LA SESIÓN DEL 24 DE JUNIO: CUANDO LA ARITMÉTICA PARLAMENTARIA SUSTITUYE A LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
La sesión del Congreso del 24 de junio puso de manifiesto un cambio de enorme trascendencia política. El debate ya no giró en torno a la existencia de un grave problema de corrupción —que, con la excepción del PSOE, fue asumido explícita o implícitamente por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios—, sino sobre si esa realidad debía tener consecuencias para la continuidad del Gobierno. La respuesta de la mayoría que sostiene al Ejecutivo fue negativa.
Resultó especialmente significativo que, con la excepción del PSOE, prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios coincidieran en describir como extremadamente grave la situación generada por los numerosos procedimientos judiciales relacionados con presuntos delitos de corrupción que afectan al entorno político del Gobierno. Algunos de esos procedimientos continúan en fase de instrucción; otros han concluido mediante sentencias firmes dictadas por la jurisdicción ordinaria.
Conviene recordar un principio jurídico elemental. Las sentencias firmes dictadas por los tribunales ordinarios constituyen la culminación del ejercicio de la potestad jurisdiccional. El Tribunal Constitucional no constituye una nueva instancia revisora de los hechos declarados probados ni de la valoración de la prueba efectuada por jueces y tribunales. Su función es exclusivamente constitucional, y no le corresponde reescribir los hechos establecidos en una sentencia firme.
Pero la cuestión esencial del debate no era judicial, sino política.
Quienes el 1 de junio de 2018 justificaron la moción de censura afirmando que la corrupción hacía moral y políticamente imposible la continuidad del Gobierno sostienen hoy al Ejecutivo, pese a reconocer la extraordinaria gravedad de los acontecimientos que lo rodean. La diferencia entre ambas situaciones no reside en el concepto de responsabilidad política, sino en la posición parlamentaria de quienes hoy resultan decisivos para la supervivencia del Gobierno.
Desde el inicio de la legislatura, los partidos que sostienen al Ejecutivo han obtenido concesiones políticas de enorme trascendencia. Entre ellas pueden citarse la aprobación de la ley de amnistía, la negociación de un modelo singular de financiación para Cataluña, nuevas transferencias competenciales, acuerdos económicos específicos y otras medidas derivadas de los pactos de investidura, cuya incidencia sobre el principio de igualdad entre comunidades autónomas constituye objeto de un intenso debate jurídico y político.
Estos son hechos objetivos. Podrá discutirse su oportunidad, su alcance o incluso su constitucionalidad, pero resulta indiscutible que tales acuerdos han sido posibles gracias a una mayoría parlamentaria cuya continuidad depende de esos mismos grupos.
La consecuencia política del debate del 24 de junio resulta igualmente objetiva: la existencia de numerosos procedimientos judiciales por corrupción y de condenas firmes recaídas sobre personas pertenecientes o estrechamente vinculadas al espacio político del actual Gobierno no ha producido la retirada del apoyo parlamentario de quienes garantizan su permanencia en el poder.
La conclusión que inevitablemente extraerán muchos ciudadanos es inquietante. Si la corrupción fue considerada en 2018 causa suficiente para provocar un cambio de Gobierno, pero deja de producir ese efecto cuando afecta al Ejecutivo cuya continuidad depende de una mayoría parlamentaria determinada, el principio de responsabilidad política deja de aplicarse con carácter general para convertirse en un criterio condicionado por la conveniencia política de cada momento.
La democracia representativa no consiste únicamente en sumar votos suficientes para conservar el poder. Exige también que la confianza pública pueda perderse cuando los hechos alcanzan una gravedad incompatible con la ejemplaridad institucional que debe presidir el ejercicio del Gobierno.
Lo sucedido el 24 de junio proyecta precisamente la impresión contraria: que la continuidad de la mayoría parlamentaria ha prevalecido sobre la exigencia de responsabilidades políticas, y que las contraprestaciones derivadas de esa mayoría han resultado suficientes para mantener el apoyo al Ejecutivo aun en un contexto marcado por una sucesión de investigaciones judiciales y condenas de extraordinaria relevancia pública.
El verdadero problema ya no consiste únicamente en la corrupción que investigan los tribunales. Consiste en la desaparición de sus consecuencias políticas. Cuando un sistema parlamentario deja de exigir responsabilidades porque la aritmética de la mayoría convierte cualquier coste político en asumible, el riesgo no afecta únicamente a un Gobierno concreto. Afecta a la credibilidad de las instituciones y al propio principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Pero existe una consecuencia aún más preocupante, que merece ser examinada con detenimiento:
LA NEUTRALIZACIÓN DE LA VOZ CIUDADANA
En una democracia, la corrupción no solo se combate en los tribunales. También se combate mediante la exigencia de responsabilidades políticas y, cuando la gravedad de los hechos lo aconseja, devolviendo la palabra a los ciudadanos. Precisamente eso fue lo que se reclamó en 2018. Se sostuvo entonces que la mera pérdida de confianza institucional hacía incompatible la continuidad del Gobierno de Mariano Rajoy. Aquella apelación a la responsabilidad política se convirtió en el fundamento de la moción de censura.
Hoy el panorama es radicalmente distinto. España asiste a una sucesión de procedimientos judiciales de extraordinaria relevancia pública, algunos ya concluidos mediante sentencias firmes, mientras otros continúan su tramitación. En el propio Congreso, durante la sesión del 24 de junio, prácticamente todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, manifestaron su preocupación por la gravedad de los casos que afectan al entorno político del Gobierno; varios de sus socios llegaron a reclamar más explicaciones o un cambio de rumbo.
Sin embargo, pese a ese diagnóstico compartido sobre la gravedad de la situación, la conclusión política fue exactamente la contraria a la de 2018: mantener al Gobierno sin permitir que los ciudadanos se pronuncien.
Esta es la paradoja central de la trayectoria política reciente en España. Los partidos cuya mayoría parlamentaria depende de la continuidad del Ejecutivo mantienen su apoyo mientras permanecen vigentes los acuerdos políticos alcanzados durante la investidura. La amnistía, las negociaciones sobre financiación singular, las transferencias competenciales y otros compromisos que han marcado la legislatura funcionan como un sistema de incentivos que hace políticamente costoso, para cada uno de esos grupos, retirar un apoyo que, al mismo tiempo, reconocen difícilmente justificable ante la ciudadanía.
El mecanismo es sencillo pero de consecuencias graves. Cada partido de la coalición mayoritaria tiene más que perder retirando su respaldo que manteniéndolo, con independencia de cuál sea su valoración pública de los hechos que rodean al Gobierno. El resultado es una mayoría parlamentaria estructuralmente inmune a las crisis de legitimidad, no porque carezca de ellas, sino porque el coste individual de romperla supera, para cada uno de sus componentes, el beneficio de hacerlo. Los ciudadanos quedan así excluidos del mecanismo corrector que la democracia reserva precisamente para estas situaciones.
Esto no es un problema de procedimiento. Es un problema de soberanía.
La Constitución atribuye al pueblo español la titularidad de la soberanía nacional. Esa titularidad no se agota en el acto de votar cada cuatro años. Se ejerce también a través de la capacidad efectiva de retirar la confianza a quien gobierna cuando los hechos hacen incompatible su continuidad con el interés general. Cuando esa capacidad queda bloqueada por la geometría de los pactos parlamentarios, el ciudadano sigue siendo formalmente soberano, pero materialmente impotente para corregir una situación que él mismo, en su mayoría, juzga inaceptable.
Las encuestas son, en este punto, elocuentes. Una parte mayoritaria de la ciudadanía considera que las circunstancias actuales merecerían el pronunciamiento electoral. Sin embargo, la arquitectura de la mayoría parlamentaria convierte esa aspiración en políticamente irrealizable mientras los acuerdos de investidura mantengan su vigencia. El Parlamento, que debería ser el instrumento de expresión de la voluntad popular, actúa en este caso como su dique de contención.
Esta situación no es constitucionalmente irregular. La Constitución no obliga a convocar elecciones ante ningún nivel de crisis política, y ningún mecanismo jurídico puede forzar a una mayoría parlamentaria a retirar su confianza al Ejecutivo. Pero precisamente por eso, la valoración no puede ser jurídica: ha de ser política y ciudadana.
Y desde esa perspectiva, el juicio es severo. Una democracia madura no se mide únicamente por la formalidad de sus procedimientos, sino por la capacidad real de sus ciudadanos para ejercer la soberanía de manera efectiva. Cuando la aritmética parlamentaria blinda a un Gobierno frente a consecuencias que, en otro escenario de mayorías, habrían resultado inevitables, el sistema funciona formalmente pero falla en lo esencial: en garantizar que quienes gobiernan lo hacen con el respaldo activo y consciente de la ciudadanía, no al amparo de una geometría de intereses que ningún votante eligió ni respaldó explícitamente.
La consecuencia más duradera de la sesión del 24 de junio no es política, sino institucional. Cada vez que el Parlamento neutraliza las consecuencias de una crisis de esta magnitud, y cada vez que los ciudadanos perciben que su capacidad de pronunciarse queda diferida indefinidamente, se erosiona algo que no se recupera fácilmente: la convicción de que las instituciones responden, en última instancia, a quienes las sostienen con su voto.
Cuando esa convicción se quiebra, el daño no afecta a un Gobierno, ni siquiera a una legislatura. Afecta al contrato implícito que hace posible la democracia.
