Fecha: 12 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión
11N: lo que cambia cuando la huelga termina
Reflexiones al día siguiente de la huelga general
La jornada de huelga general del 11 de noviembre merece una reflexión que vaya más allá de la guerra de cifras -siempre reñidas, siempre discutibles-, de las fotografías de las manifestaciones y de los balances triunfales que convocantes y detractores tenían escritos antes de que amaneciera.
Propongo un criterio sencillo, que debería presidir cualquier valoración seria: el éxito de una huelga no se mide por el número de personas que salen a la calle, sino por su capacidad para conseguir los objetivos que justificaron la convocatoria.
Lo que no mide el éxito
Una manifestación multitudinaria ofrece una imagen de fuerza, pero no es por sí misma un indicador de éxito. Tampoco lo son los cortes de tráfico, el cierre de establecimientos o la interrupción de servicios. Y menos aún puede confundirse la capacidad de imponer la protesta a terceros -mediante piquetes que coaccionan o episodios de violencia como la agresión denunciada por dos militantes del PP en Barakaldo- con el respaldo social a lo que se reivindica.
Ejercer el derecho de huelga es una cosa; medir el propio éxito por la alteración de la vida ajena, otra muy distinta. El artículo 28.2 de la Constitución protege a quien deja de trabajar, y esa misma protección alcanza a quien decide no hacerlo. La libertad de uno no se mide por lo que consigue impedir al otro.
Tres preguntas que no conviene mezclar
Una huelga general admite tres lecturas distintas: el seguimiento efectivo en los centros de trabajo, la capacidad de movilización en la calle y la consecución de los objetivos perseguidos. Las dos primeras informan sobre la fuerza de los convocantes; solo la tercera dice si esa fuerza ha servido para algo. Confundirlas conduce, inevitablemente, a conclusiones interesadas.
La pregunta decisiva, por tanto, es otra: ¿qué pretendían conseguir los convocantes y qué han conseguido realmente? Y aquí conviene distinguir entre los objetivos declarados y aquellos que, sin formularse expresamente, se deducen del contexto en que se produce la convocatoria.
Los objetivos declarados
La huelga se registró bajo el lema "Salarios, vivienda y precios". La fórmula no es un adorno: es la clave jurídica de la convocatoria. El artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977, preconstitucional pero todavía vigente, declara ilegal la huelga que se inicie o sostenga "por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". La vivienda, por sí sola, difícilmente cabe en esa noción de interés profesional; el salario que permite pagarla, sí. De ahí que entre en la convocatoria de la mano del sueldo.
La vía judicial que nadie quiso recorrer
La CEOE lo vio con claridad. Su presidente anunció el 19 de octubre que impugnaría la huelga por considerarla ilegal y electoral, y sostuvo que se había "trufado de temas laborales" para parecer lícita. Tres días después la patronal dio marcha atrás: no recurriría antes del 11 de noviembre, porque la resolución judicial no llegaría a tiempo, aunque se reservaba actuaciones posteriores.
Hizo bien en no confiar demasiado en esa vía. El precepto sobrevivió en 1981, pero lo hizo vaciado de contenido. En la STC 11/1981, el Tribunal Constitucional solo anuló del artículo 11 el adverbio "directamente" de su apartado b), referido a las huelgas de solidaridad, y dejó intacta la prohibición de la huelga política. Pero al razonar sobre ese apartado (FJ 21) sentó un criterio que lo cambió todo: el interés que la huelga defiende no tiene por qué ser el de los propios huelguistas; basta que sea el de la categoría de los trabajadores, y lo "profesional" ha de entenderse referido a los trabajadores en cuanto tales, no a un oficio concreto.
Doce años después, ese criterio se aplicó a una huelga general. En la STC 36/1993, el Tribunal otorgó el amparo a Comisiones Obreras en un litigio derivado del 14-D de 1988, y aunque resolvió por otro motivo (la falta de preaviso a una empresa concreta), dejó dicho en su FJ 3 que resultaba "en verdad difícil" considerar ajenas al interés de los trabajadores reivindicaciones sobre política social, empleo o pensiones. El precedente más próximo es aún más elocuente. El 8 de noviembre de 2017, un mes después del referéndum del 1 de octubre, con el artículo 155 en vigor y al día siguiente del ingreso en prisión de buena parte del Gobierno de la Generalidad cesado, un sindicato minoritario convocó huelga general en Cataluña. Fomento del Trabajo pidió que se declarase política e ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sentencia 15/2018, de 2 de mayo) la calificó de huelga "mixta", con motivos políticos y laborales, y recordó que esa clase de huelga cabe dentro del derecho fundamental. Fijó además un estándar exigente: quien alega que los motivos laborales son una pantalla debe probar el fraude, y debe probarlo más allá de toda duda razonable, porque lo que se pretende es restringir un derecho fundamental. El Tribunal Supremo confirmó el criterio (STS 31/2020, de 15 de enero): la finalidad de aquella huelga era, a su juicio, fundamentalmente la defensa de los derechos de los trabajadores, y los fines políticos que la acompañaban no contaminaban esa finalidad primordial. Para llegar ahí, el Supremo examinó el texto de la convocatoria, motivo por motivo, y encontró en él salarios, precariedad y pensiones.
Si una huelga convocada en aquellas circunstancias superó el examen, la del 11N no tenía nada que temer. El resultado práctico es que la prohibición de la huelga política subsiste como reserva para supuestos extremos, pero apenas alcanza a una convocatoria que incorpore algún componente laboral reconocible. Los tribunales leen la convocatoria, no las intenciones; y una convocatoria cuyo lema empieza por "salarios" se escribe, precisamente, para ser leída por un tribunal. De modo que la pregunta sobre su finalidad real no la van a responder los tribunales. Habrá que responderla con el único criterio que queda: sus resultados.
El balance legislativo
Si el objetivo era cambiar la política de vivienda, el balance inmediato es, como mínimo, ambiguo. Hoy, 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso -las Cortes están disueltas desde la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre- convalidará al menos el principal de los dos reales decretos-leyes de vivienda que el Gobierno volvió a aprobar el 6 de octubre, días después de que el Pleno derogara sus predecesores con los votos de PP, Vox y Juntos. En la Diputación Permanente el voto de Juntos deja de ser decisivo.
¿Podrán los convocantes atribuirse ese resultado? Conviene no apresurarse, por tres razones. La primera, que la convalidación depende de la aritmética de un órgano parlamentario de composición distinta a la del Pleno, no de la presión de la calle. La segunda, que convalidar un decreto no equivale a mejorar el acceso a la vivienda: prorrogar contratos o suspender desahucios puede aliviar situaciones concretas, pero no construye una sola vivienda ni corrige por sí mismo los precios. Y la tercera, que los salarios y los precios -dos de los tres términos del lema- no figuran hoy en el orden del día de nadie.
Una huelga a favor del Gobierno
Hay un rasgo que distingue esta huelga de sus precedentes. Las huelgas generales de 1988, 2002, 2010 y 2012 se dirigieron contra el Gobierno de turno y contra sus reformas. La del 11N -la primera respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde 2012- reclama, en lo que se refiere a vivienda, medidas que el propio Gobierno ha aprobado y defiende. A quien presiona no es al Ejecutivo, sino a la oposición parlamentaria que tumbó sus decretos.
El calendario completa el cuadro: una huelga convocada a dieciocho días de unas elecciones generales, a dos del comienzo de la campaña y en la víspera de la votación de esos mismos decretos, que el Gobierno llevó a la Diputación Permanente en el último día hábil del plazo.
No tengo pruebas pero intuyo una taimada intención que me obliga a formular una segunda hipótesis.
La hipótesis electoral
La hipótesis es que la finalidad de la convocatoria no fuese tanto obtener resultados legislativos inmediatos como construir una movilización social susceptible de traducirse en respaldo electoral al Gobierno. Es, en el fondo, la tesis de la CEOE, que renunció a someterla a un juez.
Si ese era el propósito, el juicio debe aplazarse hasta el 29 de noviembre, y aun entonces será difícil de emitir: los resultados electorales tienen demasiadas causas como para atribuir a una sola jornada de huelga lo que suceda en las urnas.
No sería la primera vez que una reivindicación social legítima se convierte también en instrumento de estrategia política. Que las organizaciones sindicales tengan preferencias políticas, o pretendan influir en la orientación del Gobierno, no es reprochable: forma parte de una sociedad democrática. Lo cuestionable es presentar como reivindicación laboral lo que en realidad responda a una operación de movilización electoral.
Si de verdad fue una huelga electoral
Conviene entonces ponerle nombre a lo que se habría quebrantado, porque no es una cuestión de estética.
La legislación de huelga. Una huelga sostenida por una finalidad electoral es, por definición, una huelga iniciada "por motivos políticos", y por tanto ilegal según el artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977. Pero no solo eso: vestir esa finalidad con reivindicaciones salariales para eludir la prohibición es exactamente lo que el artículo 6.4 del Código Civil llama fraude de ley, un acto amparado en una norma que persigue un resultado prohibido por otra. Las consecuencias no serían menores. Los trabajadores que participaron activamente en la huelga perderían la protección que el derecho de huelga les dispensa; y el sindicato convocante respondería de los daños causados, conforme a las reglas generales de responsabilidad civil y al artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
La legislación electoral. El artículo 50.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe a cualquier persona jurídica distinta de partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores realizar campaña electoral desde la convocatoria de las elecciones. Los sindicatos son personas jurídicas, y las elecciones del 29 de noviembre estaban convocadas desde principios de octubre. Una huelga concebida para captar votos sería, materialmente, un acto de campaña realizado por quien la ley excluye de la campaña, sancionable por la Junta Electoral con arreglo a su artículo 153.1.
La neutralidad de los poderes públicos. Si el Gobierno hubiera promovido, coordinado o financiado, directa o indirectamente, la movilización -y el cruce de fechas entre la huelga y la votación de sus decretos invita al menos a preguntarlo-, entraría en juego el artículo 50.2 de la misma ley, que prohíbe desde la convocatoria cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que aluda a sus logros. Es el precepto por el que la Junta Electoral Central ha multado, en estos años, a presidentes autonómicos y al propio presidente del Gobierno.
La financiación de la campaña. Y si los medios materiales de los sindicatos -su organización, su logística, su capacidad de convocatoria- se hubieran puesto al servicio de la campaña de un partido, estaríamos ante una aportación en especie de personas jurídicas a una fuerza política, lo que la legislación de financiación de partidos prohíbe desde 2015.
Por qué nada de esto ocurrirá
Ahora bien, sería poco honesto detenerse ahí. Cada una de esas normas exige algo que no está a la vista.
La ilegalidad laboral exige probar el fraude, y los tribunales han fijado el listón donde lo pone una restricción de derechos fundamentales: más allá de toda duda razonable. Ya hemos visto que ni siquiera la huelga del 8 de noviembre de 2017 lo superó.
La infracción electoral exige algo más que influir: exige captar sufragios. La Junta Electoral Central, siguiendo al Tribunal Supremo, distingue entre ambas cosas y considera que las actividades de personas jurídicas que no se dirigen directamente a pedir el voto para una candidatura, por críticas que sean, quedan amparadas por la libertad de expresión. Una huelga que no pide el voto para nadie, aunque su calendario hable por sí solo, difícilmente cruzará ese umbral. El líder de la oposición la ha llamado "acto camuflado de campaña electoral"; el adjetivo es exacto, y es justamente el camuflaje lo que la pone fuera del alcance de la ley.
La infracción de neutralidad exige probar que el Gobierno organizó o financió algo, y coincidir en las fechas no es organizar.
El resultado es una paradoja que merece señalarse. La prohibición de la huelga política ha sido vaciada por la jurisprudencia; la prohibición de hacer campaña a las personas jurídicas se ha reducido a la petición expresa de voto. Entre una y otra queda un espacio que ninguna norma vigila: el de la movilización sindical con efectos electorales que no pide el voto ni abandona el lenguaje del salario. El 11N se ha movido, con notable pericia, dentro de ese espacio. Si fue electoralista, no habrá quebrantado ninguna norma que alguien vaya a aplicar. Habrá hecho algo distinto, y en cierto modo peor: demostrar que se puede utilizar un derecho fundamental para un fin que su propia regulación excluye, sin que nadie esté en condiciones de impedirlo. A eso, en castellano, se le llama una utilización, cuando menos, torticera.
Lo que queda
Una huelga puede ser multitudinaria y fracasar en sus objetivos. Puede tener un seguimiento laboral limitado y, sin embargo, lograr una repercusión política considerable. Y puede convertirse en un éxito propagandístico para sus organizadores sin haber mejorado en absoluto las condiciones de vida de aquellos a quienes dicen representar.
Dentro de un año sabremos si los alquileres han bajado, si los salarios alcanzan para pagarlos y si se han construido las viviendas que faltan. Esa será la única cifra de seguimiento que importe.
La verdadera medida del éxito no está en cuántas personas se manifiestan, sino en qué cambia después de que la manifestación termina.
Fuentes: