operación de encuadre (framing) que convierte una controversia jurídico-administrativa y competencial en una confusión deliberada con una supuesta y no probada rivalidad partidista, más rentable en términos de audiencia y, en última instancia, más favorable al actor —el Gobierno— cuya actuación constituye precisamente el objeto primario del debate que el titular oscurece.

PORTADA DE EL MUNDO Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Análisis
Marlaska se retrasó con el muro flotante pero carga contra el CNI
Fecha: 5 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.Una lectura comparada y pausada de la prensa española tras la reciente invasión a través de la frontera de Ceuta constituye, sin más aderezo, un interesante ejercicio de constatación del estado del periodismo en España. Da lugar a cierta estupefacción comprobar cómo los mismos hechos conducen a titulares y conclusiones antagónicas. El fenómeno puede hacer pensar al lector que cada periódico informa sobre hechos distintos. Los medios próximos al Gobierno autodenominado progresista presentan como principal noticia el respaldo recibido desde Bruselas a la gestión española de la crisis. La secuencia real, sin embargo, es más matizada de lo que esos titulares sugieren: la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, remitió una carta a Pedro Sánchez felicitando tanto a España como a Marruecos por la contención de la situación, mientras que los ministros de Interior de la UE —no el Consejo de Asuntos Exteriores, como suele repetirse por simplificación periodística— expresaron "firme solidaridad" con España en una reunión virtual el 4 de agosto, centrada en reforzar la lucha contra las redes de tráfico de personas. Ese respaldo político, real, convivió desde el primer momento con una condición explícita: la exigencia de reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión para que el episodio no se repita. Presentar el respaldo sin esa condición —o presentar la condición sin el respaldo— es la misma fragmentación de la que habla este artículo, practicada por ambos bandos editoriales. En una posición algo más distante, otros periódicos centran su atención en las advertencias formuladas desde Bruselas acerca de la necesidad de reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión. En estas informaciones comienza a aflorar otra cuestión especialmente delicada: la posible falta de anticipación de los servicios de inteligencia españoles —sindicatos y asociaciones policiales habían advertido días antes sobre la presión migratoria y la falta de recursos— y las dudas sobre la eficacia de los mecanismos de prevención y respuesta ante una operación de estas características. No faltan tampoco quienes subrayan que las instituciones europeas han cuestionado la oportunidad política de la regularización extraordinaria de migrantes, procurando desvincularla expresamente de la crisis fronteriza para evitar que pueda interpretarse como un incentivo a nuevos movimientos migratorios. Aquí también conviene precisar: el programa de regularización, anunciado a principios de año con el objetivo declarado de dar vía legal a unos 500.000 migrantes indocumentados, recibió más de un millón de solicitudes. Y, finalmente, algunos medios optan por desplazar el foco hacia los efectos económicos de dicha regularización, destacando el incremento histórico de las afiliaciones a la Seguridad Social, como si el balance estadístico bastara para neutralizar el debate sobre sus consecuencias en materia de seguridad y control de fronteras. El distanciamiento europeo que la información oficial minimiza Aquí es donde la versión dominante en los medios afines al Gobierno se vuelve más incompleta, porque el respaldo institucional descrito arriba no fue unánime ni estuvo exento de fricción. Veintidós jefes de Estado y de Gobierno de la Unión remitieron una carta conjunta a la presidencia irlandesa del Consejo, a António Costa y a Ursula von der Leyen en la que sostienen que decisiones recientes adoptadas por España —entre ellas, la sentencia del Tribunal Supremo sobre las llamadas devoluciones en caliente y la propia regularización extraordinaria— podrían haber operado como factor de llamada para nuevas entradas. Es, dicho sin eufemismos, una crítica directa a la política migratoria del Ejecutivo español firmada por veintidós socios comunitarios, no una discrepancia marginal de dos o tres gobiernos incómodos. El episodio más visible de ese distanciamiento fue el protagonizado por Italia. La primera ministra Giorgia Meloni pidió suspender la participación de España en el espacio Schengen y endurecer los controles de viaje desde territorio español. Su ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, llegó a afirmar —sin aportar pruebas— que la política migratoria de Madrid "fomenta el tráfico de personas", lo que llevó a Albares a convocar al embajador italiano en Madrid. El propio Sánchez trasladó por escrito a von der Leyen, Costa y al primer ministro irlandés Micheál Martin —que ejerce la presidencia rotatoria y ha actuado de mediador— su "profunda preocupación" por la reacción de "algunos gobiernos europeos". Albares, por su parte, habló de una "internacional reaccionaria" que habría difundido "mentiras y falsas noticias" incluso antes de que España y Marruecos pudieran evaluar el alcance real de la crisis, y llegó a reprochar a Italia no haber estado "a la altura", en referencia a la gestión italiana de Lampedusa. El resultado final —el respaldo expreso obtenido en la reunión de ministros de Interior y la carta de von der Leyen— se ha presentado en los medios afines como una reivindicación plena de la gestión del Gobierno. Es más exacto describirlo como lo que el ministro irlandés de Interior, Jim O'Callaghan, resumió: una Unión que se declara "unida y dispuesta a apoyar a España" a cambio de un compromiso de reforzar el control fronterizo exterior. Es un respaldo condicionado y alcanzado después de gestionar activamente el malestar de varios socios, no una absolución sin matices. Omitir la carta de los veintidós o la disputa con Italia para quedarse solo con la foto final de solidaridad es exactamente el tipo de selección editorial que este artículo denuncia en el resto de la prensa. Como sería el caso en una sociedad profundamente dividida y fragmentada, se suceden interpretaciones para todos los gustos. Cada línea editorial selecciona aquellos aspectos que mejor encajan con su propio marco ideológico, relegando a un segundo plano otros hechos igualmente relevantes. El resultado es una ciudadanía que recibe una realidad fragmentada, filtrada y frecuentemente condicionada por intereses políticos, ideológicos y comerciales. Sin embargo, quizá el aspecto más preocupante sea precisamente aquello sobre lo que apenas se escribe. Más allá de las responsabilidades inmediatas, de los reproches partidistas o de la batalla por ganar la guerra de opiniones, la cuestión verdaderamente trascendente es que Europa acaba de enfrentarse a un escenario que desborda los parámetros tradicionales de la gestión migratoria. Los acontecimientos vividos en Ceuta, con cerca de sesenta mil personas cruzando la frontera en el curso de la crisis —algunas fuentes hablan de más de setenta mil entradas en un solo periodo de veinticuatro horas—, superan en magnitud incluso la crisis de mayo de 2021. Obligan a replantear el concepto mismo de protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Ya no estamos únicamente ante un problema de política migratoria, ni siquiera exclusivamente de cooperación policial. Nos encontramos ante un desafío híbrido en el que confluyen inmigración irregular, presión diplomática ejercida por terceros Estados (¿Marruecos?, en el contexto de la reciente visita de Sánchez a Argelia), desinformación —el propio Albares atribuyó parte del efecto llamada a bulos difundidos en redes sociales sobre un supuesto acceso automático a la permanencia en Europa— y graves deficiencias en los sistemas de inteligencia y respuesta estratégica. Conviene, eso sí, situar el episodio en su contexto continental: los cruces irregulares hacia la UE en su conjunto han caído un 37% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según la propia agencia fronteriza comunitaria. Ceuta no es representativa de una tendencia general al alza, sino un pico agudo y localizado que, precisamente por su concentración temporal y geográfica, ha resultado desbordante para los dispositivos existentes. Las fronteras exteriores de la Unión han dejado de ser una cuestión exclusivamente nacional para convertirse en un elemento esencial de la seguridad colectiva europea, como se ha puesto en evidencia por la propia reunión de urgencia de los ministros de Interior, por mucho que el Gobierno español se apunte el tanto del protagonismo de la convocatoria de una manera claramente ficticia. Cuando una frontera española es vulnerada de forma masiva, no solo se pone en cuestión la capacidad del Estado para ejercer el control efectivo de su territorio, sino también la credibilidad del propio espacio Schengen y del sistema común de seguridad europeo —credibilidad que, no por casualidad, es precisamente lo que Italia puso sobre la mesa al reclamar su suspensión. La tragedia adquiere una dimensión aún más dramática cuando se recuerda su coste humano, y aquí también los hechos se cuentan de forma distinta a cada lado de la valla. España, a través de la Guardia Civil, elevó su balance a 72 personas fallecidas confirmadas, mientras que el Gobierno de la ciudad autónoma, presidido por Juan Vivas, contabilizaba 88 cadáveres recibidos en la morgue improvisada del antiguo hospital militar de Ceuta —algunos correspondientes a intentos de cruce de las dos semanas previas—; buzos del GEAS calculaban que otros quince cuerpos podían seguir en el fondo del mar, y la Asociación Unificada de Guardias Civiles llegó a hablar de más de cien víctimas. Marruecos, por su parte, tardó tres días en ofrecer un balance oficial y lo fijó en solo 11 fallecidos en sus aguas —diez ahogados y uno por caída en zona rocosa—, una cifra que su propio Ministerio del Interior presentó como provisional y "en verificación" con las autoridades españolas. El mismo desfase se repite con el número de entradas: Rabat habla de 40.000, Madrid de más de 69.000 salidas voluntarias contabilizadas. Ni siquiera el recuento de los muertos escapa, por tanto, a la lógica de versiones paralelas que abre este artículo. Detrás de esas cifras, sea cual sea su valor final, existen historias personales, redes criminales de tráfico de seres humanos, familias rotas —muchas de ellas esperando aún noticias al otro lado de la valla, con menores incluidos entre los desaparecidos— y un fracaso colectivo de las políticas de cooperación, prevención y control. Reducir semejante desastre a un intercambio de titulares favorables o desfavorables para el Gobierno constituye una simplificación que resulta difícilmente justificable. La reflexión, por tanto, debería dirigirse hacia cuestiones mucho más profundas. ¿Qué información manejaban realmente los servicios de inteligencia? ¿Existieron advertencias previas que no fueron debidamente atendidas —más allá de las que ya formularon públicamente sindicatos policiales antes de la crisis—? ¿Disponían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los recursos humanos y materiales adecuados? ¿Ha funcionado el sistema europeo de coordinación de fronteras tal y como fue concebido? Sin perjuicio de la grave irresponsabilidad del Gobierno español, ¿qué responsabilidad corresponde a las instituciones comunitarias en la protección de las fronteras exteriores? ¿Puede seguir afrontándose este fenómeno con instrumentos diseñados para una realidad geopolítica que ya no existe? ¿Y hasta qué punto tienen razón los veintidós firmantes de la carta a Bruselas cuando señalan que ciertas decisiones internas españolas —devoluciones en caliente, regularización extraordinaria— pueden actuar como factor de atracción, más allá de que uno comparta o no el fondo de esas políticas? Responder a estas preguntas exige abandonar el terreno de la propaganda —española e italiana por igual— y adentrarse en un análisis sereno, técnico y desapasionado. Solo así será posible desmenuzar el cúmulo de omisiones, errores de planificación, decisiones políticas y fallos operativos que han desembocado en una crisis de semejante magnitud. La reciente invasión de la frontera de Ceuta no constituye únicamente un episodio migratorio. Representa un punto de inflexión en la concepción de la seguridad europea, y también un ensayo general de hasta qué punto la solidaridad comunitaria resiste cuando un socio grande —España— entra en conflicto abierto con otro socio grande —Italia— sobre cómo gestionar la misma amenaza. La Unión deberá decidir si continúa reaccionando de forma coyuntural ante cada crisis, gestionando cartas de veintidós países y embajadores convocados a golpe de titular, o si, por el contrario, asume definitivamente que la protección de sus fronteras exteriores constituye uno de los pilares fundamentales de su propia existencia como espacio político, jurídico y de libertad. Porque, en definitiva, cuando una frontera deja de ser segura, no solo queda comprometida la soberanía del Estado que la custodia; se resiente también la confianza de todos los ciudadanos europeos en la capacidad de sus instituciones para garantizar el primero de los bienes públicos: la seguridad.
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Marlaska se retrasó con el muro flotante pero carga contra el CNI

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Fecha: 5 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

Una lectura comparada y pausada de la prensa española tras la reciente invasión a través de la frontera de Ceuta constituye, sin más aderezo, un interesante ejercicio de constatación del estado del periodismo en España. Da lugar a cierta estupefacción comprobar cómo los mismos hechos conducen a titulares y conclusiones antagónicas. El fenómeno puede hacer pensar al lector que cada periódico informa sobre hechos distintos.

Los medios próximos al Gobierno autodenominado progresista presentan como principal noticia el respaldo recibido desde Bruselas a la gestión española de la crisis. La secuencia real, sin embargo, es más matizada de lo que esos titulares sugieren: la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, remitió una carta a Pedro Sánchez felicitando tanto a España como a Marruecos por la contención de la situación, mientras que los ministros de Interior de la UE —no el Consejo de Asuntos Exteriores, como suele repetirse por simplificación periodística— expresaron "firme solidaridad" con España en una reunión virtual el 4 de agosto, centrada en reforzar la lucha contra las redes de tráfico de personas. Ese respaldo político, real, convivió desde el primer momento con una condición explícita: la exigencia de reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión para que el episodio no se repita. Presentar el respaldo sin esa condición —o presentar la condición sin el respaldo— es la misma fragmentación de la que habla este artículo, practicada por ambos bandos editoriales.

En una posición algo más distante, otros periódicos centran su atención en las advertencias formuladas desde Bruselas acerca de la necesidad de reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión. En estas informaciones comienza a aflorar otra cuestión especialmente delicada: la posible falta de anticipación de los servicios de inteligencia españoles —sindicatos y asociaciones policiales habían advertido días antes sobre la presión migratoria y la falta de recursos— y las dudas sobre la eficacia de los mecanismos de prevención y respuesta ante una operación de estas características.

No faltan tampoco quienes subrayan que las instituciones europeas han cuestionado la oportunidad política de la regularización extraordinaria de migrantes, procurando desvincularla expresamente de la crisis fronteriza para evitar que pueda interpretarse como un incentivo a nuevos movimientos migratorios. Aquí también conviene precisar: el programa de regularización, anunciado a principios de año con el objetivo declarado de dar vía legal a unos 500.000 migrantes indocumentados, recibió más de un millón de solicitudes. Y, finalmente, algunos medios optan por desplazar el foco hacia los efectos económicos de dicha regularización, destacando el incremento histórico de las afiliaciones a la Seguridad Social, como si el balance estadístico bastara para neutralizar el debate sobre sus consecuencias en materia de seguridad y control de fronteras.

El distanciamiento europeo que la información oficial minimiza

Aquí es donde la versión dominante en los medios afines al Gobierno se vuelve más incompleta, porque el respaldo institucional descrito arriba no fue unánime ni estuvo exento de fricción. Veintidós jefes de Estado y de Gobierno de la Unión remitieron una carta conjunta a la presidencia irlandesa del Consejo, a António Costa y a Ursula von der Leyen en la que sostienen que decisiones recientes adoptadas por España —entre ellas, la sentencia del Tribunal Supremo sobre las llamadas devoluciones en caliente y la propia regularización extraordinaria— podrían haber operado como factor de llamada para nuevas entradas. Es, dicho sin eufemismos, una crítica directa a la política migratoria del Ejecutivo español firmada por veintidós socios comunitarios, no una discrepancia marginal de dos o tres gobiernos incómodos.

El episodio más visible de ese distanciamiento fue el protagonizado por Italia. La primera ministra Giorgia Meloni pidió suspender la participación de España en el espacio Schengen y endurecer los controles de viaje desde territorio español. Su ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, llegó a afirmar —sin aportar pruebas— que la política migratoria de Madrid "fomenta el tráfico de personas", lo que llevó a Albares a convocar al embajador italiano en Madrid. El propio Sánchez trasladó por escrito a von der Leyen, Costa y al primer ministro irlandés Micheál Martin —que ejerce la presidencia rotatoria y ha actuado de mediador— su "profunda preocupación" por la reacción de "algunos gobiernos europeos". Albares, por su parte, habló de una "internacional reaccionaria" que habría difundido "mentiras y falsas noticias" incluso antes de que España y Marruecos pudieran evaluar el alcance real de la crisis, y llegó a reprochar a Italia no haber estado "a la altura", en referencia a la gestión italiana de Lampedusa.

El resultado final —el respaldo expreso obtenido en la reunión de ministros de Interior y la carta de von der Leyen— se ha presentado en los medios afines como una reivindicación plena de la gestión del Gobierno. Es más exacto describirlo como lo que el ministro irlandés de Interior, Jim O'Callaghan, resumió: una Unión que se declara "unida y dispuesta a apoyar a España" a cambio de un compromiso de reforzar el control fronterizo exterior. Es un respaldo condicionado y alcanzado después de gestionar activamente el malestar de varios socios, no una absolución sin matices. Omitir la carta de los veintidós o la disputa con Italia para quedarse solo con la foto final de solidaridad es exactamente el tipo de selección editorial que este artículo denuncia en el resto de la prensa.

Como sería el caso en una sociedad profundamente dividida y fragmentada, se suceden interpretaciones para todos los gustos. Cada línea editorial selecciona aquellos aspectos que mejor encajan con su propio marco ideológico, relegando a un segundo plano otros hechos igualmente relevantes. El resultado es una ciudadanía que recibe una realidad fragmentada, filtrada y frecuentemente condicionada por intereses políticos, ideológicos y comerciales.

Sin embargo, quizá el aspecto más preocupante sea precisamente aquello sobre lo que apenas se escribe. Más allá de las responsabilidades inmediatas, de los reproches partidistas o de la batalla por ganar la guerra de opiniones, la cuestión verdaderamente trascendente es que Europa acaba de enfrentarse a un escenario que desborda los parámetros tradicionales de la gestión migratoria.

Los acontecimientos vividos en Ceuta, con cerca de sesenta mil personas cruzando la frontera en el curso de la crisis —algunas fuentes hablan de más de setenta mil entradas en un solo periodo de veinticuatro horas—, superan en magnitud incluso la crisis de mayo de 2021. Obligan a replantear el concepto mismo de protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Ya no estamos únicamente ante un problema de política migratoria, ni siquiera exclusivamente de cooperación policial. Nos encontramos ante un desafío híbrido en el que confluyen inmigración irregular, presión diplomática ejercida por terceros Estados (¿Marruecos?, en el contexto de la reciente visita de Sánchez a Argelia), desinformación —el propio Albares atribuyó parte del efecto llamada a bulos difundidos en redes sociales sobre un supuesto acceso automático a la permanencia en Europa— y graves deficiencias en los sistemas de inteligencia y respuesta estratégica.

Conviene, eso sí, situar el episodio en su contexto continental: los cruces irregulares hacia la UE en su conjunto han caído un 37% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según la propia agencia fronteriza comunitaria. Ceuta no es representativa de una tendencia general al alza, sino un pico agudo y localizado que, precisamente por su concentración temporal y geográfica, ha resultado desbordante para los dispositivos existentes.

Las fronteras exteriores de la Unión han dejado de ser una cuestión exclusivamente nacional para convertirse en un elemento esencial de la seguridad colectiva europea, como se ha puesto en evidencia por la propia reunión de urgencia de los ministros de Interior, por mucho que el Gobierno español se apunte el tanto del protagonismo de la convocatoria de una manera claramente ficticia. Cuando una frontera española es vulnerada de forma masiva, no solo se pone en cuestión la capacidad del Estado para ejercer el control efectivo de su territorio, sino también la credibilidad del propio espacio Schengen y del sistema común de seguridad europeo —credibilidad que, no por casualidad, es precisamente lo que Italia puso sobre la mesa al reclamar su suspensión.

La tragedia adquiere una dimensión aún más dramática cuando se recuerda su coste humano, y aquí también los hechos se cuentan de forma distinta a cada lado de la valla. España, a través de la Guardia Civil, elevó su balance a 72 personas fallecidas confirmadas, mientras que el Gobierno de la ciudad autónoma, presidido por Juan Vivas, contabilizaba 88 cadáveres recibidos en la morgue improvisada del antiguo hospital militar de Ceuta —algunos correspondientes a intentos de cruce de las dos semanas previas—; buzos del GEAS calculaban que otros quince cuerpos podían seguir en el fondo del mar, y la Asociación Unificada de Guardias Civiles llegó a hablar de más de cien víctimas. Marruecos, por su parte, tardó tres días en ofrecer un balance oficial y lo fijó en solo 11 fallecidos en sus aguas —diez ahogados y uno por caída en zona rocosa—, una cifra que su propio Ministerio del Interior presentó como provisional y "en verificación" con las autoridades españolas. El mismo desfase se repite con el número de entradas: Rabat habla de 40.000, Madrid de más de 69.000 salidas voluntarias contabilizadas. Ni siquiera el recuento de los muertos escapa, por tanto, a la lógica de versiones paralelas que abre este artículo. Detrás de esas cifras, sea cual sea su valor final, existen historias personales, redes criminales de tráfico de seres humanos, familias rotas —muchas de ellas esperando aún noticias al otro lado de la valla, con menores incluidos entre los desaparecidos— y un fracaso colectivo de las políticas de cooperación, prevención y control. Reducir semejante desastre a un intercambio de titulares favorables o desfavorables para el Gobierno constituye una simplificación que resulta difícilmente justificable.

La reflexión, por tanto, debería dirigirse hacia cuestiones mucho más profundas. ¿Qué información manejaban realmente los servicios de inteligencia? ¿Existieron advertencias previas que no fueron debidamente atendidas —más allá de las que ya formularon públicamente sindicatos policiales antes de la crisis—? ¿Disponían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los recursos humanos y materiales adecuados? ¿Ha funcionado el sistema europeo de coordinación de fronteras tal y como fue concebido? Sin perjuicio de la grave irresponsabilidad del Gobierno español, ¿qué responsabilidad corresponde a las instituciones comunitarias en la protección de las fronteras exteriores? ¿Puede seguir afrontándose este fenómeno con instrumentos diseñados para una realidad geopolítica que ya no existe? ¿Y hasta qué punto tienen razón los veintidós firmantes de la carta a Bruselas cuando señalan que ciertas decisiones internas españolas —devoluciones en caliente, regularización extraordinaria— pueden actuar como factor de atracción, más allá de que uno comparta o no el fondo de esas políticas?

Responder a estas preguntas exige abandonar el terreno de la propaganda —española e italiana por igual— y adentrarse en un análisis sereno, técnico y desapasionado. Solo así será posible desmenuzar el cúmulo de omisiones, errores de planificación, decisiones políticas y fallos operativos que han desembocado en una crisis de semejante magnitud.

La reciente invasión de la frontera de Ceuta no constituye únicamente un episodio migratorio. Representa un punto de inflexión en la concepción de la seguridad europea, y también un ensayo general de hasta qué punto la solidaridad comunitaria resiste cuando un socio grande —España— entra en conflicto abierto con otro socio grande —Italia— sobre cómo gestionar la misma amenaza. La Unión deberá decidir si continúa reaccionando de forma coyuntural ante cada crisis, gestionando cartas de veintidós países y embajadores convocados a golpe de titular, o si, por el contrario, asume definitivamente que la protección de sus fronteras exteriores constituye uno de los pilares fundamentales de su propia existencia como espacio político, jurídico y de libertad. Porque, en definitiva, cuando una frontera deja de ser segura, no solo queda comprometida la soberanía del Estado que la custodia; se resiente también la confianza de todos los ciudadanos europeos en la capacidad de sus instituciones para garantizar el primero de los bienes públicos: la seguridad.

PORTADA DEL PAÍS Lunes, 03 de agosto de 2026
Análisis
Colapso en la frontera de Ceuta
Fecha: 31 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión. Ceuta: cuando la defensa de las fronteras deja de ser una prioridad Las noticias que llegan desde Ceuta son difíciles de asimilar. Las primeras estimaciones —filtradas de un documento del Departamento de Seguridad Nacional y después retiradas, sin que el Gobierno haya ofrecido todavía una cifra oficial— hablan de entre 40.000 y 49.000 entradas irregulares desde Marruecos en apenas veinticuatro horas. Es una cifra que multiplica por varias veces la crisis de mayo de 2021, cuando algo más de 10.000 personas cruzaron la frontera, y que convierte lo ocurrido esta semana en una de las mayores crisis fronterizas vividas por España en las últimas décadas. A ella se suma un balance de fallecidos que la Guardia Civil sitúa ya por encima de la veintena, personas ahogadas intentando alcanzar la costa a nado. No estamos ante un fenómeno migratorio ordinario, sino ante una situación excepcional que compromete la capacidad de respuesta del Estado y obliga a plantear preguntas incómodas. La primera es evidente: ¿cómo ha podido producirse un flujo de semejante magnitud sin que existiera una reacción inmediata y proporcionada de las autoridades españolas? Resulta igualmente inevitable interrogarse sobre el papel desempeñado por Marruecos. La experiencia demuestra que el Reino alauí dispone de medios suficientes para controlar, cuando así lo desea, los movimientos masivos de personas en las inmediaciones de la frontera. Por ello cuesta aceptar como plenamente satisfactorias las promesas de colaboración anunciadas una vez consumado el episodio. La cooperación que llega después de permitir el colapso fronterizo tiene un inevitable componente de ironía. En este contexto surgen también interrogantes sobre el trasfondo diplomático de la crisis. Es legítimo preguntarse si este episodio guarda alguna relación con el reciente acercamiento entre España y Argelia o con otros equilibrios estratégicos en el norte de África. No existen pruebas públicas que permitan afirmarlo, y conviene no convertir una sospecha en una acusación; pero la política internacional rara vez ofrece casualidades de semejante dimensión, y precisamente por ello corresponde al Gobierno ofrecer explicaciones convincentes y transparentes. Mientras tanto, la actuación del Ejecutivo transmite una imagen difícil de comprender. En las mismas fechas en que el presidente del Gobierno insiste en la necesidad de alcanzar nuevos pactos nacionales para combatir la denominada emergencia climática, la principal frontera terrestre de la Unión Europea en África aparece completamente desbordada, con miles de personas durmiendo a la intemperie en las calles de una ciudad de apenas 84.000 habitantes. No se trata de negar la importancia de la protección del medio ambiente, sino de recordar un principio elemental de cualquier Estado: la defensa de su integridad territorial y el control efectivo de sus fronteras constituyen funciones esenciales e irrenunciables. Un Gobierno puede promover múltiples objetivos políticos, pero ninguno de ellos debería desplazar el cumplimiento de esa obligación básica. La sensación de desorientación aumenta ante la escasa presencia pública del ministro de Asuntos Exteriores durante las primeras horas de una crisis de semejante envergadura. La política exterior no consiste únicamente en asistir a reuniones internacionales o emitir comunicados; también exige asumir el liderazgo diplomático cuando los intereses nacionales se ven directamente afectados. Esa debilidad ya no es solo una percepción interna. Varios gobiernos europeos han empezado a señalarla abiertamente: desde Suecia se ha reclamado que España "recupere el control de la situación", y voces del Gobierno finlandés han llegado a hablar de un "fracaso absoluto" en la protección de la frontera exterior de Schengen. Cuando son los propios socios europeos quienes lo dicen en público, la imagen de debilidad institucional deja de ser una opinión y empieza a convertirse en un hecho con consecuencias diplomáticas. La respuesta no puede consistir únicamente en gestionar las consecuencias de cada crisis una vez producida. Es imprescindible recuperar una política exterior firme, reforzar el control efectivo de las fronteras y exigir responsabilidades políticas cuando la actuación del Gobierno resulte manifiestamente insuficiente. En una democracia constitucional corresponde a los ciudadanos ejercer un control permanente sobre quienes gobiernan. Ese control debe desarrollarse mediante los instrumentos propios del Estado de Derecho: la crítica pública, la exigencia de responsabilidades políticas, el debate parlamentario y, en último término, el voto. Porque la pasividad frente a la degradación institucional nunca ha sido una buena consejera para la salud de una democracia.
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Colapso en la frontera de Ceuta

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 31 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

Ceuta: cuando la defensa de las fronteras deja de ser una prioridad

Las noticias que llegan desde Ceuta son difíciles de asimilar. Las primeras estimaciones —filtradas de un documento del Departamento de Seguridad Nacional y después retiradas, sin que el Gobierno haya ofrecido todavía una cifra oficial— hablan de entre 40.000 y 49.000 entradas irregulares desde Marruecos en apenas veinticuatro horas. Es una cifra que multiplica por varias veces la crisis de mayo de 2021, cuando algo más de 10.000 personas cruzaron la frontera, y que convierte lo ocurrido esta semana en una de las mayores crisis fronterizas vividas por España en las últimas décadas. A ella se suma un balance de fallecidos que la Guardia Civil sitúa ya por encima de la veintena, personas ahogadas intentando alcanzar la costa a nado.

No estamos ante un fenómeno migratorio ordinario, sino ante una situación excepcional que compromete la capacidad de respuesta del Estado y obliga a plantear preguntas incómodas. La primera es evidente: ¿cómo ha podido producirse un flujo de semejante magnitud sin que existiera una reacción inmediata y proporcionada de las autoridades españolas?

Resulta igualmente inevitable interrogarse sobre el papel desempeñado por Marruecos. La experiencia demuestra que el Reino alauí dispone de medios suficientes para controlar, cuando así lo desea, los movimientos masivos de personas en las inmediaciones de la frontera. Por ello cuesta aceptar como plenamente satisfactorias las promesas de colaboración anunciadas una vez consumado el episodio. La cooperación que llega después de permitir el colapso fronterizo tiene un inevitable componente de ironía.

En este contexto surgen también interrogantes sobre el trasfondo diplomático de la crisis. Es legítimo preguntarse si este episodio guarda alguna relación con el reciente acercamiento entre España y Argelia o con otros equilibrios estratégicos en el norte de África. No existen pruebas públicas que permitan afirmarlo, y conviene no convertir una sospecha en una acusación; pero la política internacional rara vez ofrece casualidades de semejante dimensión, y precisamente por ello corresponde al Gobierno ofrecer explicaciones convincentes y transparentes.

Mientras tanto, la actuación del Ejecutivo transmite una imagen difícil de comprender. En las mismas fechas en que el presidente del Gobierno insiste en la necesidad de alcanzar nuevos pactos nacionales para combatir la denominada emergencia climática, la principal frontera terrestre de la Unión Europea en África aparece completamente desbordada, con miles de personas durmiendo a la intemperie en las calles de una ciudad de apenas 84.000 habitantes.

No se trata de negar la importancia de la protección del medio ambiente, sino de recordar un principio elemental de cualquier Estado: la defensa de su integridad territorial y el control efectivo de sus fronteras constituyen funciones esenciales e irrenunciables. Un Gobierno puede promover múltiples objetivos políticos, pero ninguno de ellos debería desplazar el cumplimiento de esa obligación básica.

La sensación de desorientación aumenta ante la escasa presencia pública del ministro de Asuntos Exteriores durante las primeras horas de una crisis de semejante envergadura. La política exterior no consiste únicamente en asistir a reuniones internacionales o emitir comunicados; también exige asumir el liderazgo diplomático cuando los intereses nacionales se ven directamente afectados.

Esa debilidad ya no es solo una percepción interna. Varios gobiernos europeos han empezado a señalarla abiertamente: desde Suecia se ha reclamado que España "recupere el control de la situación", y voces del Gobierno finlandés han llegado a hablar de un "fracaso absoluto" en la protección de la frontera exterior de Schengen. Cuando son los propios socios europeos quienes lo dicen en público, la imagen de debilidad institucional deja de ser una opinión y empieza a convertirse en un hecho con consecuencias diplomáticas.

La respuesta no puede consistir únicamente en gestionar las consecuencias de cada crisis una vez producida. Es imprescindible recuperar una política exterior firme, reforzar el control efectivo de las fronteras y exigir responsabilidades políticas cuando la actuación del Gobierno resulte manifiestamente insuficiente.

En una democracia constitucional corresponde a los ciudadanos ejercer un control permanente sobre quienes gobiernan. Ese control debe desarrollarse mediante los instrumentos propios del Estado de Derecho: la crítica pública, la exigencia de responsabilidades políticas, el debate parlamentario y, en último término, el voto. Porque la pasividad frente a la degradación institucional nunca ha sido una buena consejera para la salud de una democracia.

PORTADA DE EL PERIÓDICO Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Análisis
El Juez pone el foco en las 27 empresas a nombre del presunto testaferro de Zapatero
Fecha: 31 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.   Las 27 sociedades bajo la lupa: qué persigue realmente el juez Calama en el caso Plus Ultra La decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de extender las diligencias a las 27 sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez —el empresario señalado como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero— va mucho más allá de un simple ejercicio de identificación societaria. El objetivo de fondo es determinar si esas mercantiles desempeñaron un papel *necesario* en la presunta actividad investigada: emisión de facturas sin respaldo real, recepción y redistribución de fondos, ocultación de beneficiarios efectivos o reconducción de pagos vinculados al supuesto tráfico de influencias que la instrucción atribuye al entramado conocido como caso Plus Ultra.  Reconstruir el recorrido del dinero En la práctica, lo que se persigue de inmediato es reconstruir el modo en que circuló el dinero. Para ello resulta obligado requerir la contabilidad de cada empresa, sus cuentas bancarias, los libros registro, las declaraciones tributarias, la identidad de administradores y apoderados, la composición del accionariado y los contratos de consultoría o asesoramiento que se han invocado para justificar unos ingresos que, según las últimas cifras manejadas por la UDEF, habrían superado los tres millones de euros percibidos por Rodríguez Zapatero entre 2020 y 2025 procedentes de sociedades relacionadas con el caso. No es un dato menor: la Policía ya ha cifrado en al menos 27 las sociedades vinculadas a Julio Martínez, varias de ellas con domicilios sociales coincidentes, administradores compartidos, objetos mercantiles definidos de forma deliberadamente amplia y modificaciones estatutarias realizadas en fechas muy próximas entre sí. Son precisamente esos indicios —y no una sospecha genérica— los que han llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de un control unitario del entramado.  ¿Actividad real o pantalla formal? La finalidad última de las diligencias es comprobar si detrás de estas sociedades existía una actividad económica genuina o si, por el contrario, se utilizaban para dar apariencia de legalidad a flujos de dinero que en realidad retribuían actividades propias de un "conseguidor" o intermediario de influencias. Conviene subrayarlo con claridad, porque es un matiz que con frecuencia se pierde en el debate público: que una empresa figure en las diligencias no implica que en ella se haya cometido delito alguno. Significa, únicamente, que el instructor considera que puede aportar información relevante para esclarecer la operativa del entramado investigado. Solo tras el análisis pormenorizado de la documentación mercantil, bancaria y fiscal podrá determinarse qué sociedades tuvieron una participación efectiva en los hechos y cuáles fueron, en su caso, meros soportes formales sin relevancia penal. La presunción de inocencia rige, como en cualquier causa, para todas las personas y sociedades investigadas mientras no exista una resolución judicial firme que diga lo contrario.  El entramado societario como pieza clave de la investigación La amplitud de estas diligencias también permite a la Audiencia Nacional verificar si existieron conexiones estructurales entre las distintas sociedades: coincidencia de administradores, préstamos cruzados, facturación intragrupo, transferencias sin causa económica aparente o movimientos patrimoniales orientados a dificultar la trazabilidad del dinero. En las investigaciones por presuntos delitos económicos, el análisis del entramado societario suele ser precisamente una de las piezas centrales para acreditar —o descartar— la existencia de una estructura organizada destinada a canalizar fondos o a encubrir a sus verdaderos destinatarios. De hecho, la propia Agencia Tributaria ha abierto ya una inspección fiscal sobre el IRPF de Julio Martínez y el IVA de una decena larga de sociedades vinculadas al entramado, correspondiente a los ejercicios 2021-2024, lo que da idea de la escala del rastreo patrimonial en curso.  Un dato que ha cambiado el rumbo de la causa El propio Julio Martínez ha reconocido ante el juez que utilizó varias de estas sociedades —entre ellas Análisis Relevante, que según su testimonio carecía de actividad real— para canalizar pagos al entorno de Zapatero. Se trata de una declaración que, de confirmarse en su integridad por el resto de la instrucción, apunta en la dirección que estas diligencias buscan verificar: la de un uso instrumental de la red societaria más allá de cualquier prestación de servicios genuina.  El papel de Alba y Laura Rodríguez Espinosa Las diligencias no se detienen en el círculo empresarial de Julio Martínez. El propio auto del juez Calama ordena también el rastreo bancario de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, a través de "What The fav", la sociedad que administran. Según la resolución, Whathefav habría recibido 242.423 euros procedentes de Análisis Relevante —la mercantil que el propio Julio Martínez ha reconocido como instrumental y sin actividad real—, además de pagos adicionales de Agropecuaria Lucena, Pickashop e Inteligencia Prospectiva, esta última por importe de 561.440 euros. WHAT THE FAV? Aunque no existe un origen documentado de la expresión What the Fav?, resulta evidente el juego fonético con la conocida interjección inglesa What the fuck? («¿Qué coño?», «¿Qué demonios?»). La sustitución de fuck por fav —abreviatura de favorite— suaviza la expresión y le confiere un tono irónico o humorístico, aprovechando la familiaridad del lector con la locución original. La UDEF ha elevado ya a más de tres millones de euros el total de pagos empresariales recibidos por Zapatero entre 2020 y 2025, y los últimos informes policiales apuntan a un presunto desvío de parte de esos fondos hacia cuentas de sus hijas. Es este dato, precisamente, el que ha llevado al juez a ampliar la orden de investigación a más de sesenta cuentas bancarias del expresidente, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas y su secretaria, Gertrudis Alcázar. Conviene aplicar aquí el mismo criterio de prudencia que al resto del entramado: que una sociedad administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa reciba transferencias de otras mercantiles investigadas no equivale, por sí solo, a la comisión de un delito. Lo que las diligencias buscan establecer es si esos pagos respondían a una prestación de servicios real y facturable, o si —como en el caso de Análisis Relevante— se trataba de cauces para canalizar comisiones sin contrapartida efectiva. Es un extremo que corresponde acreditar a la instrucción, y que ambas están en su derecho de rebatir con la documentación mercantil y fiscal que se les requiera.  Sin margen para la ingenuidad Todo esto, de resultar acreditado, apunta a que no hubo ingenuidad alguna por parte de quienes participaron en el diseño de esta arquitectura societaria. No cabe, en un entramado con estas características —domicilios compartidos, administradores comunes, contratos de asesoramiento sin correlato en servicios reales, sociedades sin cuentas propias durante años—, invocar después una simple laguna legal o un desconocimiento de la mecánica empleada. Es una lectura que conviene hacer con prudencia, sin adelantar conclusiones que corresponde fijar a la instrucción y, en su caso, al juicio oral, pero que explica por qué el foco de la investigación se ha desplazado con tanta intensidad hacia la ingeniería societaria del caso. --- *Fuentes: Infobae, El Independiente y otros medios que han tenido acceso al auto del juez Calama (julio de 2026). Se recuerda que todas las personas y sociedades mencionadas gozan de la presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme.*
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El Juez pone el foco en las 27 empresas a nombre del presunto testaferro de Zapatero

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 31 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

  Las 27 sociedades bajo la lupa: qué persigue realmente el juez Calama en el caso Plus Ultra

La decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de extender las diligencias a las 27 sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez —el empresario señalado como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero— va mucho más allá de un simple ejercicio de identificación societaria. El objetivo de fondo es determinar si esas mercantiles desempeñaron un papel *necesario* en la presunta actividad investigada: emisión de facturas sin respaldo real, recepción y redistribución de fondos, ocultación de beneficiarios efectivos o reconducción de pagos vinculados al supuesto tráfico de influencias que la instrucción atribuye al entramado conocido como caso Plus Ultra.

 Reconstruir el recorrido del dinero

En la práctica, lo que se persigue de inmediato es reconstruir el modo en que circuló el dinero. Para ello resulta obligado requerir la contabilidad de cada empresa, sus cuentas bancarias, los libros registro, las declaraciones tributarias, la identidad de administradores y apoderados, la composición del accionariado y los contratos de consultoría o asesoramiento que se han invocado para justificar unos ingresos que, según las últimas cifras manejadas por la UDEF, habrían superado los tres millones de euros percibidos por Rodríguez Zapatero entre 2020 y 2025 procedentes de sociedades relacionadas con el caso.

No es un dato menor: la Policía ya ha cifrado en al menos 27 las sociedades vinculadas a Julio Martínez, varias de ellas con domicilios sociales coincidentes, administradores compartidos, objetos mercantiles definidos de forma deliberadamente amplia y modificaciones estatutarias realizadas en fechas muy próximas entre sí. Son precisamente esos indicios —y no una sospecha genérica— los que han llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de un control unitario del entramado.

 ¿Actividad real o pantalla formal?

La finalidad última de las diligencias es comprobar si detrás de estas sociedades existía una actividad económica genuina o si, por el contrario, se utilizaban para dar apariencia de legalidad a flujos de dinero que en realidad retribuían actividades propias de un "conseguidor" o intermediario de influencias.

Conviene subrayarlo con claridad, porque es un matiz que con frecuencia se pierde en el debate público: que una empresa figure en las diligencias no implica que en ella se haya cometido delito alguno. Significa, únicamente, que el instructor considera que puede aportar información relevante para esclarecer la operativa del entramado investigado. Solo tras el análisis pormenorizado de la documentación mercantil, bancaria y fiscal podrá determinarse qué sociedades tuvieron una participación efectiva en los hechos y cuáles fueron, en su caso, meros soportes formales sin relevancia penal. La presunción de inocencia rige, como en cualquier causa, para todas las personas y sociedades investigadas mientras no exista una resolución judicial firme que diga lo contrario.

 El entramado societario como pieza clave de la investigación

La amplitud de estas diligencias también permite a la Audiencia Nacional verificar si existieron conexiones estructurales entre las distintas sociedades: coincidencia de administradores, préstamos cruzados, facturación intragrupo, transferencias sin causa económica aparente o movimientos patrimoniales orientados a dificultar la trazabilidad del dinero.

En las investigaciones por presuntos delitos económicos, el análisis del entramado societario suele ser precisamente una de las piezas centrales para acreditar —o descartar— la existencia de una estructura organizada destinada a canalizar fondos o a encubrir a sus verdaderos destinatarios. De hecho, la propia Agencia Tributaria ha abierto ya una inspección fiscal sobre el IRPF de Julio Martínez y el IVA de una decena larga de sociedades vinculadas al entramado, correspondiente a los ejercicios 2021-2024, lo que da idea de la escala del rastreo patrimonial en curso.

 Un dato que ha cambiado el rumbo de la causa

El propio Julio Martínez ha reconocido ante el juez que utilizó varias de estas sociedades —entre ellas Análisis Relevante, que según su testimonio carecía de actividad real— para canalizar pagos al entorno de Zapatero. Se trata de una declaración que, de confirmarse en su integridad por el resto de la instrucción, apunta en la dirección que estas diligencias buscan verificar: la de un uso instrumental de la red societaria más allá de cualquier prestación de servicios genuina.

 El papel de Alba y Laura Rodríguez Espinosa

Las diligencias no se detienen en el círculo empresarial de Julio Martínez. El propio auto del juez Calama ordena también el rastreo bancario de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, a través de "What The fav", la sociedad que administran. Según la resolución, Whathefav habría recibido 242.423 euros procedentes de Análisis Relevante —la mercantil que el propio Julio Martínez ha reconocido como instrumental y sin actividad real—, además de pagos adicionales de Agropecuaria Lucena, Pickashop e Inteligencia Prospectiva, esta última por importe de 561.440 euros.

WHAT THE FAV?

Aunque no existe un origen documentado de la expresión What the Fav?, resulta evidente el juego fonético con la conocida interjección inglesa What the fuck? («¿Qué coño?», «¿Qué demonios?»). La sustitución de fuck por fav —abreviatura de favorite— suaviza la expresión y le confiere un tono irónico o humorístico, aprovechando la familiaridad del lector con la locución original.

La UDEF ha elevado ya a más de tres millones de euros el total de pagos empresariales recibidos por Zapatero entre 2020 y 2025, y los últimos informes policiales apuntan a un presunto desvío de parte de esos fondos hacia cuentas de sus hijas. Es este dato, precisamente, el que ha llevado al juez a ampliar la orden de investigación a más de sesenta cuentas bancarias del expresidente, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas y su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Conviene aplicar aquí el mismo criterio de prudencia que al resto del entramado: que una sociedad administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa reciba transferencias de otras mercantiles investigadas no equivale, por sí solo, a la comisión de un delito. Lo que las diligencias buscan establecer es si esos pagos respondían a una prestación de servicios real y facturable, o si —como en el caso de Análisis Relevante— se trataba de cauces para canalizar comisiones sin contrapartida efectiva. Es un extremo que corresponde acreditar a la instrucción, y que ambas están en su derecho de rebatir con la documentación mercantil y fiscal que se les requiera.

 Sin margen para la ingenuidad

Todo esto, de resultar acreditado, apunta a que no hubo ingenuidad alguna por parte de quienes participaron en el diseño de esta arquitectura societaria. No cabe, en un entramado con estas características —domicilios compartidos, administradores comunes, contratos de asesoramiento sin correlato en servicios reales, sociedades sin cuentas propias durante años—, invocar después una simple laguna legal o un desconocimiento de la mecánica empleada. Es una lectura que conviene hacer con prudencia, sin adelantar conclusiones que corresponde fijar a la instrucción y, en su caso, al juicio oral, pero que explica por qué el foco de la investigación se ha desplazado con tanta intensidad hacia la ingeniería societaria del caso.

---

*Fuentes: Infobae, El Independiente y otros medios que han tenido acceso al auto del juez Calama (julio de 2026). Se recuerda que todas las personas y sociedades mencionadas gozan de la presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme.*
PORTADA DE EL PERIÓDICO Lunes, 03 de agosto de 2026
Análisis
El Juez pone el foco en las 27 empresas a nombre del presunto testaferro de Zapatero
Fecha: 31 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.   Las 27 sociedades bajo la lupa: qué persigue realmente el juez Calama en el caso Plus Ultra La decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de extender las diligencias a las 27 sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez —el empresario señalado como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero— va mucho más allá de un simple ejercicio de identificación societaria. El objetivo de fondo es determinar si esas mercantiles desempeñaron un papel *necesario* en la presunta actividad investigada: emisión de facturas sin respaldo real, recepción y redistribución de fondos, ocultación de beneficiarios efectivos o reconducción de pagos vinculados al supuesto tráfico de influencias que la instrucción atribuye al entramado conocido como caso Plus Ultra.  Reconstruir el recorrido del dinero En la práctica, lo que se persigue de inmediato es reconstruir el modo en que circuló el dinero. Para ello resulta obligado requerir la contabilidad de cada empresa, sus cuentas bancarias, los libros registro, las declaraciones tributarias, la identidad de administradores y apoderados, la composición del accionariado y los contratos de consultoría o asesoramiento que se han invocado para justificar unos ingresos que, según las últimas cifras manejadas por la UDEF, habrían superado los tres millones de euros percibidos por Rodríguez Zapatero entre 2020 y 2025 procedentes de sociedades relacionadas con el caso. No es un dato menor: la Policía ya ha cifrado en al menos 27 las sociedades vinculadas a Julio Martínez, varias de ellas con domicilios sociales coincidentes, administradores compartidos, objetos mercantiles definidos de forma deliberadamente amplia y modificaciones estatutarias realizadas en fechas muy próximas entre sí. Son precisamente esos indicios —y no una sospecha genérica— los que han llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de un control unitario del entramado.  ¿Actividad real o pantalla formal? La finalidad última de las diligencias es comprobar si detrás de estas sociedades existía una actividad económica genuina o si, por el contrario, se utilizaban para dar apariencia de legalidad a flujos de dinero que en realidad retribuían actividades propias de un "conseguidor" o intermediario de influencias. Conviene subrayarlo con claridad, porque es un matiz que con frecuencia se pierde en el debate público: que una empresa figure en las diligencias no implica que en ella se haya cometido delito alguno. Significa, únicamente, que el instructor considera que puede aportar información relevante para esclarecer la operativa del entramado investigado. Solo tras el análisis pormenorizado de la documentación mercantil, bancaria y fiscal podrá determinarse qué sociedades tuvieron una participación efectiva en los hechos y cuáles fueron, en su caso, meros soportes formales sin relevancia penal. La presunción de inocencia rige, como en cualquier causa, para todas las personas y sociedades investigadas mientras no exista una resolución judicial firme que diga lo contrario.  El entramado societario como pieza clave de la investigación La amplitud de estas diligencias también permite a la Audiencia Nacional verificar si existieron conexiones estructurales entre las distintas sociedades: coincidencia de administradores, préstamos cruzados, facturación intragrupo, transferencias sin causa económica aparente o movimientos patrimoniales orientados a dificultar la trazabilidad del dinero. En las investigaciones por presuntos delitos económicos, el análisis del entramado societario suele ser precisamente una de las piezas centrales para acreditar —o descartar— la existencia de una estructura organizada destinada a canalizar fondos o a encubrir a sus verdaderos destinatarios. De hecho, la propia Agencia Tributaria ha abierto ya una inspección fiscal sobre el IRPF de Julio Martínez y el IVA de una decena larga de sociedades vinculadas al entramado, correspondiente a los ejercicios 2021-2024, lo que da idea de la escala del rastreo patrimonial en curso.  Un dato que ha cambiado el rumbo de la causa El propio Julio Martínez ha reconocido ante el juez que utilizó varias de estas sociedades —entre ellas Análisis Relevante, que según su testimonio carecía de actividad real— para canalizar pagos al entorno de Zapatero. Se trata de una declaración que, de confirmarse en su integridad por el resto de la instrucción, apunta en la dirección que estas diligencias buscan verificar: la de un uso instrumental de la red societaria más allá de cualquier prestación de servicios genuina.  El papel de Alba y Laura Rodríguez Espinosa Las diligencias no se detienen en el círculo empresarial de Julio Martínez. El propio auto del juez Calama ordena también el rastreo bancario de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, a través de "What The fav", la sociedad que administran. Según la resolución, Whathefav habría recibido 242.423 euros procedentes de Análisis Relevante —la mercantil que el propio Julio Martínez ha reconocido como instrumental y sin actividad real—, además de pagos adicionales de Agropecuaria Lucena, Pickashop e Inteligencia Prospectiva, esta última por importe de 561.440 euros. WHAT THE FAV? Aunque no existe un origen documentado de la expresión What the Fav?, resulta evidente el juego fonético con la conocida interjección inglesa What the fuck? («¿Qué coño?», «¿Qué demonios?»). La sustitución de fuck por fav —abreviatura de favorite— suaviza la expresión y le confiere un tono irónico o humorístico, aprovechando la familiaridad del lector con la locución original. La UDEF ha elevado ya a más de tres millones de euros el total de pagos empresariales recibidos por Zapatero entre 2020 y 2025, y los últimos informes policiales apuntan a un presunto desvío de parte de esos fondos hacia cuentas de sus hijas. Es este dato, precisamente, el que ha llevado al juez a ampliar la orden de investigación a más de sesenta cuentas bancarias del expresidente, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas y su secretaria, Gertrudis Alcázar. Conviene aplicar aquí el mismo criterio de prudencia que al resto del entramado: que una sociedad administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa reciba transferencias de otras mercantiles investigadas no equivale, por sí solo, a la comisión de un delito. Lo que las diligencias buscan establecer es si esos pagos respondían a una prestación de servicios real y facturable, o si —como en el caso de Análisis Relevante— se trataba de cauces para canalizar comisiones sin contrapartida efectiva. Es un extremo que corresponde acreditar a la instrucción, y que ambas están en su derecho de rebatir con la documentación mercantil y fiscal que se les requiera.  Sin margen para la ingenuidad Todo esto, de resultar acreditado, apunta a que no hubo ingenuidad alguna por parte de quienes participaron en el diseño de esta arquitectura societaria. No cabe, en un entramado con estas características —domicilios compartidos, administradores comunes, contratos de asesoramiento sin correlato en servicios reales, sociedades sin cuentas propias durante años—, invocar después una simple laguna legal o un desconocimiento de la mecánica empleada. Es una lectura que conviene hacer con prudencia, sin adelantar conclusiones que corresponde fijar a la instrucción y, en su caso, al juicio oral, pero que explica por qué el foco de la investigación se ha desplazado con tanta intensidad hacia la ingeniería societaria del caso. --- *Fuentes: Infobae, El Independiente y otros medios que han tenido acceso al auto del juez Calama (julio de 2026). Se recuerda que todas las personas y sociedades mencionadas gozan de la presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme.*
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El Juez pone el foco en las 27 empresas a nombre del presunto testaferro de Zapatero

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 31 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

  Las 27 sociedades bajo la lupa: qué persigue realmente el juez Calama en el caso Plus Ultra

La decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de extender las diligencias a las 27 sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez —el empresario señalado como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero— va mucho más allá de un simple ejercicio de identificación societaria. El objetivo de fondo es determinar si esas mercantiles desempeñaron un papel *necesario* en la presunta actividad investigada: emisión de facturas sin respaldo real, recepción y redistribución de fondos, ocultación de beneficiarios efectivos o reconducción de pagos vinculados al supuesto tráfico de influencias que la instrucción atribuye al entramado conocido como caso Plus Ultra.

 Reconstruir el recorrido del dinero

En la práctica, lo que se persigue de inmediato es reconstruir el modo en que circuló el dinero. Para ello resulta obligado requerir la contabilidad de cada empresa, sus cuentas bancarias, los libros registro, las declaraciones tributarias, la identidad de administradores y apoderados, la composición del accionariado y los contratos de consultoría o asesoramiento que se han invocado para justificar unos ingresos que, según las últimas cifras manejadas por la UDEF, habrían superado los tres millones de euros percibidos por Rodríguez Zapatero entre 2020 y 2025 procedentes de sociedades relacionadas con el caso.

No es un dato menor: la Policía ya ha cifrado en al menos 27 las sociedades vinculadas a Julio Martínez, varias de ellas con domicilios sociales coincidentes, administradores compartidos, objetos mercantiles definidos de forma deliberadamente amplia y modificaciones estatutarias realizadas en fechas muy próximas entre sí. Son precisamente esos indicios —y no una sospecha genérica— los que han llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de un control unitario del entramado.

 ¿Actividad real o pantalla formal?

La finalidad última de las diligencias es comprobar si detrás de estas sociedades existía una actividad económica genuina o si, por el contrario, se utilizaban para dar apariencia de legalidad a flujos de dinero que en realidad retribuían actividades propias de un "conseguidor" o intermediario de influencias.

Conviene subrayarlo con claridad, porque es un matiz que con frecuencia se pierde en el debate público: que una empresa figure en las diligencias no implica que en ella se haya cometido delito alguno. Significa, únicamente, que el instructor considera que puede aportar información relevante para esclarecer la operativa del entramado investigado. Solo tras el análisis pormenorizado de la documentación mercantil, bancaria y fiscal podrá determinarse qué sociedades tuvieron una participación efectiva en los hechos y cuáles fueron, en su caso, meros soportes formales sin relevancia penal. La presunción de inocencia rige, como en cualquier causa, para todas las personas y sociedades investigadas mientras no exista una resolución judicial firme que diga lo contrario.

 El entramado societario como pieza clave de la investigación

La amplitud de estas diligencias también permite a la Audiencia Nacional verificar si existieron conexiones estructurales entre las distintas sociedades: coincidencia de administradores, préstamos cruzados, facturación intragrupo, transferencias sin causa económica aparente o movimientos patrimoniales orientados a dificultar la trazabilidad del dinero.

En las investigaciones por presuntos delitos económicos, el análisis del entramado societario suele ser precisamente una de las piezas centrales para acreditar —o descartar— la existencia de una estructura organizada destinada a canalizar fondos o a encubrir a sus verdaderos destinatarios. De hecho, la propia Agencia Tributaria ha abierto ya una inspección fiscal sobre el IRPF de Julio Martínez y el IVA de una decena larga de sociedades vinculadas al entramado, correspondiente a los ejercicios 2021-2024, lo que da idea de la escala del rastreo patrimonial en curso.

 Un dato que ha cambiado el rumbo de la causa

El propio Julio Martínez ha reconocido ante el juez que utilizó varias de estas sociedades —entre ellas Análisis Relevante, que según su testimonio carecía de actividad real— para canalizar pagos al entorno de Zapatero. Se trata de una declaración que, de confirmarse en su integridad por el resto de la instrucción, apunta en la dirección que estas diligencias buscan verificar: la de un uso instrumental de la red societaria más allá de cualquier prestación de servicios genuina.

 El papel de Alba y Laura Rodríguez Espinosa

Las diligencias no se detienen en el círculo empresarial de Julio Martínez. El propio auto del juez Calama ordena también el rastreo bancario de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, a través de "What The fav", la sociedad que administran. Según la resolución, Whathefav habría recibido 242.423 euros procedentes de Análisis Relevante —la mercantil que el propio Julio Martínez ha reconocido como instrumental y sin actividad real—, además de pagos adicionales de Agropecuaria Lucena, Pickashop e Inteligencia Prospectiva, esta última por importe de 561.440 euros.

WHAT THE FAV?

Aunque no existe un origen documentado de la expresión What the Fav?, resulta evidente el juego fonético con la conocida interjección inglesa What the fuck? («¿Qué coño?», «¿Qué demonios?»). La sustitución de fuck por fav —abreviatura de favorite— suaviza la expresión y le confiere un tono irónico o humorístico, aprovechando la familiaridad del lector con la locución original.

La UDEF ha elevado ya a más de tres millones de euros el total de pagos empresariales recibidos por Zapatero entre 2020 y 2025, y los últimos informes policiales apuntan a un presunto desvío de parte de esos fondos hacia cuentas de sus hijas. Es este dato, precisamente, el que ha llevado al juez a ampliar la orden de investigación a más de sesenta cuentas bancarias del expresidente, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas y su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Conviene aplicar aquí el mismo criterio de prudencia que al resto del entramado: que una sociedad administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa reciba transferencias de otras mercantiles investigadas no equivale, por sí solo, a la comisión de un delito. Lo que las diligencias buscan establecer es si esos pagos respondían a una prestación de servicios real y facturable, o si —como en el caso de Análisis Relevante— se trataba de cauces para canalizar comisiones sin contrapartida efectiva. Es un extremo que corresponde acreditar a la instrucción, y que ambas están en su derecho de rebatir con la documentación mercantil y fiscal que se les requiera.

 Sin margen para la ingenuidad

Todo esto, de resultar acreditado, apunta a que no hubo ingenuidad alguna por parte de quienes participaron en el diseño de esta arquitectura societaria. No cabe, en un entramado con estas características —domicilios compartidos, administradores comunes, contratos de asesoramiento sin correlato en servicios reales, sociedades sin cuentas propias durante años—, invocar después una simple laguna legal o un desconocimiento de la mecánica empleada. Es una lectura que conviene hacer con prudencia, sin adelantar conclusiones que corresponde fijar a la instrucción y, en su caso, al juicio oral, pero que explica por qué el foco de la investigación se ha desplazado con tanta intensidad hacia la ingeniería societaria del caso.

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*Fuentes: Infobae, El Independiente y otros medios que han tenido acceso al auto del juez Calama (julio de 2026). Se recuerda que todas las personas y sociedades mencionadas gozan de la presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme.*
PORTADA DE EL CORREO Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Análisis
Marruecos consiente un asalto masivo en Ceuta y pacta horas después las devoluciones
Fecha: 31 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión. Ceuta: entre la inacción y la contradicción de los gobiernos La entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos, acaecida en los últimos días, trae de nuevo a la luz una realidad difícilmente discutible: un flujo de estas características no puede producirse sin una relajación, al menos temporal, de los controles ejercidos por las autoridades marroquíes en la frontera. Si ahora Marruecos coopera en la devolución de quienes han accedido ilegalmente a territorio español, resulta razonable concluir que también disponía de capacidad para impedir o reducir significativamente esas salidas desde un primer momento. La secuencia de los hechos revela una aparente contradicción. Por un lado, se ha producido una entrada irregular de varios miles de personas —el propio presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha cifrado en torno a 2.000 las llegadas registradas en los diez días previos, "el equivalente al 2% de la población de Ceuta"— y, en paralelo, ambos Estados anuncian mecanismos de cooperación para agilizar las devoluciones. Si existe capacidad administrativa, policial y logística para readmitir con rapidez a los inmigrantes, esa misma capacidad podría haberse empleado para evitar que abandonaran el territorio marroquí de forma irregular. La Embajada de Marruecos en Madrid ha atribuido la entrada masiva a organizaciones criminales dedicadas a la trata y al tráfico ilícito de personas, y ha insistido en que no existe voluntad alguna de Rabat de facilitar estos movimientos; sin embargo, fuentes de la Guardia Civil destacada en Ceuta matizan el alcance real de esa cooperación sobre el terreno, calificándola de superficial e insuficiente para contener la presión fronteriza. Desgraciadamente en Interior no parece que hayan llegado noticias alarmantes sobre el desarrollo de la invasión, a juzgar por la tranquilidad de sus responsables políticos ante tal desafío. Este razonamiento no proyecta la responsabilidad política únicamente sobre Marruecos. También resulta obligado analizar la actuación del Ejecutivo español. La reacción del Gobierno no fue inmediata para impedir la consolidación de la entrada irregular ni para reforzar desde el primer momento el control efectivo de la frontera. Esa demora permitió que la presión migratoria alcanzara una dimensión extraordinaria, generando una situación de evidente tensión para los servicios públicos y para la seguridad de la ciudad autónoma. Solo tras varios días de crisis se ha anunciado el envío de refuerzos del Ejército a la ciudad y la movilización de medios adicionales de la Guardia Civil. A esta reacción tardía se une la negativa del Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional solicitada por Vivas, quien había pedido además que el Ejecutivo central asumiera el "mando único" para dar una respuesta "enérgica, decidida e inmediata". El Ministerio del Interior ha rechazado esa petición alegando que la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, únicamente contempla la declaración de emergencia nacional para riesgos naturales y tecnológicos —inundaciones, terremotos, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes con sustancias peligrosas o riesgo nuclear y radiológico— y no para flujos migratorios. Se trata, sin duda, de una interpretación jurídicamente sostenible de la norma; pero también es cierto que nada impide al Gobierno articular, por otras vías legales a su disposición, una respuesta de alcance y contundencia equivalentes si la magnitud de la crisis lo exige. Optar por no hacerlo es, en sí misma, una decisión política, no un mero trámite técnico. Esta decisión ha suscitado un intenso debate político y jurídico. Quienes defienden la declaración de emergencia entienden que la magnitud de la crisis exige una respuesta excepcional, movilizando los recursos del Estado bajo una dirección única. El Gobierno de Sánchez, sin embargo, ha optado por mantener la gestión dentro de los mecanismos ordinarios —coordinación entre los ministerios de Interior, Inclusión y Migraciones, Política Territorial e Infancia—, rechazando la adopción de medidas extraordinarias, al tiempo que anunciaba el desplazamiento a la ciudad tanto del presidente del Gobierno como del ministro del Interior para "seguir la evolución de la crisis". La combinación de ambos factores —la aparente permisividad inicial de Marruecos y la respuesta tardía y limitada del Gobierno español— pone al descubierto la insuficiencia en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Marruecos demuestra que puede colaborar eficazmente en las devoluciones cuando existe voluntad política; España, por su parte, transmite la impresión de haber reaccionado con lentitud y de haber descartado instrumentos excepcionales que probablemente eran necesarios para afrontar una situación tan fuera de lo común. Jurídicamente, la protección de las fronteras constituye una competencia esencial del Estado y forma parte de sus obligaciones constitucionales, incluidas además en el objeto fundamental de las Fuerzas Armadas en tanto que responsables de la defensa y de la protección de la integridad territorial. Ello exige actuar con rapidez, proporcionalidad y eficacia, respetando siempre los derechos fundamentales y los compromisos internacionales, pero sin renunciar al ejercicio efectivo de las potestades que corresponden a los poderes públicos. La crisis de Ceuta no debe interpretarse únicamente como un episodio de presión migratoria, probablemente impulsada por una política internacional defectuosa. También constituye un test de la capacidad práctica del Gobierno para ejercer el control de sus fronteras, responder con rapidez ante situaciones excepcionales y evitar que la política migratoria quede condicionada por decisiones adoptadas fuera de nuestras fronteras. La experiencia demuestra que la cooperación internacional es imprescindible, pero también que la firmeza institucional y la reacción inmediata son elementos esenciales para preservar la seguridad jurídica, el orden público y la confianza de los ciudadanos.
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Marruecos consiente un asalto masivo en Ceuta y pacta horas después las devoluciones

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Fecha: 31 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

Ceuta: entre la inacción y la contradicción de los gobiernos

La entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos, acaecida en los últimos días, trae de nuevo a la luz una realidad difícilmente discutible: un flujo de estas características no puede producirse sin una relajación, al menos temporal, de los controles ejercidos por las autoridades marroquíes en la frontera. Si ahora Marruecos coopera en la devolución de quienes han accedido ilegalmente a territorio español, resulta razonable concluir que también disponía de capacidad para impedir o reducir significativamente esas salidas desde un primer momento.

La secuencia de los hechos revela una aparente contradicción. Por un lado, se ha producido una entrada irregular de varios miles de personas —el propio presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha cifrado en torno a 2.000 las llegadas registradas en los diez días previos, "el equivalente al 2% de la población de Ceuta"— y, en paralelo, ambos Estados anuncian mecanismos de cooperación para agilizar las devoluciones. Si existe capacidad administrativa, policial y logística para readmitir con rapidez a los inmigrantes, esa misma capacidad podría haberse empleado para evitar que abandonaran el territorio marroquí de forma irregular. La Embajada de Marruecos en Madrid ha atribuido la entrada masiva a organizaciones criminales dedicadas a la trata y al tráfico ilícito de personas, y ha insistido en que no existe voluntad alguna de Rabat de facilitar estos movimientos; sin embargo, fuentes de la Guardia Civil destacada en Ceuta matizan el alcance real de esa cooperación sobre el terreno, calificándola de superficial e insuficiente para contener la presión fronteriza. Desgraciadamente en Interior no parece que hayan llegado noticias alarmantes sobre el desarrollo de la invasión, a juzgar por la tranquilidad de sus responsables políticos ante tal desafío.

Este razonamiento no proyecta la responsabilidad política únicamente sobre Marruecos. También resulta obligado analizar la actuación del Ejecutivo español. La reacción del Gobierno no fue inmediata para impedir la consolidación de la entrada irregular ni para reforzar desde el primer momento el control efectivo de la frontera. Esa demora permitió que la presión migratoria alcanzara una dimensión extraordinaria, generando una situación de evidente tensión para los servicios públicos y para la seguridad de la ciudad autónoma. Solo tras varios días de crisis se ha anunciado el envío de refuerzos del Ejército a la ciudad y la movilización de medios adicionales de la Guardia Civil.

A esta reacción tardía se une la negativa del Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional solicitada por Vivas, quien había pedido además que el Ejecutivo central asumiera el "mando único" para dar una respuesta "enérgica, decidida e inmediata". El Ministerio del Interior ha rechazado esa petición alegando que la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, únicamente contempla la declaración de emergencia nacional para riesgos naturales y tecnológicos —inundaciones, terremotos, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes con sustancias peligrosas o riesgo nuclear y radiológico— y no para flujos migratorios. Se trata, sin duda, de una interpretación jurídicamente sostenible de la norma; pero también es cierto que nada impide al Gobierno articular, por otras vías legales a su disposición, una respuesta de alcance y contundencia equivalentes si la magnitud de la crisis lo exige. Optar por no hacerlo es, en sí misma, una decisión política, no un mero trámite técnico.

Esta decisión ha suscitado un intenso debate político y jurídico. Quienes defienden la declaración de emergencia entienden que la magnitud de la crisis exige una respuesta excepcional, movilizando los recursos del Estado bajo una dirección única. El Gobierno de Sánchez, sin embargo, ha optado por mantener la gestión dentro de los mecanismos ordinarios —coordinación entre los ministerios de Interior, Inclusión y Migraciones, Política Territorial e Infancia—, rechazando la adopción de medidas extraordinarias, al tiempo que anunciaba el desplazamiento a la ciudad tanto del presidente del Gobierno como del ministro del Interior para "seguir la evolución de la crisis".

La combinación de ambos factores —la aparente permisividad inicial de Marruecos y la respuesta tardía y limitada del Gobierno español— pone al descubierto la insuficiencia en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Marruecos demuestra que puede colaborar eficazmente en las devoluciones cuando existe voluntad política; España, por su parte, transmite la impresión de haber reaccionado con lentitud y de haber descartado instrumentos excepcionales que probablemente eran necesarios para afrontar una situación tan fuera de lo común.

Jurídicamente, la protección de las fronteras constituye una competencia esencial del Estado y forma parte de sus obligaciones constitucionales, incluidas además en el objeto fundamental de las Fuerzas Armadas en tanto que responsables de la defensa y de la protección de la integridad territorial. Ello exige actuar con rapidez, proporcionalidad y eficacia, respetando siempre los derechos fundamentales y los compromisos internacionales, pero sin renunciar al ejercicio efectivo de las potestades que corresponden a los poderes públicos.

La crisis de Ceuta no debe interpretarse únicamente como un episodio de presión migratoria, probablemente impulsada por una política internacional defectuosa. También constituye un test de la capacidad práctica del Gobierno para ejercer el control de sus fronteras, responder con rapidez ante situaciones excepcionales y evitar que la política migratoria quede condicionada por decisiones adoptadas fuera de nuestras fronteras. La experiencia demuestra que la cooperación internacional es imprescindible, pero también que la firmeza institucional y la reacción inmediata son elementos esenciales para preservar la seguridad jurídica, el orden público y la confianza de los ciudadanos.

PORTADA DE EL CORREO Lunes, 03 de agosto de 2026
Análisis
Marruecos consiente un asalto masivo en Ceuta y pacta horas después las devoluciones
Fecha: 31 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión. Ceuta: entre la inacción y la contradicción de los gobiernos La entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos, acaecida en los últimos días, trae de nuevo a la luz una realidad difícilmente discutible: un flujo de estas características no puede producirse sin una relajación, al menos temporal, de los controles ejercidos por las autoridades marroquíes en la frontera. Si ahora Marruecos coopera en la devolución de quienes han accedido ilegalmente a territorio español, resulta razonable concluir que también disponía de capacidad para impedir o reducir significativamente esas salidas desde un primer momento. La secuencia de los hechos revela una aparente contradicción. Por un lado, se ha producido una entrada irregular de varios miles de personas —el propio presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha cifrado en torno a 2.000 las llegadas registradas en los diez días previos, "el equivalente al 2% de la población de Ceuta"— y, en paralelo, ambos Estados anuncian mecanismos de cooperación para agilizar las devoluciones. Si existe capacidad administrativa, policial y logística para readmitir con rapidez a los inmigrantes, esa misma capacidad podría haberse empleado para evitar que abandonaran el territorio marroquí de forma irregular. La Embajada de Marruecos en Madrid ha atribuido la entrada masiva a organizaciones criminales dedicadas a la trata y al tráfico ilícito de personas, y ha insistido en que no existe voluntad alguna de Rabat de facilitar estos movimientos; sin embargo, fuentes de la Guardia Civil destacada en Ceuta matizan el alcance real de esa cooperación sobre el terreno, calificándola de superficial e insuficiente para contener la presión fronteriza. Desgraciadamente en Interior no parece que hayan llegado noticias alarmantes sobre el desarrollo de la invasión, a juzgar por la tranquilidad de sus responsables políticos ante tal desafío. Este razonamiento no proyecta la responsabilidad política únicamente sobre Marruecos. También resulta obligado analizar la actuación del Ejecutivo español. La reacción del Gobierno no fue inmediata para impedir la consolidación de la entrada irregular ni para reforzar desde el primer momento el control efectivo de la frontera. Esa demora permitió que la presión migratoria alcanzara una dimensión extraordinaria, generando una situación de evidente tensión para los servicios públicos y para la seguridad de la ciudad autónoma. Solo tras varios días de crisis se ha anunciado el envío de refuerzos del Ejército a la ciudad y la movilización de medios adicionales de la Guardia Civil. A esta reacción tardía se une la negativa del Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional solicitada por Vivas, quien había pedido además que el Ejecutivo central asumiera el "mando único" para dar una respuesta "enérgica, decidida e inmediata". El Ministerio del Interior ha rechazado esa petición alegando que la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, únicamente contempla la declaración de emergencia nacional para riesgos naturales y tecnológicos —inundaciones, terremotos, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes con sustancias peligrosas o riesgo nuclear y radiológico— y no para flujos migratorios. Se trata, sin duda, de una interpretación jurídicamente sostenible de la norma; pero también es cierto que nada impide al Gobierno articular, por otras vías legales a su disposición, una respuesta de alcance y contundencia equivalentes si la magnitud de la crisis lo exige. Optar por no hacerlo es, en sí misma, una decisión política, no un mero trámite técnico. Esta decisión ha suscitado un intenso debate político y jurídico. Quienes defienden la declaración de emergencia entienden que la magnitud de la crisis exige una respuesta excepcional, movilizando los recursos del Estado bajo una dirección única. El Gobierno de Sánchez, sin embargo, ha optado por mantener la gestión dentro de los mecanismos ordinarios —coordinación entre los ministerios de Interior, Inclusión y Migraciones, Política Territorial e Infancia—, rechazando la adopción de medidas extraordinarias, al tiempo que anunciaba el desplazamiento a la ciudad tanto del presidente del Gobierno como del ministro del Interior para "seguir la evolución de la crisis". La combinación de ambos factores —la aparente permisividad inicial de Marruecos y la respuesta tardía y limitada del Gobierno español— pone al descubierto la insuficiencia en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Marruecos demuestra que puede colaborar eficazmente en las devoluciones cuando existe voluntad política; España, por su parte, transmite la impresión de haber reaccionado con lentitud y de haber descartado instrumentos excepcionales que probablemente eran necesarios para afrontar una situación tan fuera de lo común. Jurídicamente, la protección de las fronteras constituye una competencia esencial del Estado y forma parte de sus obligaciones constitucionales, incluidas además en el objeto fundamental de las Fuerzas Armadas en tanto que responsables de la defensa y de la protección de la integridad territorial. Ello exige actuar con rapidez, proporcionalidad y eficacia, respetando siempre los derechos fundamentales y los compromisos internacionales, pero sin renunciar al ejercicio efectivo de las potestades que corresponden a los poderes públicos. La crisis de Ceuta no debe interpretarse únicamente como un episodio de presión migratoria, probablemente impulsada por una política internacional defectuosa. También constituye un test de la capacidad práctica del Gobierno para ejercer el control de sus fronteras, responder con rapidez ante situaciones excepcionales y evitar que la política migratoria quede condicionada por decisiones adoptadas fuera de nuestras fronteras. La experiencia demuestra que la cooperación internacional es imprescindible, pero también que la firmeza institucional y la reacción inmediata son elementos esenciales para preservar la seguridad jurídica, el orden público y la confianza de los ciudadanos.
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Marruecos consiente un asalto masivo en Ceuta y pacta horas después las devoluciones

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Fecha: 31 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

Ceuta: entre la inacción y la contradicción de los gobiernos

La entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos, acaecida en los últimos días, trae de nuevo a la luz una realidad difícilmente discutible: un flujo de estas características no puede producirse sin una relajación, al menos temporal, de los controles ejercidos por las autoridades marroquíes en la frontera. Si ahora Marruecos coopera en la devolución de quienes han accedido ilegalmente a territorio español, resulta razonable concluir que también disponía de capacidad para impedir o reducir significativamente esas salidas desde un primer momento.

La secuencia de los hechos revela una aparente contradicción. Por un lado, se ha producido una entrada irregular de varios miles de personas —el propio presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha cifrado en torno a 2.000 las llegadas registradas en los diez días previos, "el equivalente al 2% de la población de Ceuta"— y, en paralelo, ambos Estados anuncian mecanismos de cooperación para agilizar las devoluciones. Si existe capacidad administrativa, policial y logística para readmitir con rapidez a los inmigrantes, esa misma capacidad podría haberse empleado para evitar que abandonaran el territorio marroquí de forma irregular. La Embajada de Marruecos en Madrid ha atribuido la entrada masiva a organizaciones criminales dedicadas a la trata y al tráfico ilícito de personas, y ha insistido en que no existe voluntad alguna de Rabat de facilitar estos movimientos; sin embargo, fuentes de la Guardia Civil destacada en Ceuta matizan el alcance real de esa cooperación sobre el terreno, calificándola de superficial e insuficiente para contener la presión fronteriza. Desgraciadamente en Interior no parece que hayan llegado noticias alarmantes sobre el desarrollo de la invasión, a juzgar por la tranquilidad de sus responsables políticos ante tal desafío.

Este razonamiento no proyecta la responsabilidad política únicamente sobre Marruecos. También resulta obligado analizar la actuación del Ejecutivo español. La reacción del Gobierno no fue inmediata para impedir la consolidación de la entrada irregular ni para reforzar desde el primer momento el control efectivo de la frontera. Esa demora permitió que la presión migratoria alcanzara una dimensión extraordinaria, generando una situación de evidente tensión para los servicios públicos y para la seguridad de la ciudad autónoma. Solo tras varios días de crisis se ha anunciado el envío de refuerzos del Ejército a la ciudad y la movilización de medios adicionales de la Guardia Civil.

A esta reacción tardía se une la negativa del Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional solicitada por Vivas, quien había pedido además que el Ejecutivo central asumiera el "mando único" para dar una respuesta "enérgica, decidida e inmediata". El Ministerio del Interior ha rechazado esa petición alegando que la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, únicamente contempla la declaración de emergencia nacional para riesgos naturales y tecnológicos —inundaciones, terremotos, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes con sustancias peligrosas o riesgo nuclear y radiológico— y no para flujos migratorios. Se trata, sin duda, de una interpretación jurídicamente sostenible de la norma; pero también es cierto que nada impide al Gobierno articular, por otras vías legales a su disposición, una respuesta de alcance y contundencia equivalentes si la magnitud de la crisis lo exige. Optar por no hacerlo es, en sí misma, una decisión política, no un mero trámite técnico.

Esta decisión ha suscitado un intenso debate político y jurídico. Quienes defienden la declaración de emergencia entienden que la magnitud de la crisis exige una respuesta excepcional, movilizando los recursos del Estado bajo una dirección única. El Gobierno de Sánchez, sin embargo, ha optado por mantener la gestión dentro de los mecanismos ordinarios —coordinación entre los ministerios de Interior, Inclusión y Migraciones, Política Territorial e Infancia—, rechazando la adopción de medidas extraordinarias, al tiempo que anunciaba el desplazamiento a la ciudad tanto del presidente del Gobierno como del ministro del Interior para "seguir la evolución de la crisis".

La combinación de ambos factores —la aparente permisividad inicial de Marruecos y la respuesta tardía y limitada del Gobierno español— pone al descubierto la insuficiencia en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Marruecos demuestra que puede colaborar eficazmente en las devoluciones cuando existe voluntad política; España, por su parte, transmite la impresión de haber reaccionado con lentitud y de haber descartado instrumentos excepcionales que probablemente eran necesarios para afrontar una situación tan fuera de lo común.

Jurídicamente, la protección de las fronteras constituye una competencia esencial del Estado y forma parte de sus obligaciones constitucionales, incluidas además en el objeto fundamental de las Fuerzas Armadas en tanto que responsables de la defensa y de la protección de la integridad territorial. Ello exige actuar con rapidez, proporcionalidad y eficacia, respetando siempre los derechos fundamentales y los compromisos internacionales, pero sin renunciar al ejercicio efectivo de las potestades que corresponden a los poderes públicos.

La crisis de Ceuta no debe interpretarse únicamente como un episodio de presión migratoria, probablemente impulsada por una política internacional defectuosa. También constituye un test de la capacidad práctica del Gobierno para ejercer el control de sus fronteras, responder con rapidez ante situaciones excepcionales y evitar que la política migratoria quede condicionada por decisiones adoptadas fuera de nuestras fronteras. La experiencia demuestra que la cooperación internacional es imprescindible, pero también que la firmeza institucional y la reacción inmediata son elementos esenciales para preservar la seguridad jurídica, el orden público y la confianza de los ciudadanos.

PORTADA DE LA RAZÓN Lunes, 03 de agosto de 2026
Análisis
Interior toma el control tras los fuegos que amenazan Madrid y Ávila
Fecha: 24 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.Fecha: 24 de julio de 2026Autor: R. TrigoCategoría: Incendios · Gobierno · Ecología · Cambio Climático · AdministraciónTipo: Artículo de opinión Cuando el fuego se convierte en un argumento político En los últimos días, el Presidente del Gobierno ha vuelto a vincular los incendios forestales con la emergencia climática, evocando incluso su actuación durante el incendio de Los Gallardos, en Almería, en el verano de 2024. Aprovechó esa referencia para reclamar un pacto de Estado que refuerce la cooperación entre administraciones y destine más recursos a la prevención, la extinción y la concienciación ciudadana. La cooperación institucional es necesaria. También lo es reforzar la prevención. Lo discutible es que, casi de manera automática, cualquier referencia a un gran incendio termine desembocando en un discurso centrado casi exclusivamente en la emergencia climática. Sería un error negar la influencia del cambio climático. El aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y la mayor frecuencia de las olas de calor favorecen incendios más intensos y más difíciles de controlar. Esa realidad está ampliamente acreditada y no admite una discusión seria. Pero reconocer esa influencia no obliga a convertirla en la explicación casi exclusiva de cada incendio. El clima ayuda a entender por qué el fuego se propaga con tanta violencia; explica mucho menos por qué llega a iniciarse o por qué encuentra un territorio especialmente favorable para avanzar. Los incendios forestales han acompañado a la Península Ibérica mucho antes de que el cambio climático ocupara el centro del debate político. Hoy las condiciones meteorológicas pueden hacerlos más destructivos, pero siguen dependiendo en gran medida del estado de los montes, de la acumulación de combustible vegetal, del abandono del medio rural, de la conservación de cortafuegos, de la gestión forestal y, en no pocos casos, de la acción humana, ya sea intencionada o negligente. Buena parte del problema tiene un origen que rara vez ocupa titulares. Durante generaciones, la ganadería extensiva, el aprovechamiento de la leña, la resinación, el carboneo o el desbroce para uso agrícola mantenían el monte limpio de manera natural. No se hablaba entonces de prevención de incendios; simplemente, el monte formaba parte de la economía cotidiana. El progresivo abandono del mundo rural y la desaparición de esos usos tradicionales han transformado amplias zonas forestales en espacios con una enorme continuidad de vegetación y una acumulación creciente de biomasa. Allí donde antes había actividad humana, hoy existe combustible. Recuperar parte de esos aprovechamientos —cuando sean ambiental y económicamente viables— no significa regresar al pasado, sino incorporar herramientas que durante siglos demostraron su eficacia para reducir el riesgo de grandes incendios. La prevención no siempre exige nuevas políticas; a veces consiste en recuperar prácticas que nunca debieron abandonarse. Por ello sorprende que el debate público se desplace con tanta facilidad hacia conceptos globales mientras recibe mucha menos atención aquello sobre lo que las administraciones sí pueden actuar de forma inmediata: la gestión activa del territorio, la limpieza de montes, el mantenimiento de cortafuegos, el impulso a la ganadería extensiva en determinadas zonas, el apoyo a los propietarios forestales y el refuerzo estable de los servicios forestales durante todo el año. La prevención no comienza cuando despega el primer hidroavión; empieza muchos meses antes. El propio reparto del gasto público refleja esa prioridad. Cada verano la atención se concentra, de forma comprensible, en los grandes medios de extinción: aviones anfibios, helicópteros, brigadas de intervención y dispositivos de emergencia. Sin embargo, la gestión forestal preventiva suele recibir mucha menos visibilidad política, pese a que es precisamente la que puede reducir la intensidad de los incendios futuros. Otros países ofrecen ejemplos interesantes. Tras los devastadores incendios de 2017, Portugal impulsó una profunda reorganización de su sistema de prevención, reforzando la gestión del territorio y la coordinación entre administraciones y propietarios forestales. Francia mantiene desde hace décadas un modelo basado en la gestión permanente del monte, las franjas de protección, la planificación forestal y la reducción continuada del combustible vegetal. En ambos casos, el énfasis se ha puesto tanto en prevenir como en extinguir. Todo ello no significa minimizar el cambio climático, sino situarlo en su justo lugar. Combatir sus efectos constituye un objetivo de largo recorrido. Gestionar adecuadamente los montes es una responsabilidad inmediata. Confundir ambos planos puede conducir a descuidar precisamente aquellas medidas que dependen de decisiones administrativas presentes y cuyos resultados pueden apreciarse mucho antes. El debate público haría bien en evitar explicaciones únicas para problemas complejos. El cambio climático influye en el comportamiento del fuego, pero no sustituye a una política forestal eficaz. Del mismo modo que un monte bien gestionado no elimina el riesgo de incendio, un monte abandonado multiplica sus consecuencias, incluso en años meteorológicamente menos extremos. Quizá el verdadero pacto de Estado no deba empezar por un nuevo lema, sino por una política sostenida de gestión del territorio, con inversiones permanentes en prevención, coordinación entre administraciones y recuperación de los usos compatibles que durante décadas contribuyeron a mantener nuestros montes en mejores condiciones. Porque el fuego no entiende de discursos. Entiende de combustible, de abandono y de previsión.
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Interior toma el control tras los fuegos que amenazan Madrid y Ávila

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Fecha: 24 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

Fecha: 24 de julio de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: Incendios · Gobierno · Ecología · Cambio Climático · Administración
Tipo: Artículo de opinión

Cuando el fuego se convierte en un argumento político

En los últimos días, el Presidente del Gobierno ha vuelto a vincular los incendios forestales con la emergencia climática, evocando incluso su actuación durante el incendio de Los Gallardos, en Almería, en el verano de 2024. Aprovechó esa referencia para reclamar un pacto de Estado que refuerce la cooperación entre administraciones y destine más recursos a la prevención, la extinción y la concienciación ciudadana.

La cooperación institucional es necesaria. También lo es reforzar la prevención. Lo discutible es que, casi de manera automática, cualquier referencia a un gran incendio termine desembocando en un discurso centrado casi exclusivamente en la emergencia climática.

Sería un error negar la influencia del cambio climático. El aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y la mayor frecuencia de las olas de calor favorecen incendios más intensos y más difíciles de controlar. Esa realidad está ampliamente acreditada y no admite una discusión seria. Pero reconocer esa influencia no obliga a convertirla en la explicación casi exclusiva de cada incendio. El clima ayuda a entender por qué el fuego se propaga con tanta violencia; explica mucho menos por qué llega a iniciarse o por qué encuentra un territorio especialmente favorable para avanzar.

Los incendios forestales han acompañado a la Península Ibérica mucho antes de que el cambio climático ocupara el centro del debate político. Hoy las condiciones meteorológicas pueden hacerlos más destructivos, pero siguen dependiendo en gran medida del estado de los montes, de la acumulación de combustible vegetal, del abandono del medio rural, de la conservación de cortafuegos, de la gestión forestal y, en no pocos casos, de la acción humana, ya sea intencionada o negligente.

Buena parte del problema tiene un origen que rara vez ocupa titulares. Durante generaciones, la ganadería extensiva, el aprovechamiento de la leña, la resinación, el carboneo o el desbroce para uso agrícola mantenían el monte limpio de manera natural. No se hablaba entonces de prevención de incendios; simplemente, el monte formaba parte de la economía cotidiana. El progresivo abandono del mundo rural y la desaparición de esos usos tradicionales han transformado amplias zonas forestales en espacios con una enorme continuidad de vegetación y una acumulación creciente de biomasa. Allí donde antes había actividad humana, hoy existe combustible.

Recuperar parte de esos aprovechamientos —cuando sean ambiental y económicamente viables— no significa regresar al pasado, sino incorporar herramientas que durante siglos demostraron su eficacia para reducir el riesgo de grandes incendios. La prevención no siempre exige nuevas políticas; a veces consiste en recuperar prácticas que nunca debieron abandonarse.

Por ello sorprende que el debate público se desplace con tanta facilidad hacia conceptos globales mientras recibe mucha menos atención aquello sobre lo que las administraciones sí pueden actuar de forma inmediata: la gestión activa del territorio, la limpieza de montes, el mantenimiento de cortafuegos, el impulso a la ganadería extensiva en determinadas zonas, el apoyo a los propietarios forestales y el refuerzo estable de los servicios forestales durante todo el año. La prevención no comienza cuando despega el primer hidroavión; empieza muchos meses antes.

El propio reparto del gasto público refleja esa prioridad. Cada verano la atención se concentra, de forma comprensible, en los grandes medios de extinción: aviones anfibios, helicópteros, brigadas de intervención y dispositivos de emergencia. Sin embargo, la gestión forestal preventiva suele recibir mucha menos visibilidad política, pese a que es precisamente la que puede reducir la intensidad de los incendios futuros.

Otros países ofrecen ejemplos interesantes. Tras los devastadores incendios de 2017, Portugal impulsó una profunda reorganización de su sistema de prevención, reforzando la gestión del territorio y la coordinación entre administraciones y propietarios forestales. Francia mantiene desde hace décadas un modelo basado en la gestión permanente del monte, las franjas de protección, la planificación forestal y la reducción continuada del combustible vegetal. En ambos casos, el énfasis se ha puesto tanto en prevenir como en extinguir.

Todo ello no significa minimizar el cambio climático, sino situarlo en su justo lugar. Combatir sus efectos constituye un objetivo de largo recorrido. Gestionar adecuadamente los montes es una responsabilidad inmediata. Confundir ambos planos puede conducir a descuidar precisamente aquellas medidas que dependen de decisiones administrativas presentes y cuyos resultados pueden apreciarse mucho antes.

El debate público haría bien en evitar explicaciones únicas para problemas complejos. El cambio climático influye en el comportamiento del fuego, pero no sustituye a una política forestal eficaz. Del mismo modo que un monte bien gestionado no elimina el riesgo de incendio, un monte abandonado multiplica sus consecuencias, incluso en años meteorológicamente menos extremos.

Quizá el verdadero pacto de Estado no deba empezar por un nuevo lema, sino por una política sostenida de gestión del territorio, con inversiones permanentes en prevención, coordinación entre administraciones y recuperación de los usos compatibles que durante décadas contribuyeron a mantener nuestros montes en mejores condiciones. Porque el fuego no entiende de discursos. Entiende de combustible, de abandono y de previsión.

PORTADA DE LA VANGUARDIA Lunes, 03 de agosto de 2026
Análisis
Zapatero cobró por asesorar en el rescate de Plus Ultra, según su amigo
Fecha: 21 de julio de 2026Autor: R. TrigoCategoría: Law-Fair · Verdad · Presunción de inocenciaTipo: Artículo de opinión La presunción de inocencia no exige renunciar a la inteligencia Hay principios jurídicos que constituyen lo esencial del Estado de Derecho. La presunción de inocencia es, quizás, el más importante de todos. Sin ella, cualquiera quedaría a merced de la sospecha, del rumor o del interés político del momento. Quienes creen sinceramente en el Derecho deben defenderla siempre, incluso cuando el investigado sea un adversario político o cuando hacerlo resulte poco rentable. En este blog se ha mantenido esa posición desde el primer día y no se abandonará ahora. Pero precisamente por respeto a la presunción de inocencia, no es posible aceptar una perversión cada vez más frecuente: convertirla en la obligación de cerrar los ojos ante indicios que merecen ser investigados, o en un argumento para descalificar preventivamente a quien los investiga. En las últimas horas han trascendido escritos presentados ante el juez instructor José Luis Calama por Julio Martínez Martínez y por dos altos directivos de Plus Ultra, en los que se atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero un papel relevante en las gestiones que desembocaron en el rescate público de la aerolínea, y se sostiene que este pactó pagos vinculados a esa intermediación. Según esos escritos, las comisiones habrían ascendido al 1 % de la ayuda concedida: aproximadamente 530.000 euros. Conviene recordar, por honestidad intelectual, que estas manifestaciones forman parte de una investigación judicial en curso, y que el propio Rodríguez Zapatero ha negado rotundamente haber influido en el rescate, haber hablado con responsables públicos sobre la operación o haber percibido comisión alguna relacionada con ella. Eso es exactamente lo que exige la presunción de inocencia: no dar por probados unos hechos que todavía deben demostrarse. Pero la presunción de inocencia no obliga a fingir que no existen declaraciones coincidentes, documentos incorporados al procedimiento o contradicciones que un juez considera suficientemente relevantes como para seguir investigando. Ahí aparece el verdadero problema político. No es que el presidente del Gobierno manifieste confianza en un antiguo presidente de su partido; eso entra dentro de la lógica política. Lo preocupante es otra cosa. Desde hace demasiado tiempo, cada vez que una investigación judicial afecta al entorno del PSOE, la respuesta institucional parece seguir un patrón invariable: desacreditar a los jueces, cuestionar a la Guardia Civil, atribuir las investigaciones a conspiraciones políticas, presentar cualquier actuación judicial como un ataque a la democracia y convertir al investigado en víctima antes incluso de que se practiquen todas las diligencias. Los altavoces no responden al contenido: se limitan a generar ruido, el suficiente para que resulte imposible distinguir los hechos de la propaganda. Cabe preguntarse, además, por qué esa defensa cerrada y por qué ahora, con tantos indicios sobre la mesa, en lugar de guardar la prudencia que cualquier partido serio guardaría ante una instrucción en marcha. La respuesta probablemente combina varios factores. Uno es simbólico: Zapatero no es un cargo cualquiera, sino un expresidente que sigue actuando como referencia moral e ideológica del PSOE; reconocer siquiera la posibilidad de que algo no encaje equivaldría, a ojos de la dirección del partido, a poner en cuestión veinte años de encanto propio. Otro es estratégico: en un Gobierno ya desgastado por otros frentes judiciales abiertos en su entorno, cualquier fisura adicional se percibe como munición para la oposición, de modo que la consigna interna tiende a ser cerrar filas antes que distinguir matices. Y un tercero es de pura supervivencia política: admitir dudas sobre una figura tan vinculada al aparato del partido puede leerse puertas adentro como una señal de debilidad, algo que ningún liderazgo en un contexto de mayorías parlamentarias tan ajustadas está dispuesto a permitirse. Ninguna de estas razones convierte en culpable a nadie, conviene insistir. Pero tampoco son inocentes desde el punto de vista democrático: cuando el cálculo de partido pesa más que la prudencia institucional, lo que se traslada a la ciudadanía no es serenidad ante la Justicia, sino la sensación de que la defensa se activa por reflejo de supervivencia, no por convicción sobre los hechos. Y esa diferencia, aunque sutil, es la que separa una defensa legítima de una defensa que empieza a parecer corporativa. Quienes defienden la presunción de inocencia se encuentran entonces en una situación casi absurda, como si respetar ese principio significara aceptar sin espíritu crítico cualquier explicación oficial y considerar ofensiva cualquier duda razonable. No es así. La presunción de inocencia protege frente a la condena anticipada, pero no protege frente al análisis crítico, ni exige renunciar al sentido común, ni obliga a pensar que toda coincidencia es casual o que toda investigación judicial nace contaminada por intereses espurios. Si mañana la instrucción concluye que no existió tráfico de influencias, que no hubo comisiones ilícitas y que todas las actuaciones fueron plenamente legales, esa absolución jurídica y moral deberá respetarse con la misma firmeza. Pero si los hechos que hoy se investigan terminan acreditándose mediante prueba suficiente, la consecuencia será inevitable: no estaremos ante un simple error político ni ante una campaña mediática, sino ante un supuesto de corrupción en el que quienes utilizaron el poder para obtener ventajas indebidas deberán responder como corruptos, y quienes facilitaron o financiaron esas ventajas asumirán igualmente su responsabilidad como corruptores. Esa conclusión no nace hoy: nace, precisamente, de respetar el proceso judicial hasta el final. Lo que resulta difícil de sostener es la actitud de quienes parecen considerar que la mejor defensa consiste en levantar una cortina de humo cada vez más espesa y más agresiva contra jueces, fiscales, investigadores o periodistas. Porque llega un momento en que la virulencia verbal deja de parecer una defensa y empieza a interpretarse como un mecanismo para impedir que se conozca la verdad. Y en un Estado de Derecho, la verdad no se decide en una rueda de prensa, ni en un mitin, ni en una campaña de descalificaciones. Se decide en los tribunales. Mientras tanto, quienes defendemos la presunción de inocencia seguiremos haciéndolo con la misma convicción de siempre. Pero también seguiremos defendiendo algo igualmente esencial: que respetarla no significa abdicar de la razón, ni aceptar que el pensamiento crítico deba sacrificarse en el altar de la disciplina partidista. Porque la Justicia exige prudencia, y la ciudadanía, además, tiene derecho a no ser tratada como si fuera ciega.
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Zapatero cobró por asesorar en el rescate de Plus Ultra, según su amigo

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Fecha: 21 de julio de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: Law-Fair · Verdad · Presunción de inocencia
Tipo: Artículo de opinión

La presunción de inocencia no exige renunciar a la inteligencia

Hay principios jurídicos que constituyen lo esencial del Estado de Derecho. La presunción de inocencia es, quizás, el más importante de todos. Sin ella, cualquiera quedaría a merced de la sospecha, del rumor o del interés político del momento. Quienes creen sinceramente en el Derecho deben defenderla siempre, incluso cuando el investigado sea un adversario político o cuando hacerlo resulte poco rentable.

En este blog se ha mantenido esa posición desde el primer día y no se abandonará ahora. Pero precisamente por respeto a la presunción de inocencia, no es posible aceptar una perversión cada vez más frecuente: convertirla en la obligación de cerrar los ojos ante indicios que merecen ser investigados, o en un argumento para descalificar preventivamente a quien los investiga.

En las últimas horas han trascendido escritos presentados ante el juez instructor José Luis Calama por Julio Martínez Martínez y por dos altos directivos de Plus Ultra, en los que se atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero un papel relevante en las gestiones que desembocaron en el rescate público de la aerolínea, y se sostiene que este pactó pagos vinculados a esa intermediación. Según esos escritos, las comisiones habrían ascendido al 1 % de la ayuda concedida: aproximadamente 530.000 euros.

Conviene recordar, por honestidad intelectual, que estas manifestaciones forman parte de una investigación judicial en curso, y que el propio Rodríguez Zapatero ha negado rotundamente haber influido en el rescate, haber hablado con responsables públicos sobre la operación o haber percibido comisión alguna relacionada con ella. Eso es exactamente lo que exige la presunción de inocencia: no dar por probados unos hechos que todavía deben demostrarse.

Pero la presunción de inocencia no obliga a fingir que no existen declaraciones coincidentes, documentos incorporados al procedimiento o contradicciones que un juez considera suficientemente relevantes como para seguir investigando. Ahí aparece el verdadero problema político. No es que el presidente del Gobierno manifieste confianza en un antiguo presidente de su partido; eso entra dentro de la lógica política. Lo preocupante es otra cosa.

Desde hace demasiado tiempo, cada vez que una investigación judicial afecta al entorno del PSOE, la respuesta institucional parece seguir un patrón invariable: desacreditar a los jueces, cuestionar a la Guardia Civil, atribuir las investigaciones a conspiraciones políticas, presentar cualquier actuación judicial como un ataque a la democracia y convertir al investigado en víctima antes incluso de que se practiquen todas las diligencias. Los altavoces no responden al contenido: se limitan a generar ruido, el suficiente para que resulte imposible distinguir los hechos de la propaganda.

Cabe preguntarse, además, por qué esa defensa cerrada y por qué ahora, con tantos indicios sobre la mesa, en lugar de guardar la prudencia que cualquier partido serio guardaría ante una instrucción en marcha. La respuesta probablemente combina varios factores. Uno es simbólico: Zapatero no es un cargo cualquiera, sino un expresidente que sigue actuando como referencia moral e ideológica del PSOE; reconocer siquiera la posibilidad de que algo no encaje equivaldría, a ojos de la dirección del partido, a poner en cuestión veinte años de encanto propio. Otro es estratégico: en un Gobierno ya desgastado por otros frentes judiciales abiertos en su entorno, cualquier fisura adicional se percibe como munición para la oposición, de modo que la consigna interna tiende a ser cerrar filas antes que distinguir matices. Y un tercero es de pura supervivencia política: admitir dudas sobre una figura tan vinculada al aparato del partido puede leerse puertas adentro como una señal de debilidad, algo que ningún liderazgo en un contexto de mayorías parlamentarias tan ajustadas está dispuesto a permitirse.

Ninguna de estas razones convierte en culpable a nadie, conviene insistir. Pero tampoco son inocentes desde el punto de vista democrático: cuando el cálculo de partido pesa más que la prudencia institucional, lo que se traslada a la ciudadanía no es serenidad ante la Justicia, sino la sensación de que la defensa se activa por reflejo de supervivencia, no por convicción sobre los hechos. Y esa diferencia, aunque sutil, es la que separa una defensa legítima de una defensa que empieza a parecer corporativa.

Quienes defienden la presunción de inocencia se encuentran entonces en una situación casi absurda, como si respetar ese principio significara aceptar sin espíritu crítico cualquier explicación oficial y considerar ofensiva cualquier duda razonable. No es así. La presunción de inocencia protege frente a la condena anticipada, pero no protege frente al análisis crítico, ni exige renunciar al sentido común, ni obliga a pensar que toda coincidencia es casual o que toda investigación judicial nace contaminada por intereses espurios.

Si mañana la instrucción concluye que no existió tráfico de influencias, que no hubo comisiones ilícitas y que todas las actuaciones fueron plenamente legales, esa absolución jurídica y moral deberá respetarse con la misma firmeza. Pero si los hechos que hoy se investigan terminan acreditándose mediante prueba suficiente, la consecuencia será inevitable: no estaremos ante un simple error político ni ante una campaña mediática, sino ante un supuesto de corrupción en el que quienes utilizaron el poder para obtener ventajas indebidas deberán responder como corruptos, y quienes facilitaron o financiaron esas ventajas asumirán igualmente su responsabilidad como corruptores. Esa conclusión no nace hoy: nace, precisamente, de respetar el proceso judicial hasta el final.

Lo que resulta difícil de sostener es la actitud de quienes parecen considerar que la mejor defensa consiste en levantar una cortina de humo cada vez más espesa y más agresiva contra jueces, fiscales, investigadores o periodistas. Porque llega un momento en que la virulencia verbal deja de parecer una defensa y empieza a interpretarse como un mecanismo para impedir que se conozca la verdad.

Y en un Estado de Derecho, la verdad no se decide en una rueda de prensa, ni en un mitin, ni en una campaña de descalificaciones. Se decide en los tribunales.

Mientras tanto, quienes defendemos la presunción de inocencia seguiremos haciéndolo con la misma convicción de siempre. Pero también seguiremos defendiendo algo igualmente esencial: que respetarla no significa abdicar de la razón, ni aceptar que el pensamiento crítico deba sacrificarse en el altar de la disciplina partidista. Porque la Justicia exige prudencia, y la ciudadanía, además, tiene derecho a no ser tratada como si fuera ciega.

PORTADA DEL ABC Lunes, 03 de agosto de 2026
Análisis
El DAO carga contra "la proactividad tóxica" de la UCO
Fecha: 18 de julio de 2026Autor: R. TrigoCategoría: Política nacional · Constitución · Guardia CivilTipo: Artículo de opinión La necesidad de preservar el honor de la Guardia Civil cuando la sospecha alcanza a su cúpula Quienes hemos tenido el honor de vestir un uniforme sabemos que el servicio no se presta a un Gobierno concreto, sino al Estado; no a un partido político, sino a la Nación y al ordenamiento jurídico. Esa distinción, que a algunos puede parecer una cuestión de matiz, es en realidad la columna vertebral de cualquier fuerza de seguridad en una democracia. Una institución, más de ochenta mil personas Cada día, más de ochenta y un mil guardias civiles en servicio activo —de un total de 91.034 efectivos, según los últimos datos oficiales—, cumplen su servicio con profesionalidad, ajenos a los despachos donde se libran las batallas políticas. No sería justo —ni riguroso— identificar a la institución en su conjunto con las presuntas irregularidades que hoy se atribuyen a algunos de sus máximos responsables. Diluir esa distinción, ya sea por desidia informativa o por conveniencia partidista, perjudica precisamente a quienes menos tienen que ver con lo ocurrido: los agentes que patrullan carreteras, investigan delitos y arriesgan su integridad sin figurar jamás en un titular. Precisamente por eso conviene ser meticuloso al describir lo que está sucediendo, y no generalizar. Lo que dicen las actuaciones judiciales En las últimas semanas, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, han sido citados como investigados por el titular del juzgado central de instrucción, Santiago Pedraz. El magistrado aprecia indicios, prima facie, de posibles delitos continuados de prevaricación y obstrucción a la Justicia, relacionados con la apertura reiterada de informaciones reservadas dirigidas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigaban tramas de corrupción. Conviene subrayarlo con precisión: una imputación no es una condena. El propio auto judicial aclara que la decisión de investigar no implica una declaración de culpabilidad, sino la necesidad de esclarecer si ambos responsables emplearon sus competencias para condicionar el trabajo de quienes instruían causas sensibles para el Ejecutivo. Ese matiz —presunción de inocencia frente a indicios que merecen ser investigados— es tan importante para quien defiende la institución como para quien la critica. Ignorarlo en cualquiera de las dos direcciones sería injusto. Dicho esto, la gravedad de los hechos que se investigan —si se confirman— no es menor: no se trata de una irregularidad administrativa cualquiera, sino de la posible utilización de la cadena de mando para intimidar o desactivar una investigación en marcha. Y ahí es donde entra en juego algo que trasciende lo penal. El honor no es un eslogan El lema histórico de la Guardia Civil —"El honor es mi divisa"— no es una fórmula decorativa para actos protocolarios. Un guardia civil, como cualquier militar, sabe que debe obediencia a la ley por encima de cualquier conveniencia coyuntural. Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas sitúan el honor, la disciplina, el servicio y la neutralidad política entre los principios esenciales de quien viste el uniforme. No son adornos retóricos: son la razón de ser de la disciplina misma, porque una disciplina que solo obedeciera al poder de turno dejaría de ser garantía y pasaría a ser instrumento. Por eso, si se confirmara que la cúpula del cuerpo utilizó sus competencias para frenar investigaciones incómodas para el Gobierno, el daño no sería solo penal: sería un daño reputacional que tardará mucho en repararse, incluso si los actuales investigados terminaran siendo absueltos. La sospecha, cuando alcanza a la cúspide de una institución armada, deja una marca que no se borra con una sentencia favorable. Instituciones fuertes, no cúpulas dóciles España necesita instituciones fuertes, y más si se atiende al panorama político actual. Pero las instituciones solo son fuertes cuando sus miembros —empezando por sus mandos más altos— saben distinguir entre servir al Gobierno de turno y servir al Estado. Un cuerpo de seguridad cuya dirección general dependiera, de facto, de la lealtad al Ejecutivo de turno dejaría de ser garante de la ley para convertirse en instrumento de quien gobierna. Esa es, precisamente, la peor herencia que podría dejar este episodio, independientemente de cómo termine resolviéndose en los tribunales. Quienes visten el uniforme no juran fidelidad a un partido político. Juran cumplir la Constitución y proteger a todos los españoles por igual, con independencia de qué formación ocupe el Gobierno. Esa diferencia, aparentemente sencilla, es el verdadero fundamento del prestigio de la Guardia Civil, y hoy puede quedar maltrecha si no hay una reacción institucional a la altura: transparencia en la investigación, colaboración plena con la Justicia y, si los hechos se confirman, consecuencias claras para quienes hayan antepuesto la lealtad política a la ley. La autoridad moral de cualquier cuerpo de seguridad depende, en última instancia, de una sola cosa: que nadie —ni siquiera quien lo dirige— esté por encima de la ley, y de que nadie pueda paralizar una investigación dirigida por un juez. Todo lo demás es, en el fondo, secundario.
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El DAO carga contra "la proactividad tóxica" de la UCO

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 18 de julio de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: Política nacional · Constitución · Guardia Civil
Tipo: Artículo de opinión


La necesidad de preservar el honor de la Guardia Civil cuando la sospecha alcanza a su cúpula

Quienes hemos tenido el honor de vestir un uniforme sabemos que el servicio no se presta a un Gobierno concreto, sino al Estado; no a un partido político, sino a la Nación y al ordenamiento jurídico. Esa distinción, que a algunos puede parecer una cuestión de matiz, es en realidad la columna vertebral de cualquier fuerza de seguridad en una democracia.

Una institución, más de ochenta mil personas

Cada día, más de ochenta y un mil guardias civiles en servicio activo —de un total de 91.034 efectivos, según los últimos datos oficiales—, cumplen su servicio con profesionalidad, ajenos a los despachos donde se libran las batallas políticas. No sería justo —ni riguroso— identificar a la institución en su conjunto con las presuntas irregularidades que hoy se atribuyen a algunos de sus máximos responsables. Diluir esa distinción, ya sea por desidia informativa o por conveniencia partidista, perjudica precisamente a quienes menos tienen que ver con lo ocurrido: los agentes que patrullan carreteras, investigan delitos y arriesgan su integridad sin figurar jamás en un titular.

Precisamente por eso conviene ser meticuloso al describir lo que está sucediendo, y no generalizar.

Lo que dicen las actuaciones judiciales

En las últimas semanas, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, han sido citados como investigados por el titular del juzgado central de instrucción, Santiago Pedraz. El magistrado aprecia indicios, prima facie, de posibles delitos continuados de prevaricación y obstrucción a la Justicia, relacionados con la apertura reiterada de informaciones reservadas dirigidas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigaban tramas de corrupción.

Conviene subrayarlo con precisión: una imputación no es una condena. El propio auto judicial aclara que la decisión de investigar no implica una declaración de culpabilidad, sino la necesidad de esclarecer si ambos responsables emplearon sus competencias para condicionar el trabajo de quienes instruían causas sensibles para el Ejecutivo. Ese matiz —presunción de inocencia frente a indicios que merecen ser investigados— es tan importante para quien defiende la institución como para quien la critica. Ignorarlo en cualquiera de las dos direcciones sería injusto.

Dicho esto, la gravedad de los hechos que se investigan —si se confirman— no es menor: no se trata de una irregularidad administrativa cualquiera, sino de la posible utilización de la cadena de mando para intimidar o desactivar una investigación en marcha. Y ahí es donde entra en juego algo que trasciende lo penal.

El honor no es un eslogan

El lema histórico de la Guardia Civil —"El honor es mi divisa"— no es una fórmula decorativa para actos protocolarios. Un guardia civil, como cualquier militar, sabe que debe obediencia a la ley por encima de cualquier conveniencia coyuntural. Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas sitúan el honor, la disciplina, el servicio y la neutralidad política entre los principios esenciales de quien viste el uniforme. No son adornos retóricos: son la razón de ser de la disciplina misma, porque una disciplina que solo obedeciera al poder de turno dejaría de ser garantía y pasaría a ser instrumento.

Por eso, si se confirmara que la cúpula del cuerpo utilizó sus competencias para frenar investigaciones incómodas para el Gobierno, el daño no sería solo penal: sería un daño reputacional que tardará mucho en repararse, incluso si los actuales investigados terminaran siendo absueltos. La sospecha, cuando alcanza a la cúspide de una institución armada, deja una marca que no se borra con una sentencia favorable.

Instituciones fuertes, no cúpulas dóciles

España necesita instituciones fuertes, y más si se atiende al panorama político actual. Pero las instituciones solo son fuertes cuando sus miembros —empezando por sus mandos más altos— saben distinguir entre servir al Gobierno de turno y servir al Estado. Un cuerpo de seguridad cuya dirección general dependiera, de facto, de la lealtad al Ejecutivo de turno dejaría de ser garante de la ley para convertirse en instrumento de quien gobierna. Esa es, precisamente, la peor herencia que podría dejar este episodio, independientemente de cómo termine resolviéndose en los tribunales.

Quienes visten el uniforme no juran fidelidad a un partido político. Juran cumplir la Constitución y proteger a todos los españoles por igual, con independencia de qué formación ocupe el Gobierno. Esa diferencia, aparentemente sencilla, es el verdadero fundamento del prestigio de la Guardia Civil, y hoy puede quedar maltrecha si no hay una reacción institucional a la altura: transparencia en la investigación, colaboración plena con la Justicia y, si los hechos se confirman, consecuencias claras para quienes hayan antepuesto la lealtad política a la ley.

La autoridad moral de cualquier cuerpo de seguridad depende, en última instancia, de una sola cosa: que nadie —ni siquiera quien lo dirige— esté por encima de la ley, y de que nadie pueda paralizar una investigación dirigida por un juez. Todo lo demás es, en el fondo, secundario.

PORTADA DE HOY Lunes, 03 de agosto de 2026
Análisis
El Gobierno ya analiza el informe del CSN de Almaraz
Fecha: 18 de julio de 2026Autor: R. TrigoCategoría: Derecho de la Energía · Energía Nuclear · Medio AmbienteTipo: Artículo de opinión y análisis jurídico ¿Puede una decisión administrativa cambiar la política energética? La reciente decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de informar favorablemente la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz ha reabierto un debate que parecía cerrado desde la aprobación del calendario de cierre progresivo del parque nuclear español. Sin embargo, la cuestión trasciende ampliamente el futuro de una sola instalación. Lo que realmente está en juego es determinar si la política energética diseñada hace varios años continúa respondiendo a las necesidades actuales del sistema eléctrico español. Desde una perspectiva jurídica, el caso Almaraz constituye un magnífico ejemplo de la interacción entre la regulación técnica de la seguridad nuclear y las potestades de planificación energética que corresponden al Gobierno. Una aclaración previa: Almaraz I y Almaraz II Antes de abordar el fondo del asunto conviene realizar una precisión. Cuando se habla de la Central Nuclear de Almaraz suele pensarse en una única central, pero en realidad la instalación está formada por dos reactores nucleares independientes, denominados Almaraz I y Almaraz II. Ambos reactores comparten parte de las instalaciones auxiliares y son explotados conjuntamente, pero cada uno dispone de autorización administrativa propia y de una fecha distinta de puesta en funcionamiento. Almaraz I inició su explotación comercial en 1983 y Almaraz II en 1984, razón por la que el calendario vigente prevé el cierre de la primera unidad en 2027 y de la segunda en 2028. Esta diferencia, aunque técnica, resulta jurídicamente relevante porque cada autorización de explotación debe tramitarse de forma independiente. Ahora bien, en la práctica reciente esa independencia formal no ha impedido una tramitación conjunta del expediente de renovación: en 2025 el titular de la planta solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) la modificación de la autorización de explotación de ambas unidades en un mismo procedimiento, remitiéndose la documentación de soporte al CSN entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. El hecho de que el trámite se haya unificado no altera la naturaleza jurídica de cada autorización, pero sí conviene tenerlo presente: la práctica administrativa y la separación formal de expedientes no siempre coinciden. El mantenimiento en servicio no consiste simplemente en prolongar la vida de una central Uno de los errores más frecuentes consiste en identificar la prolongación de la explotación con el funcionamiento de instalaciones antiguas sin inversiones significativas. La realidad es precisamente la contraria. Las centrales nucleares están sometidas durante toda su vida útil a un proceso continuo de modernización, sustitución de equipos, inspecciones reglamentarias y programas de gestión del envejecimiento. La normativa española, siguiendo los estándares internacionales promovidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), exige que las instalaciones mantengan permanentemente niveles de seguridad compatibles con los avances tecnológicos y científicos. En consecuencia, la edad cronológica de una central no constituye, por sí sola, un criterio suficiente para determinar su continuidad o su cierre. La verdadera cuestión consiste en acreditar que la instalación sigue reuniendo las condiciones técnicas necesarias para operar con seguridad. El papel del Consejo de Seguridad Nuclear En este punto conviene distinguir dos planos diferentes que con frecuencia aparecen confundidos en el debate público. El primero corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear, organismo independiente creado por la Ley 15/1980, cuya misión consiste en garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica. El CSN no decide la política energética del Estado. Su función consiste exclusivamente en emitir un juicio técnico acerca de si una instalación puede continuar funcionando sin comprometer la seguridad de las personas, de los trabajadores o del medio ambiente. En el caso concreto de Almaraz, el Pleno del CSN emitió el pasado 16 de julio de 2026 un informe favorable, pero con condiciones, sobre la renovación de la autorización de explotación hasta el año 2030, aplicable a las dos unidades. Conviene subrayar dos matices que suelen perderse en la lectura mediática del informe. Primero, no fue un pronunciamiento unánime: el acuerdo de emisión contó con la abstención de uno de los consejeros (Son 5 miembros). Segundo, no se trata de una autorización indefinida ni de una simple ratificación de que "la central es segura" en abstracto, sino de un dictamen técnico acotado a un horizonte temporal concreto —hasta 2030— y sujeto a condiciones que el titular deberá seguir cumpliendo. Ese informe, aun siendo imprescindible, no decide por sí mismo la continuidad de la explotación. La decisión corresponde al Gobierno La autorización de explotación constituye un acto administrativo cuya competencia corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es precisamente aquí donde aparece la dimensión jurídica más interesante del caso. El Gobierno no debe limitarse a valorar la seguridad de la instalación. También debe integrar otros elementos igualmente relevantes: la planificación energética nacional; la seguridad del suministro eléctrico; los objetivos de descarbonización; los compromisos internacionales asumidos por España; el interés general. De hecho, el propio Ejecutivo ya había anticipado públicamente el marco de su decisión, condicionando cualquier prórroga a tres elementos: el aval técnico del CSN, la garantía de suministro eléctrico y que la operación no suponga coste alguno para el consumidor. Con el informe del 16 de julio, el sector y las administraciones territoriales afectadas sostienen que el primero de esos tres condicionantes ya está cumplido, lo que traslada el foco del debate a los otros dos —de naturaleza estrictamente política y económica, no técnica—. En consecuencia, la continuidad de una central nuclear nunca constituye una decisión exclusivamente técnica. Es, sobre todo, una decisión de política energética. El calendario de cierre aprobado en 2019 El calendario actualmente vigente fue fruto del acuerdo alcanzado entre las empresas propietarias de las centrales nucleares —Iberdrola, Endesa y Naturgy— y ENRESA en 2019. Dicho calendario prevé el cierre progresivo del parque nuclear español entre 2027 y 2035: Central Cese previsto Almaraz I 2027 Almaraz II 2028 Ascó I 2030 Cofrentes 2030 Ascó II 2032 Vandellós II 2035 Trillo 2035 Sin embargo, conviene recordar que este calendario fue diseñado en un contexto energético completamente distinto del actual. En 2019 no existía la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, ni el extraordinario crecimiento de la demanda eléctrica asociado a la electrificación del transporte, la climatización, la inteligencia artificial o los centros de datos. La planificación energética, como cualquier otra actuación administrativa, debe responder a las circunstancias existentes en cada momento. Y esas circunstancias han cambiado de manera significativa. El propio informe del CSN aporta ya un primer dato concreto sobre hacia dónde podría moverse ese calendario: al acreditar la viabilidad de la operación hasta 2030, sitúa técnicamente sobre la mesa una prórroga de dos y tres años, respectivamente, sobre las fechas de cierre de 2027 y 2028 previstas para Almaraz I y II. Que esa prórroga técnica se traduzca finalmente en una modificación jurídica del calendario depende ya, exclusivamente, de la decisión gubernativa. ¿Puede Almaraz convertirse en un precedente? Ésta constituye, probablemente, la cuestión más relevante. Si finalmente el Gobierno autoriza la continuidad de Almaraz, difícilmente podrá ignorarse esa decisión cuando llegue el momento de resolver sobre la situación de Ascó, Cofrentes, Vandellós o Trillo. No significa que exista un derecho automático a obtener nuevas autorizaciones. Cada expediente deberá resolverse individualmente. Pero sí resulta evidente que una autorización concedida sobre la base de criterios técnicos y jurídicos determinados generará un precedente administrativo cuya influencia será difícilmente evitable. Desde la perspectiva del Derecho Administrativo aparecen principios como la igualdad en la aplicación de la norma, la interdicción de la arbitrariedad y la seguridad jurídica. Si dos instalaciones acreditan condiciones técnicas equivalentes, la Administración deberá justificar adecuadamente cualquier diferencia de trato. Mucho más que una cuestión nuclear El debate tampoco puede reducirse a una confrontación entre energía nuclear y energías renovables. España necesita incrementar notablemente su producción eléctrica durante las próximas décadas. La electrificación de la economía exige disponer de un sistema capaz de garantizar el suministro incluso cuando las condiciones meteorológicas reducen la producción eólica o fotovoltaica. En ese contexto, la energía nuclear continúa aportando una producción estable, gestionable y libre de emisiones directas de dióxido de carbono. Ello no elimina los problemas asociados a la gestión de los residuos radiactivos ni los elevados costes del desmantelamiento futuro, pero obliga a incorporar al debate elementos técnicos y económicos que trascienden las posiciones ideológicas. Conclusión El expediente relativo a la Central Nuclear de Almaraz representa mucho más que una decisión sobre la continuidad de una instalación concreta. Constituye un auténtico caso de estudio sobre la relación entre la regulación técnica y la discrecionalidad administrativa en materia de planificación energética. El Consejo de Seguridad Nuclear puede afirmar que una central es segura hasta una fecha determinada. Sin embargo, corresponde al Gobierno decidir si esa seguridad técnica resulta compatible con la estrategia energética nacional, y si el resto de condicionantes —suministro y coste— quedan igualmente satisfechos. La respuesta que finalmente se adopte marcará probablemente el futuro del conjunto del parque nuclear español. Si Almaraz continúa operando más allá de las fechas inicialmente previstas —algo que el propio informe del CSN ya hace técnicamente posible hasta 2030—, será difícil sostener que el calendario de cierre aprobado en 2019 permanece inalterable. Muy probablemente estaremos asistiendo al inicio de una nueva etapa de la política energética española, en la que la seguridad del suministro, la competitividad económica y la transición hacia un modelo bajo en carbono deberán conciliarse con un marco jurídico capaz de adaptarse a una realidad muy distinta de la existente cuando aquel calendario fue diseñado.
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El Gobierno ya analiza el informe del CSN de Almaraz

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 18 de julio de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: Derecho de la Energía · Energía Nuclear · Medio Ambiente
Tipo: Artículo de opinión y análisis jurídico

¿Puede una decisión administrativa cambiar la política energética?

La reciente decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de informar favorablemente la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz ha reabierto un debate que parecía cerrado desde la aprobación del calendario de cierre progresivo del parque nuclear español. Sin embargo, la cuestión trasciende ampliamente el futuro de una sola instalación. Lo que realmente está en juego es determinar si la política energética diseñada hace varios años continúa respondiendo a las necesidades actuales del sistema eléctrico español.

Desde una perspectiva jurídica, el caso Almaraz constituye un magnífico ejemplo de la interacción entre la regulación técnica de la seguridad nuclear y las potestades de planificación energética que corresponden al Gobierno.

Una aclaración previa: Almaraz I y Almaraz II

Antes de abordar el fondo del asunto conviene realizar una precisión.

Cuando se habla de la Central Nuclear de Almaraz suele pensarse en una única central, pero en realidad la instalación está formada por dos reactores nucleares independientes, denominados Almaraz I y Almaraz II.

Ambos reactores comparten parte de las instalaciones auxiliares y son explotados conjuntamente, pero cada uno dispone de autorización administrativa propia y de una fecha distinta de puesta en funcionamiento. Almaraz I inició su explotación comercial en 1983 y Almaraz II en 1984, razón por la que el calendario vigente prevé el cierre de la primera unidad en 2027 y de la segunda en 2028.

Esta diferencia, aunque técnica, resulta jurídicamente relevante porque cada autorización de explotación debe tramitarse de forma independiente. Ahora bien, en la práctica reciente esa independencia formal no ha impedido una tramitación conjunta del expediente de renovación: en 2025 el titular de la planta solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) la modificación de la autorización de explotación de ambas unidades en un mismo procedimiento, remitiéndose la documentación de soporte al CSN entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. El hecho de que el trámite se haya unificado no altera la naturaleza jurídica de cada autorización, pero sí conviene tenerlo presente: la práctica administrativa y la separación formal de expedientes no siempre coinciden.

El mantenimiento en servicio no consiste simplemente en prolongar la vida de una central

Uno de los errores más frecuentes consiste en identificar la prolongación de la explotación con el funcionamiento de instalaciones antiguas sin inversiones significativas. La realidad es precisamente la contraria. Las centrales nucleares están sometidas durante toda su vida útil a un proceso continuo de modernización, sustitución de equipos, inspecciones reglamentarias y programas de gestión del envejecimiento. La normativa española, siguiendo los estándares internacionales promovidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), exige que las instalaciones mantengan permanentemente niveles de seguridad compatibles con los avances tecnológicos y científicos. En consecuencia, la edad cronológica de una central no constituye, por sí sola, un criterio suficiente para determinar su continuidad o su cierre. La verdadera cuestión consiste en acreditar que la instalación sigue reuniendo las condiciones técnicas necesarias para operar con seguridad.

El papel del Consejo de Seguridad Nuclear

En este punto conviene distinguir dos planos diferentes que con frecuencia aparecen confundidos en el debate público. El primero corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear, organismo independiente creado por la Ley 15/1980, cuya misión consiste en garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica. El CSN no decide la política energética del Estado. Su función consiste exclusivamente en emitir un juicio técnico acerca de si una instalación puede continuar funcionando sin comprometer la seguridad de las personas, de los trabajadores o del medio ambiente.

En el caso concreto de Almaraz, el Pleno del CSN emitió el pasado 16 de julio de 2026 un informe favorable, pero con condiciones, sobre la renovación de la autorización de explotación hasta el año 2030, aplicable a las dos unidades. Conviene subrayar dos matices que suelen perderse en la lectura mediática del informe. Primero, no fue un pronunciamiento unánime: el acuerdo de emisión contó con la abstención de uno de los consejeros (Son 5 miembros). Segundo, no se trata de una autorización indefinida ni de una simple ratificación de que "la central es segura" en abstracto, sino de un dictamen técnico acotado a un horizonte temporal concreto —hasta 2030— y sujeto a condiciones que el titular deberá seguir cumpliendo. Ese informe, aun siendo imprescindible, no decide por sí mismo la continuidad de la explotación.

La decisión corresponde al Gobierno

La autorización de explotación constituye un acto administrativo cuya competencia corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Es precisamente aquí donde aparece la dimensión jurídica más interesante del caso. El Gobierno no debe limitarse a valorar la seguridad de la instalación. También debe integrar otros elementos igualmente relevantes:

  • la planificación energética nacional;
  • la seguridad del suministro eléctrico;
  • los objetivos de descarbonización;
  • los compromisos internacionales asumidos por España;
  • el interés general.

De hecho, el propio Ejecutivo ya había anticipado públicamente el marco de su decisión, condicionando cualquier prórroga a tres elementos: el aval técnico del CSN, la garantía de suministro eléctrico y que la operación no suponga coste alguno para el consumidor. Con el informe del 16 de julio, el sector y las administraciones territoriales afectadas sostienen que el primero de esos tres condicionantes ya está cumplido, lo que traslada el foco del debate a los otros dos —de naturaleza estrictamente política y económica, no técnica—.

En consecuencia, la continuidad de una central nuclear nunca constituye una decisión exclusivamente técnica. Es, sobre todo, una decisión de política energética.

El calendario de cierre aprobado en 2019

El calendario actualmente vigente fue fruto del acuerdo alcanzado entre las empresas propietarias de las centrales nucleares —Iberdrola, Endesa y Naturgy— y ENRESA en 2019.

Dicho calendario prevé el cierre progresivo del parque nuclear español entre 2027 y 2035:

Central Cese previsto
Almaraz I 2027
Almaraz II 2028
Ascó I 2030
Cofrentes 2030
Ascó II 2032
Vandellós II 2035
Trillo 2035

Sin embargo, conviene recordar que este calendario fue diseñado en un contexto energético completamente distinto del actual. En 2019 no existía la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, ni el extraordinario crecimiento de la demanda eléctrica asociado a la electrificación del transporte, la climatización, la inteligencia artificial o los centros de datos. La planificación energética, como cualquier otra actuación administrativa, debe responder a las circunstancias existentes en cada momento. Y esas circunstancias han cambiado de manera significativa.

El propio informe del CSN aporta ya un primer dato concreto sobre hacia dónde podría moverse ese calendario: al acreditar la viabilidad de la operación hasta 2030, sitúa técnicamente sobre la mesa una prórroga de dos y tres años, respectivamente, sobre las fechas de cierre de 2027 y 2028 previstas para Almaraz I y II. Que esa prórroga técnica se traduzca finalmente en una modificación jurídica del calendario depende ya, exclusivamente, de la decisión gubernativa.

¿Puede Almaraz convertirse en un precedente?

Ésta constituye, probablemente, la cuestión más relevante. Si finalmente el Gobierno autoriza la continuidad de Almaraz, difícilmente podrá ignorarse esa decisión cuando llegue el momento de resolver sobre la situación de Ascó, Cofrentes, Vandellós o Trillo. No significa que exista un derecho automático a obtener nuevas autorizaciones. Cada expediente deberá resolverse individualmente. Pero sí resulta evidente que una autorización concedida sobre la base de criterios técnicos y jurídicos determinados generará un precedente administrativo cuya influencia será difícilmente evitable. Desde la perspectiva del Derecho Administrativo aparecen principios como la igualdad en la aplicación de la norma, la interdicción de la arbitrariedad y la seguridad jurídica. Si dos instalaciones acreditan condiciones técnicas equivalentes, la Administración deberá justificar adecuadamente cualquier diferencia de trato.

Mucho más que una cuestión nuclear

El debate tampoco puede reducirse a una confrontación entre energía nuclear y energías renovables. España necesita incrementar notablemente su producción eléctrica durante las próximas décadas. La electrificación de la economía exige disponer de un sistema capaz de garantizar el suministro incluso cuando las condiciones meteorológicas reducen la producción eólica o fotovoltaica. En ese contexto, la energía nuclear continúa aportando una producción estable, gestionable y libre de emisiones directas de dióxido de carbono. Ello no elimina los problemas asociados a la gestión de los residuos radiactivos ni los elevados costes del desmantelamiento futuro, pero obliga a incorporar al debate elementos técnicos y económicos que trascienden las posiciones ideológicas.

Conclusión

El expediente relativo a la Central Nuclear de Almaraz representa mucho más que una decisión sobre la continuidad de una instalación concreta. Constituye un auténtico caso de estudio sobre la relación entre la regulación técnica y la discrecionalidad administrativa en materia de planificación energética. El Consejo de Seguridad Nuclear puede afirmar que una central es segura hasta una fecha determinada. Sin embargo, corresponde al Gobierno decidir si esa seguridad técnica resulta compatible con la estrategia energética nacional, y si el resto de condicionantes —suministro y coste— quedan igualmente satisfechos.

La respuesta que finalmente se adopte marcará probablemente el futuro del conjunto del parque nuclear español. Si Almaraz continúa operando más allá de las fechas inicialmente previstas —algo que el propio informe del CSN ya hace técnicamente posible hasta 2030—, será difícil sostener que el calendario de cierre aprobado en 2019 permanece inalterable. Muy probablemente estaremos asistiendo al inicio de una nueva etapa de la política energética española, en la que la seguridad del suministro, la competitividad económica y la transición hacia un modelo bajo en carbono deberán conciliarse con un marco jurídico capaz de adaptarse a una realidad muy distinta de la existente cuando aquel calendario fue diseñado.

PORTADA DE EL MUNDO Lunes, 03 de agosto de 2026
Análisis
Europa aplaca a Trump con más gasto y lo implica frente a Rusia.
Fecha: 9 de julio de 2026Autor: R. TrigoCategoría: Política internacional · Defensa · Relaciones internacionalesTipo: Artículo de opinión Europa, Trump y el coste de la seguridad: lo que dicen los hechos El titular de primera página de El Mundo hoy —«Europa aplaca a Trump con más gasto y lo implica frente a Rusia»— es un buen ejemplo de cómo el lenguaje periodístico puede condicionar la lectura de un hecho político sin faltar, en sentido estricto, a la verdad. Conviene separar dos afirmaciones que el titular funde en una: primera, que Europa va a incrementar de forma sustancial su gasto militar; segunda, que lo hace para aplacar a Trump. La primera es un hecho verificable. La segunda es una interpretación causal —y no la única posible. El hecho. Trump sostiene desde su primer mandato que los aliados europeos no cumplían su parte del esfuerzo de defensa dentro de la OTAN, dejando a Estados Unidos con una carga desproporcionada. Esa posición generó fricciones serias, hasta el punto de plantearse como un riesgo para la cohesión de la Alianza. Hoy, los gobiernos europeos han asumido incrementos de gasto militar que hace pocos años se habrían considerado inasumibles políticamente. La interpretación en disputa. ¿Es esto una concesión a Trump, o una respuesta a la agresión rusa contra Ucrania y al deterioro general de la seguridad europea? El titular elige la primera lectura —«aplacar»— porque personaliza el conflicto y lo simplifica en una relación bilateral entre Trump y "Europa". Pero si la causa principal del giro es la amenaza rusa, entonces lo que ha ocurrido no es que Europa haya cedido ante Trump, sino que las circunstancias le han dado la razón en el diagnóstico —algo distinto, y jurídicamente relevante, porque no es lo mismo actuar bajo presión de un tercero que actuar por interés propio con el que ese tercero coincide. Dicho esto, tampoco conviene idealizar el proceso: durante años, la respuesta europea a las advertencias de Washington fue la inacción, y el cambio se ha producido bajo una presión política real, tanto la de Trump como la del propio riesgo bélico. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez, y probablemente lo son. Lo que el titular no dice. El aumento de gasto plantea cuestiones que sí merecerían primera plana y que hoy quedan fuera del debate público: Financiación. ¿Se cubre con presión fiscal adicional, deuda pública o recorte de partidas sociales? Los compromisos de gasto asumidos —hacia el entorno del 3,5-5% del PIB en algunos formatos de acuerdo discutidos en la OTAN— no son neutros desde el punto de vista presupuestario, y cada vía tiene consecuencias distributivas distintas que ningún gobierno ha explicado con claridad. Autonomía industrial. ¿El gasto refuerza una base industrial europea de defensa, o se traduce en compras a la industria armamentística estadounidense, profundizando la dependencia que en teoría se quiere corregir? Esta es, a mi juicio, la pregunta jurídica y estratégicamente más relevante, y la que menos espacio mediático recibe. Ninguna de las dos cuestiones se resuelve con un titular sobre quién "aplaca" a quién. Se resuelven con las leyes de presupuestos, los contratos de adquisición y los tratados que se firmen en los próximos años —documentos que no suelen ser noticia, aunque son los que de verdad condicionan la seguridad, la economía y la libertad de los ciudadanos durante décadas. Por eso creo que, dentro de unos años, este episodio no se recordará como el momento en que Europa «aplacó» a Trump, sino como el momento en que —tarde, y por motivos no enteramente propios— reconoció la necesidad de asumir su propia defensa. El Derecho, como la política internacional, exige distinguir entre el hecho y su relato. El titular dura un día; la decisión, décadas.
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Europa aplaca a Trump con más gasto y lo implica frente a Rusia.

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Fecha: 9 de julio de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: Política internacional · Defensa · Relaciones internacionales
Tipo: Artículo de opinión

Europa, Trump y el coste de la seguridad: lo que dicen los hechos

El titular de primera página de El Mundo hoy —«Europa aplaca a Trump con más gasto y lo implica frente a Rusia»— es un buen ejemplo de cómo el lenguaje periodístico puede condicionar la lectura de un hecho político sin faltar, en sentido estricto, a la verdad.

Conviene separar dos afirmaciones que el titular funde en una: primera, que Europa va a incrementar de forma sustancial su gasto militar; segunda, que lo hace para aplacar a Trump. La primera es un hecho verificable. La segunda es una interpretación causal —y no la única posible.

El hecho. Trump sostiene desde su primer mandato que los aliados europeos no cumplían su parte del esfuerzo de defensa dentro de la OTAN, dejando a Estados Unidos con una carga desproporcionada. Esa posición generó fricciones serias, hasta el punto de plantearse como un riesgo para la cohesión de la Alianza. Hoy, los gobiernos europeos han asumido incrementos de gasto militar que hace pocos años se habrían considerado inasumibles políticamente.

La interpretación en disputa. ¿Es esto una concesión a Trump, o una respuesta a la agresión rusa contra Ucrania y al deterioro general de la seguridad europea? El titular elige la primera lectura —«aplacar»— porque personaliza el conflicto y lo simplifica en una relación bilateral entre Trump y "Europa". Pero si la causa principal del giro es la amenaza rusa, entonces lo que ha ocurrido no es que Europa haya cedido ante Trump, sino que las circunstancias le han dado la razón en el diagnóstico —algo distinto, y jurídicamente relevante, porque no es lo mismo actuar bajo presión de un tercero que actuar por interés propio con el que ese tercero coincide.

Dicho esto, tampoco conviene idealizar el proceso: durante años, la respuesta europea a las advertencias de Washington fue la inacción, y el cambio se ha producido bajo una presión política real, tanto la de Trump como la del propio riesgo bélico. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez, y probablemente lo son.

Lo que el titular no dice. El aumento de gasto plantea cuestiones que sí merecerían primera plana y que hoy quedan fuera del debate público:

  • Financiación. ¿Se cubre con presión fiscal adicional, deuda pública o recorte de partidas sociales? Los compromisos de gasto asumidos —hacia el entorno del 3,5-5% del PIB en algunos formatos de acuerdo discutidos en la OTAN— no son neutros desde el punto de vista presupuestario, y cada vía tiene consecuencias distributivas distintas que ningún gobierno ha explicado con claridad.
  • Autonomía industrial. ¿El gasto refuerza una base industrial europea de defensa, o se traduce en compras a la industria armamentística estadounidense, profundizando la dependencia que en teoría se quiere corregir? Esta es, a mi juicio, la pregunta jurídica y estratégicamente más relevante, y la que menos espacio mediático recibe.

Ninguna de las dos cuestiones se resuelve con un titular sobre quién "aplaca" a quién. Se resuelven con las leyes de presupuestos, los contratos de adquisición y los tratados que se firmen en los próximos años —documentos que no suelen ser noticia, aunque son los que de verdad condicionan la seguridad, la economía y la libertad de los ciudadanos durante décadas.

Por eso creo que, dentro de unos años, este episodio no se recordará como el momento en que Europa «aplacó» a Trump, sino como el momento en que —tarde, y por motivos no enteramente propios— reconoció la necesidad de asumir su propia defensa. El Derecho, como la política internacional, exige distinguir entre el hecho y su relato. El titular dura un día; la decisión, décadas.

PORTADA DE EL DIARIO DE SEVILLA Lunes, 03 de agosto de 2026
Análisis
Más allá del eslogan: qué significan realmente izquierda y derecha
Fecha: 6 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.Fecha: 6 de julio de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: Política Filosofía del Derecho Estado: Artículo de opinión Izquierda y derecha: dos categorías políticas, no dos religiones morales Todos tenemos una idea particular del significado de la díada izquierda/derecha. Pero cuando se intenta acceder a una noción objetiva surgen múltiples contradicciones. Unos identifican derecha con libertad y otros con autoritarismo; unos defienden que izquierda es igualdad, mientras otros lo hacen con el intervencionismo. Este maremágnum de ideas contradictorias y muchas veces beligerantes pone en evidencia que la realidad es bastante más compleja. El primer y grave error consiste en identificar ideología con los partidos que proclaman ser sus representantes. El segundo, no menos grave, es creer que izquierda y derecha son conceptos morales. Nada más lejos de la realidad, porque son categorías políticas nacidas hace más de 200 años. Si buscamos su origen, aunque sea formal, nos encontramos con que en la Asamblea Nacional francesa de 1789 aquellos que eran partidarios del rey se sentaban a la derecha, mientras que quienes pretendían limitar su poder lo hacían a la izquierda. Es un origen formal o físico, disposicional, de un mero símbolo que ha evolucionado enormemente hasta hoy: lo que ha cambiado con el tiempo no es la forma binaria del eje, sino el contenido semántico que cada época ha ido depositando en cada uno de sus lados. Para desentrañar el concepto no hay que hablar de partidos, sino de cómo responden una idea y otra a las mismas preguntas: ¿qué es igualdad?, ¿cuánto protagonismo hay que dar al Estado?, ¿qué valores se priorizan en cada caso? Así, la izquierda impulsa la desaparición de las desigualdades sociales, mientras la derecha acepta parcialmente la desigualdad si surge del ejercicio de la libertad individual. También la izquierda propugna la intervención principal del Estado, mientras la derecha da más peso a la iniciativa privada; es decir, hay izquierdas intervencionistas y derechas liberales. La izquierda pone el acento en valores como igualdad, solidaridad y protección social; la derecha, en libertad, responsabilidad individual y propiedad. Pero ambas colecciones son en realidad prioridades, no absolutos. Así, no toda izquierda es igualitaria, porque hay muchos casos de izquierda socialista, socialdemócrata, comunista, ecologista... En contrapartida, hay derecha conservadora, nacionalista, liberal clásica... La cuestión de fondo es reconocer que no existe incompatibilidad entre libertad e igualdad. La contienda surge cuando se decide cuánto hay que sacrificar de una para obtener más de la otra. En este panorama es fácil caer en la caricatura: “la derecha es de los ricos”; “la izquierda empobrece y no genera medios, los dilapida”. En realidad, ambas caricaturas forman parte del discurso de todos los sistemas políticos. Por eso hoy no basta la etiqueta: hay partidos de izquierdas económicamente igualitarios y socialmente conservadores, y partidos económicamente liberales y culturalmente progresistas. Hay que evitar, por lo tanto, la manipulación, distinguiendo lo que es análisis de lo que es mera propaganda. Derecha e izquierda no son sinónimos de buenos o malos, inteligentes o ignorantes, demócratas o autoritarios. Son tradiciones políticas que responden de manera diferente a cuestiones permanentes: cuánto poder debe tener el Estado, cómo repartir la riqueza, qué papel desempeña el mercado, qué importancia tienen la tradición, la libertad y la igualdad. Comprenderlas exige abandonar los eslóganes y analizar los principios. Solo así puede formarse un criterio propio, libre tanto de la propaganda partidista como de la demagogia. La verdadera división no es entre quienes se llaman de derechas y quienes se llaman de izquierdas. La verdadera división está entre quienes razonan y quienes simplemente repiten consignas. Una ciudadanía libre no necesita elegir primero un bando; necesita comprender antes los principios, contrastar los hechos y juzgar después las propuestas. Un ejemplo aplicado: el caso español Este esquema conceptual permite entender un fenómeno recurrente en la política española reciente que recuerda, por su lógica de movilización permanente y deslegitimación del adversario, a la estrategia del Frente Popular en los años previos a la Guerra Civil. Una parte de la izquierda mantiene un estado de movilización casi permanente —manifestaciones, campañas mediáticas, relatos de emergencia democrática— cuyo efecto práctico es deslegitimar de antemano cualquier alternancia hacia una opción de derechas, y hacerlo presentando a esa derecha bajo una imagen trasnochada, parcial y deformada, más cercana al pasado que a las opciones reales existentes en el arco parlamentario actual. Esta estrategia cobra especial relevancia cuando quien la despliega es precisamente un Gobierno que gobierna sin mayoría parlamentaria propia, que ha convertido el decreto-ley en su principal herramienta legislativa —viéndose incluso derogados varios de ellos en el Congreso— y que tiene abiertas causas judiciales por corrupción contra personas de su entorno más próximo, causas que, mientras no exista sentencia firme, deben entenderse en el marco de la presunción de inocencia, pero que no por ello dejan de constituir un hecho procesal verificable y de indudable relevancia política. En ese contexto, evitar la convocatoria de elecciones y sustituir el contraste de programas por la agitación del fantasma del franquismo no es debate político: es la explotación de un estereotipo histórico como herramienta para cerrar la discusión antes de abrirla, y para que el pueblo no tenga ocasión de pronunciarse. Es exactamente el mecanismo de manipulación descrito más arriba, aplicado al caso concreto.
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Más allá del eslogan: qué significan realmente izquierda y derecha

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Fecha: 6 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

Fecha: 6 de julio de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: Política Filosofía del Derecho Estado: Artículo de opinión

Izquierda y derecha: dos categorías políticas, no dos religiones morales

Todos tenemos una idea particular del significado de la díada izquierda/derecha. Pero cuando se intenta acceder a una noción objetiva surgen múltiples contradicciones. Unos identifican derecha con libertad y otros con autoritarismo; unos defienden que izquierda es igualdad, mientras otros lo hacen con el intervencionismo. Este maremágnum de ideas contradictorias y muchas veces beligerantes pone en evidencia que la realidad es bastante más compleja.

El primer y grave error consiste en identificar ideología con los partidos que proclaman ser sus representantes. El segundo, no menos grave, es creer que izquierda y derecha son conceptos morales. Nada más lejos de la realidad, porque son categorías políticas nacidas hace más de 200 años.

Si buscamos su origen, aunque sea formal, nos encontramos con que en la Asamblea Nacional francesa de 1789 aquellos que eran partidarios del rey se sentaban a la derecha, mientras que quienes pretendían limitar su poder lo hacían a la izquierda. Es un origen formal o físico, disposicional, de un mero símbolo que ha evolucionado enormemente hasta hoy: lo que ha cambiado con el tiempo no es la forma binaria del eje, sino el contenido semántico que cada época ha ido depositando en cada uno de sus lados.

Para desentrañar el concepto no hay que hablar de partidos, sino de cómo responden una idea y otra a las mismas preguntas: ¿qué es igualdad?, ¿cuánto protagonismo hay que dar al Estado?, ¿qué valores se priorizan en cada caso?

Así, la izquierda impulsa la desaparición de las desigualdades sociales, mientras la derecha acepta parcialmente la desigualdad si surge del ejercicio de la libertad individual. También la izquierda propugna la intervención principal del Estado, mientras la derecha da más peso a la iniciativa privada; es decir, hay izquierdas intervencionistas y derechas liberales.

La izquierda pone el acento en valores como igualdad, solidaridad y protección social; la derecha, en libertad, responsabilidad individual y propiedad. Pero ambas colecciones son en realidad prioridades, no absolutos.

Así, no toda izquierda es igualitaria, porque hay muchos casos de izquierda socialista, socialdemócrata, comunista, ecologista... En contrapartida, hay derecha conservadora, nacionalista, liberal clásica...

La cuestión de fondo es reconocer que no existe incompatibilidad entre libertad e igualdad. La contienda surge cuando se decide cuánto hay que sacrificar de una para obtener más de la otra.

En este panorama es fácil caer en la caricatura: “la derecha es de los ricos”; “la izquierda empobrece y no genera medios, los dilapida”. En realidad, ambas caricaturas forman parte del discurso de todos los sistemas políticos. Por eso hoy no basta la etiqueta: hay partidos de izquierdas económicamente igualitarios y socialmente conservadores, y partidos económicamente liberales y culturalmente progresistas.

Hay que evitar, por lo tanto, la manipulación, distinguiendo lo que es análisis de lo que es mera propaganda. Derecha e izquierda no son sinónimos de buenos o malos, inteligentes o ignorantes, demócratas o autoritarios. Son tradiciones políticas que responden de manera diferente a cuestiones permanentes: cuánto poder debe tener el Estado, cómo repartir la riqueza, qué papel desempeña el mercado, qué importancia tienen la tradición, la libertad y la igualdad.

Comprenderlas exige abandonar los eslóganes y analizar los principios. Solo así puede formarse un criterio propio, libre tanto de la propaganda partidista como de la demagogia.

La verdadera división no es entre quienes se llaman de derechas y quienes se llaman de izquierdas. La verdadera división está entre quienes razonan y quienes simplemente repiten consignas. Una ciudadanía libre no necesita elegir primero un bando; necesita comprender antes los principios, contrastar los hechos y juzgar después las propuestas.

Un ejemplo aplicado: el caso español

Este esquema conceptual permite entender un fenómeno recurrente en la política española reciente que recuerda, por su lógica de movilización permanente y deslegitimación del adversario, a la estrategia del Frente Popular en los años previos a la Guerra Civil. Una parte de la izquierda mantiene un estado de movilización casi permanente —manifestaciones, campañas mediáticas, relatos de emergencia democrática— cuyo efecto práctico es deslegitimar de antemano cualquier alternancia hacia una opción de derechas, y hacerlo presentando a esa derecha bajo una imagen trasnochada, parcial y deformada, más cercana al pasado que a las opciones reales existentes en el arco parlamentario actual.

Esta estrategia cobra especial relevancia cuando quien la despliega es precisamente un Gobierno que gobierna sin mayoría parlamentaria propia, que ha convertido el decreto-ley en su principal herramienta legislativa —viéndose incluso derogados varios de ellos en el Congreso— y que tiene abiertas causas judiciales por corrupción contra personas de su entorno más próximo, causas que, mientras no exista sentencia firme, deben entenderse en el marco de la presunción de inocencia, pero que no por ello dejan de constituir un hecho procesal verificable y de indudable relevancia política. En ese contexto, evitar la convocatoria de elecciones y sustituir el contraste de programas por la agitación del fantasma del franquismo no es debate político: es la explotación de un estereotipo histórico como herramienta para cerrar la discusión antes de abrirla, y para que el pueblo no tenga ocasión de pronunciarse. Es exactamente el mecanismo de manipulación descrito más arriba, aplicado al caso concreto.

PORTADA DEL HERALDO DE ARAGÓN Lunes, 03 de agosto de 2026
Análisis
Sobre una eventual nulidad probatoria en el caso Zapatero
Fecha: 01 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría:  CORRUPCION DERECHO PROCESO INDEFENSION. Tipo: Artículo de oppinión La reciente iniciativa procesal de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, interesando del juez instructor la aclaración de las circunstancias en las que habría sido obtenido en 2021 el teléfono móvil del propietario de la aerolínea Plus Ultra (Rodolfo Reyes) por autoridades de EE.UU., merece algunas reflexiones que van más allá de la estricta dimensión técnica del procedimiento. Conviene comenzar recordando algo elemental en un Estado de Derecho: toda persona goza del derecho fundamental a la presunción de inocencia, y corresponde exclusivamente a los tribunales determinar si existe o no responsabilidad penal. Esa premisa no admite matices ni excepciones oportunistas. Pero precisamente por ello también debe afirmarse, con igual claridad, que la discusión sobre la validez procesal de una prueba no equivale automáticamente a la inexistencia material de los hechos que dicha prueba pudiera revelar. Y ahí reside, probablemente, el núcleo político y jurídico de esta cuestión. Cuando una defensa centra parte de su estrategia en cuestionar el modo de obtención de determinados elementos probatorios, lo que implícitamente se admite —al menos en el plano lógico— es la potencial relevancia y capacidad lesiva de su contenido. En otras palabras: nadie combate con intensidad una prueba inocua. La pretensión de exclusión o nulidad probatoria suele partir precisamente de la percepción de que aquello que contienen esos materiales podría resultar comprometedor. Eso no significa, naturalmente, que exista delito acreditado. Mucho menos condena. Pero sí revela algo políticamente significativo: una evidente preocupación sobre el alcance material de los hechos reflejados en esas comunicaciones o documentos. Y esa circunstancia, aun desvinculada de cualquier conclusión penal definitiva, posee indudable relevancia pública. Resulta llamativo que algunos sectores próximos al expresidente (y  muchos simpatizantes que se adhieren a ellos emotivamente y sin fundamento racional),  intenten desplazar el debate hacia la supuesta inexistencia en España de una regulación suficientemente estricta sobre las actividades posteriores al cese de los altos cargos públicos. El argumento resulta, cuando menos, artificioso. Porque incluso admitiendo hipotéticamente lagunas regulatorias o insuficiencias normativas en materia de incompatibilidades, influencia o actividad internacional de antiguos responsables políticos, ello jamás supondría una suerte de espacio inmune al Derecho. Los ex altos cargos continúan plenamente sometidos a la legalidad ordinaria como cualquier otro ciudadano, sin privilegio ni exención derivados del cargo que un día ocuparon. La ausencia de una regulación específica no convierte en lícito aquello que eventualmente pudiera encajar en tipos penales ya existentes. El Código Penal no desaparece por falta de una ley sectorial complementaria. Del mismo modo que la inexistencia de una norma concreta sobre determinadas conductas posgubernatmentales no puede operar como coartada preventiva frente a eventuales delitos de tráfico de influencias, corrupción internacional, cohecho, blanqueo o cualquier otra figura en juego, ya tipificada en el Orden Penal. Hay algo más: el recurso al vacío normativo como argumento defensivo revela, paradójicamente, una concepción puramente positivista y reduccionista de la ética pública. Como si la licitud de una conducta dependiera únicamente de que nadie hubiera tenido todavía el cuidado de prohibirla expresamente. Semejante razonamiento, trasladado a otros ámbitos, resultaría inaceptable. En el ámbito de quienes han ejercido la máxima autoridad del Estado, resulta además incompatible con las exigencias mínimas de ejemplaridad institucional que el cargo impone. Por eso sorprende que quienes defienden con mayor vehemencia la absoluta corrección de determinadas actuaciones recurran simultáneamente a justificaciones tan poco naturales como la supuesta inexistencia de regulación. Una actuación verdaderamente transparente rara vez necesita apoyarse en razonamientos de esa naturaleza. La cuestión de fondo no es, en realidad, si existía o no una regulación administrativa más detallada sobre la actividad privada posterior de un expresidente. La cuestión esencial es otra mucho más simple: si determinadas conductas fueron o no conformes a Derecho. Y precisamente por eso el debate sobre la validez de las pruebas no debería utilizarse como cortina de humo para evitar el análisis político y ético de los hechos conocidos. En democracia, la responsabilidad pública no se agota en la mera inexistencia de condena penal firme. Existen también estándares de ejemplaridad, prudencia institucional y apariencia de integridad que resultan exigibles —si cabe con mayor intensidad— a quienes han ocupado las más altas magistraturas del Estado. Porque las democracias no solo se deterioran por las condenas judiciales. También lo hacen cuando determinadas prácticas comienzan a normalizarse socialmente bajo la excusa de que "no había regulación suficiente", como si la ética pública dependiera exclusivamente de la existencia de un reglamento minucioso que especifique lo que cualquier persona con sentido común ya sabe que no debería hacerse. La sujeción a la Ley, al interés general y a unos mínimos principios de decencia institucional precede siempre a cualquier vacío normativo. Y quienes gobernaron este país deberían saberlo mejor que nadie.
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Sobre una eventual nulidad probatoria en el caso Zapatero

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Fecha: 01 de julio de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría:  CORRUPCION DERECHO PROCESO INDEFENSION. Tipo: Artículo de oppinión

La reciente iniciativa procesal de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, interesando del juez instructor la aclaración de las circunstancias en las que habría sido obtenido en 2021 el teléfono móvil del propietario de la aerolínea Plus Ultra (Rodolfo Reyes) por autoridades de EE.UU., merece algunas reflexiones que van más allá de la estricta dimensión técnica del procedimiento.

Conviene comenzar recordando algo elemental en un Estado de Derecho: toda persona goza del derecho fundamental a la presunción de inocencia, y corresponde exclusivamente a los tribunales determinar si existe o no responsabilidad penal. Esa premisa no admite matices ni excepciones oportunistas. Pero precisamente por ello también debe afirmarse, con igual claridad, que la discusión sobre la validez procesal de una prueba no equivale automáticamente a la inexistencia material de los hechos que dicha prueba pudiera revelar.

Y ahí reside, probablemente, el núcleo político y jurídico de esta cuestión.

Cuando una defensa centra parte de su estrategia en cuestionar el modo de obtención de determinados elementos probatorios, lo que implícitamente se admite —al menos en el plano lógico— es la potencial relevancia y capacidad lesiva de su contenido. En otras palabras: nadie combate con intensidad una prueba inocua. La pretensión de exclusión o nulidad probatoria suele partir precisamente de la percepción de que aquello que contienen esos materiales podría resultar comprometedor.

Eso no significa, naturalmente, que exista delito acreditado. Mucho menos condena. Pero sí revela algo políticamente significativo: una evidente preocupación sobre el alcance material de los hechos reflejados en esas comunicaciones o documentos. Y esa circunstancia, aun desvinculada de cualquier conclusión penal definitiva, posee indudable relevancia pública.

Resulta llamativo que algunos sectores próximos al expresidente (y  muchos simpatizantes que se adhieren a ellos emotivamente y sin fundamento racional),  intenten desplazar el debate hacia la supuesta inexistencia en España de una regulación suficientemente estricta sobre las actividades posteriores al cese de los altos cargos públicos. El argumento resulta, cuando menos, artificioso.

Porque incluso admitiendo hipotéticamente lagunas regulatorias o insuficiencias normativas en materia de incompatibilidades, influencia o actividad internacional de antiguos responsables políticos, ello jamás supondría una suerte de espacio inmune al Derecho. Los ex altos cargos continúan plenamente sometidos a la legalidad ordinaria como cualquier otro ciudadano, sin privilegio ni exención derivados del cargo que un día ocuparon.

La ausencia de una regulación específica no convierte en lícito aquello que eventualmente pudiera encajar en tipos penales ya existentes. El Código Penal no desaparece por falta de una ley sectorial complementaria. Del mismo modo que la inexistencia de una norma concreta sobre determinadas conductas posgubernatmentales no puede operar como coartada preventiva frente a eventuales delitos de tráfico de influencias, corrupción internacional, cohecho, blanqueo o cualquier otra figura en juego, ya tipificada en el Orden Penal.

Hay algo más: el recurso al vacío normativo como argumento defensivo revela, paradójicamente, una concepción puramente positivista y reduccionista de la ética pública. Como si la licitud de una conducta dependiera únicamente de que nadie hubiera tenido todavía el cuidado de prohibirla expresamente. Semejante razonamiento, trasladado a otros ámbitos, resultaría inaceptable. En el ámbito de quienes han ejercido la máxima autoridad del Estado, resulta además incompatible con las exigencias mínimas de ejemplaridad institucional que el cargo impone.

Por eso sorprende que quienes defienden con mayor vehemencia la absoluta corrección de determinadas actuaciones recurran simultáneamente a justificaciones tan poco naturales como la supuesta inexistencia de regulación. Una actuación verdaderamente transparente rara vez necesita apoyarse en razonamientos de esa naturaleza.

La cuestión de fondo no es, en realidad, si existía o no una regulación administrativa más detallada sobre la actividad privada posterior de un expresidente. La cuestión esencial es otra mucho más simple: si determinadas conductas fueron o no conformes a Derecho.

Y precisamente por eso el debate sobre la validez de las pruebas no debería utilizarse como cortina de humo para evitar el análisis político y ético de los hechos conocidos. En democracia, la responsabilidad pública no se agota en la mera inexistencia de condena penal firme. Existen también estándares de ejemplaridad, prudencia institucional y apariencia de integridad que resultan exigibles —si cabe con mayor intensidad— a quienes han ocupado las más altas magistraturas del Estado.

Porque las democracias no solo se deterioran por las condenas judiciales. También lo hacen cuando determinadas prácticas comienzan a normalizarse socialmente bajo la excusa de que "no había regulación suficiente", como si la ética pública dependiera exclusivamente de la existencia de un reglamento minucioso que especifique lo que cualquier persona con sentido común ya sabe que no debería hacerse.

La sujeción a la Ley, al interés general y a unos mínimos principios de decencia institucional precede siempre a cualquier vacío normativo. Y quienes gobernaron este país deberían saberlo mejor que nadie.

PORTADA DE LA VOZ DE GALICIA Lunes, 03 de agosto de 2026
Análisis
El 24 de junio o cuando la corrupción dejó de tener consecuencias políticas en España
Fecha: 25 de junio de 2026Autor: R. TrigoCategoría: Política nacional · Congreso · PartidosTipo: Artículo de opinión LA SESIÓN DEL 24 DE JUNIO: CUANDO LA ARITMÉTICA PARLAMENTARIA SUSTITUYE A LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA La sesión del Congreso del 24 de junio puso de manifiesto un cambio de enorme trascendencia política. El debate ya no giró en torno a la existencia de un grave problema de corrupción —que, con la excepción del PSOE, fue asumido explícita o implícitamente por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios—, sino sobre si esa realidad debía tener consecuencias para la continuidad del Gobierno. La respuesta de la mayoría que sostiene al Ejecutivo fue negativa. Resultó especialmente significativo que, con la excepción del PSOE, prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios coincidieran en describir como extremadamente grave la situación generada por los numerosos procedimientos judiciales relacionados con presuntos delitos de corrupción que afectan al entorno político del Gobierno. Algunos de esos procedimientos continúan en fase de instrucción; otros han concluido mediante sentencias firmes dictadas por la jurisdicción ordinaria. Conviene recordar un principio jurídico elemental. Las sentencias firmes dictadas por los tribunales ordinarios constituyen la culminación del ejercicio de la potestad jurisdiccional. El Tribunal Constitucional no constituye una nueva instancia revisora de los hechos declarados probados ni de la valoración de la prueba efectuada por jueces y tribunales. Su función es exclusivamente constitucional, y no le corresponde reescribir los hechos establecidos en una sentencia firme. Pero la cuestión esencial del debate no era judicial, sino política. Quienes el 1 de junio de 2018 justificaron la moción de censura afirmando que la corrupción hacía moral y políticamente imposible la continuidad del Gobierno sostienen hoy al Ejecutivo, pese a reconocer la extraordinaria gravedad de los acontecimientos que lo rodean. La diferencia entre ambas situaciones no reside en el concepto de responsabilidad política, sino en la posición parlamentaria de quienes hoy resultan decisivos para la supervivencia del Gobierno. Desde el inicio de la legislatura, los partidos que sostienen al Ejecutivo han obtenido concesiones políticas de enorme trascendencia. Entre ellas pueden citarse la aprobación de la ley de amnistía, la negociación de un modelo singular de financiación para Cataluña, nuevas transferencias competenciales, acuerdos económicos específicos y otras medidas derivadas de los pactos de investidura, cuya incidencia sobre el principio de igualdad entre comunidades autónomas constituye objeto de un intenso debate jurídico y político. Estos son hechos objetivos. Podrá discutirse su oportunidad, su alcance o incluso su constitucionalidad, pero resulta indiscutible que tales acuerdos han sido posibles gracias a una mayoría parlamentaria cuya continuidad depende de esos mismos grupos. La consecuencia política del debate del 24 de junio resulta igualmente objetiva: la existencia de numerosos procedimientos judiciales por corrupción y de condenas firmes recaídas sobre personas pertenecientes o estrechamente vinculadas al espacio político del actual Gobierno no ha producido la retirada del apoyo parlamentario de quienes garantizan su permanencia en el poder. La conclusión que inevitablemente extraerán muchos ciudadanos es inquietante. Si la corrupción fue considerada en 2018 causa suficiente para provocar un cambio de Gobierno, pero deja de producir ese efecto cuando afecta al Ejecutivo cuya continuidad depende de una mayoría parlamentaria determinada, el principio de responsabilidad política deja de aplicarse con carácter general para convertirse en un criterio condicionado por la conveniencia política de cada momento. La democracia representativa no consiste únicamente en sumar votos suficientes para conservar el poder. Exige también que la confianza pública pueda perderse cuando los hechos alcanzan una gravedad incompatible con la ejemplaridad institucional que debe presidir el ejercicio del Gobierno. Lo sucedido el 24 de junio proyecta precisamente la impresión contraria: que la continuidad de la mayoría parlamentaria ha prevalecido sobre la exigencia de responsabilidades políticas, y que las contraprestaciones derivadas de esa mayoría han resultado suficientes para mantener el apoyo al Ejecutivo aun en un contexto marcado por una sucesión de investigaciones judiciales y condenas de extraordinaria relevancia pública. El verdadero problema ya no consiste únicamente en la corrupción que investigan los tribunales. Consiste en la desaparición de sus consecuencias políticas. Cuando un sistema parlamentario deja de exigir responsabilidades porque la aritmética de la mayoría convierte cualquier coste político en asumible, el riesgo no afecta únicamente a un Gobierno concreto. Afecta a la credibilidad de las instituciones y al propio principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Pero existe una consecuencia aún más preocupante, que merece ser examinada con detenimiento: LA NEUTRALIZACIÓN DE LA VOZ CIUDADANA En una democracia, la corrupción no solo se combate en los tribunales. También se combate mediante la exigencia de responsabilidades políticas y, cuando la gravedad de los hechos lo aconseja, devolviendo la palabra a los ciudadanos. Precisamente eso fue lo que se reclamó en 2018. Se sostuvo entonces que la mera pérdida de confianza institucional hacía incompatible la continuidad del Gobierno de Mariano Rajoy. Aquella apelación a la responsabilidad política se convirtió en el fundamento de la moción de censura. Hoy el panorama es radicalmente distinto. España asiste a una sucesión de procedimientos judiciales de extraordinaria relevancia pública, algunos ya concluidos mediante sentencias firmes, mientras otros continúan su tramitación. En el propio Congreso, durante la sesión del 24 de junio, prácticamente todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, manifestaron su preocupación por la gravedad de los casos que afectan al entorno político del Gobierno; varios de sus socios llegaron a reclamar más explicaciones o un cambio de rumbo. Sin embargo, pese a ese diagnóstico compartido sobre la gravedad de la situación, la conclusión política fue exactamente la contraria a la de 2018: mantener al Gobierno sin permitir que los ciudadanos se pronuncien. Esta es la paradoja central de la trayectoria política reciente en España. Los partidos cuya mayoría parlamentaria depende de la continuidad del Ejecutivo mantienen su apoyo mientras permanecen vigentes los acuerdos políticos alcanzados durante la investidura. La amnistía, las negociaciones sobre financiación singular, las transferencias competenciales y otros compromisos que han marcado la legislatura funcionan como un sistema de incentivos que hace políticamente costoso, para cada uno de esos grupos, retirar un apoyo que, al mismo tiempo, reconocen difícilmente justificable ante la ciudadanía. El mecanismo es sencillo pero de consecuencias graves. Cada partido de la coalición mayoritaria tiene más que perder retirando su respaldo que manteniéndolo, con independencia de cuál sea su valoración pública de los hechos que rodean al Gobierno. El resultado es una mayoría parlamentaria estructuralmente inmune a las crisis de legitimidad, no porque carezca de ellas, sino porque el coste individual de romperla supera, para cada uno de sus componentes, el beneficio de hacerlo. Los ciudadanos quedan así excluidos del mecanismo corrector que la democracia reserva precisamente para estas situaciones. Esto no es un problema de procedimiento. Es un problema de soberanía. La Constitución atribuye al pueblo español la titularidad de la soberanía nacional. Esa titularidad no se agota en el acto de votar cada cuatro años. Se ejerce también a través de la capacidad efectiva de retirar la confianza a quien gobierna cuando los hechos hacen incompatible su continuidad con el interés general. Cuando esa capacidad queda bloqueada por la geometría de los pactos parlamentarios, el ciudadano sigue siendo formalmente soberano, pero materialmente impotente para corregir una situación que él mismo, en su mayoría, juzga inaceptable. Las encuestas son, en este punto, elocuentes. Una parte mayoritaria de la ciudadanía considera que las circunstancias actuales merecerían el pronunciamiento electoral. Sin embargo, la arquitectura de la mayoría parlamentaria convierte esa aspiración en políticamente irrealizable mientras los acuerdos de investidura mantengan su vigencia. El Parlamento, que debería ser el instrumento de expresión de la voluntad popular, actúa en este caso como su dique de contención. Esta situación no es constitucionalmente irregular. La Constitución no obliga a convocar elecciones ante ningún nivel de crisis política, y ningún mecanismo jurídico puede forzar a una mayoría parlamentaria a retirar su confianza al Ejecutivo. Pero precisamente por eso, la valoración no puede ser jurídica: ha de ser política y ciudadana. Y desde esa perspectiva, el juicio es severo. Una democracia madura no se mide únicamente por la formalidad de sus procedimientos, sino por la capacidad real de sus ciudadanos para ejercer la soberanía de manera efectiva. Cuando la aritmética parlamentaria blinda a un Gobierno frente a consecuencias que, en otro escenario de mayorías, habrían resultado inevitables, el sistema funciona formalmente pero falla en lo esencial: en garantizar que quienes gobiernan lo hacen con el respaldo activo y consciente de la ciudadanía, no al amparo de una geometría de intereses que ningún votante eligió ni respaldó explícitamente. La consecuencia más duradera de la sesión del 24 de junio no es política, sino institucional. Cada vez que el Parlamento neutraliza las consecuencias de una crisis de esta magnitud, y cada vez que los ciudadanos perciben que su capacidad de pronunciarse queda diferida indefinidamente, se erosiona algo que no se recupera fácilmente: la convicción de que las instituciones responden, en última instancia, a quienes las sostienen con su voto. Cuando esa convicción se quiebra, el daño no afecta a un Gobierno, ni siquiera a una legislatura. Afecta al contrato implícito que hace posible la democracia.
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El 24 de junio o cuando la corrupción dejó de tener consecuencias políticas en España

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 25 de junio de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: Política nacional · Congreso · Partidos
Tipo: Artículo de opinión

LA SESIÓN DEL 24 DE JUNIO: CUANDO LA ARITMÉTICA PARLAMENTARIA SUSTITUYE A LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

La sesión del Congreso del 24 de junio puso de manifiesto un cambio de enorme trascendencia política. El debate ya no giró en torno a la existencia de un grave problema de corrupción —que, con la excepción del PSOE, fue asumido explícita o implícitamente por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios—, sino sobre si esa realidad debía tener consecuencias para la continuidad del Gobierno. La respuesta de la mayoría que sostiene al Ejecutivo fue negativa.

Resultó especialmente significativo que, con la excepción del PSOE, prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios coincidieran en describir como extremadamente grave la situación generada por los numerosos procedimientos judiciales relacionados con presuntos delitos de corrupción que afectan al entorno político del Gobierno. Algunos de esos procedimientos continúan en fase de instrucción; otros han concluido mediante sentencias firmes dictadas por la jurisdicción ordinaria.

Conviene recordar un principio jurídico elemental. Las sentencias firmes dictadas por los tribunales ordinarios constituyen la culminación del ejercicio de la potestad jurisdiccional. El Tribunal Constitucional no constituye una nueva instancia revisora de los hechos declarados probados ni de la valoración de la prueba efectuada por jueces y tribunales. Su función es exclusivamente constitucional, y no le corresponde reescribir los hechos establecidos en una sentencia firme.

Pero la cuestión esencial del debate no era judicial, sino política.

Quienes el 1 de junio de 2018 justificaron la moción de censura afirmando que la corrupción hacía moral y políticamente imposible la continuidad del Gobierno sostienen hoy al Ejecutivo, pese a reconocer la extraordinaria gravedad de los acontecimientos que lo rodean. La diferencia entre ambas situaciones no reside en el concepto de responsabilidad política, sino en la posición parlamentaria de quienes hoy resultan decisivos para la supervivencia del Gobierno.

Desde el inicio de la legislatura, los partidos que sostienen al Ejecutivo han obtenido concesiones políticas de enorme trascendencia. Entre ellas pueden citarse la aprobación de la ley de amnistía, la negociación de un modelo singular de financiación para Cataluña, nuevas transferencias competenciales, acuerdos económicos específicos y otras medidas derivadas de los pactos de investidura, cuya incidencia sobre el principio de igualdad entre comunidades autónomas constituye objeto de un intenso debate jurídico y político.

Estos son hechos objetivos. Podrá discutirse su oportunidad, su alcance o incluso su constitucionalidad, pero resulta indiscutible que tales acuerdos han sido posibles gracias a una mayoría parlamentaria cuya continuidad depende de esos mismos grupos.

La consecuencia política del debate del 24 de junio resulta igualmente objetiva: la existencia de numerosos procedimientos judiciales por corrupción y de condenas firmes recaídas sobre personas pertenecientes o estrechamente vinculadas al espacio político del actual Gobierno no ha producido la retirada del apoyo parlamentario de quienes garantizan su permanencia en el poder.

La conclusión que inevitablemente extraerán muchos ciudadanos es inquietante. Si la corrupción fue considerada en 2018 causa suficiente para provocar un cambio de Gobierno, pero deja de producir ese efecto cuando afecta al Ejecutivo cuya continuidad depende de una mayoría parlamentaria determinada, el principio de responsabilidad política deja de aplicarse con carácter general para convertirse en un criterio condicionado por la conveniencia política de cada momento.

La democracia representativa no consiste únicamente en sumar votos suficientes para conservar el poder. Exige también que la confianza pública pueda perderse cuando los hechos alcanzan una gravedad incompatible con la ejemplaridad institucional que debe presidir el ejercicio del Gobierno.

Lo sucedido el 24 de junio proyecta precisamente la impresión contraria: que la continuidad de la mayoría parlamentaria ha prevalecido sobre la exigencia de responsabilidades políticas, y que las contraprestaciones derivadas de esa mayoría han resultado suficientes para mantener el apoyo al Ejecutivo aun en un contexto marcado por una sucesión de investigaciones judiciales y condenas de extraordinaria relevancia pública.

El verdadero problema ya no consiste únicamente en la corrupción que investigan los tribunales. Consiste en la desaparición de sus consecuencias políticas. Cuando un sistema parlamentario deja de exigir responsabilidades porque la aritmética de la mayoría convierte cualquier coste político en asumible, el riesgo no afecta únicamente a un Gobierno concreto. Afecta a la credibilidad de las instituciones y al propio principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Pero existe una consecuencia aún más preocupante, que merece ser examinada con detenimiento:

LA NEUTRALIZACIÓN DE LA VOZ CIUDADANA

En una democracia, la corrupción no solo se combate en los tribunales. También se combate mediante la exigencia de responsabilidades políticas y, cuando la gravedad de los hechos lo aconseja, devolviendo la palabra a los ciudadanos. Precisamente eso fue lo que se reclamó en 2018. Se sostuvo entonces que la mera pérdida de confianza institucional hacía incompatible la continuidad del Gobierno de Mariano Rajoy. Aquella apelación a la responsabilidad política se convirtió en el fundamento de la moción de censura.

Hoy el panorama es radicalmente distinto. España asiste a una sucesión de procedimientos judiciales de extraordinaria relevancia pública, algunos ya concluidos mediante sentencias firmes, mientras otros continúan su tramitación. En el propio Congreso, durante la sesión del 24 de junio, prácticamente todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, manifestaron su preocupación por la gravedad de los casos que afectan al entorno político del Gobierno; varios de sus socios llegaron a reclamar más explicaciones o un cambio de rumbo.

Sin embargo, pese a ese diagnóstico compartido sobre la gravedad de la situación, la conclusión política fue exactamente la contraria a la de 2018: mantener al Gobierno sin permitir que los ciudadanos se pronuncien.

Esta es la paradoja central de la trayectoria política reciente en España. Los partidos cuya mayoría parlamentaria depende de la continuidad del Ejecutivo mantienen su apoyo mientras permanecen vigentes los acuerdos políticos alcanzados durante la investidura. La amnistía, las negociaciones sobre financiación singular, las transferencias competenciales y otros compromisos que han marcado la legislatura funcionan como un sistema de incentivos que hace políticamente costoso, para cada uno de esos grupos, retirar un apoyo que, al mismo tiempo, reconocen difícilmente justificable ante la ciudadanía.

El mecanismo es sencillo pero de consecuencias graves. Cada partido de la coalición mayoritaria tiene más que perder retirando su respaldo que manteniéndolo, con independencia de cuál sea su valoración pública de los hechos que rodean al Gobierno. El resultado es una mayoría parlamentaria estructuralmente inmune a las crisis de legitimidad, no porque carezca de ellas, sino porque el coste individual de romperla supera, para cada uno de sus componentes, el beneficio de hacerlo. Los ciudadanos quedan así excluidos del mecanismo corrector que la democracia reserva precisamente para estas situaciones.

Esto no es un problema de procedimiento. Es un problema de soberanía.

La Constitución atribuye al pueblo español la titularidad de la soberanía nacional. Esa titularidad no se agota en el acto de votar cada cuatro años. Se ejerce también a través de la capacidad efectiva de retirar la confianza a quien gobierna cuando los hechos hacen incompatible su continuidad con el interés general. Cuando esa capacidad queda bloqueada por la geometría de los pactos parlamentarios, el ciudadano sigue siendo formalmente soberano, pero materialmente impotente para corregir una situación que él mismo, en su mayoría, juzga inaceptable.

Las encuestas son, en este punto, elocuentes. Una parte mayoritaria de la ciudadanía considera que las circunstancias actuales merecerían el pronunciamiento electoral. Sin embargo, la arquitectura de la mayoría parlamentaria convierte esa aspiración en políticamente irrealizable mientras los acuerdos de investidura mantengan su vigencia. El Parlamento, que debería ser el instrumento de expresión de la voluntad popular, actúa en este caso como su dique de contención.

Esta situación no es constitucionalmente irregular. La Constitución no obliga a convocar elecciones ante ningún nivel de crisis política, y ningún mecanismo jurídico puede forzar a una mayoría parlamentaria a retirar su confianza al Ejecutivo. Pero precisamente por eso, la valoración no puede ser jurídica: ha de ser política y ciudadana.

Y desde esa perspectiva, el juicio es severo. Una democracia madura no se mide únicamente por la formalidad de sus procedimientos, sino por la capacidad real de sus ciudadanos para ejercer la soberanía de manera efectiva. Cuando la aritmética parlamentaria blinda a un Gobierno frente a consecuencias que, en otro escenario de mayorías, habrían resultado inevitables, el sistema funciona formalmente pero falla en lo esencial: en garantizar que quienes gobiernan lo hacen con el respaldo activo y consciente de la ciudadanía, no al amparo de una geometría de intereses que ningún votante eligió ni respaldó explícitamente.

La consecuencia más duradera de la sesión del 24 de junio no es política, sino institucional. Cada vez que el Parlamento neutraliza las consecuencias de una crisis de esta magnitud, y cada vez que los ciudadanos perciben que su capacidad de pronunciarse queda diferida indefinidamente, se erosiona algo que no se recupera fácilmente: la convicción de que las instituciones responden, en última instancia, a quienes las sostienen con su voto.

Cuando esa convicción se quiebra, el daño no afecta a un Gobierno, ni siquiera a una legislatura. Afecta al contrato implícito que hace posible la democracia.

OPINION

Esta sección recoge análisis críticos y de denuncia sobre tendencias ideológicas, sesgos mediáticos e institucionales, y manipulaciones del debate público. El tono es deliberadamente combativo.

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