PORTADA DE EL PERIÓDICO Viernes, 20 de noviembre de 2026
Análisis
HOY (Diario de Extremadura): Los abortos crecen un 25 % en la región en los últimos cinco años
Fecha: 20 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opiniónEl aborto y la factura demográfica del Estado del bienestar Una reflexión sobre la Ley Orgánica 2/2010, la vida humana y la ruptura de la solidaridad intergeneracional Una noticia que debería hacernos reflexionar Según publica el diario HOY, los abortos en Extremadura han aumentado un 24,6 % entre 2021 y 2025, de 1.003 a 1.250. Ese dato no debería leerse como una simple estadística sanitaria. Obliga a plantear una cuestión más amplia: ¿qué consecuencias tiene para una sociedad haber institucionalizado una práctica que pone fin, cada año, a más de cien mil vidas humanas en formación? El caso extremeño no es aislado. En el conjunto de España se practicaron 106.172 abortos en 2024, un 2,98 % más que el año anterior, y la cifra crece de forma ininterrumpida desde 2020. Quince años de aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, sustituyó el sistema de indicaciones por uno de plazos. Desde 2011, primer año completo de aplicación, hasta 2024 se han practicado en España 1.398.067 abortos. La serie no ha sido lineal. El máximo se alcanzó en 2011, con 118.611. La cifra bajó hasta 94.796 en 2014 y tocó su mínimo en 2020, con 88.269, un año marcado por la pandemia. Desde entonces no ha dejado de subir. Debo hacer aquí una precisión sobre mi propio trabajo. En mi tesis doctoral, leída en 2010, proyecté por regresión lineal los datos de 1996 a 2008 y estimé unos 170.000 abortos anuales en 2018. Advertí además de que el paso a un sistema de plazos elevaría probablemente esa cifra. No ocurrió: en 2018 se registraron 95.917. La explicación estaba en los propios datos de la tesis. Entre 1996 y 2008, el 97 % de los abortos se amparó en la indicación de riesgo para la salud de la madre. El sistema de indicaciones funcionaba ya, en la práctica, como un aborto a petición. La ley de plazos no abrió una puerta nueva: dio forma legal a la que ya estaba abierta. El marco jurídico ha seguido moviéndose. La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, suprimió el periodo de reflexión de tres días y el consentimiento de los progenitores para las menores de 16 y 17 años. Ese mismo año, la STC 44/2023, de 9 de mayo, desestimó íntegramente el recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Popular había interpuesto contra la ley trece años antes. Y en 2026 el Gobierno ha llevado a las Cortes una reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el acceso al aborto en todo el territorio. Mi tesis sostuvo que el sistema de plazos no era compatible con la doctrina de la STC 53/1985, que obliga al Estado a proteger la vida del no nacido como bien jurídico constitucional. El Tribunal Constitucional ha resuelto lo contrario. Pero una sentencia zanja la cuestión de validez, no la cuestión de fondo: qué es lo que se pierde en cada aborto y qué consecuencias tiene para la comunidad. La vida humana: el presupuesto olvidado del debate jurídico En mi tesis doctoral, Impunidad del aborto: ¿Relativismo ético supralegal o reinterpretación constitucional del ordenamiento penal?, abordé el problema desde tres perspectivas: biológica, antropológica y jurídica. La pregunta no era en qué momento un ser humano adquiere determinadas capacidades. Era qué naturaleza tiene el ser que se desarrolla desde la fecundación y qué consecuencias jurídicas se siguen de reconocerla. Las conclusiones biológicas fueron cuatro: 1.       Desde la singamia existe un cuerpo humano individual, con un genoma único, que inicia de forma autónoma su propio desarrollo. 2.       Ese desarrollo es un continuo que solo termina con la muerte. No hay en él un salto que separe un «preembrión» de un embrión: esa distinción es convencional y sirve para justificar un trato jurídico distinto. 3.       La viabilidad no aparece de golpe en un momento dado. Con cada avance médico, el umbral retrocede hacia la concepción. 4.       El cigoto tiene ya unidad y unicidad; no cabe negarle la individualidad. De ahí la conclusión antropológica: ni la autoconsciencia ni el desarrollo psíquico pueden servir de criterio para atribuir o negar a un ser humano la condición de persona. No hay seres humanos que sean más personas que otros. Convertir la dignidad humana en una cuestión de capacidad, conveniencia o consenso social es exactamente lo que la tesis llamaba relativismo ético supralegal. La dimensión demográfica: las generaciones que no llegan España atraviesa una profunda crisis de natalidad. En 2024 se registraron 318.005 nacimientos, el mínimo desde que existen series en 1941, y el número medio de hijos por mujer bajó a 1,10. La cifra absoluta de abortos es hoy algo inferior a la de 2008. Lo que ha cambiado de verdad es su peso frente a los nacimientos: Año Abortos Nacimientos Abortos por cada 100 nacimientos Embarazos que terminan en aborto 2008 115.812 518.967 22,3 18,2 % 2024 106.172 318.005 33,4 25,0 % Hoy, uno de cada cuatro embarazos conocidos termina en aborto. En 2008 era menos de uno de cada cinco. No se trata de atribuir al aborto el descenso de la natalidad, cuyas causas son múltiples: el retraso de la maternidad, la precariedad laboral, el precio de la vivienda o la ausencia de una política familiar seria. Tampoco cada aborto equivale a un nacimiento perdido, porque una parte de ellos aplaza la maternidad en lugar de suprimirla. Pero una sociedad en la que una cuarta parte de los embarazos no llega a término no puede dejar ese dato fuera de su diagnóstico demográfico. La contradicción del Estado del bienestar Nuestro sistema de protección social descansa sobre la solidaridad entre generaciones. Los trabajadores de hoy financian, con sus cotizaciones e impuestos, las pensiones, la sanidad y los servicios públicos de quienes les precedieron. Ese sistema necesita una población activa suficiente, una economía productiva y una estructura demográfica capaz de sostenerlo. Las cifras oficiales son claras. Según las proyecciones del INE, la población de 65 años o más pasará del 20,4 % al 30,5 % hacia 2055, y la de 20 a 64 años caerá del 60,9 % al 53,7 % en 2051. El Banco de España calcula que el envejecimiento ya restó 3,4 puntos a la tasa de actividad en la última década y le restará otros 2,8 hasta 2030. La AIReF lleva años advirtiendo de la presión que esto supone sobre el gasto en pensiones. La respuesta habitual es la inmigración, y no es una respuesta menor. El INE proyecta un saldo migratorio positivo de 17,1 millones de personas hasta 2073; sin él, España rondaría los 32 millones de habitantes. Uno de cada tres nacimientos de 2024 fue ya de madre nacida en el extranjero. Ya en 2010 señalé en mi tesis que entre el 84 % y el 93 % del crecimiento demográfico de 2002 a 2007 se debía a la inmigración. Pero la inmigración amortigua el problema; no lo resuelve. Los inmigrantes también envejecen y, con el tiempo, su fecundidad converge con la del país de acogida. Un modelo que depende de importar indefinidamente la población que no se renueva no es un modelo sostenible, sino un aplazamiento. La pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede defenderse la sostenibilidad del Estado del bienestar sin afrontar a la vez las políticas que inciden en la renovación de las generaciones? La productividad y las pensiones no son problemas independientes El envejecimiento condiciona la oferta de trabajo, la capacidad de generar cotizaciones y el crecimiento potencial de la economía. No significa que cada nacimiento adicional garantice un futuro cotizante, ni que la productividad dependa solo del tamaño de la población. Tampoco que el efecto sea inmediato: un niño que nace hoy no cotizará antes de dos décadas. Pero precisamente por eso las decisiones demográficas de hoy son las cuentas públicas de 2050, y la población sigue siendo uno de los recursos fundamentales sobre los que se construye cualquier sistema económico y social. La política demográfica no puede limitarse a contar pensionistas, cotizantes y necesidades presupuestarias. Debe atender también a las condiciones que hacen posible la continuidad de las generaciones: el apoyo real a la maternidad, la vivienda, la conciliación y la protección de la vida que ya está en camino. Una reflexión final El debate sobre el aborto no puede reducirse a una confrontación entre derechos individuales y convicciones morales. Tiene también una dimensión colectiva, jurídica, antropológica y económica. El Tribunal Constitucional ha dicho ya la última palabra sobre la validez de la ley. No la ha dicho, ni puede decirla, sobre la naturaleza de lo que se pierde en cada aborto, ni sobre sus consecuencias para la comunidad. Quienes reclaman la defensa del Estado del bienestar deben estar dispuestos a examinar todas las circunstancias que comprometen su continuidad. La protección de la vida humana en formación, la maternidad, la natalidad y la renovación generacional forman parte de ese debate. Una sociedad no puede preocuparse solo de cómo financiar el futuro y permanecer indiferente ante las condiciones que permiten que ese futuro exista. La pregunta que debemos hacernos es sencilla: ¿qué Estado del bienestar pretendemos preservar si no somos capaces de garantizar las condiciones humanas, sociales y demográficas que lo hacen posible? Fuentes 1.       Ministerio de Sanidad – Estadísticas de abortos. Series oficiales y metodología. 2.       Ministerio de Sanidad – Datos estadísticos 2015-2024. Abortos por año y tasas. 3.       Ministerio de Sanidad – Informe de abortos 2014. Primeros años de aplicación de la ley. 4.       La Moncloa – Datos de abortos de 2024 (1 de octubre de 2025). 5.       INE – Movimiento Natural de la Población 2024. Nacimientos y fecundidad. 6.       INE – Proyecciones de población 2024-2074. Envejecimiento, dependencia y saldo migratorio. 7.       Banco de España – El impacto del envejecimiento poblacional sobre la tasa de actividad en España (Boletín Económico 2023/T3). 8.       AIReF – Informe sobre la regla de gasto de pensiones. 9.       STC 44/2023, de 9 de mayo (BOE). 10.   Trigo Calonge, R.-M. Impunidad del aborto: ¿Relativismo ético supralegal o reinterpretación constitucional del ordenamiento penal? Tesis doctoral, 2010.
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HOY (Diario de Extremadura): Los abortos crecen un 25 % en la región en los últimos cinco años

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Fecha: 20 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

El aborto y la factura demográfica del Estado del bienestar

Una reflexión sobre la Ley Orgánica 2/2010, la vida humana y la ruptura de la solidaridad intergeneracional

Una noticia que debería hacernos reflexionar

Según publica el diario HOY, los abortos en Extremadura han aumentado un 24,6 % entre 2021 y 2025, de 1.003 a 1.250. Ese dato no debería leerse como una simple estadística sanitaria.

Obliga a plantear una cuestión más amplia: ¿qué consecuencias tiene para una sociedad haber institucionalizado una práctica que pone fin, cada año, a más de cien mil vidas humanas en formación?

El caso extremeño no es aislado. En el conjunto de España se practicaron 106.172 abortos en 2024, un 2,98 % más que el año anterior, y la cifra crece de forma ininterrumpida desde 2020.

Quince años de aplicación de la Ley Orgánica 2/2010

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, sustituyó el sistema de indicaciones por uno de plazos. Desde 2011, primer año completo de aplicación, hasta 2024 se han practicado en España 1.398.067 abortos.

La serie no ha sido lineal. El máximo se alcanzó en 2011, con 118.611. La cifra bajó hasta 94.796 en 2014 y tocó su mínimo en 2020, con 88.269, un año marcado por la pandemia. Desde entonces no ha dejado de subir.

Debo hacer aquí una precisión sobre mi propio trabajo. En mi tesis doctoral, leída en 2010, proyecté por regresión lineal los datos de 1996 a 2008 y estimé unos 170.000 abortos anuales en 2018. Advertí además de que el paso a un sistema de plazos elevaría probablemente esa cifra. No ocurrió: en 2018 se registraron 95.917.

La explicación estaba en los propios datos de la tesis. Entre 1996 y 2008, el 97 % de los abortos se amparó en la indicación de riesgo para la salud de la madre. El sistema de indicaciones funcionaba ya, en la práctica, como un aborto a petición. La ley de plazos no abrió una puerta nueva: dio forma legal a la que ya estaba abierta.

El marco jurídico ha seguido moviéndose. La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, suprimió el periodo de reflexión de tres días y el consentimiento de los progenitores para las menores de 16 y 17 años. Ese mismo año, la STC 44/2023, de 9 de mayo, desestimó íntegramente el recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Popular había interpuesto contra la ley trece años antes. Y en 2026 el Gobierno ha llevado a las Cortes una reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el acceso al aborto en todo el territorio.

Mi tesis sostuvo que el sistema de plazos no era compatible con la doctrina de la STC 53/1985, que obliga al Estado a proteger la vida del no nacido como bien jurídico constitucional. El Tribunal Constitucional ha resuelto lo contrario. Pero una sentencia zanja la cuestión de validez, no la cuestión de fondo: qué es lo que se pierde en cada aborto y qué consecuencias tiene para la comunidad.

La vida humana: el presupuesto olvidado del debate jurídico

En mi tesis doctoral, Impunidad del aborto: ¿Relativismo ético supralegal o reinterpretación constitucional del ordenamiento penal?, abordé el problema desde tres perspectivas: biológica, antropológica y jurídica.

La pregunta no era en qué momento un ser humano adquiere determinadas capacidades. Era qué naturaleza tiene el ser que se desarrolla desde la fecundación y qué consecuencias jurídicas se siguen de reconocerla. Las conclusiones biológicas fueron cuatro:

1.       Desde la singamia existe un cuerpo humano individual, con un genoma único, que inicia de forma autónoma su propio desarrollo.

2.       Ese desarrollo es un continuo que solo termina con la muerte. No hay en él un salto que separe un «preembrión» de un embrión: esa distinción es convencional y sirve para justificar un trato jurídico distinto.

3.       La viabilidad no aparece de golpe en un momento dado. Con cada avance médico, el umbral retrocede hacia la concepción.

4.       El cigoto tiene ya unidad y unicidad; no cabe negarle la individualidad.

De ahí la conclusión antropológica: ni la autoconsciencia ni el desarrollo psíquico pueden servir de criterio para atribuir o negar a un ser humano la condición de persona. No hay seres humanos que sean más personas que otros. Convertir la dignidad humana en una cuestión de capacidad, conveniencia o consenso social es exactamente lo que la tesis llamaba relativismo ético supralegal.

La dimensión demográfica: las generaciones que no llegan

España atraviesa una profunda crisis de natalidad. En 2024 se registraron 318.005 nacimientos, el mínimo desde que existen series en 1941, y el número medio de hijos por mujer bajó a 1,10.

La cifra absoluta de abortos es hoy algo inferior a la de 2008. Lo que ha cambiado de verdad es su peso frente a los nacimientos:

Año

Abortos

Nacimientos

Abortos por cada 100 nacimientos

Embarazos que terminan en aborto

2008

115.812

518.967

22,3

18,2 %

2024

106.172

318.005

33,4

25,0 %

Hoy, uno de cada cuatro embarazos conocidos termina en aborto. En 2008 era menos de uno de cada cinco.

No se trata de atribuir al aborto el descenso de la natalidad, cuyas causas son múltiples: el retraso de la maternidad, la precariedad laboral, el precio de la vivienda o la ausencia de una política familiar seria. Tampoco cada aborto equivale a un nacimiento perdido, porque una parte de ellos aplaza la maternidad en lugar de suprimirla. Pero una sociedad en la que una cuarta parte de los embarazos no llega a término no puede dejar ese dato fuera de su diagnóstico demográfico.

La contradicción del Estado del bienestar

Nuestro sistema de protección social descansa sobre la solidaridad entre generaciones. Los trabajadores de hoy financian, con sus cotizaciones e impuestos, las pensiones, la sanidad y los servicios públicos de quienes les precedieron. Ese sistema necesita una población activa suficiente, una economía productiva y una estructura demográfica capaz de sostenerlo.

Las cifras oficiales son claras. Según las proyecciones del INE, la población de 65 años o más pasará del 20,4 % al 30,5 % hacia 2055, y la de 20 a 64 años caerá del 60,9 % al 53,7 % en 2051. El Banco de España calcula que el envejecimiento ya restó 3,4 puntos a la tasa de actividad en la última década y le restará otros 2,8 hasta 2030. La AIReF lleva años advirtiendo de la presión que esto supone sobre el gasto en pensiones.

La respuesta habitual es la inmigración, y no es una respuesta menor. El INE proyecta un saldo migratorio positivo de 17,1 millones de personas hasta 2073; sin él, España rondaría los 32 millones de habitantes. Uno de cada tres nacimientos de 2024 fue ya de madre nacida en el extranjero. Ya en 2010 señalé en mi tesis que entre el 84 % y el 93 % del crecimiento demográfico de 2002 a 2007 se debía a la inmigración.

Pero la inmigración amortigua el problema; no lo resuelve. Los inmigrantes también envejecen y, con el tiempo, su fecundidad converge con la del país de acogida. Un modelo que depende de importar indefinidamente la población que no se renueva no es un modelo sostenible, sino un aplazamiento.

La pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede defenderse la sostenibilidad del Estado del bienestar sin afrontar a la vez las políticas que inciden en la renovación de las generaciones?

La productividad y las pensiones no son problemas independientes

El envejecimiento condiciona la oferta de trabajo, la capacidad de generar cotizaciones y el crecimiento potencial de la economía.

No significa que cada nacimiento adicional garantice un futuro cotizante, ni que la productividad dependa solo del tamaño de la población. Tampoco que el efecto sea inmediato: un niño que nace hoy no cotizará antes de dos décadas. Pero precisamente por eso las decisiones demográficas de hoy son las cuentas públicas de 2050, y la población sigue siendo uno de los recursos fundamentales sobre los que se construye cualquier sistema económico y social.

La política demográfica no puede limitarse a contar pensionistas, cotizantes y necesidades presupuestarias. Debe atender también a las condiciones que hacen posible la continuidad de las generaciones: el apoyo real a la maternidad, la vivienda, la conciliación y la protección de la vida que ya está en camino.

Una reflexión final

El debate sobre el aborto no puede reducirse a una confrontación entre derechos individuales y convicciones morales. Tiene también una dimensión colectiva, jurídica, antropológica y económica.

El Tribunal Constitucional ha dicho ya la última palabra sobre la validez de la ley. No la ha dicho, ni puede decirla, sobre la naturaleza de lo que se pierde en cada aborto, ni sobre sus consecuencias para la comunidad.

Quienes reclaman la defensa del Estado del bienestar deben estar dispuestos a examinar todas las circunstancias que comprometen su continuidad. La protección de la vida humana en formación, la maternidad, la natalidad y la renovación generacional forman parte de ese debate.

Una sociedad no puede preocuparse solo de cómo financiar el futuro y permanecer indiferente ante las condiciones que permiten que ese futuro exista. La pregunta que debemos hacernos es sencilla: ¿qué Estado del bienestar pretendemos preservar si no somos capaces de garantizar las condiciones humanas, sociales y demográficas que lo hacen posible?

Fuentes

1.       Ministerio de Sanidad – Estadísticas de abortos. Series oficiales y metodología.

2.       Ministerio de Sanidad – Datos estadísticos 2015-2024. Abortos por año y tasas.

3.       Ministerio de Sanidad – Informe de abortos 2014. Primeros años de aplicación de la ley.

4.       La Moncloa – Datos de abortos de 2024 (1 de octubre de 2025).

5.       INE – Movimiento Natural de la Población 2024. Nacimientos y fecundidad.

6.       INE – Proyecciones de población 2024-2074. Envejecimiento, dependencia y saldo migratorio.

7.       Banco de España – El impacto del envejecimiento poblacional sobre la tasa de actividad en España (Boletín Económico 2023/T3).

8.       AIReF – Informe sobre la regla de gasto de pensiones.

9.       STC 44/2023, de 9 de mayo (BOE).

10.   Trigo Calonge, R.-M. Impunidad del aborto: ¿Relativismo ético supralegal o reinterpretación constitucional del ordenamiento penal? Tesis doctoral, 2010.

PORTADA DE EL CORREO Viernes, 20 de noviembre de 2026
Análisis 2
Aproveché la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España
Fecha: 19 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión Auditar al Gobierno saliente: la rendición de cuentas no puede depender de quién gane las elecciones Una propuesta para instaurar por ley una auditoría económica, administrativa y de integridad institucional, obligatoria y automática, cada vez que cesa un Gobierno de España Ya hace mucho tiempo que la acumulación de acontecimientos relacionados con la actuación del Gobierno deja de ser una sucesión de noticias y se convierte en síntoma de un problema estructural. Y esto ocurre en España, a diez días de unas elecciones generales: Hay condenas firmes o dictadas por el Tribunal Supremo. En noviembre de 2025, el Supremo condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados. En junio de 2026, el mismo tribunal informó en contra de su indulto; en octubre, el presidente del Gobierno declaró que no descartaba concederlo antes del 29 de noviembre. También en junio, el Supremo condenó al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a más de veinticuatro años de prisión en el llamado caso mascarillas, con su antiguo asesor, Koldo García, condenado a casi veinte. Hay condenas no firmes. En julio, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, absolviéndolo de tráfico de influencias. La sentencia está recurrida. Hay procesos pendientes de juicio. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que Begoña Gómez, esposa del presidente, será juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Le ampara la presunción de inocencia, y la Fiscalía ha pedido su absolución. Hay tragedias cuya responsabilidad está por determinar. En 2026, la alta velocidad española, que no había registrado accidentes mortales desde su inauguración en 1992, ha sufrido dos: en enero, en Adamuz (Córdoba), con cuarenta y seis fallecidos, y el 28 de octubre, en Urda (Toledo), con sesenta y nueve. A ellos se suma el de Gelida, en Cercanías de Barcelona, donde murió el maquinista. Las investigaciones técnicas y judiciales siguen su curso, y nada permite aún atribuirlos a una decisión política concreta. Pero sí obligan a preguntarse cómo se han gestionado la inversión, el mantenimiento y los sistemas de seguridad y de control de la circulación de una infraestructura pública esencial. Hay crisis de gestión pública aún por esclarecer. Los días 30 y 31 de julio, decenas de miles de personas entraron irregularmente en Ceuta. El Gobierno sostuvo que ningún informe anticipaba una entrada masiva. Los cuarenta documentos que desclasificó en septiembre muestran, sin embargo, que el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil habían emitido avisos en los días previos, aunque discrepan sobre su alcance. Hoy es la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, quien reclama los informes que faltan para saber qué autoridades sabían qué, y desde cuándo. Y en noviembre, El Hierro, una isla de once mil habitantes, ha declarado la emergencia social tras recibir en pocos días más cayucos que en los diez meses anteriores, mientras Canarias exige al Gobierno medidas inmediatas. Y hay declaraciones políticas. Hoy mismo, Carles Puigdemont afirma en una entrevista en El Mundo que Juntos se aprovechó de la ambición de Pedro Sánchez para obtener contrapartidas, entre ellas la amnistía. Son palabras de parte, pronunciadas en plena campaña y con evidente intención política, y deben leerse como tales. Para muchas personas esto era un hecho antes de estas decdlaraciones a la luz de las circunstancias de la investidura del Presidente  y otras prebendas ofrecidas a Cataluña. Cada categoría tiene su propia entidad. Pero ello no obsta para afirmar que acumulación erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y en los mecanismos ordinarios de control del poder. El problema es este: ¿qué sucede cuando un Gobierno termina su mandato? ¿Quién examina de manera exhaustiva cómo ha ejercido el poder, cómo ha administrado los recursos públicos, cómo ha adoptado sus decisiones y si ha respetado los principios de integridad que deben presidir toda actuación pública? España carece de un mecanismo adecuado hasta el presente. Tenemos órganos de control, mecanismos de fiscalización y normas de transparencia, pero no un procedimiento obligatorio, integral y sistemático que examine en su conjunto la actuación del Gobierno saliente. Así es fácil gobernar autocráticamente cuando es imposible detectar responsabilidades por graves que fueren.. Es hora de plantearlo, y de hacerlo antes de saber quién gobernará después del 29 de noviembre. Control fragmentado Existen en España varios instrumentos de control de la actividad pública. El Tribunal de Cuentas fiscaliza externamente la actividad económico-financiera del sector público y enjuicia la responsabilidad contable. La Intervención General de la Administración del Estado ejerce el control interno. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal vigila la sostenibilidad de las finanzas públicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno supervisa las obligaciones de transparencia. La Oficina de Conflictos de Intereses controla incompatibilidades e intereses de los altos cargos. Pero la fragmentación de estos instrumentos los hace insuficientes. El propio Gobierno saliente reconoció la insuficiencia de estos instrumentos cuando, en septiembre de 2026, remitió a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que crearía una Agencia Independiente de Integridad Pública integrando la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. La disolución de las Cámaras ha dejado ese proyecto sin tramitar, lo que ilustra bien el problema: las reformas de control dependen del calendario político del controlado. Una fiscalización presupuestaria puede determinar si los fondos se aplicaron conforme a las normas contables, pero no necesariamente si las decisiones se adoptaron con imparcialidad, si hubo conflictos de intereses o si se utilizaron las instituciones para fines ajenos al interés general. Tampoco basta con que intervengan los tribunales cuando aparecen indicios de delito. La jurisdicción penal determina responsabilidades individuales por conductas tipificadas; no evalúa la gestión de un Gobierno. Y llega tarde: el caso mascarillas se refiere a contratos de 2020 y se ha sentenciado en 2026. Las comisiones parlamentarias de investigación del artículo 76 de la Constitución, por su parte, dependen de la mayoría que las crea y producen, con demasiada frecuencia, dos conclusiones: la de la mayoría y la de la minoría. Se hace necesaria una visión de conjunto, técnica y periódica.  Una Ley de Auditoría Integral del Gobierno Saliente La propuesta consiste en crear una ley que imponga una auditoría integral de la actuación de todo Gobierno de España cada vez que cese. No sería voluntaria, ni dependería de una comisión creada al calor de un escándalo, ni de la voluntad del Gobierno entrante. Sería una obligación legal, automática y periódica. El hecho que la activa debe definirse con precisión. El artículo 101 de la Constitución dispone que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria y por dimisión o fallecimiento de su presidente. La auditoría se activaría con ese cese, gane quien gane: también cuando el presidente saliente sea investido de nuevo, y también cuando el Gobierno caiga a mitad de legislatura. El periodo auditado iría desde la toma de posesión hasta la del Gobierno siguiente, incluido el tramo en funciones. Su ámbito comprendería los departamentos ministeriales, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones y demás entidades del sector público estatal. Las comunidades autónomas y las entidades locales quedarían fuera, sin perjuicio de que sus parlamentos adopten mecanismos análogos con sus propios órganos de control externo. Su finalidad: determinar, con criterios objetivos y verificables, cómo se ha ejercido el poder ejecutivo y cómo se han administrado los recursos y las instituciones públicas. La auditoría tendría dos vertientes, complementarias pero diferenciadas: Auditoría económico-financiera y de gestión. Auditoría de integridad institucional y cumplimiento normativo. La segunda es el elemento novedoso. La auditoría económico-financiera y de gestión No debería limitarse a comprobar la corrección formal de las cuentas, sino comprender, al menos: A. Ejecución presupuestaria Correspondencia entre presupuestos aprobados —o prorrogados— y su ejecución real. Modificaciones presupuestarias, transferencias, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Compromisos de gasto plurianuales que hipotecan a Gobiernos futuros. Desviaciones y su justificación. B. Contratación pública Procedimientos de adjudicación y grado de concurrencia. Contratos negociados sin publicidad y tramitaciones de emergencia. Modificaciones, prórrogas y fraccionamientos. Relaciones entre adjudicatarios y responsables públicos. Subcontrataciones y posibles conflictos de intereses. C. Subvenciones y transferencias Criterios de selección de beneficiarios y justificación de las ayudas. Concesiones directas y concentración de beneficiarios. Cumplimiento de objetivos, reintegros y comprobaciones. D. Patrimonio y sector público empresarial Evolución del patrimonio público, adquisiciones y enajenaciones. Endeudamiento y compromisos financieros. Gestión de sociedades y entidades públicas, incluidas sus contrataciones de personal. E. Eficiencia y resultados Correspondencia entre gasto y resultados. Evaluación de las políticas públicas más relevantes, en coordinación con la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Estado de conservación e inversión en infraestructuras y servicios críticos. No se trataría de sustituir a los órganos de fiscalización existentes, sino de integrar sus actuaciones y completar lo que no haya sido objeto de control suficiente. Integridad institucional y cumplimiento normativo Esta sería la dimensión esencial de la reforma. El Gobierno no administra solo dinero. Administra potestades, instituciones y procedimientos que pertenecen a la comunidad política. Por eso, la regularidad de su actuación no puede medirse únicamente con balances. El artículo 103.1 de la Constitución exige que la Administración sirva con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El artículo 9.3 garantiza la legalidad, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Estos principios deben traducirse en mecanismos efectivos de comprobación. La auditoría de integridad comprendería, al menos: A. Neutralidad institucional Uso de los recursos y estructuras públicas con fines estrictamente institucionales y no partidistas. Respeto a la autonomía de los órganos constitucionales y de las autoridades independientes. Regularidad y motivación de nombramientos y ceses de altos cargos. Prevención de la desviación de poder. B. Conflictos de intereses Declaraciones de bienes, actividades e intereses de los altos cargos. Abstenciones exigibles y su cumplimiento efectivo. Operaciones que puedan beneficiar a personas vinculadas. Puertas giratorias y limitaciones posteriores al cese. C. Integridad en la contratación y en las ayudas Trazabilidad de las decisiones de adjudicación. Vínculos personales, económicos o políticos relevantes. Funcionamiento de los canales de denuncia y protección de informantes. Control de las decisiones discrecionales. D. Relaciones institucionales y actividad normativa Transparencia de los acuerdos que comprometan la actuación del Gobierno o recursos públicos. Huella normativa: qué intereses intervinieron en la elaboración de las normas. Uso del decreto-ley y cumplimiento de sus presupuestos habilitantes. Respeto a los procedimientos legales y a las competencias de los distintos órganos. La negociación parlamentaria y la búsqueda de apoyos son actividades legítimas en una democracia parlamentaria y no pueden ser objeto de censura por el mero hecho de producirse. Lo que sí debe poder examinarse es si, en esas negociaciones, se comprometieron recursos públicos, se adoptaron decisiones administrativas arbitrarias o se usaron potestades públicas con fines incompatibles con el ordenamiento. La conveniencia política de un acuerdo, en cambio, la juzgan los ciudadanos en las urnas, no los auditores. (Íntimamente relacionado con las declaraciones de Puigdemont hoy en El Mundo) E. Gestión de riesgos y conservación documental Existencia y funcionamiento de protocolos de integridad y control interno. Respuesta ante alertas, denuncias e irregularidades conocidas. Conservación íntegra de la documentación y trazabilidad de las decisiones. Este último punto merece una regla propia. Las decisiones de gobierno ya no se toman solo en expedientes: se toman en mensajería instantánea, correos personales y teléfonos móviles. El debate suscitado por el borrado de mensajes en el teléfono del entonces fiscal general lo ha puesto de manifiesto. La ley debería establecer que toda comunicación de un alto cargo relativa al ejercicio de sus funciones, cualquiera que sea el canal, es documentación pública sujeta a conservación, y que su destrucción constituye infracción grave. No se trata de exigir a los gobernantes que nunca se equivoquen, sino de comprobar si existieron controles adecuados, si se respetaron las reglas y si las irregularidades conocidas fueron prevenidas, detectadas y corregidas. ¿Quién debe auditar? Este es el escollo fundamental. La auditoría no puede quedar en manos del Gobierno saliente ni depender del entrante, y tampoco debe convertirse en un arma de confrontación parlamentaria. Hay dos posibilidades: La primera es atribuir la función al Tribunal de Cuentas, reformando su Ley Orgánica. Tiene a su favor la experiencia y el rango constitucional. Pero plantea dos dificultades que no conviene ocultar. El artículo 136 de la Constitución lo define como supremo órgano fiscalizador "de las cuentas y de la gestión económica": la vertiente económica encaja; la de integridad institucional, no del todo. Y sus consejeros son designados por las Cortes con una lógica de cuotas partidistas que ha erosionado su imagen de independencia. La segunda es encomendar la vertiente de integridad a una autoridad independiente —como la Agencia Independiente de Integridad Pública que el proyecto de ley decaído pretendía crear—, coordinada con el Tribunal de Cuentas, que mantendría la vertiente económica. Parece lo mas adecuado aprovechar las instituciones existentes antes que multiplicar organismos, pero con una condición: que se refuercen de verdad sus garantías de independencia. Entre ellas: Designación de sus responsables por mayorías cualificadas, con comparecencia pública y criterios profesionales acreditados. Incompatibilidad con cargos políticos recientes y con relaciones profesionales que comprometan la independencia. Mandatos largos, no renovables y no coincidentes con los ciclos electorales. Presupuesto y medios propios suficientes. Acceso pleno a la documentación, incluida la clasificada, con las garantías de reserva que procedan. Obligación de motivar las conclusiones. Publicidad del informe final, con las limitaciones legalmente justificadas. Sin independencia real del auditor, el sistema carecería de credibilidad. Con ella, se convertiría en una de las piezas más valiosas de nuestra arquitectura institucional. El procedimiento Primera fase. Inicio automático. Con el cese del Gobierno, la auditoría se inicia de oficio, sin necesidad de solicitud del Parlamento, del nuevo Ejecutivo ni de ningún otro órgano. Segunda fase. Aseguramiento documental. Desde la convocatoria de elecciones —o desde la presentación de una moción de censura— rige un deber reforzado de conservación de expedientes, registros y comunicaciones, y los departamentos deben entregar la documentación que se les requiera. Tercera fase. Fiscalización. Los equipos auditores examinan cuentas, procedimientos, contratos, subvenciones, nombramientos y decisiones institucionales relevantes, con criterios de materialidad, riesgo y relevancia, y sin excluir operaciones concretas cuando existan indicios que lo justifiquen. Cuarta fase. Contradicción. Los órganos y responsables afectados —incluidos los antiguos altos cargos— pueden formular alegaciones y aportar documentación antes del informe definitivo. Quinta fase. Informe público. El resultado se recoge en un informe integral que se remite al Congreso y se publica oficialmente. Contendría: Evaluación económico-financiera. Evaluación de la contratación y las subvenciones. Evaluación del cumplimiento normativo. Evaluación de la integridad institucional. Deficiencias y riesgos identificados. Propuestas de corrección y mejora. Remisión de indicios de responsabilidad a los órganos competentes. Para que el informe sea útil, el calendario importa: informe preliminar de riesgos en seis meses y el informe definitivo en un máximo de doce, sin perjuicio de informes complementarios para las investigaciones complejas. Detectar irregularidades no es declarar culpabilidades La auditoría no puede convertirse en un tribunal político ni sustituir a los jueces. Su función es identificar hechos, documentar operaciones, evaluar procedimientos y detectar incumplimientos o riesgos. Los indicios de responsabilidad contable irían al Tribunal de Cuentas; los de delito, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial; los de responsabilidad administrativa o disciplinaria, a los órganos competentes. Es fundamental distinguir entre una irregularidad contable, un incumplimiento administrativo, una deficiencia de control interno, una conducta contraria a los principios de buen gobierno, una posible infracción sancionadora y un hecho con posible relevancia penal. Cada categoría tiene sus propios presupuestos y consecuencias. Esto empezaría a dar sentido práctico al principio de igualdad ante la ley. El informe no podría declarar culpable a nadie ni imponer, por sí mismo, sanciones o inhabilitaciones. Pero sí impediría que una irregularidad documentada y de cualquier orden desaparezca con el cambio de Gobierno o quede sepultada bajo la confrontación política. Una reforma compatible con la Constitución La propuesta se apoya en principios constitucionales plenamente vigentes: la legalidad, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3); el sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho (art. 103.1); el acceso de los ciudadanos a archivos y registros administrativos (art. 105.b), y la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas (art. 136). Tampoco partimos de un vacío legal. La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, fija principios de buen gobierno para los responsables públicos; la Ley 3/2015 regula el ejercicio del alto cargo, sus conflictos de intereses y el control patrimonial; la Ley 27/2022 institucionaliza la evaluación de políticas públicas. Una democracia no puede conformarse con votar cada cuatro años La democracia no consiste solo en elegir representantes y esperar al final del mandato para decidir si se les vuelve a votar. La legitimidad electoral no dispensa del deber de rendir cuentas. Un Gobierno dispone de potestades enormes: administra presupuestos de gran magnitud, nombra, contrata, subvenciona, dirige empresas públicas y adopta decisiones que comprometen el futuro del país durante décadas. Ese poder exige controles proporcionados, y esos controles deben funcionar con independencia de quién gobierne y de quién gane las elecciones. La auditoría obligatoria del Gobierno saliente tendría una virtud esencial: convertiría la rendición de cuentas en una regla del sistema, y no en una consecuencia excepcional de los escándalos o de las investigaciones judiciales. No se trata de perseguir al Gobierno anterior, sea cual sea. Se trata de que ningún Gobierno abandone el poder sin una evaluación institucional completa de cómo lo ejerció. Por eso la propuesta debería ser asumida por cualquier partido que aspire a gobernar: todos serán, tarde o temprano, Gobierno saliente. Y por eso el mejor momento para comprometerse con ella es precisamente ahora, antes de conocer el resultado del 29 de noviembre, cuando nadie sabe todavía a quién le tocará ser auditado primero. Quien aspira a ejercer el poder debe aceptar, desde el primer día, que al abandonarlo tendrá que someter su gestión a una auditoría independiente, pública y rigurosa. No basta con que los ciudadanos puedan premiar o castigar a los gobernantes en las urnas. Deben poder conocer también, con documentación, criterios técnicos y garantías jurídicas, cómo se ejerció el poder que confiaron. Porque el dinero público no pertenece al Gobierno. Las instituciones, tampoco. Y la confianza de los ciudadanos no es patrimonio del partido que ocupa La Moncloa. La rendición de cuentas no debe ser una opción del gobernante. Debe ser una obligación del sistema democrático.
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Aproveché la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España

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Fecha: 19 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Auditar al Gobierno saliente: la rendición de cuentas no puede depender de quién gane las elecciones

Una propuesta para instaurar por ley una auditoría económica, administrativa y de integridad institucional, obligatoria y automática, cada vez que cesa un Gobierno de España

Ya hace mucho tiempo que la acumulación de acontecimientos relacionados con la actuación del Gobierno deja de ser una sucesión de noticias y se convierte en síntoma de un problema estructural.

Y esto ocurre en España, a diez días de unas elecciones generales:

Hay condenas firmes o dictadas por el Tribunal Supremo. En noviembre de 2025, el Supremo condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados. En junio de 2026, el mismo tribunal informó en contra de su indulto; en octubre, el presidente del Gobierno declaró que no descartaba concederlo antes del 29 de noviembre. También en junio, el Supremo condenó al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a más de veinticuatro años de prisión en el llamado caso mascarillas, con su antiguo asesor, Koldo García, condenado a casi veinte.

Hay condenas no firmes. En julio, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, absolviéndolo de tráfico de influencias. La sentencia está recurrida.

Hay procesos pendientes de juicio. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que Begoña Gómez, esposa del presidente, será juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Le ampara la presunción de inocencia, y la Fiscalía ha pedido su absolución.

Hay tragedias cuya responsabilidad está por determinar. En 2026, la alta velocidad española, que no había registrado accidentes mortales desde su inauguración en 1992, ha sufrido dos: en enero, en Adamuz (Córdoba), con cuarenta y seis fallecidos, y el 28 de octubre, en Urda (Toledo), con sesenta y nueve. A ellos se suma el de Gelida, en Cercanías de Barcelona, donde murió el maquinista. Las investigaciones técnicas y judiciales siguen su curso, y nada permite aún atribuirlos a una decisión política concreta. Pero sí obligan a preguntarse cómo se han gestionado la inversión, el mantenimiento y los sistemas de seguridad y de control de la circulación de una infraestructura pública esencial.

Hay crisis de gestión pública aún por esclarecer. Los días 30 y 31 de julio, decenas de miles de personas entraron irregularmente en Ceuta. El Gobierno sostuvo que ningún informe anticipaba una entrada masiva. Los cuarenta documentos que desclasificó en septiembre muestran, sin embargo, que el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil habían emitido avisos en los días previos, aunque discrepan sobre su alcance. Hoy es la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, quien reclama los informes que faltan para saber qué autoridades sabían qué, y desde cuándo. Y en noviembre, El Hierro, una isla de once mil habitantes, ha declarado la emergencia social tras recibir en pocos días más cayucos que en los diez meses anteriores, mientras Canarias exige al Gobierno medidas inmediatas.

Y hay declaraciones políticas. Hoy mismo, Carles Puigdemont afirma en una entrevista en El Mundo que Juntos se aprovechó de la ambición de Pedro Sánchez para obtener contrapartidas, entre ellas la amnistía. Son palabras de parte, pronunciadas en plena campaña y con evidente intención política, y deben leerse como tales. Para muchas personas esto era un hecho antes de estas decdlaraciones a la luz de las circunstancias de la investidura del Presidente  y otras prebendas ofrecidas a Cataluña.

Cada categoría tiene su propia entidad. Pero ello no obsta para afirmar que acumulación erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y en los mecanismos ordinarios de control del poder.

El problema es este: ¿qué sucede cuando un Gobierno termina su mandato? ¿Quién examina de manera exhaustiva cómo ha ejercido el poder, cómo ha administrado los recursos públicos, cómo ha adoptado sus decisiones y si ha respetado los principios de integridad que deben presidir toda actuación pública?

España carece de un mecanismo adecuado hasta el presente. Tenemos órganos de control, mecanismos de fiscalización y normas de transparencia, pero no un procedimiento obligatorio, integral y sistemático que examine en su conjunto la actuación del Gobierno saliente. Así es fácil gobernar autocráticamente cuando es imposible detectar responsabilidades por graves que fueren..

Es hora de plantearlo, y de hacerlo antes de saber quién gobernará después del 29 de noviembre.

Control fragmentado

Existen en España varios instrumentos de control de la actividad pública. El Tribunal de Cuentas fiscaliza externamente la actividad económico-financiera del sector público y enjuicia la responsabilidad contable. La Intervención General de la Administración del Estado ejerce el control interno. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal vigila la sostenibilidad de las finanzas públicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno supervisa las obligaciones de transparencia. La Oficina de Conflictos de Intereses controla incompatibilidades e intereses de los altos cargos. Pero la fragmentación de estos instrumentos los hace insuficientes.

El propio Gobierno saliente reconoció la insuficiencia de estos instrumentos cuando, en septiembre de 2026, remitió a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que crearía una Agencia Independiente de Integridad Pública integrando la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

La disolución de las Cámaras ha dejado ese proyecto sin tramitar, lo que ilustra bien el problema: las reformas de control dependen del calendario político del controlado.

Una fiscalización presupuestaria puede determinar si los fondos se aplicaron conforme a las normas contables, pero no necesariamente si las decisiones se adoptaron con imparcialidad, si hubo conflictos de intereses o si se utilizaron las instituciones para fines ajenos al interés general. Tampoco basta con que intervengan los tribunales cuando aparecen indicios de delito. La jurisdicción penal determina responsabilidades individuales por conductas tipificadas; no evalúa la gestión de un Gobierno. Y llega tarde: el caso mascarillas se refiere a contratos de 2020 y se ha sentenciado en 2026.

Las comisiones parlamentarias de investigación del artículo 76 de la Constitución, por su parte, dependen de la mayoría que las crea y producen, con demasiada frecuencia, dos conclusiones: la de la mayoría y la de la minoría.

Se hace necesaria una visión de conjunto, técnica y periódica.

 Una Ley de Auditoría Integral del Gobierno Saliente

La propuesta consiste en crear una ley que imponga una auditoría integral de la actuación de todo Gobierno de España cada vez que cese.

No sería voluntaria, ni dependería de una comisión creada al calor de un escándalo, ni de la voluntad del Gobierno entrante. Sería una obligación legal, automática y periódica.

El hecho que la activa debe definirse con precisión. El artículo 101 de la Constitución dispone que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria y por dimisión o fallecimiento de su presidente. La auditoría se activaría con ese cese, gane quien gane: también cuando el presidente saliente sea investido de nuevo, y también cuando el Gobierno caiga a mitad de legislatura. El periodo auditado iría desde la toma de posesión hasta la del Gobierno siguiente, incluido el tramo en funciones.

Su ámbito comprendería los departamentos ministeriales, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones y demás entidades del sector público estatal. Las comunidades autónomas y las entidades locales quedarían fuera, sin perjuicio de que sus parlamentos adopten mecanismos análogos con sus propios órganos de control externo.

Su finalidad: determinar, con criterios objetivos y verificables, cómo se ha ejercido el poder ejecutivo y cómo se han administrado los recursos y las instituciones públicas.

La auditoría tendría dos vertientes, complementarias pero diferenciadas:

  • Auditoría económico-financiera y de gestión.
  • Auditoría de integridad institucional y cumplimiento normativo.

La segunda es el elemento novedoso.

La auditoría económico-financiera y de gestión

No debería limitarse a comprobar la corrección formal de las cuentas, sino comprender, al menos:

A. Ejecución presupuestaria

  • Correspondencia entre presupuestos aprobados —o prorrogados— y su ejecución real.
  • Modificaciones presupuestarias, transferencias, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
  • Compromisos de gasto plurianuales que hipotecan a Gobiernos futuros.
  • Desviaciones y su justificación.

B. Contratación pública

  • Procedimientos de adjudicación y grado de concurrencia.
  • Contratos negociados sin publicidad y tramitaciones de emergencia.
  • Modificaciones, prórrogas y fraccionamientos.
  • Relaciones entre adjudicatarios y responsables públicos.
  • Subcontrataciones y posibles conflictos de intereses.

C. Subvenciones y transferencias

  • Criterios de selección de beneficiarios y justificación de las ayudas.
  • Concesiones directas y concentración de beneficiarios.
  • Cumplimiento de objetivos, reintegros y comprobaciones.

D. Patrimonio y sector público empresarial

  • Evolución del patrimonio público, adquisiciones y enajenaciones.
  • Endeudamiento y compromisos financieros.
  • Gestión de sociedades y entidades públicas, incluidas sus contrataciones de personal.

E. Eficiencia y resultados

  • Correspondencia entre gasto y resultados.
  • Evaluación de las políticas públicas más relevantes, en coordinación con la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas.
  • Estado de conservación e inversión en infraestructuras y servicios críticos.

No se trataría de sustituir a los órganos de fiscalización existentes, sino de integrar sus actuaciones y completar lo que no haya sido objeto de control suficiente.

Integridad institucional y cumplimiento normativo

Esta sería la dimensión esencial de la reforma. El Gobierno no administra solo dinero. Administra potestades, instituciones y procedimientos que pertenecen a la comunidad política. Por eso, la regularidad de su actuación no puede medirse únicamente con balances.

El artículo 103.1 de la Constitución exige que la Administración sirva con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El artículo 9.3 garantiza la legalidad, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Estos principios deben traducirse en mecanismos efectivos de comprobación.

La auditoría de integridad comprendería, al menos:

A. Neutralidad institucional

  • Uso de los recursos y estructuras públicas con fines estrictamente institucionales y no partidistas.
  • Respeto a la autonomía de los órganos constitucionales y de las autoridades independientes.
  • Regularidad y motivación de nombramientos y ceses de altos cargos.
  • Prevención de la desviación de poder.

B. Conflictos de intereses

  • Declaraciones de bienes, actividades e intereses de los altos cargos.
  • Abstenciones exigibles y su cumplimiento efectivo.
  • Operaciones que puedan beneficiar a personas vinculadas.
  • Puertas giratorias y limitaciones posteriores al cese.

C. Integridad en la contratación y en las ayudas

  • Trazabilidad de las decisiones de adjudicación.
  • Vínculos personales, económicos o políticos relevantes.
  • Funcionamiento de los canales de denuncia y protección de informantes.
  • Control de las decisiones discrecionales.

D. Relaciones institucionales y actividad normativa

  • Transparencia de los acuerdos que comprometan la actuación del Gobierno o recursos públicos.
  • Huella normativa: qué intereses intervinieron en la elaboración de las normas.
  • Uso del decreto-ley y cumplimiento de sus presupuestos habilitantes.
  • Respeto a los procedimientos legales y a las competencias de los distintos órganos.

La negociación parlamentaria y la búsqueda de apoyos son actividades legítimas en una democracia parlamentaria y no pueden ser objeto de censura por el mero hecho de producirse. Lo que sí debe poder examinarse es si, en esas negociaciones, se comprometieron recursos públicos, se adoptaron decisiones administrativas arbitrarias o se usaron potestades públicas con fines incompatibles con el ordenamiento. La conveniencia política de un acuerdo, en cambio, la juzgan los ciudadanos en las urnas, no los auditores. (Íntimamente relacionado con las declaraciones de Puigdemont hoy en El Mundo)

E. Gestión de riesgos y conservación documental

  • Existencia y funcionamiento de protocolos de integridad y control interno.
  • Respuesta ante alertas, denuncias e irregularidades conocidas.
  • Conservación íntegra de la documentación y trazabilidad de las decisiones.

Este último punto merece una regla propia. Las decisiones de gobierno ya no se toman solo en expedientes: se toman en mensajería instantánea, correos personales y teléfonos móviles. El debate suscitado por el borrado de mensajes en el teléfono del entonces fiscal general lo ha puesto de manifiesto. La ley debería establecer que toda comunicación de un alto cargo relativa al ejercicio de sus funciones, cualquiera que sea el canal, es documentación pública sujeta a conservación, y que su destrucción constituye infracción grave.

No se trata de exigir a los gobernantes que nunca se equivoquen, sino de comprobar si existieron controles adecuados, si se respetaron las reglas y si las irregularidades conocidas fueron prevenidas, detectadas y corregidas.

¿Quién debe auditar?

Este es el escollo fundamental. La auditoría no puede quedar en manos del Gobierno saliente ni depender del entrante, y tampoco debe convertirse en un arma de confrontación parlamentaria.

Hay dos posibilidades:

  • La primera es atribuir la función al Tribunal de Cuentas, reformando su Ley Orgánica. Tiene a su favor la experiencia y el rango constitucional. Pero plantea dos dificultades que no conviene ocultar. El artículo 136 de la Constitución lo define como supremo órgano fiscalizador "de las cuentas y de la gestión económica": la vertiente económica encaja; la de integridad institucional, no del todo. Y sus consejeros son designados por las Cortes con una lógica de cuotas partidistas que ha erosionado su imagen de independencia.
  • La segunda es encomendar la vertiente de integridad a una autoridad independiente —como la Agencia Independiente de Integridad Pública que el proyecto de ley decaído pretendía crear—, coordinada con el Tribunal de Cuentas, que mantendría la vertiente económica.

Parece lo mas adecuado aprovechar las instituciones existentes antes que multiplicar organismos, pero con una condición: que se refuercen de verdad sus garantías de independencia. Entre ellas:

  • Designación de sus responsables por mayorías cualificadas, con comparecencia pública y criterios profesionales acreditados.
  • Incompatibilidad con cargos políticos recientes y con relaciones profesionales que comprometan la independencia.
  • Mandatos largos, no renovables y no coincidentes con los ciclos electorales.
  • Presupuesto y medios propios suficientes.
  • Acceso pleno a la documentación, incluida la clasificada, con las garantías de reserva que procedan.
  • Obligación de motivar las conclusiones.
  • Publicidad del informe final, con las limitaciones legalmente justificadas.

Sin independencia real del auditor, el sistema carecería de credibilidad. Con ella, se convertiría en una de las piezas más valiosas de nuestra arquitectura institucional.

El procedimiento

Primera fase. Inicio automático. Con el cese del Gobierno, la auditoría se inicia de oficio, sin necesidad de solicitud del Parlamento, del nuevo Ejecutivo ni de ningún otro órgano.

Segunda fase. Aseguramiento documental. Desde la convocatoria de elecciones —o desde la presentación de una moción de censura— rige un deber reforzado de conservación de expedientes, registros y comunicaciones, y los departamentos deben entregar la documentación que se les requiera.

Tercera fase. Fiscalización. Los equipos auditores examinan cuentas, procedimientos, contratos, subvenciones, nombramientos y decisiones institucionales relevantes, con criterios de materialidad, riesgo y relevancia, y sin excluir operaciones concretas cuando existan indicios que lo justifiquen.

Cuarta fase. Contradicción. Los órganos y responsables afectados —incluidos los antiguos altos cargos— pueden formular alegaciones y aportar documentación antes del informe definitivo.

Quinta fase. Informe público. El resultado se recoge en un informe integral que se remite al Congreso y se publica oficialmente. Contendría:

  1. Evaluación económico-financiera.
  2. Evaluación de la contratación y las subvenciones.
  3. Evaluación del cumplimiento normativo.
  4. Evaluación de la integridad institucional.
  5. Deficiencias y riesgos identificados.
  6. Propuestas de corrección y mejora.
  7. Remisión de indicios de responsabilidad a los órganos competentes.

Para que el informe sea útil, el calendario importa: informe preliminar de riesgos en seis meses y el informe definitivo en un máximo de doce, sin perjuicio de informes complementarios para las investigaciones complejas.

Detectar irregularidades no es declarar culpabilidades

La auditoría no puede convertirse en un tribunal político ni sustituir a los jueces. Su función es identificar hechos, documentar operaciones, evaluar procedimientos y detectar incumplimientos o riesgos.

Los indicios de responsabilidad contable irían al Tribunal de Cuentas; los de delito, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial; los de responsabilidad administrativa o disciplinaria, a los órganos competentes.

Es fundamental distinguir entre una irregularidad contable, un incumplimiento administrativo, una deficiencia de control interno, una conducta contraria a los principios de buen gobierno, una posible infracción sancionadora y un hecho con posible relevancia penal. Cada categoría tiene sus propios presupuestos y consecuencias. Esto empezaría a dar sentido práctico al principio de igualdad ante la ley.

El informe no podría declarar culpable a nadie ni imponer, por sí mismo, sanciones o inhabilitaciones. Pero sí impediría que una irregularidad documentada y de cualquier orden desaparezca con el cambio de Gobierno o quede sepultada bajo la confrontación política.

Una reforma compatible con la Constitución

La propuesta se apoya en principios constitucionales plenamente vigentes: la legalidad, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3); el sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho (art. 103.1); el acceso de los ciudadanos a archivos y registros administrativos (art. 105.b), y la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas (art. 136).

Tampoco partimos de un vacío legal. La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, fija principios de buen gobierno para los responsables públicos; la Ley 3/2015 regula el ejercicio del alto cargo, sus conflictos de intereses y el control patrimonial; la Ley 27/2022 institucionaliza la evaluación de políticas públicas.

Una democracia no puede conformarse con votar cada cuatro años

La democracia no consiste solo en elegir representantes y esperar al final del mandato para decidir si se les vuelve a votar. La legitimidad electoral no dispensa del deber de rendir cuentas.

Un Gobierno dispone de potestades enormes: administra presupuestos de gran magnitud, nombra, contrata, subvenciona, dirige empresas públicas y adopta decisiones que comprometen el futuro del país durante décadas. Ese poder exige controles proporcionados, y esos controles deben funcionar con independencia de quién gobierne y de quién gane las elecciones. La auditoría obligatoria del Gobierno saliente tendría una virtud esencial: convertiría la rendición de cuentas en una regla del sistema, y no en una consecuencia excepcional de los escándalos o de las investigaciones judiciales. No se trata de perseguir al Gobierno anterior, sea cual sea. Se trata de que ningún Gobierno abandone el poder sin una evaluación institucional completa de cómo lo ejerció.

Por eso la propuesta debería ser asumida por cualquier partido que aspire a gobernar: todos serán, tarde o temprano, Gobierno saliente. Y por eso el mejor momento para comprometerse con ella es precisamente ahora, antes de conocer el resultado del 29 de noviembre, cuando nadie sabe todavía a quién le tocará ser auditado primero.

Quien aspira a ejercer el poder debe aceptar, desde el primer día, que al abandonarlo tendrá que someter su gestión a una auditoría independiente, pública y rigurosa.

No basta con que los ciudadanos puedan premiar o castigar a los gobernantes en las urnas. Deben poder conocer también, con documentación, criterios técnicos y garantías jurídicas, cómo se ejerció el poder que confiaron.

Porque el dinero público no pertenece al Gobierno. Las instituciones, tampoco. Y la confianza de los ciudadanos no es patrimonio del partido que ocupa La Moncloa.

La rendición de cuentas no debe ser una opción del gobernante. Debe ser una obligación del sistema democrático.

PORTADA DE HOY Viernes, 20 de noviembre de 2026
Análisis 1
El Gobierno aprueba la subida a los funcionarios en plena campaña
Fecha: 18 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opiniónGobernar contra el reloj electoral: decretos-leyes, compromisos de larga duración y neutralidad democrática ¿Puede un Gobierno, una vez convocadas las elecciones, utilizar la legislación de urgencia para condicionar al Ejecutivo que salga de las urnas, sea cual sea? Hoy, 18 de noviembre, en plena campaña electoral, la Diputación Permanente del Congreso vota siete decretos-leyes. Hace seis días convalidó otro, el de vivienda, que el Pleno había rechazado a comienzos de octubre. Y uno de los que se votan hoy fue aprobado por el Consejo de Ministros ayer mismo. Nada de ello es ilegal. La Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes con las Cortes disueltas y encomienda su convalidación a la Diputación Permanente. Pero que una facultad exista no significa que cualquier uso de ella sea institucionalmente indiferente. Lo que se  plantea aquí no es si el Gobierno puede legislar por decreto antes del 29 de noviembre, sino si lo está haciendo con una intensidad, una oportunidad y un alcance temporal que, aun respetando la letra del ordenamiento, resulten difíciles de conciliar con la neutralidad institucional y con el respeto al resultado electoral todavía pendiente. Un vacío temporal: el Gobierno que compite no tiene límites; el que ya ha perdido, sí La disolución de las Cortes, el pasado 5 de octubre, no convirtió al Gobierno en un Ejecutivo en funciones. Conforme al artículo 101 de la Constitución, el Gobierno cesa tras la celebración de las elecciones; solo a partir de ese momento el artículo 21 de la Ley 50/1997, del Gobierno, restringe su actuación al despacho ordinario de los asuntos públicos y le impide, entre otras cosas, presentar proyectos de ley o aprobar los Presupuestos. El resultado es paradójico. El ordenamiento limita al Gobierno cuando ya ha concluido la contienda y su continuidad depende de la investidura de otro; pero no establece límite material alguno durante las semanas en que ese mismo Gobierno compite por el voto, que es precisamente cuando sus decisiones tienen mayor potencial electoral. No se trata de reclamar una paralización del Estado durante cada campaña. Se trata de constatar que, en ese intervalo, la contención no la impone la ley: depende por completo de la lealtad institucional de quien gobierna. Y por eso merece examen público el modo en que se ejerce. El decreto-ley: urgencia, no anticipación El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes "en caso de extraordinaria y urgente necesidad". La urgencia no es una etiqueta que permita acelerar cualquier decisión políticamente conveniente: es el presupuesto que justifica sustituir el procedimiento legislativo ordinario -con su debate, sus enmiendas y su negociación- por una norma que entra en vigor de inmediato y se somete después a un voto de sí o no. El Tribunal Constitucional lo ha precisado desde la STC 29/1982: entre la situación de urgencia y las medidas adoptadas debe existir una conexión de sentido, y no la hay cuando las disposiciones, por su propia estructura, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente. Una medida cuyos efectos se proyectan durante años es, por definición, una medida cuya urgencia exige una justificación reforzada. En período electoral esa exigencia es todavía más sensible. Cuando el decreto-ley no se limita a atender una necesidad puntual, sino que fija un marco normativo de larga duración, compromete recursos durante varios ejercicios o modifica relaciones jurídicas consolidadas, deja de ser solo un instrumento de respuesta y se convierte en una herramienta de anticipación: fija el terreno sobre el que deberá actuar el próximo Gobierno y le traslada el coste de mantener, modificar o derogar lo decidido. Lo aprobado desde el 5 de octubre: no basta contar normas Una secuencia normativa no se valora contando decretos, sino examinando qué contienen, cuánto duran y si su urgencia es real. Aplicado ese criterio a lo aprobado desde la disolución, el panorama no es homogéneo. Los decretos de emergencia. De los siete que vota hoy la Diputación Permanente, cuatro responden a sucesos sobrevenidos: el apoyo financiero a Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio, los daños de las inundaciones del 17 al 19 de octubre, las ayudas a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda y el refuerzo de la seguridad ferroviaria. Son, en principio, el uso para el que el artículo 86 fue concebido. Nadie razonable sostendría que debieran esperar a la constitución de las nuevas Cortes. Los decretos estructurales. Los otros tres son de naturaleza distinta: la ampliación de la acción protectora de la Seguridad Social, el despliegue de la reforma del Sistema de Dependencia y el reconocimiento y protección de las familias monoparentales, este último aprobado ayer, a once días de las elecciones. Pueden ser medidas socialmente valiosas. Pero son reformas de alcance general y efectos duraderos, y cuesta identificar qué perjuicio habría causado su tramitación como proyecto de ley ante las Cortes que se constituirán el 23 de diciembre. El caso de la vivienda. Es el más significativo. El 2 de octubre el Pleno del Congreso rechazó los decretos de vivienda por 178 votos en contra frente a 172. Tres días después se disolvieron las Cortes y, al día siguiente, el Consejo de Ministros aprobó dos nuevos decretos-leyes -los 28 y 29/2026- que retomaban su contenido con modificaciones técnicas. El 12 de noviembre, víspera del inicio de la campaña, la Diputación Permanente convalidó el segundo por 35 votos contra 34 y derogó el primero. El decreto convalidado prohíbe los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y limita la actualización de las rentas hasta finales de 2027. Es decir: una norma aprobada por la vía de urgencia, en período electoral, cuyos efectos se extienden a lo largo de toda la próxima legislatura. A ello se suma que, según se ha informado, los distintos ministerios aceleraron tras la disolución la preparación de sus decretos para aprobar antes del 29 de noviembre reformas que tenían previstas para los meses siguientes. Si eso es así, la urgencia no la marca la realidad social, sino el calendario electoral. El legado que no se vota El aspecto más delicado no es que una medida sea electoralmente atractiva. Es su capacidad para producir un legado jurídico y económico que el electorado no ha podido valorar y que condicionará a quien resulte elegido, sea cual sea su orientación. En el plano jurídico, estas normas son reversibles: un nuevo Congreso puede derogarlas o modificarlas por ley, el nuevo Gobierno puede hacerlo por otro decreto-ley si concurre la urgencia, y cincuenta diputados pueden recurrirlas ante el Tribunal Constitucional. Lo aprobado en vivienda, de hecho, sigue pendiente del resultado del 29 de noviembre. Pero en el plano material la operación es mucho más costosa. Suprimir una prestación afecta a quienes ya se encuentran dentro de su ámbito. Modificar un marco de protección perjudica a quienes han tomado decisiones confiando en él. Retirar compromisos presupuestarios genera costes, litigios y responsabilidades. Una decisión formalmente reversible se convierte así en una decisión políticamente difícil de revertir. Es aquí donde surge la sospecha de una estrategia de precompromiso: aprobar ahora aquello que, aun pudiendo modificarse mañana, obligue al próximo Gobierno a asumir el coste político de hacerlo. Y esa lógica no depende de quién gane. Si quien gobierna revalida su mayoría, habrá anticipado por la vía de urgencia lo que podría haber tramitado con debate ordinario; si la pierde, habrá trasladado a su sucesor la factura de deshacerlo. En ambos casos, la decisión se ha sustraído al procedimiento que la Constitución considera ordinario. Neutralidad electoral: lo que prohíbe la ley y lo que exige la democracia El artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece, desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones, un régimen preciso: solo permite campañas institucionales de carácter informativo (apartado 1), prohíbe cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que contenga alusiones a sus realizaciones o logros (apartado 2) y prohíbe las inauguraciones (apartado 3). Su lógica es elemental: el poder público no puede utilizar sus recursos ni su posición para favorecer a quien gobierna. La LOREG no prohíbe aprobar decretos-leyes durante el período electoral, y sería jurídicamente incorrecto equiparar sin más legislación de urgencia y propaganda prohibida. Pero esa constatación no termina con el problema que se percibe. Cabe preguntarse si la neutralidad electoral se está interpretando de forma excesivamente formalista: respetando la prohibición de carteles, anuncios e inauguraciones, mientras se desarrolla una actividad normativa intensa, selectiva y de enorme visibilidad, cuyos efectos se presentan ante el electorado como logros del Gobierno. Cuando la ministra de Vivienda defiende en sede parlamentaria la convalidación de un decreto apelando a lo que "nos jugamos" el 29 de noviembre, la frontera entre norma y mensaje de campaña se vuelve difícil de trazar. Algunos han calificado esta práctica de lawfare. Creo que el término no es el adecuado: en su uso habitual alude a la utilización de procedimientos judiciales como arma contra el adversario, y aplicarlo aquí convierte una crítica jurídica en una etiqueta política. Lo que se describe es más preciso y no menos grave: la instrumentalización electoral de la potestad normativa. La Diputación Permanente: continuidad constitucional, aritmética distinta La Diputación Permanente no es una anomalía. Los artículos 78 y 86 de la Constitución le atribuyen expresamente la convalidación de los decretos-leyes cuando las Cámaras están disueltas, y su existencia garantiza que la función parlamentaria no desaparezca entre legislaturas. Pero su legitimidad no la hace neutral en sus efectos. Es un órgano reducido -sesenta y nueve miembros- cuya composición reproduce la proporción de los grupos, pero no exactamente. En el caso de la vivienda, esa diferencia ha sido decisiva: la composición de la Diputación permitió al Gobierno prescindir de un apoyo que en el Pleno le había faltado. Una medida rechazada por la Cámara en octubre ha sido convalidada en noviembre por un órgano de esa misma Cámara con otra aritmética. Ello no vicia la convalidación. Pero sí obliga a preguntarse si decisiones de este alcance deben consolidarse mediante un voto de sí o no, sin enmiendas, en un órgano de guardia y en vísperas de unas elecciones que van a renovar íntegramente la Cámara de la que ese órgano procede. Lo que puede responder el Gobierno El Gobierno puede sostener que la Diputación Permanente es el sustituto constitucional del Pleno y que su voto tiene idéntica validez; que los nuevos decretos de vivienda son jurídicamente distintos de los rechazados; que la emergencia habitacional no se suspende por la convocatoria de elecciones; y que, si la urgencia fuera inexistente, existen cauces para declararlo: la derogación por las nuevas Cortes o el recurso de inconstitucionalidad. Son argumentos serios, y algunos son correctos. Pero ninguno responde a la cuestión central: no si el Gobierno puede hacerlo, sino si debe hacerlo así, en este momento y con este alcance temporal. Tampoco es un fenómeno nuevo. En 2019, el Congreso derogó en enero un decreto-ley de alquiler; el Gobierno aprobó otro de contenido análogo días antes de disolver las Cortes, y la Diputación Permanente lo convalidó en plena precampaña. Que el patrón se repita es precisamente lo preocupante: lo excepcional empieza a parecer costumbre. La alternancia no puede ser meramente formal Una democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. El voto debe permitir que los ciudadanos decidan no solo quién gobierna, sino qué políticas merecen continuar. Si la capacidad normativa del Gobierno que compite se utiliza para dejar resueltas decisiones de largo alcance antes de que se vote, la alternancia conserva su forma, pero pierde parte de su eficacia. Nada de esto niega al Gobierno legitimidad para ejercer sus competencias, ni exige que el Estado se paralice cada vez que se abre un proceso electoral. Las ayudas a las víctimas de Urda o de las inundaciones no podían esperar. Pero hay una diferencia entre garantizar la continuidad del Estado y aprovechar esa continuidad para anticipar reformas cuya urgencia real es discutible. Si cada convocatoria se convierte en una carrera por dejar aprobado el mayor número posible de medidas antes del día de la votación, el decreto-ley dejará de ser un instrumento excepcional para convertirse en una herramienta ordinaria de anticipación política. Y entonces el problema ya no será únicamente jurídico. Será democrático. El 29 de noviembre no debería decidir solo quién ocupará el Gobierno, sino también qué políticas, qué prioridades y qué compromisos merecen continuar. Esa decisión corresponde a los electores, y no debería llegarles ya tomada.
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El Gobierno aprueba la subida a los funcionarios en plena campaña

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Fecha: 18 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Gobernar contra el reloj electoral: decretos-leyes, compromisos de larga duración y neutralidad democrática

¿Puede un Gobierno, una vez convocadas las elecciones, utilizar la legislación de urgencia para condicionar al Ejecutivo que salga de las urnas, sea cual sea?

Hoy, 18 de noviembre, en plena campaña electoral, la Diputación Permanente del Congreso vota siete decretos-leyes. Hace seis días convalidó otro, el de vivienda, que el Pleno había rechazado a comienzos de octubre. Y uno de los que se votan hoy fue aprobado por el Consejo de Ministros ayer mismo.

Nada de ello es ilegal. La Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes con las Cortes disueltas y encomienda su convalidación a la Diputación Permanente. Pero que una facultad exista no significa que cualquier uso de ella sea institucionalmente indiferente. Lo que se  plantea aquí no es si el Gobierno puede legislar por decreto antes del 29 de noviembre, sino si lo está haciendo con una intensidad, una oportunidad y un alcance temporal que, aun respetando la letra del ordenamiento, resulten difíciles de conciliar con la neutralidad institucional y con el respeto al resultado electoral todavía pendiente.

Un vacío temporal: el Gobierno que compite no tiene límites; el que ya ha perdido, sí

La disolución de las Cortes, el pasado 5 de octubre, no convirtió al Gobierno en un Ejecutivo en funciones. Conforme al artículo 101 de la Constitución, el Gobierno cesa tras la celebración de las elecciones; solo a partir de ese momento el artículo 21 de la Ley 50/1997, del Gobierno, restringe su actuación al despacho ordinario de los asuntos públicos y le impide, entre otras cosas, presentar proyectos de ley o aprobar los Presupuestos.

El resultado es paradójico. El ordenamiento limita al Gobierno cuando ya ha concluido la contienda y su continuidad depende de la investidura de otro; pero no establece límite material alguno durante las semanas en que ese mismo Gobierno compite por el voto, que es precisamente cuando sus decisiones tienen mayor potencial electoral.

No se trata de reclamar una paralización del Estado durante cada campaña. Se trata de constatar que, en ese intervalo, la contención no la impone la ley: depende por completo de la lealtad institucional de quien gobierna. Y por eso merece examen público el modo en que se ejerce.

El decreto-ley: urgencia, no anticipación

El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes "en caso de extraordinaria y urgente necesidad". La urgencia no es una etiqueta que permita acelerar cualquier decisión políticamente conveniente: es el presupuesto que justifica sustituir el procedimiento legislativo ordinario -con su debate, sus enmiendas y su negociación- por una norma que entra en vigor de inmediato y se somete después a un voto de sí o no.

El Tribunal Constitucional lo ha precisado desde la STC 29/1982: entre la situación de urgencia y las medidas adoptadas debe existir una conexión de sentido, y no la hay cuando las disposiciones, por su propia estructura, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente. Una medida cuyos efectos se proyectan durante años es, por definición, una medida cuya urgencia exige una justificación reforzada.

En período electoral esa exigencia es todavía más sensible. Cuando el decreto-ley no se limita a atender una necesidad puntual, sino que fija un marco normativo de larga duración, compromete recursos durante varios ejercicios o modifica relaciones jurídicas consolidadas, deja de ser solo un instrumento de respuesta y se convierte en una herramienta de anticipación: fija el terreno sobre el que deberá actuar el próximo Gobierno y le traslada el coste de mantener, modificar o derogar lo decidido.

Lo aprobado desde el 5 de octubre: no basta contar normas

Una secuencia normativa no se valora contando decretos, sino examinando qué contienen, cuánto duran y si su urgencia es real. Aplicado ese criterio a lo aprobado desde la disolución, el panorama no es homogéneo.

Los decretos de emergencia. De los siete que vota hoy la Diputación Permanente, cuatro responden a sucesos sobrevenidos: el apoyo financiero a Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio, los daños de las inundaciones del 17 al 19 de octubre, las ayudas a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda y el refuerzo de la seguridad ferroviaria. Son, en principio, el uso para el que el artículo 86 fue concebido. Nadie razonable sostendría que debieran esperar a la constitución de las nuevas Cortes.

Los decretos estructurales. Los otros tres son de naturaleza distinta: la ampliación de la acción protectora de la Seguridad Social, el despliegue de la reforma del Sistema de Dependencia y el reconocimiento y protección de las familias monoparentales, este último aprobado ayer, a once días de las elecciones. Pueden ser medidas socialmente valiosas. Pero son reformas de alcance general y efectos duraderos, y cuesta identificar qué perjuicio habría causado su tramitación como proyecto de ley ante las Cortes que se constituirán el 23 de diciembre.

El caso de la vivienda. Es el más significativo. El 2 de octubre el Pleno del Congreso rechazó los decretos de vivienda por 178 votos en contra frente a 172. Tres días después se disolvieron las Cortes y, al día siguiente, el Consejo de Ministros aprobó dos nuevos decretos-leyes -los 28 y 29/2026- que retomaban su contenido con modificaciones técnicas. El 12 de noviembre, víspera del inicio de la campaña, la Diputación Permanente convalidó el segundo por 35 votos contra 34 y derogó el primero.

El decreto convalidado prohíbe los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y limita la actualización de las rentas hasta finales de 2027. Es decir: una norma aprobada por la vía de urgencia, en período electoral, cuyos efectos se extienden a lo largo de toda la próxima legislatura.

A ello se suma que, según se ha informado, los distintos ministerios aceleraron tras la disolución la preparación de sus decretos para aprobar antes del 29 de noviembre reformas que tenían previstas para los meses siguientes. Si eso es así, la urgencia no la marca la realidad social, sino el calendario electoral.

El legado que no se vota

El aspecto más delicado no es que una medida sea electoralmente atractiva. Es su capacidad para producir un legado jurídico y económico que el electorado no ha podido valorar y que condicionará a quien resulte elegido, sea cual sea su orientación.

En el plano jurídico, estas normas son reversibles: un nuevo Congreso puede derogarlas o modificarlas por ley, el nuevo Gobierno puede hacerlo por otro decreto-ley si concurre la urgencia, y cincuenta diputados pueden recurrirlas ante el Tribunal Constitucional. Lo aprobado en vivienda, de hecho, sigue pendiente del resultado del 29 de noviembre.

Pero en el plano material la operación es mucho más costosa. Suprimir una prestación afecta a quienes ya se encuentran dentro de su ámbito. Modificar un marco de protección perjudica a quienes han tomado decisiones confiando en él. Retirar compromisos presupuestarios genera costes, litigios y responsabilidades. Una decisión formalmente reversible se convierte así en una decisión políticamente difícil de revertir.

Es aquí donde surge la sospecha de una estrategia de precompromiso: aprobar ahora aquello que, aun pudiendo modificarse mañana, obligue al próximo Gobierno a asumir el coste político de hacerlo. Y esa lógica no depende de quién gane. Si quien gobierna revalida su mayoría, habrá anticipado por la vía de urgencia lo que podría haber tramitado con debate ordinario; si la pierde, habrá trasladado a su sucesor la factura de deshacerlo. En ambos casos, la decisión se ha sustraído al procedimiento que la Constitución considera ordinario.

Neutralidad electoral: lo que prohíbe la ley y lo que exige la democracia

El artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece, desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones, un régimen preciso: solo permite campañas institucionales de carácter informativo (apartado 1), prohíbe cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que contenga alusiones a sus realizaciones o logros (apartado 2) y prohíbe las inauguraciones (apartado 3). Su lógica es elemental: el poder público no puede utilizar sus recursos ni su posición para favorecer a quien gobierna.

La LOREG no prohíbe aprobar decretos-leyes durante el período electoral, y sería jurídicamente incorrecto equiparar sin más legislación de urgencia y propaganda prohibida. Pero esa constatación no termina con el problema que se percibe. Cabe preguntarse si la neutralidad electoral se está interpretando de forma excesivamente formalista: respetando la prohibición de carteles, anuncios e inauguraciones, mientras se desarrolla una actividad normativa intensa, selectiva y de enorme visibilidad, cuyos efectos se presentan ante el electorado como logros del Gobierno. Cuando la ministra de Vivienda defiende en sede parlamentaria la convalidación de un decreto apelando a lo que "nos jugamos" el 29 de noviembre, la frontera entre norma y mensaje de campaña se vuelve difícil de trazar.

Algunos han calificado esta práctica de lawfare. Creo que el término no es el adecuado: en su uso habitual alude a la utilización de procedimientos judiciales como arma contra el adversario, y aplicarlo aquí convierte una crítica jurídica en una etiqueta política. Lo que se describe es más preciso y no menos grave: la instrumentalización electoral de la potestad normativa.

La Diputación Permanente: continuidad constitucional, aritmética distinta

La Diputación Permanente no es una anomalía. Los artículos 78 y 86 de la Constitución le atribuyen expresamente la convalidación de los decretos-leyes cuando las Cámaras están disueltas, y su existencia garantiza que la función parlamentaria no desaparezca entre legislaturas.

Pero su legitimidad no la hace neutral en sus efectos. Es un órgano reducido -sesenta y nueve miembros- cuya composición reproduce la proporción de los grupos, pero no exactamente. En el caso de la vivienda, esa diferencia ha sido decisiva: la composición de la Diputación permitió al Gobierno prescindir de un apoyo que en el Pleno le había faltado. Una medida rechazada por la Cámara en octubre ha sido convalidada en noviembre por un órgano de esa misma Cámara con otra aritmética.

Ello no vicia la convalidación. Pero sí obliga a preguntarse si decisiones de este alcance deben consolidarse mediante un voto de sí o no, sin enmiendas, en un órgano de guardia y en vísperas de unas elecciones que van a renovar íntegramente la Cámara de la que ese órgano procede.

Lo que puede responder el Gobierno

El Gobierno puede sostener que la Diputación Permanente es el sustituto constitucional del Pleno y que su voto tiene idéntica validez; que los nuevos decretos de vivienda son jurídicamente distintos de los rechazados; que la emergencia habitacional no se suspende por la convocatoria de elecciones; y que, si la urgencia fuera inexistente, existen cauces para declararlo: la derogación por las nuevas Cortes o el recurso de inconstitucionalidad.

Son argumentos serios, y algunos son correctos. Pero ninguno responde a la cuestión central: no si el Gobierno puede hacerlo, sino si debe hacerlo así, en este momento y con este alcance temporal. Tampoco es un fenómeno nuevo. En 2019, el Congreso derogó en enero un decreto-ley de alquiler; el Gobierno aprobó otro de contenido análogo días antes de disolver las Cortes, y la Diputación Permanente lo convalidó en plena precampaña. Que el patrón se repita es precisamente lo preocupante: lo excepcional empieza a parecer costumbre.

La alternancia no puede ser meramente formal

Una democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. El voto debe permitir que los ciudadanos decidan no solo quién gobierna, sino qué políticas merecen continuar. Si la capacidad normativa del Gobierno que compite se utiliza para dejar resueltas decisiones de largo alcance antes de que se vote, la alternancia conserva su forma, pero pierde parte de su eficacia.

Nada de esto niega al Gobierno legitimidad para ejercer sus competencias, ni exige que el Estado se paralice cada vez que se abre un proceso electoral. Las ayudas a las víctimas de Urda o de las inundaciones no podían esperar. Pero hay una diferencia entre garantizar la continuidad del Estado y aprovechar esa continuidad para anticipar reformas cuya urgencia real es discutible. Si cada convocatoria se convierte en una carrera por dejar aprobado el mayor número posible de medidas antes del día de la votación, el decreto-ley dejará de ser un instrumento excepcional para convertirse en una herramienta ordinaria de anticipación política.

Y entonces el problema ya no será únicamente jurídico.

Será democrático.

El 29 de noviembre no debería decidir solo quién ocupará el Gobierno, sino también qué políticas, qué prioridades y qué compromisos merecen continuar. Esa decisión corresponde a los electores, y no debería llegarles ya tomada.

PORTADA DE EL MUNDO Viernes, 20 de noviembre de 2026
Análisis 2
El CNI informó tras Ceuta del riesgo de desborde en Canarias
Fecha: 17 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión La frontera que no vemos: Ceuta, El Hierro y los agujeros de la inteligencia española El Centro Nacional de Inteligencia ha comunicado a la Audiencia Nacional, en un informe conocido el 16 de noviembre, que no ha obtenido "hasta la fecha" evidencias de que la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio fuera instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes. La Policía Nacional sostiene algo muy distinto. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras describe un "guiado activo" de la masa por agentes marroquíes, uniformados y de paisano. Uno posterior de la Comisaría General de Información sitúa en el paso de Bab Sebta, durante aquellos dos días, al prefecto de Policía de Tetuán y al supervisor de M’diq-Fnideq. No es un problema de matices sino de discrepancia. Entraron más de setenta mil personas y se recuperaron 82 cadáveres en aguas españolas, a los que se suman 14 fallecidos reconocidos por Marruecos. Lo que está en juego es la determinación de responsabilidades, las relaciones bilaterales y la credibilidad de los propios servicios españoles de seguridad e inteligencia. Antes que nada es preciso entender el informe del CNI con exactitud. No dice que Marruecos sea ajeno a lo ocurrido. En octubre ya había informado de que las autoridades marroquíes eran conscientes, días antes, de lo que se preparaba. Y su último informe vuelve a hablar de una actitud pasiva que facilitó el acceso. Lo que el CNI afirma no poder probar es una orden estatal. Pero saber lo que iba a ocurrir y dejar que ocurriera no es neutralidad. Caben, por tanto, dos posibilidades, y ninguna permite dar por cerrado el asunto. Si el Gobierno marroquí organizó o facilitó deliberadamente la operación, estaríamos ante un acto de presión contra la soberanía española. Tendría consecuencias para la responsabilidad internacional de Marruecos. También para la responsabilidad política del Gobierno español, que tendría que explicar qué sabía, qué medidas adoptó y por qué no pudo impedirlo. Si, como sostiene el CNI, no hay prueba de una decisión estatal, pero la investigación policial ha identificado a funcionarios marroquíes que habrían facilitado la invasión fronteriza, la buena fe entre ambos Estados exige de Rabat una explicación formal y una colaboración efectiva con la Justicia española. No ignoro las dificultades. El convenio de extradición de 2009 excluye la entrega de nacionales, y la inmunidad funcional de los agentes estatales extranjeros es un obstáculo adicional. Pero existen las comisiones rogatorias, la declaración por videoconferencia y, sobre todo, la obligación de Marruecos de investigar y, en su caso, juzgar a sus propios agentes. Negarse a todo ello también sería una respuesta, y muy elocuente. La ausencia de prueba sobre una orden estatal no elimina, en definitiva, la necesidad de esclarecer las actuaciones individuales ni las responsabilidades derivadas de ellas. Merece la pena tener en cuenta, en este punto, que el hecho de que un informe que rebaja la responsabilidad marroquí se conozca a trece días de unas elecciones generales no prueba, por sí solo, ninguna intencionalidad, responde a un requerimiento judicial. Pero ilustra un problema de fondo: un servicio de inteligencia que depende orgánicamente del Gobierno cuya gestión se está examinando difícilmente puede despejar, por sí mismo, toda sospecha. Por eso la última palabra debe tenerla la jueza, contrastando ambos informes, y no el calendario político. Mientras tanto, la frontera ha vuelto a romperse por otro lado. Desde comienzos de noviembre han llegado a El Hierro más de 3.300 personas en cayucos procedentes sobre todo de Senegal, y la isla ha tenido que declarar la emergencia. Ha reaparecido con ello una sospecha que puede ser para el Gobierno incómoda: la existencia de buques nodriza que transportarían a los migrantes en alta mar y los soltarían en cayucos a pocas millas de las islas. La versión oficial, la que más conviene al Gobierno, es que cada embarcación hace la travesía completa desde Senegal: cinco, seis, siete días y sus noches en el Atlántico, con más de cien personas hacinadas, sin espacio para moverse, para dormir o para hacer sus necesidades, con el agua y la comida que quepan a bordo. Es posible; consta que ocurre, y el precio se mide en muertos. Pero que ocurra siempre así, en cada uno de los más de ochenta cayucos llegados a El Hierro en apenas dos semanas, es algo que el ciudadano tiene derecho a poner en duda. ¿En qué estado llegan los ocupantes? ¿Llegan con el grado de deshidratación y agotamiento que cabría esperar de una semana en esas condiciones, o llegan en mejor estado del que la travesía haría suponer? ¿Cuánto combustible traen y cuánto les queda? ¿Se ha cotejado la autonomía de cada embarcación con la distancia que dicen haber recorrido? ¿Se han analizado los movimientos de pesqueros y mercantes en las horas previas a cada oleada de llegadas? Son preguntas sencillas que los servicios de rescate, la Guardia Civil y la inteligencia española pueden responder con datos. Si nadie las responde, la sospecha no la alimentan quienes la formulan, sino quienes se niegan a despejarla. Hasta ahora, Salvamento Marítimo ha negado haber observado buques nodriza. Pero el método está documentado en el Mediterráneo central, y en 2020 la Guardia Civil llegó a retener en Tenerife un pesquero procedente de Senegal sin que se haya conocido el desenlace de aquella investigación. Con esos antecedentes, la negativa genérica ya no basta: hace falta una investigación seria y pública. Si se confirmara, el escenario cambiaría. Ya no hablaríamos de embarcaciones precarias en peligro, sino de una estructura logística del crimen organizado en alta mar. El Derecho internacional ofrece instrumentos para actuar contra ella. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar permite visitar buques sin nacionalidad. El Protocolo de Palermo contra el tráfico ilícito de migrantes permite abordar e inspeccionar buques sospechosos con el consentimiento del Estado de pabellón. Y Europa tiene el precedente de la operación Sophia en el Mediterráneo, respaldada por el Consejo de Seguridad, que autorizó a inspeccionar buques sospechosos frente a Libia. Una misión naval europea en el Atlántico que persiguiera a los buques nodriza y a las redes que los operan estaría jurídicamente justificada y sería políticamente defendible. Pero sus límites son igual de claros. Ningún buque de guerra puede apartar, bloquear o devolver a un cayuco con personas a bordo. El deber de salvamento es absoluto, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a Italia en el asunto Hirsi Jamaa por devolver a Libia a migrantes interceptados en alta mar. Las armadas pueden perseguir a los traficantes, no a sus víctimas. Y sin pruebas de esa logística, desplegarlas tendría más de gesto electoral que de política de Estado. Esa es la frontera que no vemos: la de la anticipación. El propio CNI admitió que no previó "la magnitud y naturaleza" de lo ocurrido en Ceuta, y la Guardia Civil ha calificado de insuficiente la información que recibió antes de la entrada. En El Hierro, nadie ha explicado todavía cómo llegan ochenta cayucos en dos semanas. España tiene derecho a exigir explicaciones a Marruecos y a quien organice las travesías del Atlántico. Pero también tiene la obligación de preguntarse por qué sus servicios de inteligencia, su Policía y su Gobierno van siempre por detrás de los hechos. Fuentes: The Objective: el CNI dice a la jueza que "no hay evidencias" El Nacional: la Guardia Civil ve insuficiente la información del CNI Orain (EFE): Marruecos conocía la preparación de la entrada, según el CNI Euronews: la Policía identificó a 32 agentes marroquíes Vozpópuli: la Policía identifica a dos altos mandos marroquíes Euronews: dos altos mandos marroquíes en la frontera Escudo Digital: el informe del CENIF y el número de fallecidos ARA: los límites de la investigación y el convenio de extradición RTVC: el CNI admite que no anticipó la magnitud Al Jazeera: El Hierro declara la emergencia Emol (EFE): llegadas a Canarias en noviembre Cita.news: sin pruebas de buques nodriza tras los cayucos Canarias7: ¿Existe el barco nodriza de los cayucos? El Debate: cayucos llegados a El Hierro desde Saint-Louis RTVC: dos cayucos con 270 personas llegan a El Hierro elDiario.es: el jefe de la Armada contesta a Vox                            
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El CNI informó tras Ceuta del riesgo de desborde en Canarias

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Fecha: 17 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

La frontera que no vemos: Ceuta, El Hierro y los agujeros de la inteligencia española

El Centro Nacional de Inteligencia ha comunicado a la Audiencia Nacional, en un informe conocido el 16 de noviembre, que no ha obtenido "hasta la fecha" evidencias de que la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio fuera instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes. La Policía Nacional sostiene algo muy distinto. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras describe un "guiado activo" de la masa por agentes marroquíes, uniformados y de paisano. Uno posterior de la Comisaría General de Información sitúa en el paso de Bab Sebta, durante aquellos dos días, al prefecto de Policía de Tetuán y al supervisor de M’diq-Fnideq.

No es un problema de matices sino de discrepancia. Entraron más de setenta mil personas y se recuperaron 82 cadáveres en aguas españolas, a los que se suman 14 fallecidos reconocidos por Marruecos. Lo que está en juego es la determinación de responsabilidades, las relaciones bilaterales y la credibilidad de los propios servicios españoles de seguridad e inteligencia.

Antes que nada es preciso entender el informe del CNI con exactitud. No dice que Marruecos sea ajeno a lo ocurrido. En octubre ya había informado de que las autoridades marroquíes eran conscientes, días antes, de lo que se preparaba. Y su último informe vuelve a hablar de una actitud pasiva que facilitó el acceso. Lo que el CNI afirma no poder probar es una orden estatal. Pero saber lo que iba a ocurrir y dejar que ocurriera no es neutralidad.

Caben, por tanto, dos posibilidades, y ninguna permite dar por cerrado el asunto.

Si el Gobierno marroquí organizó o facilitó deliberadamente la operación, estaríamos ante un acto de presión contra la soberanía española. Tendría consecuencias para la responsabilidad internacional de Marruecos. También para la responsabilidad política del Gobierno español, que tendría que explicar qué sabía, qué medidas adoptó y por qué no pudo impedirlo.

Si, como sostiene el CNI, no hay prueba de una decisión estatal, pero la investigación policial ha identificado a funcionarios marroquíes que habrían facilitado la invasión fronteriza, la buena fe entre ambos Estados exige de Rabat una explicación formal y una colaboración efectiva con la Justicia española. No ignoro las dificultades. El convenio de extradición de 2009 excluye la entrega de nacionales, y la inmunidad funcional de los agentes estatales extranjeros es un obstáculo adicional. Pero existen las comisiones rogatorias, la declaración por videoconferencia y, sobre todo, la obligación de Marruecos de investigar y, en su caso, juzgar a sus propios agentes. Negarse a todo ello también sería una respuesta, y muy elocuente.

La ausencia de prueba sobre una orden estatal no elimina, en definitiva, la necesidad de esclarecer las actuaciones individuales ni las responsabilidades derivadas de ellas.

Merece la pena tener en cuenta, en este punto, que el hecho de que un informe que rebaja la responsabilidad marroquí se conozca a trece días de unas elecciones generales no prueba, por sí solo, ninguna intencionalidad, responde a un requerimiento judicial. Pero ilustra un problema de fondo: un servicio de inteligencia que depende orgánicamente del Gobierno cuya gestión se está examinando difícilmente puede despejar, por sí mismo, toda sospecha. Por eso la última palabra debe tenerla la jueza, contrastando ambos informes, y no el calendario político.

Mientras tanto, la frontera ha vuelto a romperse por otro lado. Desde comienzos de noviembre han llegado a El Hierro más de 3.300 personas en cayucos procedentes sobre todo de Senegal, y la isla ha tenido que declarar la emergencia.

Ha reaparecido con ello una sospecha que puede ser para el Gobierno incómoda: la existencia de buques nodriza que transportarían a los migrantes en alta mar y los soltarían en cayucos a pocas millas de las islas. La versión oficial, la que más conviene al Gobierno, es que cada embarcación hace la travesía completa desde Senegal: cinco, seis, siete días y sus noches en el Atlántico, con más de cien personas hacinadas, sin espacio para moverse, para dormir o para hacer sus necesidades, con el agua y la comida que quepan a bordo. Es posible; consta que ocurre, y el precio se mide en muertos. Pero que ocurra siempre así, en cada uno de los más de ochenta cayucos llegados a El Hierro en apenas dos semanas, es algo que el ciudadano tiene derecho a poner en duda.

¿En qué estado llegan los ocupantes? ¿Llegan con el grado de deshidratación y agotamiento que cabría esperar de una semana en esas condiciones, o llegan en mejor estado del que la travesía haría suponer? ¿Cuánto combustible traen y cuánto les queda? ¿Se ha cotejado la autonomía de cada embarcación con la distancia que dicen haber recorrido? ¿Se han analizado los movimientos de pesqueros y mercantes en las horas previas a cada oleada de llegadas? Son preguntas sencillas que los servicios de rescate, la Guardia Civil y la inteligencia española pueden responder con datos. Si nadie las responde, la sospecha no la alimentan quienes la formulan, sino quienes se niegan a despejarla.

Hasta ahora, Salvamento Marítimo ha negado haber observado buques nodriza. Pero el método está documentado en el Mediterráneo central, y en 2020 la Guardia Civil llegó a retener en Tenerife un pesquero procedente de Senegal sin que se haya conocido el desenlace de aquella investigación. Con esos antecedentes, la negativa genérica ya no basta: hace falta una investigación seria y pública.

Si se confirmara, el escenario cambiaría. Ya no hablaríamos de embarcaciones precarias en peligro, sino de una estructura logística del crimen organizado en alta mar. El Derecho internacional ofrece instrumentos para actuar contra ella. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar permite visitar buques sin nacionalidad. El Protocolo de Palermo contra el tráfico ilícito de migrantes permite abordar e inspeccionar buques sospechosos con el consentimiento del Estado de pabellón. Y Europa tiene el precedente de la operación Sophia en el Mediterráneo, respaldada por el Consejo de Seguridad, que autorizó a inspeccionar buques sospechosos frente a Libia. Una misión naval europea en el Atlántico que persiguiera a los buques nodriza y a las redes que los operan estaría jurídicamente justificada y sería políticamente defendible.

Pero sus límites son igual de claros. Ningún buque de guerra puede apartar, bloquear o devolver a un cayuco con personas a bordo. El deber de salvamento es absoluto, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a Italia en el asunto Hirsi Jamaa por devolver a Libia a migrantes interceptados en alta mar. Las armadas pueden perseguir a los traficantes, no a sus víctimas. Y sin pruebas de esa logística, desplegarlas tendría más de gesto electoral que de política de Estado.

Esa es la frontera que no vemos: la de la anticipación. El propio CNI admitió que no previó "la magnitud y naturaleza" de lo ocurrido en Ceuta, y la Guardia Civil ha calificado de insuficiente la información que recibió antes de la entrada. En El Hierro, nadie ha explicado todavía cómo llegan ochenta cayucos en dos semanas. España tiene derecho a exigir explicaciones a Marruecos y a quien organice las travesías del Atlántico. Pero también tiene la obligación de preguntarse por qué sus servicios de inteligencia, su Policía y su Gobierno van siempre por detrás de los hechos.


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PORTADA DE EL DIARIO DE SEVILLA Viernes, 20 de noviembre de 2026
Análisis 2
La campaña electoral supera su primer fin de semana
Fecha: 16 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión Sánchez, el CIS y la construcción anticipada de la legitimidad electoral En España los votos se cuentan a la vista de todos. Lo que no puede verificarse es cómo llega el CIS a sus estimaciones. Y ahí, más que en las urnas, está el riesgo del 29N. Hay declaraciones políticas que conviene leer no solo por lo que dicen, sino por el momento en que se pronuncian. El sábado 14 de noviembre, segundo día de campaña, Pedro Sánchez se dirigió a Alberto Núñez Feijóo desde un mitin en Palma: "Ha tenido cuatro años para preparar su alternativa y para aprender inglés. Lo que espero es que al menos apruebe el próximo 29 de noviembre en educación para la ciudadanía y acepte el resultado electoral, porque el Partido Socialista va a ganar las elecciones". La frase tiene dos partes. La primera, pedir que se respete el resultado, es una exigencia legítima. Y parece una respuesta a que Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal recomendaran no votar por correo, de que PP y Vox pidieran a la Junta Electoral Central controles adicionales que esta rechazó. La segunda parte es distinta. El presidente no pide aceptar lo que digan las urnas: anuncia quién va a ganar y pide al adversario que acepte esa victoria. Pedir respeto al resultado es democracia. Pedir que se acepte por adelantado la victoria propia es otra cosa. La diferencia importa porque dos días antes el organismo público que mide la opinión ciudadana había publicado exactamente ese resultado. Venezuela: un contraste, no un paralelismo El 20 de junio de 2024, Nicolás Maduro hizo firmar a los candidatos presidenciales un compromiso de reconocer el resultado que proclamara el Consejo Nacional Electoral. Edmundo González no lo firmó. El 28 de julio, tras votar, Maduro proclamó: "Reconozco y reconoceré al árbitro, los boletines oficiales, y haré que se respeten". El planteamiento parecía irreprochable. Después, el CNE proclamó vencedor a Maduro sin publicar las actas desglosadas por mesa. El Centro Carter y el panel de expertos electorales de Naciones Unidas cuestionaron la transparencia del proceso. Las actas reunidas por la oposición, que el Centro Carter consideró auténticas, daban la victoria a González. España no es Venezuela, y no lo digo por cortesía, sino porque se deduce del diseño. Aquí existe justo lo que allí faltó: escrutinio público en cada mesa, interventores y apoderados de todos los partidos, actas firmadas, juntas electorales formadas por jueces y recurso ante el Tribunal Supremo y el Constitucional. El propio portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido que el sistema es "limpio y garantista". La lección venezolana es otra: hablar del respeto al resultado no sustituye a las garantías que lo hacen verificable. En España esas garantías existen para el recuento. No existen con el mismo rigor para la otra pieza que forma las expectativas electorales: el CIS. El CIS y la otra España El jueves 12 de noviembre, horas antes del inicio de la campaña, el CIS publicó su macroencuesta preelectoral: 45.074 entrevistas telefónicas, realizadas entre el 7 y el 30 de octubre. PSOE: 33,3 % y entre 134 y 143 diputados. PP: 25,5 % y entre 98 y 106. Vox: 18,4 % y entre 57 y 65. Con esos números, PP y Vox no sumarían mayoría absoluta en ningún caso. Casi todos los demás dibujan otro país. De las diecinueve encuestas recientes que recopila Mapa Electoral, diecisiete dan ganador al PP; solo el CIS y SW Demoscopia dan ganador al PSOE. Según Sociométrica, la media de diecisiete institutos privados atribuye al PP una ventaja de 4,2 puntos, mientras el CIS da al PSOE 7,8 puntos de ventaja. Otras medias independientes apuntan en la misma dirección. Son unos doce puntos de diferencia en la distancia entre los dos grandes partidos. Eso no es margen de error. Si fuera un error, sería sistemático y siempre en el mismo sentido. El problema del recuerdo de voto Los datos del CIS se han obtenido de  una muestra con más votantes socialistas declarados de los que hubo. Según El Español, el 37,4 % de los encuestados afirma haber votado al PSOE en 2023, cuando el PSOE obtuvo en torno al 22 % del censo. El Debate subraya otro dato: solo el 19,1 % de quienes recuerdan su voto dicen haber votado al PP, que obtuvo más del 33 % del voto válido. Toda encuestadora se encuentra con desviaciones de este tipo y las corrige ponderando. La pregunta es cómo lo hace el CIS, y el CIS no lo explica de forma que un tercero pueda reproducirlo. Cuando analistas externos aplican esa corrección, el cuadro cambia. El politólogo Eduardo Bayón, ponderando por el recuerdo de voto de 2023, obtiene un PSOE del 29,0 %, un PP del 26,6 % y un Vox del 20,4 %: PP y Vox sumarían 189 escaños en su escenario central. La reestimación de Target Point para El Debate da 125 escaños al PP, 112 como máximo al PSOE y 74 a Vox. El matiz es revelador. Incluso ponderando, Bayón mantiene al PSOE primero en votos. Lo que desaparece no es la victoria socialista, sino la imposibilidad de una mayoría alternativa: precisamente lo que la estimación oficial descarta. La credibilidad institucional del CIS La controversia no empieza con esta encuesta. José Félix Tezanos fue nombrado presidente del CIS en 2018 siendo todavía miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, como secretario de Estudios y Programas. La comisión de investigación del Senado sobre su gestión concluyó que el organismo había perdido la neutralidad. Entre sus datos figura que la izquierda apareció sobrerrepresentada en 60 de los 62 barómetros publicados desde 2018, cifra expuesta por el director de Sociométrica en su comparecencia. Conviene decirlo todo: el informe aprobado es el del PP, por 147 votos frente a 98, y no es una auditoría científica independiente. El PSOE recuerda, además, que el CIS se aproximó al porcentaje socialista en 2023. Pero hay un hecho que no depende de mayorías parlamentarias. La Junta Electoral Central ha declarado, en esta misma precampaña, que el CIS incumplió el artículo 69.8 de la Ley Electoral al no facilitar a tiempo al PP los datos de su barómetro de octubre. No abrió expediente a Tezanos, pero le ordenó abstenerse de nuevas vulneraciones hasta el 29N. Cuando una institución pública que mide la opinión ciudadana ofrece resultados tan aislados, su obligación es reforzar la transparencia: publicar los microdatos y la ponderación antes de votar, no después. La historia anticipada y sus dos caras Si se reúnen los elementos, aparece una secuencia. Primero, el presidente anuncia su victoria y pide a la oposición que la acepte. Segundo, el CIS publica una estimación que coincide con ese anuncio y contradice a casi todos los demás. Tercero, lo hace un organismo con una controversia documentada sobre la validez de su método y su independencia. No hay pruebas de una operación para alterar el resultado, y el recuento español la haría muy difícil. El riesgo es otro: las expectativas. Si el 29N se parece a las encuestas privadas, el CIS habrá fabricado una distancia de doce puntos entre lo esperado y lo ocurrido. Esa distancia es combustible para quien quiera decir que el ganador no ganó de verdad. La verdadera prueba de la democracia La democracia no se demuestra exigiendo al adversario que acepte por anticipado la victoria propia. Tampoco sembrando sospechas sobre el voto por correo sin pruebas. Se demuestra con dos cosas. La primera, un recuento verificable, que España tiene. La segunda, instituciones públicas que miden la opinión con métodos transparentes y reproducibles, algo que el CIS todavía debe a los ciudadanos. La transparencia metodológica del CIS debería ser una cuestión de Estado, no un instrumento de confrontación partidista. Sánchez debería actuar como si supiera ambas cosas. La democracia no consiste en que el poder anuncie quién ha ganado antes de votar. Consiste en que, una vez votado, nadie pueda dudar razonablemente de que el resultado refleja la voluntad de los ciudadanos.   Fuentes  elDiario.es — cita literal de Sánchez en Palma Nuevos Papeles — versión de agencia del mitin CIS — nota de la macroencuesta del 29N El Constitucional — ficha técnica del CIS y reestimación de Eduardo Bayón El Español — recuerdo de voto y media de Sociométrica El Debate — reestimación de Target Point Mapa Electoral — 17 de 19 encuestas dan ganador al PP El Boletín — media de encuestas del 29N elvotoutil.org — media de 19 encuestas BOCG Senado — informe de la comisión sobre el CIS Infobae/EFE — comparecencia de Gonzalo Adán, 19 de diciembre de 2024 Onda Vasca — votación del informe en el Pleno del Senado Demócrata — resolución de la JEC sobre el CIS elDiario.es — Ayuso y Abascal sobre el voto por correo; respuesta de Sémper Moncloa.com — la JEC rechaza los controles extra de PP y Vox Demócrata — el voto por correo divide al PP La Vanguardia (Colombia)/EFE — declaración de Maduro, 28 de julio de 2024 Panamá América — compromiso ante el CNE no firmado por González
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La campaña electoral supera su primer fin de semana

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Fecha: 16 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Sánchez, el CIS y la construcción anticipada de la legitimidad electoral

En España los votos se cuentan a la vista de todos. Lo que no puede verificarse es cómo llega el CIS a sus estimaciones. Y ahí, más que en las urnas, está el riesgo del 29N.

Hay declaraciones políticas que conviene leer no solo por lo que dicen, sino por el momento en que se pronuncian.

El sábado 14 de noviembre, segundo día de campaña, Pedro Sánchez se dirigió a Alberto Núñez Feijóo desde un mitin en Palma: "Ha tenido cuatro años para preparar su alternativa y para aprender inglés. Lo que espero es que al menos apruebe el próximo 29 de noviembre en educación para la ciudadanía y acepte el resultado electoral, porque el Partido Socialista va a ganar las elecciones".

La frase tiene dos partes. La primera, pedir que se respete el resultado, es una exigencia legítima. Y parece una respuesta a que Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal recomendaran no votar por correo, de que PP y Vox pidieran a la Junta Electoral Central controles adicionales que esta rechazó.

La segunda parte es distinta. El presidente no pide aceptar lo que digan las urnas: anuncia quién va a ganar y pide al adversario que acepte esa victoria. Pedir respeto al resultado es democracia. Pedir que se acepte por adelantado la victoria propia es otra cosa.

La diferencia importa porque dos días antes el organismo público que mide la opinión ciudadana había publicado exactamente ese resultado.

Venezuela: un contraste, no un paralelismo

El 20 de junio de 2024, Nicolás Maduro hizo firmar a los candidatos presidenciales un compromiso de reconocer el resultado que proclamara el Consejo Nacional Electoral. Edmundo González no lo firmó. El 28 de julio, tras votar, Maduro proclamó: "Reconozco y reconoceré al árbitro, los boletines oficiales, y haré que se respeten".

El planteamiento parecía irreprochable. Después, el CNE proclamó vencedor a Maduro sin publicar las actas desglosadas por mesa. El Centro Carter y el panel de expertos electorales de Naciones Unidas cuestionaron la transparencia del proceso. Las actas reunidas por la oposición, que el Centro Carter consideró auténticas, daban la victoria a González.

España no es Venezuela, y no lo digo por cortesía, sino porque se deduce del diseño. Aquí existe justo lo que allí faltó: escrutinio público en cada mesa, interventores y apoderados de todos los partidos, actas firmadas, juntas electorales formadas por jueces y recurso ante el Tribunal Supremo y el Constitucional. El propio portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido que el sistema es "limpio y garantista".

La lección venezolana es otra: hablar del respeto al resultado no sustituye a las garantías que lo hacen verificable. En España esas garantías existen para el recuento. No existen con el mismo rigor para la otra pieza que forma las expectativas electorales: el CIS.

El CIS y la otra España

El jueves 12 de noviembre, horas antes del inicio de la campaña, el CIS publicó su macroencuesta preelectoral: 45.074 entrevistas telefónicas, realizadas entre el 7 y el 30 de octubre.

  • PSOE: 33,3 % y entre 134 y 143 diputados.
  • PP: 25,5 % y entre 98 y 106.
  • Vox: 18,4 % y entre 57 y 65.

Con esos números, PP y Vox no sumarían mayoría absoluta en ningún caso.

Casi todos los demás dibujan otro país. De las diecinueve encuestas recientes que recopila Mapa Electoral, diecisiete dan ganador al PP; solo el CIS y SW Demoscopia dan ganador al PSOE. Según Sociométrica, la media de diecisiete institutos privados atribuye al PP una ventaja de 4,2 puntos, mientras el CIS da al PSOE 7,8 puntos de ventaja. Otras medias independientes apuntan en la misma dirección. Son unos doce puntos de diferencia en la distancia entre los dos grandes partidos. Eso no es margen de error. Si fuera un error, sería sistemático y siempre en el mismo sentido.

El problema del recuerdo de voto

Los datos del CIS se han obtenido de  una muestra con más votantes socialistas declarados de los que hubo. Según El Español, el 37,4 % de los encuestados afirma haber votado al PSOE en 2023, cuando el PSOE obtuvo en torno al 22 % del censo. El Debate subraya otro dato: solo el 19,1 % de quienes recuerdan su voto dicen haber votado al PP, que obtuvo más del 33 % del voto válido.

Toda encuestadora se encuentra con desviaciones de este tipo y las corrige ponderando. La pregunta es cómo lo hace el CIS, y el CIS no lo explica de forma que un tercero pueda reproducirlo.

Cuando analistas externos aplican esa corrección, el cuadro cambia. El politólogo Eduardo Bayón, ponderando por el recuerdo de voto de 2023, obtiene un PSOE del 29,0 %, un PP del 26,6 % y un Vox del 20,4 %: PP y Vox sumarían 189 escaños en su escenario central. La reestimación de Target Point para El Debate da 125 escaños al PP, 112 como máximo al PSOE y 74 a Vox.

El matiz es revelador. Incluso ponderando, Bayón mantiene al PSOE primero en votos.

Lo que desaparece no es la victoria socialista, sino la imposibilidad de una mayoría alternativa: precisamente lo que la estimación oficial descarta.

La credibilidad institucional del CIS

La controversia no empieza con esta encuesta. José Félix Tezanos fue nombrado presidente del CIS en 2018 siendo todavía miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, como secretario de Estudios y Programas. La comisión de investigación del Senado sobre su gestión concluyó que el organismo había perdido la neutralidad. Entre sus datos figura que la izquierda apareció sobrerrepresentada en 60 de los 62 barómetros publicados desde 2018, cifra expuesta por el director de Sociométrica en su comparecencia. Conviene decirlo todo: el informe aprobado es el del PP, por 147 votos frente a 98, y no es una auditoría científica independiente. El PSOE recuerda, además, que el CIS se aproximó al porcentaje socialista en 2023.

Pero hay un hecho que no depende de mayorías parlamentarias. La Junta Electoral Central ha declarado, en esta misma precampaña, que el CIS incumplió el artículo 69.8 de la Ley Electoral al no facilitar a tiempo al PP los datos de su barómetro de octubre. No abrió expediente a Tezanos, pero le ordenó abstenerse de nuevas vulneraciones hasta el 29N. Cuando una institución pública que mide la opinión ciudadana ofrece resultados tan aislados, su obligación es reforzar la transparencia: publicar los microdatos y la ponderación antes de votar, no después.

La historia anticipada y sus dos caras

Si se reúnen los elementos, aparece una secuencia. Primero, el presidente anuncia su victoria y pide a la oposición que la acepte. Segundo, el CIS publica una estimación que coincide con ese anuncio y contradice a casi todos los demás. Tercero, lo hace un organismo con una controversia documentada sobre la validez de su método y su independencia.

No hay pruebas de una operación para alterar el resultado, y el recuento español la haría muy difícil. El riesgo es otro: las expectativas. Si el 29N se parece a las encuestas privadas, el CIS habrá fabricado una distancia de doce puntos entre lo esperado y lo ocurrido.

Esa distancia es combustible para quien quiera decir que el ganador no ganó de verdad.

La verdadera prueba de la democracia

La democracia no se demuestra exigiendo al adversario que acepte por anticipado la victoria propia. Tampoco sembrando sospechas sobre el voto por correo sin pruebas.

Se demuestra con dos cosas. La primera, un recuento verificable, que España tiene. La segunda, instituciones públicas que miden la opinión con métodos transparentes y reproducibles, algo que el CIS todavía debe a los ciudadanos.

La transparencia metodológica del CIS debería ser una cuestión de Estado, no un instrumento de confrontación partidista.

Sánchez debería actuar como si supiera ambas cosas.

La democracia no consiste en que el poder anuncie quién ha ganado antes de votar. Consiste en que, una vez votado, nadie pueda dudar razonablemente de que el resultado refleja la voluntad de los ciudadanos.

 

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PORTADA DEL ABC Viernes, 20 de noviembre de 2026
Análisis 1
Esditorial: "Paracuellos no es lugar de memoria"
Fecha: 15 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión Paracuellos y la vara de medir de la memoria democrática Noventa años después de las matanzas de presos de noviembre de 1936, la Ley de Memoria Democrática afronta una prueba sencilla de enunciar y difícil de esquivar: si sus criterios valen igual para todas las víctimas que ella misma reconoce. En estas semanas se cumplen noventa años de uno de los episodios más graves de la Guerra Civil: las sacas de presos de las cárceles de Madrid que, entre el 7 de noviembre y principios de diciembre de 1936, terminaron en fusilamientos masivos en Paracuellos del Jarama y en el Soto de Aldovea, en Torrejón de Ardoz. No fueron bajas de combate. Fueron personas detenidas, bajo custodia de las autoridades, asesinadas sin juicio. Precisamente porque estaban presas, el Estado que las custodiaba tenía el deber de protegerlas. Esa es la raíz de la gravedad de lo ocurrido, y también la razón por la que su memoria interpela hoy a las instituciones, y no solo a los historiadores. Qué ocurrió El 6 de noviembre de 1936, con las tropas sublevadas a las puertas de Madrid, el Gobierno de Largo Caballero se trasladó a Valencia. La defensa de la capital quedó en manos de la Junta de Defensa presidida por el general Miaja. En las cárceles madrileñas había miles de detenidos considerados desafectos: militares, religiosos, funcionarios, políticos, profesionales y civiles sin otra significación que sus ideas, su fe o su posición social. Desde el 7 de noviembre, grupos de presos fueron sacados de las prisiones, oficialmente para su traslado o evacuación. Muchos nunca llegaron a destino. Los autobuses se detenían junto al arroyo de San José, en Paracuellos, o en Aldovea; allí eran fusilados y enterrados en fosas comunes. La cifra sigue siendo discutida. Ian Gibson la estimó en torno a 2.500 víctimas, cálculo que acepta el historiador Julius Ruiz; el recuento nominal de José Manuel Ezpeleta eleva a 4.353 los cuerpos inhumados en el cementerio de Paracuellos, incluidos los trasladados desde Torrejón. La horquilla es amplia, pero ninguna de sus cifras rebaja la magnitud: estamos ante la mayor matanza de presos en la retaguardia republicana. También se discuten las responsabilidades. Una parte relevante de la historiografía atribuye la organización de las sacas al Consejo de Investigación creado en la Dirección General de Seguridad bajo la Consejería de Orden Público de Santiago Carrillo; otros autores amplían el foco a la cadena de mando policial y gubernativa. Conviene distinguir entre quienes dispararon, quienes organizaron los traslados y quienes, desde sus cargos, tenían deberes de custodia. Nada de eso está judicialmente declarado, y no hace falta que lo esté para afirmar lo indiscutible: miles de presos fueron asesinados sin juicio. Qué ha dicho el Ministerio En julio de 2026 se conoció la respuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a una solicitud presentada en el Portal de Transparencia por el historiador y diputado autonómico Pedro Corral. El escrito, firmado por la Subdirección General de Divulgación de la Memoria Democrática, sostiene que la Administración no está obligada a declarar todos los espacios vinculados a episodios de represión, sino solo los que acrediten relevancia histórica suficiente, y que la ausencia de declaración no supone desconocer los hechos, sino "una valoración diferenciada de su alcance y significación". Es cierto que la ley no impone una catalogación automática pero el argumento elude el problema que está en otro sitio. El propio Ministerio, en su mapa oficial de fosas, describe la de Paracuellos como "el máximo exponente de la represión republicana". Cuesta entender cómo un lugar puede ser el máximo exponente de un fenómeno represivo y, a la vez, carecer de la relevancia histórica que la ley exige.  Qué dice la ley La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, no deja lugar a dudas sobre quién es víctima. Su artículo 3.1 considera tal a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido daños físicos, morales, psicológicos o patrimoniales en el periodo que va del golpe de Estado de 1936 a la Constitución de 1978. La guerra está dentro de ese periodo. Los presos de Paracuellos son víctimas a efectos de la ley, sin más opinión. El artículo 49 define los Lugares de Memoria Democrática como espacios en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva. El artículo 50 regula el procedimiento: puede incoarse de oficio o a instancia de entidades que promuevan la memoria democrática, que deben identificar el bien, los valores que justifican la declaración y su delimitación cartográfica. En este punto hay que señalar algo relevante: una contestación a una solicitud de acceso a la información no es una resolución denegatoria en un procedimiento administrativo de declaración. No consta que alguien haya solicitado formalmente la incoación conforme al artículo 50. Y eso importa: solo en ese procedimiento la Administración está obligada a motivar su decisión con arreglo a los criterios legales, y solo entonces esa decisión queda sujeta a recurso y, en su caso, al control de los tribunales.  La  inevitable comparación En octubre de 2025 el Ministerio declaró Lugar de Memoria Democrática la tapia de fusilamiento del Cementerio del Este, en Madrid, donde fueron ejecutados miles de presos en la posguerra. La declaración fue merecida. Pero sirve de término de comparación: también allí se fusiló a personas privadas de libertad, también allí hay una repercusión indiscutible en la memoria colectiva. Si la tapia del Este reúne la relevancia exigida y Paracuellos no, el Ministerio debería poder explicar qué criterio, aplicable a ambos casos, los separa. La objeción más seria Hay una razón que merece respuesta y no desprecio. Paracuellos tuvo durante cuarenta años memoria oficial: el franquismo honró a sus muertos, mientras miles de víctimas del otro bando seguían en cunetas. La ley, se dice, nace para reparar a quienes la dictadura condenó al olvido, no para reiterar homenajes que ya existieron. La objeción explica de dónde viene la ley, pero no lo que la ley dice. El artículo 3 no distingue víctimas según hayan sido honradas o silenciadas en el pasado. Y que la dictadura utilizara a unos muertos para su propaganda no los convierte en víctimas de segunda en democracia. Precisamente una memoria democrática, a diferencia de la franquista, debería ser capaz de reconocer a todas sin preguntar por el bando: en esa ausencia descansa lo ilegítimo del argumento, que lo sitúa en una posición idéntica a la franquista. Reconocer a las víctimas de Paracuellos no exige justificar el golpe de julio de 1936, ni la represión franquista, ni relativizar ninguna otra fosa. Condenar un crimen no obliga a absolver otro. Lo que queda pendiente Paracuellos no necesita que se manipule su historia ni que sus muertos se usen como munición política. Necesita investigación rigurosa, conservación de las fosas y respeto institucional. El camino es conocido. Que una entidad legitimada solicite formalmente la incoación conforme al artículo 50 de la Ley 20/2022. Que el Ministerio resuelva de forma motivada, identificando los criterios que aplica y demostrando que son los mismos que ha empleado en Carabanchel, en la tapia del Cementerio del Este o en cualquier otro lugar ya declarado. Y que, si la respuesta no supera ese examen, sean la crítica pública y los tribunales quienes digan la última palabra. La memoria democrática no se mide por el número de placas ni por la extensión de un inventario. Se mide por su capacidad de reconocer hechos incómodos y de aplicar a todas las víctimas la misma vara de medir.     Fuentes: OKDIARIO, 16-7-2026 · Ley 20/2022 consolidada (BOE) · Declaración tapia Cementerio del Este (BOE-A-2025-21355) · El Debate, 15-11-2026 (cifras Gibson/Ruiz) · OKDIARIO, recuento Ezpeleta
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Esditorial: "Paracuellos no es lugar de memoria"

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Fecha: 15 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Paracuellos y la vara de medir de la memoria democrática

Noventa años después de las matanzas de presos de noviembre de 1936, la Ley de Memoria Democrática afronta una prueba sencilla de enunciar y difícil de esquivar: si sus criterios valen igual para todas las víctimas que ella misma reconoce.

En estas semanas se cumplen noventa años de uno de los episodios más graves de la Guerra Civil: las sacas de presos de las cárceles de Madrid que, entre el 7 de noviembre y principios de diciembre de 1936, terminaron en fusilamientos masivos en Paracuellos del Jarama y en el Soto de Aldovea, en Torrejón de Ardoz. No fueron bajas de combate. Fueron personas detenidas, bajo custodia de las autoridades, asesinadas sin juicio. Precisamente porque estaban presas, el Estado que las custodiaba tenía el deber de protegerlas. Esa es la raíz de la gravedad de lo ocurrido, y también la razón por la que su memoria interpela hoy a las instituciones, y no solo a los historiadores.

Qué ocurrió

El 6 de noviembre de 1936, con las tropas sublevadas a las puertas de Madrid, el Gobierno de Largo Caballero se trasladó a Valencia. La defensa de la capital quedó en manos de la Junta de Defensa presidida por el general Miaja. En las cárceles madrileñas había miles de detenidos considerados desafectos: militares, religiosos, funcionarios, políticos, profesionales y civiles sin otra significación que sus ideas, su fe o su posición social. Desde el 7 de noviembre, grupos de presos fueron sacados de las prisiones, oficialmente para su traslado o evacuación. Muchos nunca llegaron a destino. Los autobuses se detenían junto al arroyo de San José, en Paracuellos, o en Aldovea; allí eran fusilados y enterrados en fosas comunes.

La cifra sigue siendo discutida. Ian Gibson la estimó en torno a 2.500 víctimas, cálculo que acepta el historiador Julius Ruiz; el recuento nominal de José Manuel Ezpeleta eleva a 4.353 los cuerpos inhumados en el cementerio de Paracuellos, incluidos los trasladados desde Torrejón. La horquilla es amplia, pero ninguna de sus cifras rebaja la magnitud: estamos ante la mayor matanza de presos en la retaguardia republicana.

También se discuten las responsabilidades. Una parte relevante de la historiografía atribuye la organización de las sacas al Consejo de Investigación creado en la Dirección General de Seguridad bajo la Consejería de Orden Público de Santiago Carrillo; otros autores amplían el foco a la cadena de mando policial y gubernativa. Conviene distinguir entre quienes dispararon, quienes organizaron los traslados y quienes, desde sus cargos, tenían deberes de custodia. Nada de eso está judicialmente declarado, y no hace falta que lo esté para afirmar lo indiscutible: miles de presos fueron asesinados sin juicio.

Qué ha dicho el Ministerio

En julio de 2026 se conoció la respuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a una solicitud presentada en el Portal de Transparencia por el historiador y diputado autonómico Pedro Corral. El escrito, firmado por la Subdirección General de Divulgación de la Memoria Democrática, sostiene que la Administración no está obligada a declarar todos los espacios vinculados a episodios de represión, sino solo los que acrediten relevancia histórica suficiente, y que la ausencia de declaración no supone desconocer los hechos, sino "una valoración diferenciada de su alcance y significación".

Es cierto que la ley no impone una catalogación automática pero el argumento elude el problema que está en otro sitio. El propio Ministerio, en su mapa oficial de fosas, describe la de Paracuellos como "el máximo exponente de la represión republicana". Cuesta entender cómo un lugar puede ser el máximo exponente de un fenómeno represivo y, a la vez, carecer de la relevancia histórica que la ley exige. 

Qué dice la ley

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, no deja lugar a dudas sobre quién es víctima. Su artículo 3.1 considera tal a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido daños físicos, morales, psicológicos o patrimoniales en el periodo que va del golpe de Estado de 1936 a la Constitución de 1978. La guerra está dentro de ese periodo. Los presos de Paracuellos son víctimas a efectos de la ley, sin más opinión.

El artículo 49 define los Lugares de Memoria Democrática como espacios en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva. El artículo 50 regula el procedimiento: puede incoarse de oficio o a instancia de entidades que promuevan la memoria democrática, que deben identificar el bien, los valores que justifican la declaración y su delimitación cartográfica.

En este punto hay que señalar algo relevante: una contestación a una solicitud de acceso a la información no es una resolución denegatoria en un procedimiento administrativo de declaración. No consta que alguien haya solicitado formalmente la incoación conforme al artículo 50. Y eso importa: solo en ese procedimiento la Administración está obligada a motivar su decisión con arreglo a los criterios legales, y solo entonces esa decisión queda sujeta a recurso y, en su caso, al control de los tribunales. 

La  inevitable comparación

En octubre de 2025 el Ministerio declaró Lugar de Memoria Democrática la tapia de fusilamiento del Cementerio del Este, en Madrid, donde fueron ejecutados miles de presos en la posguerra. La declaración fue merecida. Pero sirve de término de comparación: también allí se fusiló a personas privadas de libertad, también allí hay una repercusión indiscutible en la memoria colectiva. Si la tapia del Este reúne la relevancia exigida y Paracuellos no, el Ministerio debería poder explicar qué criterio, aplicable a ambos casos, los separa.

La objeción más seria

Hay una razón que merece respuesta y no desprecio. Paracuellos tuvo durante cuarenta años memoria oficial: el franquismo honró a sus muertos, mientras miles de víctimas del otro bando seguían en cunetas. La ley, se dice, nace para reparar a quienes la dictadura condenó al olvido, no para reiterar homenajes que ya existieron.

La objeción explica de dónde viene la ley, pero no lo que la ley dice. El artículo 3 no distingue víctimas según hayan sido honradas o silenciadas en el pasado. Y que la dictadura utilizara a unos muertos para su propaganda no los convierte en víctimas de segunda en democracia. Precisamente una memoria democrática, a diferencia de la franquista, debería ser capaz de reconocer a todas sin preguntar por el bando: en esa ausencia descansa lo ilegítimo del argumento, que lo sitúa en una posición idéntica a la franquista.

Reconocer a las víctimas de Paracuellos no exige justificar el golpe de julio de 1936, ni la represión franquista, ni relativizar ninguna otra fosa. Condenar un crimen no obliga a absolver otro.

Lo que queda pendiente

Paracuellos no necesita que se manipule su historia ni que sus muertos se usen como munición política. Necesita investigación rigurosa, conservación de las fosas y respeto institucional.

El camino es conocido. Que una entidad legitimada solicite formalmente la incoación conforme al artículo 50 de la Ley 20/2022. Que el Ministerio resuelva de forma motivada, identificando los criterios que aplica y demostrando que son los mismos que ha empleado en Carabanchel, en la tapia del Cementerio del Este o en cualquier otro lugar ya declarado. Y que, si la respuesta no supera ese examen, sean la crítica pública y los tribunales quienes digan la última palabra.

La memoria democrática no se mide por el número de placas ni por la extensión de un inventario. Se mide por su capacidad de reconocer hechos incómodos y de aplicar a todas las víctimas la misma vara de medir.

 

 

Fuentes: OKDIARIO, 16-7-2026 · Ley 20/2022 consolidada (BOE) · Declaración tapia Cementerio del Este (BOE-A-2025-21355) · El Debate, 15-11-2026 (cifras Gibson/Ruiz) · OKDIARIO, recuento Ezpeleta

PORTADA DEL HERALDO DE ARAGÓN Viernes, 20 de noviembre de 2026
Análisis 1
La Vanguardia: El Gobierno defiende la "norma no escrita" de que los jueces evitan interferir en las elecciones
Fecha: 14 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opiniónBolaños y la "norma no escrita": cuando la imprudencia la pone el Gobierno La única norma escrita del periodo electoral obliga al poder ejecutivo, no a los jueces. El ministro de Justicia invoca otra, no escrita, que haría exactamente lo contrario. El ministro de Justicia no merece una respuesta destemplada, aunque sus palabras de ayer suenen a desafío directo a jueces y fiscales. Merece, precisamente porque es el ministro de Justicia, una respuesta jurídica. Qué dijo el ministro En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario del viernes 13 de noviembre, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, fue preguntado por las últimas actuaciones judiciales que afectan al PSOE. Entre ellas estaba la entrada de la UCO de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas el día anterior, en busca de presuntas irregularidades en donaciones al partido. Su respuesta fue invocar una "norma no escrita" según la cual la Justicia no avanza, en periodo electoral, en causas que afectan al Gobierno y a los partidos. "A mí esa norma no escrita me parece muy prudente, muy razonable", dijo. Y añadió que "se ha venido cumpliendo siempre y es respetuosa con los procesos que están en curso", como las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuera de cámara, fuentes de Moncloa fueron más explícitas: se quejaron de que esas operaciones se produzcan con la campaña ya iniciada. La pregunta que suscita es sencilla: ¿desde cuándo la independencia judicial está condicionada por el calendario electoral? Una norma que no es norma El artículo 117.1 de la Constitución establece que jueces y magistrados están sometidos "únicamente al imperio de la ley". La palabra decisiva es únicamente. No están sometidos al calendario electoral, ni a las conveniencias del Gobierno, ni a la repercusión política que puedan tener sus resoluciones. Si alguna vez ha existido esa práctica (y el ministro no aporta más prueba que su afirmación de que "se ha venido cumpliendo siempre"), sería, a lo sumo, un uso. Un uso no es una norma jurídica. Y mucho menos puede convertirse en una obligación de paralizar actuaciones judiciales. Un juez, dentro de sus facultades de ordenación del proceso, puede decidir cuándo practica una diligencia por razones procesales justificadas: la disponibilidad de medios, la necesidad de no frustrar otra diligencia, la protección de la propia investigación. Eso forma parte del funcionamiento ordinario de la Justicia. Otra cosa, muy diferente, es que deba posponerla porque su resultado pueda perjudicar electoralmente al partido que gobierna. Lo primero es ordenación procesal. Lo segundo es un criterio de oportunidad política, ajeno a la función jurisdiccional. Que un juez, por propia iniciativa, sea cuidadoso con los tiempos es un ejercicio de su independencia. Que se lo reclame públicamente el Gobierno es exactamente lo contrario. La única norma escrita en nuestro ordenamiento para el periodo electoral, obliga al Gobierno Hay una ironía que el ministro debería conocer mejor que nadie. Durante el periodo electoral sí existe una norma, y está escrita. El artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe, desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones, cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que aluda a sus realizaciones o logros, así como la inauguración de obras o servicios públicos. Es decir, la ley impone la contención electoral al poder ejecutivo, no a los jueces. El legislador entendió que quien puede aprovechar el poder para influir en el voto es el Gobierno, y a él le ató las manos. La norma escrita frena al Gobierno. La "no escrita" que invoca el Gobierno frenaría a los jueces. El reparto de prudencias está exactamente invertido. La paradoja El ministro dice querer evitar que la Justicia influya en el proceso electoral, y para ello pide a la Justicia que se adapte al proceso electoral. Para preservar la neutralidad política de los tribunales, les reclama que tengan en cuenta las consecuencias políticas de sus actuaciones. Pero la paralización tampoco es neutral. Un registro aplazado, una declaración suspendida o una resolución congelada también producen efectos electorales: favorecen a quien está siendo investigado. No actuar es también decidir, y decidir en favor de alguien. La única neutralidad posible para un juez es la que le marca la ley. Si existen razones procesales para practicar un registro, requerir documentación, tomar una declaración o dictar una resolución, esas razones deben prevalecer. Si no existen, la actuación no debe realizarse. La proximidad de unas elecciones no es una de esas razones, sencillamente porque la ley no la contempla. La responsabilidad de quien ocupa el Ministerio de Justicia Lo verdaderamente preocupante no es la idea de fondo, sino quién la formula. El artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no deja margen: "Todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados". Todos incluye, con mayor motivo, al ministro del ramo. La misma ley prevé incluso un cauce para cuando un juez se considera inquietado o perturbado en su independencia: ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial y solicitar su amparo (artículo 14). La petición, además, no se dirige solo a los jueces. Alcanza a los fiscales, a quienes el artículo 124 de la Constitución sujeta "en todo caso" a los principios de legalidad e imparcialidad, y cuyo Fiscal General nombra el propio Gobierno. Y alcanza a la policía judicial, que según el artículo 126 de la Constitución depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito. La UCO no fija su propio calendario: actúa bajo dirección judicial o fiscal. Pedirle que se detenga es, en realidad, pedírselo al juez o al fiscal que la dirige. Un ministro de Justicia debe observar una cautela especial cuando habla de actuaciones de jueces, fiscales y policía judicial, y más aún si esas actuaciones afectan a personas o entidades vinculadas al Gobierno al que pertenece. Reclamar mejoras para la Administración de Justicia es su trabajo. Sugerir que sus órganos modulen sus actuaciones según la conveniencia electoral es otra cosa. La responsabilidad del cargo exige no confundir ambas. Los informes policiales y las filtraciones El País recogía también ayer el malestar del Gobierno por los informes policiales que se están publicando en plena campaña. Aquí conviene deshacer otra confusión. Una cosa es la investigación policial; otra, la incorporación de sus resultados al procedimiento judicial, y otra muy distinta, la difusión pública de la información que procede de esas investigaciones. Si se producen filtraciones ilegítimas, deben investigarse. Si se vulnera el secreto de las actuaciones, deben exigirse las responsabilidades que correspondan. Esa preocupación es legítima, y lo sería con cualquier Gobierno. Pero una eventual irregularidad en la difusión de un informe no convierte en ilegítima la investigación que lo originó. La solución a las filtraciones no es paralizar las investigaciones. Y menos aún cuando esa paralización beneficiaría precisamente a quienes son objeto de ellas. La memoria institucional también importa La defensa de las normas, de las instituciones y de la legalidad no puede elegirse a conveniencia. No es admisible invocar solemnemente una supuesta tradición institucional cuando sus consecuencias pueden perjudicar al Gobierno y, al mismo tiempo, relativizar las exigencias de la legalidad cuando resultan incómodas para el poder. A quien ocupa la cartera de Justicia debe exigírsele un estándar de respeto institucional particularmente elevado. No basta con apelar a la prudencia de los jueces cuando sus resoluciones afectan al Ejecutivo. La independencia judicial debe defenderse también, y sobre todo, cuando sus decisiones incomodan a quien gobierna. La Constitución no contempla una independencia judicial intermitente, que se suspende durante la campaña electoral y se recupera cuando se cierran las urnas. La Justicia no está al servicio del calendario político El argumento de la "prudencia" suena razonable. Pero pierde toda legitimidad cuando lo formula el Gobierno, y cuando lo formula en un momento en que las actuaciones judiciales afectan a su propio entorno político. No le corresponde a la Justicia proteger al Gobierno de las consecuencias electorales de sus investigaciones. Tampoco a la oposición, si mañana fuera ella la investigada. Su obligación es otra: investigar cuando proceda, resolver cuando corresponda y hacerlo con arreglo a la ley. La independencia judicial no es una concesión del poder político, ni una tradición que pueda invocarse o abandonarse según las circunstancias. Es una garantía constitucional frente al propio poder por lo que convendría que el ministro de Justicia no lo recordara solo cuando le resulta conveniente.  
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La Vanguardia: El Gobierno defiende la "norma no escrita" de que los jueces evitan interferir en las elecciones

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Fecha: 14 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Bolaños y la "norma no escrita": cuando la imprudencia la pone el Gobierno

La única norma escrita del periodo electoral obliga al poder ejecutivo, no a los jueces. El ministro de Justicia invoca otra, no escrita, que haría exactamente lo contrario.


El ministro de Justicia no merece una respuesta destemplada, aunque sus palabras de ayer suenen a desafío directo a jueces y fiscales. Merece, precisamente porque es el ministro de Justicia, una respuesta jurídica.

Qué dijo el ministro

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario del viernes 13 de noviembre, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, fue preguntado por las últimas actuaciones judiciales que afectan al PSOE. Entre ellas estaba la entrada de la UCO de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas el día anterior, en busca de presuntas irregularidades en donaciones al partido.

Su respuesta fue invocar una "norma no escrita" según la cual la Justicia no avanza, en periodo electoral, en causas que afectan al Gobierno y a los partidos. "A mí esa norma no escrita me parece muy prudente, muy razonable", dijo. Y añadió que "se ha venido cumpliendo siempre y es respetuosa con los procesos que están en curso", como las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuera de cámara, fuentes de Moncloa fueron más explícitas: se quejaron de que esas operaciones se produzcan con la campaña ya iniciada.

La pregunta que suscita es sencilla: ¿desde cuándo la independencia judicial está condicionada por el calendario electoral?

Una norma que no es norma

El artículo 117.1 de la Constitución establece que jueces y magistrados están sometidos "únicamente al imperio de la ley". La palabra decisiva es únicamente. No están sometidos al calendario electoral, ni a las conveniencias del Gobierno, ni a la repercusión política que puedan tener sus resoluciones.

Si alguna vez ha existido esa práctica (y el ministro no aporta más prueba que su afirmación de que "se ha venido cumpliendo siempre"), sería, a lo sumo, un uso. Un uso no es una norma jurídica. Y mucho menos puede convertirse en una obligación de paralizar actuaciones judiciales.

Un juez, dentro de sus facultades de ordenación del proceso, puede decidir cuándo practica una diligencia por razones procesales justificadas: la disponibilidad de medios, la necesidad de no frustrar otra diligencia, la protección de la propia investigación. Eso forma parte del funcionamiento ordinario de la Justicia. Otra cosa, muy diferente, es que deba posponerla porque su resultado pueda perjudicar electoralmente al partido que gobierna. Lo primero es ordenación procesal. Lo segundo es un criterio de oportunidad política, ajeno a la función jurisdiccional.

Que un juez, por propia iniciativa, sea cuidadoso con los tiempos es un ejercicio de su independencia. Que se lo reclame públicamente el Gobierno es exactamente lo contrario.

La única norma escrita en nuestro ordenamiento para el periodo electoral, obliga al Gobierno

Hay una ironía que el ministro debería conocer mejor que nadie. Durante el periodo electoral sí existe una norma, y está escrita. El artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe, desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones, cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que aluda a sus realizaciones o logros, así como la inauguración de obras o servicios públicos.

Es decir, la ley impone la contención electoral al poder ejecutivo, no a los jueces. El legislador entendió que quien puede aprovechar el poder para influir en el voto es el Gobierno, y a él le ató las manos.

La norma escrita frena al Gobierno. La "no escrita" que invoca el Gobierno frenaría a los jueces. El reparto de prudencias está exactamente invertido.

La paradoja

El ministro dice querer evitar que la Justicia influya en el proceso electoral, y para ello pide a la Justicia que se adapte al proceso electoral. Para preservar la neutralidad política de los tribunales, les reclama que tengan en cuenta las consecuencias políticas de sus actuaciones.

Pero la paralización tampoco es neutral. Un registro aplazado, una declaración suspendida o una resolución congelada también producen efectos electorales: favorecen a quien está siendo investigado. No actuar es también decidir, y decidir en favor de alguien.

La única neutralidad posible para un juez es la que le marca la ley. Si existen razones procesales para practicar un registro, requerir documentación, tomar una declaración o dictar una resolución, esas razones deben prevalecer. Si no existen, la actuación no debe realizarse. La proximidad de unas elecciones no es una de esas razones, sencillamente porque la ley no la contempla.

La responsabilidad de quien ocupa el Ministerio de Justicia

Lo verdaderamente preocupante no es la idea de fondo, sino quién la formula. El artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no deja margen: "Todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados". Todos incluye, con mayor motivo, al ministro del ramo. La misma ley prevé incluso un cauce para cuando un juez se considera inquietado o perturbado en su independencia: ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial y solicitar su amparo (artículo 14).

La petición, además, no se dirige solo a los jueces. Alcanza a los fiscales, a quienes el artículo 124 de la Constitución sujeta "en todo caso" a los principios de legalidad e imparcialidad, y cuyo Fiscal General nombra el propio Gobierno. Y alcanza a la policía judicial, que según el artículo 126 de la Constitución depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito. La UCO no fija su propio calendario: actúa bajo dirección judicial o fiscal. Pedirle que se detenga es, en realidad, pedírselo al juez o al fiscal que la dirige.

Un ministro de Justicia debe observar una cautela especial cuando habla de actuaciones de jueces, fiscales y policía judicial, y más aún si esas actuaciones afectan a personas o entidades vinculadas al Gobierno al que pertenece. Reclamar mejoras para la Administración de Justicia es su trabajo. Sugerir que sus órganos modulen sus actuaciones según la conveniencia electoral es otra cosa. La responsabilidad del cargo exige no confundir ambas.

Los informes policiales y las filtraciones

El País recogía también ayer el malestar del Gobierno por los informes policiales que se están publicando en plena campaña. Aquí conviene deshacer otra confusión. Una cosa es la investigación policial; otra, la incorporación de sus resultados al procedimiento judicial, y otra muy distinta, la difusión pública de la información que procede de esas investigaciones.

Si se producen filtraciones ilegítimas, deben investigarse. Si se vulnera el secreto de las actuaciones, deben exigirse las responsabilidades que correspondan. Esa preocupación es legítima, y lo sería con cualquier Gobierno. Pero una eventual irregularidad en la difusión de un informe no convierte en ilegítima la investigación que lo originó.

La solución a las filtraciones no es paralizar las investigaciones. Y menos aún cuando esa paralización beneficiaría precisamente a quienes son objeto de ellas.

La memoria institucional también importa

La defensa de las normas, de las instituciones y de la legalidad no puede elegirse a conveniencia. No es admisible invocar solemnemente una supuesta tradición institucional cuando sus consecuencias pueden perjudicar al Gobierno y, al mismo tiempo, relativizar las exigencias de la legalidad cuando resultan incómodas para el poder. A quien ocupa la cartera de Justicia debe exigírsele un estándar de respeto institucional particularmente elevado. No basta con apelar a la prudencia de los jueces cuando sus resoluciones afectan al Ejecutivo. La independencia judicial debe defenderse también, y sobre todo, cuando sus decisiones incomodan a quien gobierna.

La Constitución no contempla una independencia judicial intermitente, que se suspende durante la campaña electoral y se recupera cuando se cierran las urnas.

La Justicia no está al servicio del calendario político

El argumento de la "prudencia" suena razonable. Pero pierde toda legitimidad cuando lo formula el Gobierno, y cuando lo formula en un momento en que las actuaciones judiciales afectan a su propio entorno político.

No le corresponde a la Justicia proteger al Gobierno de las consecuencias electorales de sus investigaciones. Tampoco a la oposición, si mañana fuera ella la investigada.

Su obligación es otra: investigar cuando proceda, resolver cuando corresponda y hacerlo con arreglo a la ley. La independencia judicial no es una concesión del poder político, ni una tradición que pueda invocarse o abandonarse según las circunstancias.

Es una garantía constitucional frente al propio poder por lo que convendría que el ministro de Justicia no lo recordara solo cuando le resulta conveniente.

 

PORTADA DE LA VANGUARDIA Viernes, 20 de noviembre de 2026
Análisis 2
El día después de la Huelga General del 11N
Fecha: 12 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión 11N: lo que cambia cuando la huelga termina Reflexiones al día siguiente de la huelga general La jornada de huelga general del 11 de noviembre merece una reflexión que vaya más allá de la guerra de cifras -siempre reñidas, siempre discutibles-, de las fotografías de las manifestaciones y de los balances triunfales que convocantes y detractores tenían escritos antes de que amaneciera. Propongo un criterio sencillo, que debería presidir cualquier valoración seria: el éxito de una huelga no se mide por el número de personas que salen a la calle, sino por su capacidad para conseguir los objetivos que justificaron la convocatoria. Lo que no mide el éxito Una manifestación multitudinaria ofrece una imagen de fuerza, pero no es por sí misma un indicador de éxito. Tampoco lo son los cortes de tráfico, el cierre de establecimientos o la interrupción de servicios. Y menos aún puede confundirse la capacidad de imponer la protesta a terceros -mediante piquetes que coaccionan o episodios de violencia como la agresión denunciada por dos militantes del PP en Barakaldo- con el respaldo social a lo que se reivindica. Ejercer el derecho de huelga es una cosa; medir el propio éxito por la alteración de la vida ajena, otra muy distinta. El artículo 28.2 de la Constitución protege a quien deja de trabajar, y esa misma protección alcanza a quien decide no hacerlo. La libertad de uno no se mide por lo que consigue impedir al otro. Tres preguntas que no conviene mezclar Una huelga general admite tres lecturas distintas: el seguimiento efectivo en los centros de trabajo, la capacidad de movilización en la calle y la consecución de los objetivos perseguidos. Las dos primeras informan sobre la fuerza de los convocantes; solo la tercera dice si esa fuerza ha servido para algo. Confundirlas conduce, inevitablemente, a conclusiones interesadas. La pregunta decisiva, por tanto, es otra: ¿qué pretendían conseguir los convocantes y qué han conseguido realmente? Y aquí conviene distinguir entre los objetivos declarados y aquellos que, sin formularse expresamente, se deducen del contexto en que se produce la convocatoria. Los objetivos declarados La huelga se registró bajo el lema "Salarios, vivienda y precios". La fórmula no es un adorno: es la clave jurídica de la convocatoria. El artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977, preconstitucional pero todavía vigente, declara ilegal la huelga que se inicie o sostenga "por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". La vivienda, por sí sola, difícilmente cabe en esa noción de interés profesional; el salario que permite pagarla, sí. De ahí que entre en la convocatoria de la mano del sueldo. La vía judicial que nadie quiso recorrer La CEOE lo vio con claridad. Su presidente anunció el 19 de octubre que impugnaría la huelga por considerarla ilegal y electoral, y sostuvo que se había "trufado de temas laborales" para parecer lícita. Tres días después la patronal dio marcha atrás: no recurriría antes del 11 de noviembre, porque la resolución judicial no llegaría a tiempo, aunque se reservaba actuaciones posteriores. Hizo bien en no confiar demasiado en esa vía. El precepto sobrevivió en 1981, pero lo hizo vaciado de contenido. En la STC 11/1981, el Tribunal Constitucional solo anuló del artículo 11 el adverbio "directamente" de su apartado b), referido a las huelgas de solidaridad, y dejó intacta la prohibición de la huelga política. Pero al razonar sobre ese apartado (FJ 21) sentó un criterio que lo cambió todo: el interés que la huelga defiende no tiene por qué ser el de los propios huelguistas; basta que sea el de la categoría de los trabajadores, y lo "profesional" ha de entenderse referido a los trabajadores en cuanto tales, no a un oficio concreto. Doce años después, ese criterio se aplicó a una huelga general. En la STC 36/1993, el Tribunal otorgó el amparo a Comisiones Obreras en un litigio derivado del 14-D de 1988, y aunque resolvió por otro motivo (la falta de preaviso a una empresa concreta), dejó dicho en su FJ 3 que resultaba "en verdad difícil" considerar ajenas al interés de los trabajadores reivindicaciones sobre política social, empleo o pensiones. El precedente más próximo es aún más elocuente. El 8 de noviembre de 2017, un mes después del referéndum del 1 de octubre, con el artículo 155 en vigor y al día siguiente del ingreso en prisión de buena parte del Gobierno de la Generalidad cesado, un sindicato minoritario convocó huelga general en Cataluña. Fomento del Trabajo pidió que se declarase política e ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sentencia 15/2018, de 2 de mayo) la calificó de huelga "mixta", con motivos políticos y laborales, y recordó que esa clase de huelga cabe dentro del derecho fundamental. Fijó además un estándar exigente: quien alega que los motivos laborales son una pantalla debe probar el fraude, y debe probarlo más allá de toda duda razonable, porque lo que se pretende es restringir un derecho fundamental. El Tribunal Supremo confirmó el criterio (STS 31/2020, de 15 de enero): la finalidad de aquella huelga era, a su juicio, fundamentalmente la defensa de los derechos de los trabajadores, y los fines políticos que la acompañaban no contaminaban esa finalidad primordial. Para llegar ahí, el Supremo examinó el texto de la convocatoria, motivo por motivo, y encontró en él salarios, precariedad y pensiones. Si una huelga convocada en aquellas circunstancias superó el examen, la del 11N no tenía nada que temer. El resultado práctico es que la prohibición de la huelga política subsiste como reserva para supuestos extremos, pero apenas alcanza a una convocatoria que incorpore algún componente laboral reconocible. Los tribunales leen la convocatoria, no las intenciones; y una convocatoria cuyo lema empieza por "salarios" se escribe, precisamente, para ser leída por un tribunal. De modo que la pregunta sobre su finalidad real no la van a responder los tribunales. Habrá que responderla con el único criterio que queda: sus resultados. El balance legislativo Si el objetivo era cambiar la política de vivienda, el balance inmediato es, como mínimo, ambiguo. Hoy, 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso -las Cortes están disueltas desde la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre- convalidará al menos el principal de los dos reales decretos-leyes de vivienda que el Gobierno volvió a aprobar el 6 de octubre, días después de que el Pleno derogara sus predecesores con los votos de PP, Vox y Juntos. En la Diputación Permanente el voto de Juntos deja de ser decisivo. ¿Podrán los convocantes atribuirse ese resultado? Conviene no apresurarse, por tres razones. La primera, que la convalidación depende de la aritmética de un órgano parlamentario de composición distinta a la del Pleno, no de la presión de la calle. La segunda, que convalidar un decreto no equivale a mejorar el acceso a la vivienda: prorrogar contratos o suspender desahucios puede aliviar situaciones concretas, pero no construye una sola vivienda ni corrige por sí mismo los precios. Y la tercera, que los salarios y los precios -dos de los tres términos del lema- no figuran hoy en el orden del día de nadie. Una huelga a favor del Gobierno Hay un rasgo que distingue esta huelga de sus precedentes. Las huelgas generales de 1988, 2002, 2010 y 2012 se dirigieron contra el Gobierno de turno y contra sus reformas. La del 11N -la primera respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde 2012- reclama, en lo que se refiere a vivienda, medidas que el propio Gobierno ha aprobado y defiende. A quien presiona no es al Ejecutivo, sino a la oposición parlamentaria que tumbó sus decretos. El calendario completa el cuadro: una huelga convocada a dieciocho días de unas elecciones generales, a dos del comienzo de la campaña y en la víspera de la votación de esos mismos decretos, que el Gobierno llevó a la Diputación Permanente en el último día hábil del plazo. No tengo pruebas pero intuyo una taimada intención que me obliga a formular una segunda hipótesis. La hipótesis electoral La hipótesis es que la finalidad de la convocatoria no fuese tanto obtener resultados legislativos inmediatos como construir una movilización social susceptible de traducirse en respaldo electoral al Gobierno. Es, en el fondo, la tesis de la CEOE, que renunció a someterla a un juez. Si ese era el propósito, el juicio debe aplazarse hasta el 29 de noviembre, y aun entonces será difícil de emitir: los resultados electorales tienen demasiadas causas como para atribuir a una sola jornada de huelga lo que suceda en las urnas. No sería la primera vez que una reivindicación social legítima se convierte también en instrumento de estrategia política. Que las organizaciones sindicales tengan preferencias políticas, o pretendan influir en la orientación del Gobierno, no es reprochable: forma parte de una sociedad democrática. Lo cuestionable es presentar como reivindicación laboral lo que en realidad responda a una operación de movilización electoral. Si de verdad fue una huelga electoral Conviene entonces ponerle nombre a lo que se habría quebrantado, porque no es una cuestión de estética. La legislación de huelga. Una huelga sostenida por una finalidad electoral es, por definición, una huelga iniciada "por motivos políticos", y por tanto ilegal según el artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977. Pero no solo eso: vestir esa finalidad con reivindicaciones salariales para eludir la prohibición es exactamente lo que el artículo 6.4 del Código Civil llama fraude de ley, un acto amparado en una norma que persigue un resultado prohibido por otra. Las consecuencias no serían menores. Los trabajadores que participaron activamente en la huelga perderían la protección que el derecho de huelga les dispensa; y el sindicato convocante respondería de los daños causados, conforme a las reglas generales de responsabilidad civil y al artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. La legislación electoral. El artículo 50.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe a cualquier persona jurídica distinta de partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores realizar campaña electoral desde la convocatoria de las elecciones. Los sindicatos son personas jurídicas, y las elecciones del 29 de noviembre estaban convocadas desde principios de octubre. Una huelga concebida para captar votos sería, materialmente, un acto de campaña realizado por quien la ley excluye de la campaña, sancionable por la Junta Electoral con arreglo a su artículo 153.1. La neutralidad de los poderes públicos. Si el Gobierno hubiera promovido, coordinado o financiado, directa o indirectamente, la movilización -y el cruce de fechas entre la huelga y la votación de sus decretos invita al menos a preguntarlo-, entraría en juego el artículo 50.2 de la misma ley, que prohíbe desde la convocatoria cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que aluda a sus logros. Es el precepto por el que la Junta Electoral Central ha multado, en estos años, a presidentes autonómicos y al propio presidente del Gobierno. La financiación de la campaña. Y si los medios materiales de los sindicatos -su organización, su logística, su capacidad de convocatoria- se hubieran puesto al servicio de la campaña de un partido, estaríamos ante una aportación en especie de personas jurídicas a una fuerza política, lo que la legislación de financiación de partidos prohíbe desde 2015. Por qué nada de esto ocurrirá Ahora bien, sería poco honesto detenerse ahí. Cada una de esas normas exige algo que no está a la vista. La ilegalidad laboral exige probar el fraude, y los tribunales han fijado el listón donde lo pone una restricción de derechos fundamentales: más allá de toda duda razonable. Ya hemos visto que ni siquiera la huelga del 8 de noviembre de 2017 lo superó. La infracción electoral exige algo más que influir: exige captar sufragios. La Junta Electoral Central, siguiendo al Tribunal Supremo, distingue entre ambas cosas y considera que las actividades de personas jurídicas que no se dirigen directamente a pedir el voto para una candidatura, por críticas que sean, quedan amparadas por la libertad de expresión. Una huelga que no pide el voto para nadie, aunque su calendario hable por sí solo, difícilmente cruzará ese umbral. El líder de la oposición la ha llamado "acto camuflado de campaña electoral"; el adjetivo es exacto, y es justamente el camuflaje lo que la pone fuera del alcance de la ley. La infracción de neutralidad exige probar que el Gobierno organizó o financió algo, y coincidir en las fechas no es organizar. El resultado es una paradoja que merece señalarse. La prohibición de la huelga política ha sido vaciada por la jurisprudencia; la prohibición de hacer campaña a las personas jurídicas se ha reducido a la petición expresa de voto. Entre una y otra queda un espacio que ninguna norma vigila: el de la movilización sindical con efectos electorales que no pide el voto ni abandona el lenguaje del salario. El 11N se ha movido, con notable pericia, dentro de ese espacio. Si fue electoralista, no habrá quebrantado ninguna norma que alguien vaya a aplicar. Habrá hecho algo distinto, y en cierto modo peor: demostrar que se puede utilizar un derecho fundamental para un fin que su propia regulación excluye, sin que nadie esté en condiciones de impedirlo. A eso, en castellano, se le llama una utilización, cuando menos, torticera. Lo que queda Una huelga puede ser multitudinaria y fracasar en sus objetivos. Puede tener un seguimiento laboral limitado y, sin embargo, lograr una repercusión política considerable. Y puede convertirse en un éxito propagandístico para sus organizadores sin haber mejorado en absoluto las condiciones de vida de aquellos a quienes dicen representar. Dentro de un año sabremos si los alquileres han bajado, si los salarios alcanzan para pagarlos y si se han construido las viviendas que faltan. Esa será la única cifra de seguimiento que importe. La verdadera medida del éxito no está en cuántas personas se manifiestan, sino en qué cambia después de que la manifestación termina. Fuentes: JEC – Acuerdo 688/2019 (art. 50.5 LOREG) LOREG art. 50 – JEC Uniovi – Ilicitud en la huelga y consecuencias Cuestiones Laborales – Despido y huelga ilegal Derecho Local – STS 02/02/2023, sanción por el art. 50.2 Periódico de Ibiza – Feijóo sobre el 11N
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El día después de la Huelga General del 11N

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Fecha: 12 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

11N: lo que cambia cuando la huelga termina

Reflexiones al día siguiente de la huelga general

La jornada de huelga general del 11 de noviembre merece una reflexión que vaya más allá de la guerra de cifras -siempre reñidas, siempre discutibles-, de las fotografías de las manifestaciones y de los balances triunfales que convocantes y detractores tenían escritos antes de que amaneciera.

Propongo un criterio sencillo, que debería presidir cualquier valoración seria: el éxito de una huelga no se mide por el número de personas que salen a la calle, sino por su capacidad para conseguir los objetivos que justificaron la convocatoria.

Lo que no mide el éxito

Una manifestación multitudinaria ofrece una imagen de fuerza, pero no es por sí misma un indicador de éxito. Tampoco lo son los cortes de tráfico, el cierre de establecimientos o la interrupción de servicios. Y menos aún puede confundirse la capacidad de imponer la protesta a terceros -mediante piquetes que coaccionan o episodios de violencia como la agresión denunciada por dos militantes del PP en Barakaldo- con el respaldo social a lo que se reivindica.

Ejercer el derecho de huelga es una cosa; medir el propio éxito por la alteración de la vida ajena, otra muy distinta. El artículo 28.2 de la Constitución protege a quien deja de trabajar, y esa misma protección alcanza a quien decide no hacerlo. La libertad de uno no se mide por lo que consigue impedir al otro.

Tres preguntas que no conviene mezclar

Una huelga general admite tres lecturas distintas: el seguimiento efectivo en los centros de trabajo, la capacidad de movilización en la calle y la consecución de los objetivos perseguidos. Las dos primeras informan sobre la fuerza de los convocantes; solo la tercera dice si esa fuerza ha servido para algo. Confundirlas conduce, inevitablemente, a conclusiones interesadas.

La pregunta decisiva, por tanto, es otra: ¿qué pretendían conseguir los convocantes y qué han conseguido realmente? Y aquí conviene distinguir entre los objetivos declarados y aquellos que, sin formularse expresamente, se deducen del contexto en que se produce la convocatoria.

Los objetivos declarados

La huelga se registró bajo el lema "Salarios, vivienda y precios". La fórmula no es un adorno: es la clave jurídica de la convocatoria. El artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977, preconstitucional pero todavía vigente, declara ilegal la huelga que se inicie o sostenga "por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". La vivienda, por sí sola, difícilmente cabe en esa noción de interés profesional; el salario que permite pagarla, sí. De ahí que entre en la convocatoria de la mano del sueldo.

La vía judicial que nadie quiso recorrer

La CEOE lo vio con claridad. Su presidente anunció el 19 de octubre que impugnaría la huelga por considerarla ilegal y electoral, y sostuvo que se había "trufado de temas laborales" para parecer lícita. Tres días después la patronal dio marcha atrás: no recurriría antes del 11 de noviembre, porque la resolución judicial no llegaría a tiempo, aunque se reservaba actuaciones posteriores.

Hizo bien en no confiar demasiado en esa vía. El precepto sobrevivió en 1981, pero lo hizo vaciado de contenido. En la STC 11/1981, el Tribunal Constitucional solo anuló del artículo 11 el adverbio "directamente" de su apartado b), referido a las huelgas de solidaridad, y dejó intacta la prohibición de la huelga política. Pero al razonar sobre ese apartado (FJ 21) sentó un criterio que lo cambió todo: el interés que la huelga defiende no tiene por qué ser el de los propios huelguistas; basta que sea el de la categoría de los trabajadores, y lo "profesional" ha de entenderse referido a los trabajadores en cuanto tales, no a un oficio concreto.

Doce años después, ese criterio se aplicó a una huelga general. En la STC 36/1993, el Tribunal otorgó el amparo a Comisiones Obreras en un litigio derivado del 14-D de 1988, y aunque resolvió por otro motivo (la falta de preaviso a una empresa concreta), dejó dicho en su FJ 3 que resultaba "en verdad difícil" considerar ajenas al interés de los trabajadores reivindicaciones sobre política social, empleo o pensiones. El precedente más próximo es aún más elocuente. El 8 de noviembre de 2017, un mes después del referéndum del 1 de octubre, con el artículo 155 en vigor y al día siguiente del ingreso en prisión de buena parte del Gobierno de la Generalidad cesado, un sindicato minoritario convocó huelga general en Cataluña. Fomento del Trabajo pidió que se declarase política e ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sentencia 15/2018, de 2 de mayo) la calificó de huelga "mixta", con motivos políticos y laborales, y recordó que esa clase de huelga cabe dentro del derecho fundamental. Fijó además un estándar exigente: quien alega que los motivos laborales son una pantalla debe probar el fraude, y debe probarlo más allá de toda duda razonable, porque lo que se pretende es restringir un derecho fundamental. El Tribunal Supremo confirmó el criterio (STS 31/2020, de 15 de enero): la finalidad de aquella huelga era, a su juicio, fundamentalmente la defensa de los derechos de los trabajadores, y los fines políticos que la acompañaban no contaminaban esa finalidad primordial. Para llegar ahí, el Supremo examinó el texto de la convocatoria, motivo por motivo, y encontró en él salarios, precariedad y pensiones.

Si una huelga convocada en aquellas circunstancias superó el examen, la del 11N no tenía nada que temer. El resultado práctico es que la prohibición de la huelga política subsiste como reserva para supuestos extremos, pero apenas alcanza a una convocatoria que incorpore algún componente laboral reconocible. Los tribunales leen la convocatoria, no las intenciones; y una convocatoria cuyo lema empieza por "salarios" se escribe, precisamente, para ser leída por un tribunal. De modo que la pregunta sobre su finalidad real no la van a responder los tribunales. Habrá que responderla con el único criterio que queda: sus resultados.

El balance legislativo

Si el objetivo era cambiar la política de vivienda, el balance inmediato es, como mínimo, ambiguo. Hoy, 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso -las Cortes están disueltas desde la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre- convalidará al menos el principal de los dos reales decretos-leyes de vivienda que el Gobierno volvió a aprobar el 6 de octubre, días después de que el Pleno derogara sus predecesores con los votos de PP, Vox y Juntos. En la Diputación Permanente el voto de Juntos deja de ser decisivo.

¿Podrán los convocantes atribuirse ese resultado? Conviene no apresurarse, por tres razones. La primera, que la convalidación depende de la aritmética de un órgano parlamentario de composición distinta a la del Pleno, no de la presión de la calle. La segunda, que convalidar un decreto no equivale a mejorar el acceso a la vivienda: prorrogar contratos o suspender desahucios puede aliviar situaciones concretas, pero no construye una sola vivienda ni corrige por sí mismo los precios. Y la tercera, que los salarios y los precios -dos de los tres términos del lema- no figuran hoy en el orden del día de nadie.

Una huelga a favor del Gobierno

Hay un rasgo que distingue esta huelga de sus precedentes. Las huelgas generales de 1988, 2002, 2010 y 2012 se dirigieron contra el Gobierno de turno y contra sus reformas. La del 11N -la primera respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde 2012- reclama, en lo que se refiere a vivienda, medidas que el propio Gobierno ha aprobado y defiende. A quien presiona no es al Ejecutivo, sino a la oposición parlamentaria que tumbó sus decretos.

El calendario completa el cuadro: una huelga convocada a dieciocho días de unas elecciones generales, a dos del comienzo de la campaña y en la víspera de la votación de esos mismos decretos, que el Gobierno llevó a la Diputación Permanente en el último día hábil del plazo.

No tengo pruebas pero intuyo una taimada intención que me obliga a formular una segunda hipótesis.

La hipótesis electoral

La hipótesis es que la finalidad de la convocatoria no fuese tanto obtener resultados legislativos inmediatos como construir una movilización social susceptible de traducirse en respaldo electoral al Gobierno. Es, en el fondo, la tesis de la CEOE, que renunció a someterla a un juez.

Si ese era el propósito, el juicio debe aplazarse hasta el 29 de noviembre, y aun entonces será difícil de emitir: los resultados electorales tienen demasiadas causas como para atribuir a una sola jornada de huelga lo que suceda en las urnas.

No sería la primera vez que una reivindicación social legítima se convierte también en instrumento de estrategia política. Que las organizaciones sindicales tengan preferencias políticas, o pretendan influir en la orientación del Gobierno, no es reprochable: forma parte de una sociedad democrática. Lo cuestionable es presentar como reivindicación laboral lo que en realidad responda a una operación de movilización electoral.

Si de verdad fue una huelga electoral

Conviene entonces ponerle nombre a lo que se habría quebrantado, porque no es una cuestión de estética.

La legislación de huelga. Una huelga sostenida por una finalidad electoral es, por definición, una huelga iniciada "por motivos políticos", y por tanto ilegal según el artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977. Pero no solo eso: vestir esa finalidad con reivindicaciones salariales para eludir la prohibición es exactamente lo que el artículo 6.4 del Código Civil llama fraude de ley, un acto amparado en una norma que persigue un resultado prohibido por otra. Las consecuencias no serían menores. Los trabajadores que participaron activamente en la huelga perderían la protección que el derecho de huelga les dispensa; y el sindicato convocante respondería de los daños causados, conforme a las reglas generales de responsabilidad civil y al artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

La legislación electoral. El artículo 50.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe a cualquier persona jurídica distinta de partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores realizar campaña electoral desde la convocatoria de las elecciones. Los sindicatos son personas jurídicas, y las elecciones del 29 de noviembre estaban convocadas desde principios de octubre. Una huelga concebida para captar votos sería, materialmente, un acto de campaña realizado por quien la ley excluye de la campaña, sancionable por la Junta Electoral con arreglo a su artículo 153.1.

La neutralidad de los poderes públicos. Si el Gobierno hubiera promovido, coordinado o financiado, directa o indirectamente, la movilización -y el cruce de fechas entre la huelga y la votación de sus decretos invita al menos a preguntarlo-, entraría en juego el artículo 50.2 de la misma ley, que prohíbe desde la convocatoria cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que aluda a sus logros. Es el precepto por el que la Junta Electoral Central ha multado, en estos años, a presidentes autonómicos y al propio presidente del Gobierno.

La financiación de la campaña. Y si los medios materiales de los sindicatos -su organización, su logística, su capacidad de convocatoria- se hubieran puesto al servicio de la campaña de un partido, estaríamos ante una aportación en especie de personas jurídicas a una fuerza política, lo que la legislación de financiación de partidos prohíbe desde 2015.

Por qué nada de esto ocurrirá

Ahora bien, sería poco honesto detenerse ahí. Cada una de esas normas exige algo que no está a la vista.

La ilegalidad laboral exige probar el fraude, y los tribunales han fijado el listón donde lo pone una restricción de derechos fundamentales: más allá de toda duda razonable. Ya hemos visto que ni siquiera la huelga del 8 de noviembre de 2017 lo superó.

La infracción electoral exige algo más que influir: exige captar sufragios. La Junta Electoral Central, siguiendo al Tribunal Supremo, distingue entre ambas cosas y considera que las actividades de personas jurídicas que no se dirigen directamente a pedir el voto para una candidatura, por críticas que sean, quedan amparadas por la libertad de expresión. Una huelga que no pide el voto para nadie, aunque su calendario hable por sí solo, difícilmente cruzará ese umbral. El líder de la oposición la ha llamado "acto camuflado de campaña electoral"; el adjetivo es exacto, y es justamente el camuflaje lo que la pone fuera del alcance de la ley.

La infracción de neutralidad exige probar que el Gobierno organizó o financió algo, y coincidir en las fechas no es organizar.

El resultado es una paradoja que merece señalarse. La prohibición de la huelga política ha sido vaciada por la jurisprudencia; la prohibición de hacer campaña a las personas jurídicas se ha reducido a la petición expresa de voto. Entre una y otra queda un espacio que ninguna norma vigila: el de la movilización sindical con efectos electorales que no pide el voto ni abandona el lenguaje del salario. El 11N se ha movido, con notable pericia, dentro de ese espacio. Si fue electoralista, no habrá quebrantado ninguna norma que alguien vaya a aplicar. Habrá hecho algo distinto, y en cierto modo peor: demostrar que se puede utilizar un derecho fundamental para un fin que su propia regulación excluye, sin que nadie esté en condiciones de impedirlo. A eso, en castellano, se le llama una utilización, cuando menos, torticera.

Lo que queda

Una huelga puede ser multitudinaria y fracasar en sus objetivos. Puede tener un seguimiento laboral limitado y, sin embargo, lograr una repercusión política considerable. Y puede convertirse en un éxito propagandístico para sus organizadores sin haber mejorado en absoluto las condiciones de vida de aquellos a quienes dicen representar.

Dentro de un año sabremos si los alquileres han bajado, si los salarios alcanzan para pagarlos y si se han construido las viviendas que faltan. Esa será la única cifra de seguimiento que importe.

La verdadera medida del éxito no está en cuántas personas se manifiestan, sino en qué cambia después de que la manifestación termina.

Fuentes:

PORTADA DEL PAÍS Viernes, 20 de noviembre de 2026
Análisis 1
Los sindicatos miden su fuerza entre los ataques de la derecha
Fecha: 11 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión ¿Una huelga general a favor del Gobierno? Contradicción o parcialidad ingenua España vive hoy una huelga general. Merece una reflexión que vaya más allá del enfrentamiento habitual entre partidarios y detractores. Y, desde luego, más allá de esas posiciones que la presentan como un simple pulso entre los sindicatos y  "la derecha". Para empezar, no es una huelga unitaria. La convocan CCOO, UGT, CGT, CNT y el "Sindicato" de Inquilinas, entre otros. Pero la han rechazado USO, CSIF, el sindicato de maquinistas SEMAF y Fetico, con un argumento común: no tiene naturaleza laboral. La patronal ha anunciado que la impugnará por "electoral". Una huelga general que divide al propio sindicalismo ya dice algo de sí misma. Para qué sirve una huelga general La huelga general ha sido históricamente uno de los instrumentos más importantes de los trabajadores frente al poder económico y político. Su función es trasladar a quien decide el coste social de sus decisiones y obligarle a cambiarlas. CCOO y UGT lo saben bien, porque no dudaron en usarla contra Gobiernos socialistas. El 14-D de 1988 paralizaron el país frente a Felipe González, y volvieron a hacerlo en 1992 y 1994. En 2010 llamaron al paro contra la reforma laboral de Zapatero. Esa trayectoria es precisamente la que hace más visible la anomalía de hoy. La del 11 de noviembre es su primera huelga general desde 2012 y la primera bajo los Gobiernos de Pedro Sánchez. Y el Gobierno al que, en buena lógica, debería dirigirse no se siente interpelado: el presidente respalda la movilización y, según se ha publicado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha sopesado secundarla. Sería la primera vez que un miembro del Gobierno hace huelga. ¿Contra quién? ¿A quién se reclama responsabilidad? Las reivindicaciones son legítimas: vivienda asequible, salarios dignos y contención de precios. Nadie razonable puede negar la gravedad de estos problemas. Pero tampoco puede ignorarse que quien gobierna desde 2018 dispone de instrumentos legislativos, presupuestarios y administrativos para intervenir en ellos. La situación de la vivienda no ha mejorado en estos años, sino al contrario. Si hoy hace falta una huelga general, es razonable preguntarse por qué el Ejecutivo actúa como espectador solidario de una protesta que también debería pedirle cuentas a él. Se dirá que el Gobierno lo intentó y que fue el Congreso quien, el 2 de octubre, tumbó sus decretos de vivienda con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Es cierto, y conviene decirlo. Pero el argumento prueba demasiado. Uno de los que votaron en contra, Junts, fue socio de investidura del presidente. Un Ejecutivo que no logra convalidar su propia política de vivienda es un Ejecutivo sin mayoría para gobernar, y la respuesta institucional a esa situación son las elecciones, que ya están convocadas. No lo es una huelga general. Si la protesta apunta a la oposición parlamentaria y no a quien gobierna, deja de ser presión sobre el poder y empieza a parecerse a una campaña. Una huelga general no debería convertirse en un acto de respaldo político al Gobierno de turno. Su función es presionar al poder, no ofrecerle una ocasión de legitimarse. La independencia sindical como cuestión de credibilidad UGT y CCOO tienen plena legitimidad para convocar huelgas y defender un modelo social. Pero la independencia sindical no se acredita con declaraciones. Se demuestra con la capacidad de exigir responsabilidades al poder político, también cuando ese poder comparte su orientación ideológica. Los sindicatos pueden coincidir con el Gobierno, claro que sí. Lo que resulta dudoso es que conserven la misma capacidad de movilización y exigencia cuando las políticas cuestionadas proceden de un Ejecutivo afín. El término"sindicato amarillo" nació en Francia a principios del siglo pasado para designar a las organizaciones creadas al servicio de la patronal. No sería justo aplicarlo sin más a CCOO y UGT. Pero existe una variante más sutil y más moderna: el sindicalismo de afinidad. No está controlado por el poder, pero es incapaz de incomodarlo cuando ese poder es de los suyos. Tampoco es una cuestión solo política. Nuestro ordenamiento, en el artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977, considera ilegal la huelga"por motivos políticos" o ajena al interés profesional de los trabajadores. El Tribunal Constitucional, desde la STC 11/1981, admite huelgas por intereses socioeconómicos generales, y la vivienda y los salarios encajan formalmente en ellos. Pero cuanto más se acerca una convocatoria a una cita electoral, y cuanto más se señala como responsable a la oposición en lugar de al Gobierno, más se acerca también a esa frontera. Decidirlo corresponde a los tribunales. Advertirlo, a cualquiera. Una convocatoria en vísperas electorales Hay otro elemento que no debería pasar inadvertido. La huelga se celebra dos días antes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas por el presidente tras la caída de sus decretos de vivienda. Y la propia prensa la ha analizado como una oportunidad para devolver la vivienda al centro del debate electoral. No hace falta atribuir intenciones ocultas a nadie para reconocer que el contexto condiciona inevitablemente la percepción de la convocatoria. Una movilización puede perseguir objetivos sociales legítimos y producir, al mismo tiempo, beneficios electorales para una formación concreta. Ambas cosas son compatibles. Precisamente por eso es exigible más transparencia sobre los objetivos, los destinatarios y la oportunidad de la convocatoria. ¿Contradicción o parcialidad ingenua? Defender el derecho a la vivienda, salarios dignos y unas condiciones de vida razonables es perfectamente compatible con exigir responsabilidades al Gobierno. Lo difícil de conciliar es una huelga que dice presionar al poder y encuentra en ese mismo poder a uno de sus principales aliados. Quizá no estemos ante una huelga a favor del Gobierno en sentido formal. Pero sí ante una movilización cuyo uso político puede acabar favoreciendo precisamente a quienes deberían sentirse destinatarios de sus reivindicaciones. Porque cuando la independencia sindical depende de quién gobierne, deja de ser independencia y se convierte en afinidad. Una huelga general debe servir para exigir responsabilidades a quienes gobiernan, no para ayudarles a eludirlas.   Fuentes •         Artículo 14 – Huelga general del 11N: quién convoca y motivos •         Vozpópuli – Rechazo de USO, CSIF, SEMAF y otros •         Artículo 14 – Garamendi impugnará la huelga •         Qué! – Yolanda Díaz sopesa secundar la huelga •         Brainsre – El Congreso tumba los decretos de vivienda •         Izquierda Diario – Convocatoria tras el rechazo de los decretos
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Los sindicatos miden su fuerza entre los ataques de la derecha

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Fecha: 11 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

¿Una huelga general a favor del Gobierno?

Contradicción o parcialidad ingenua

España vive hoy una huelga general. Merece una reflexión que vaya más allá del enfrentamiento habitual entre partidarios y detractores. Y, desde luego, más allá de esas posiciones que la presentan como un simple pulso entre los sindicatos y  "la derecha".

Para empezar, no es una huelga unitaria. La convocan CCOO, UGT, CGT, CNT y el "Sindicato" de Inquilinas, entre otros. Pero la han rechazado USO, CSIF, el sindicato de maquinistas SEMAF y Fetico, con un argumento común: no tiene naturaleza laboral. La patronal ha anunciado que la impugnará por "electoral". Una huelga general que divide al propio sindicalismo ya dice algo de sí misma.

Para qué sirve una huelga general

La huelga general ha sido históricamente uno de los instrumentos más importantes de los trabajadores frente al poder económico y político. Su función es trasladar a quien decide el coste social de sus decisiones y obligarle a cambiarlas.

CCOO y UGT lo saben bien, porque no dudaron en usarla contra Gobiernos socialistas. El 14-D de 1988 paralizaron el país frente a Felipe González, y volvieron a hacerlo en 1992 y 1994. En 2010 llamaron al paro contra la reforma laboral de Zapatero. Esa trayectoria es precisamente la que hace más visible la anomalía de hoy. La del 11 de noviembre es su primera huelga general desde 2012 y la primera bajo los Gobiernos de Pedro Sánchez. Y el Gobierno al que, en buena lógica, debería dirigirse no se siente interpelado: el presidente respalda la movilización y, según se ha publicado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha sopesado secundarla. Sería la primera vez que un miembro del Gobierno hace huelga. ¿Contra quién?

¿A quién se reclama responsabilidad?

Las reivindicaciones son legítimas: vivienda asequible, salarios dignos y contención de precios. Nadie razonable puede negar la gravedad de estos problemas.

Pero tampoco puede ignorarse que quien gobierna desde 2018 dispone de instrumentos legislativos, presupuestarios y administrativos para intervenir en ellos. La situación de la vivienda no ha mejorado en estos años, sino al contrario. Si hoy hace falta una huelga general, es razonable preguntarse por qué el Ejecutivo actúa como espectador solidario de una protesta que también debería pedirle cuentas a él.

Se dirá que el Gobierno lo intentó y que fue el Congreso quien, el 2 de octubre, tumbó sus decretos de vivienda con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Es cierto, y conviene decirlo. Pero el argumento prueba demasiado. Uno de los que votaron en contra, Junts, fue socio de investidura del presidente. Un Ejecutivo que no logra convalidar su propia política de vivienda es un Ejecutivo sin mayoría para gobernar, y la respuesta institucional a esa situación son las elecciones, que ya están convocadas. No lo es una huelga general. Si la protesta apunta a la oposición parlamentaria y no a quien gobierna, deja de ser presión sobre el poder y empieza a parecerse a una campaña.

Una huelga general no debería convertirse en un acto de respaldo político al Gobierno de turno. Su función es presionar al poder, no ofrecerle una ocasión de legitimarse.

La independencia sindical como cuestión de credibilidad

UGT y CCOO tienen plena legitimidad para convocar huelgas y defender un modelo social. Pero la independencia sindical no se acredita con declaraciones. Se demuestra con la capacidad de exigir responsabilidades al poder político, también cuando ese poder comparte su orientación ideológica. Los sindicatos pueden coincidir con el Gobierno, claro que sí. Lo que resulta dudoso es que conserven la misma capacidad de movilización y exigencia cuando las políticas cuestionadas proceden de un Ejecutivo afín.

El término"sindicato amarillo" nació en Francia a principios del siglo pasado para designar a las organizaciones creadas al servicio de la patronal. No sería justo aplicarlo sin más a CCOO y UGT. Pero existe una variante más sutil y más moderna: el sindicalismo de afinidad. No está controlado por el poder, pero es incapaz de incomodarlo cuando ese poder es de los suyos.

Tampoco es una cuestión solo política. Nuestro ordenamiento, en el artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977, considera ilegal la huelga"por motivos políticos" o ajena al interés profesional de los trabajadores. El Tribunal Constitucional, desde la STC 11/1981, admite huelgas por intereses socioeconómicos generales, y la vivienda y los salarios encajan formalmente en ellos. Pero cuanto más se acerca una convocatoria a una cita electoral, y cuanto más se señala como responsable a la oposición en lugar de al Gobierno, más se acerca también a esa frontera. Decidirlo corresponde a los tribunales. Advertirlo, a cualquiera.

Una convocatoria en vísperas electorales

Hay otro elemento que no debería pasar inadvertido. La huelga se celebra dos días antes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas por el presidente tras la caída de sus decretos de vivienda. Y la propia prensa la ha analizado como una oportunidad para devolver la vivienda al centro del debate electoral.

No hace falta atribuir intenciones ocultas a nadie para reconocer que el contexto condiciona inevitablemente la percepción de la convocatoria. Una movilización puede perseguir objetivos sociales legítimos y producir, al mismo tiempo, beneficios electorales para una formación concreta. Ambas cosas son compatibles. Precisamente por eso es exigible más transparencia sobre los objetivos, los destinatarios y la oportunidad de la convocatoria.

¿Contradicción o parcialidad ingenua?

Defender el derecho a la vivienda, salarios dignos y unas condiciones de vida razonables es perfectamente compatible con exigir responsabilidades al Gobierno. Lo difícil de conciliar es una huelga que dice presionar al poder y encuentra en ese mismo poder a uno de sus principales aliados. Quizá no estemos ante una huelga a favor del Gobierno en sentido formal. Pero sí ante una movilización cuyo uso político puede acabar favoreciendo precisamente a quienes deberían sentirse destinatarios de sus reivindicaciones.

Porque cuando la independencia sindical depende de quién gobierne, deja de ser independencia y se convierte en afinidad.

Una huelga general debe servir para exigir responsabilidades a quienes gobiernan, no para ayudarles a eludirlas.

 

Fuentes

•         Artículo 14 – Huelga general del 11N: quién convoca y motivos

•         Vozpópuli – Rechazo de USO, CSIF, SEMAF y otros

•         Artículo 14 – Garamendi impugnará la huelga

•         Qué! – Yolanda Díaz sopesa secundar la huelga

•         Brainsre – El Congreso tumba los decretos de vivienda

•         Izquierda Diario – Convocatoria tras el rechazo de los decretos

PORTADA DE LA VOZ DE GALICIA Viernes, 20 de noviembre de 2026
Análisis 1
El vórtice polar: ¿puede la contaminación alterar el equilibrio atmosférico del planeta?
Fecha: 10 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opinión La compleja relación entre el cambio climático, la contaminación y los grandes episodios de frío en el hemisferio norte Una enorme estructura de circulación atmosférica, en forma de anillo, rodea el Ártico y contribuye a mantener el aire muy frío concentrado en aquellas regiones. Se conoce como vórtice polar y, aunque permanece entre 15 y 50 km por encima de nuestras cabezas, su evolución en invierno tiene consecuencias meteorológicas relevantes en Europa, Norteamérica y Asia. Cuando el vórtice se debilita, se desplaza o incluso a veces se divide, se producen alteraciones en la circulación atmosférica que facilitan que masas de aire polar alcancen latitudes más bajas. ¿Cual es la causa de estas perturbaciones? ¿Son fenómenos naturales o puede intervenir la actividad humana? ¿Existe alguna relación con la contaminación y el calentamiento global? Para responder hay que comprender algunos mecanismos fundamentales de la física atmosférica. El vórtice polar: una estructura invisible que condiciona el invierno El vórtice polar es una región donde la circulación de vientos se desarrolla alrededor de las regiones polares durante el invierno. Una parte del vórtice se encuentra en la estratosfera, aproximadamente entre los 15 y los 50 kilómetros de altitud. Esta circulación se intensifica debido al fuerte contraste térmico entre el Ártico, que pierde radiación solar durante el invierno, y las latitudes inferiores, que conservan temperaturas más elevadas que las árticas. Mientras el vórtice permanece intenso y organizado, confina el aire más frío en las regiones polares.  Sin embargo, el vórtice puede experimentar desplazamientos, deformaciones y divisiones que modifican la circulación atmosférica del hemisferio norte. ¿Cómo se debilita el vórtice polar? Los científicos denomiman ondas planetarias de Rossby a la causa inmediata más importante de los grandes debilitamientos del vórtice. Son grandes ondulaciones de la circulación atmosférica que pueden propagarse desde la troposfera (capa atmosférica inmediatamente anterior), hacia la estratosfera. Cuando estas ondas transportan suficiente energía y momento (masa y velocidad), hacia la estratosfera polar, pueden alterar la circulacion de los vientos que mantienen organizado el vórtice al proporcionar más calor. En ocasiones, la perturbación produce un aumento muy rápido de la temperatura estratosférica polar. El fenómeno se conoce como calentamiento súbito estratosférico (Sudden Stratospheric Warming). En los casos más intensos, los vientos del vórtice que circulan del oeste al este pueden llegar a invertirse, favoreciendo el desplazamiento o la división del vórtice. Este fenómeno demuestra que las distintas capas de la atmósfera no funcionan de manera independiente: la meteorología que se desarrolla cerca de la superficie puede influir en procesos que tienen lugar a decenas de kilómetros de altura. ¿Qué papel tiene la contaminación en esta debilitación del vórtice polar? La respuesta requiere distinguir entre diferentes tipos de contaminación. No existe una relación directa y general según la cual un aumento de la contaminación atmosférica provoque necesariamente el debilitamiento del vórtice polar. Sin embargo, determinadas sustancias de origen humano pueden modificar las propiedades físicas y químicas de la estratosfera. Los gases de efecto invernadero El dióxido de carbono (CO₂) es el principal ejemplo. Su aumento contribuye al calentamiento de la troposfera, pero también favorece el enfriamiento radiativo de la estratosfera. Este comportamiento aparentemente contradictorio se explica porque cada capa atmosférica tiene un balance energético diferente. El enfriamiento estratosférico puede modificar los gradientes térmicos y la circulación atmosférica. No obstante, sus efectos sobre el vórtice dependen de múltiples factores y no equivalen automáticamente a un debilitamiento. Los aerosoles atmosféricos Las partículas suspendidas en la atmósfera también pueden alterar el balance radiativo. Las grandes erupciones volcánicas, por ejemplo, pueden inyectar dióxido de azufre en la estratosfera, donde se transforma en aerosoles de sulfato. Estos aerosoles modifican la absorción y dispersión de la radiación solar e infrarroja, alterando temporalmente las condiciones térmicas de la estratosfera. La actividad industrial también genera aerosoles, aunque la mayor parte de sus emisiones permanece en la troposfera y su influencia estratosférica es ínfima comparada con las emisiones volcánicas. Los compuestos que destruyen el ozono Los clorofluorocarbonos (CFC) constituyen otro ejemplo importante de intervención humana sobre la estratosfera. Estos compuestos liberan cloro y bromo mediante procesos fotoquímicos que destruyen moléculas de ozono. La disminución del ozono reduce la absorción de radiación ultravioleta y modifica las temperaturas estratosféricas. Este mecanismo tiene especial relevancia en la Antártida, donde contribuye al intenso enfriamiento estratosférico y a la persistencia del vórtice polar austral. Los cambios climáticos y el comportamiento del vórtice Los científicos están muy interesados en determinar cómo está modificando el cambio climático la dinámica del vórtice polar. El calentamiento global no implica que todas las capas de la atmósfera se calienten por igual. Mientras la superficie terrestre y la troposfera experimentan un calentamiento general, la estratosfera presenta una tendencia al enfriamiento, principalmente como consecuencia del aumento de los gases de efecto invernadero. Esta modificación de la estructura térmica atmosférica puede influir en la circulación estratosférica. También se investiga cómo los cambios en el hielo marino del Ártico, las temperaturas oceánicas y la distribución de las masas continentales pueden modificar la propagación de las ondas planetarias. Sin embargo, todavía no existe una explicación única y concluyente que permita atribuir al cambio climático actualmente observado, una tendencia universal al debilitamiento del vórtice polar. Es necesario diferenciar los cambios climáticos a largo plazo de las perturbaciones meteorológicas que se producen en una temporada concreta. El Niño: una posible conexión entre los océanos y la estratosfera El fenómeno de El Niño constituye otro elemento a considerar. Se produce cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial presentan anomalías cálidas persistentes. Estas alteraciones modifican la distribución de las precipitaciones tropicales y pueden afectar a la circulación atmosférica a escala planetaria. En determinadas circunstancias, El Niño favorece patrones de ondas de Rossby que pueden propagarse hacia la estratosfera y modificar la intensidad del vórtice polar. No significa que El Niño provoque necesariamente un calentamiento súbito estratosférico, pero sí que puede contribuir a crear condiciones favorables para determinadas perturbaciones. Estamos, por tanto, ante un sistema climático en el que océanos, atmósfera y estratosfera mantienen una interacción permanente. ¿Por qué un debilitamiento del vórtice puede provocar frío en Europa? Esta es probablemente la consecuencia que más interés despierta. El vórtice polar estratosférico y la corriente en chorro polar de la troposfera (la corriente en chorro oeste-este), son estructuras diferentes, aunque están relacionadas. La corriente en chorro es una banda de vientos muy intensos que circula generalmente de oeste a este a unos 8-15 kilómetros de altitud (Troposfera). Cuando una perturbación estratosférica se transmite hacia la troposfera, puede favorecer modificaciones en la trayectoria de esta corriente. En determinadas configuraciones, aparecen grandes ondulaciones que permiten que el aire frío ártico descienda hacia latitudes inferiores. Europa puede experimentar entonces episodios de frío intenso, aunque su distribución geográfica depende de la posición de las dorsales anticiclónicas, las vaguadas y los bloqueos atmosféricos. Por ello, un vórtice polar debilitado no significa necesariamente que España vaya a experimentar una ola de frío. La propagación de la perturbación y la configuración posterior de la circulación atmosférica son determinantes. (A finales de los años 60 del siglo pasado, se apreció en España tal efecto con inviernos exageradamente fríos y grandes nevadas). Invierno Episodio destacado 1962-1963 Ola de frío importante, del 26 de enero al 6 de febrero 1966-1967 Entrada fría en enero, con nevadas en Madrid 1967-1968 Nevada en Madrid el 8 de marzo, sin ola de frío excepcional 1968-1969 Episodios de nieve, pero sin ola de frío nacional destacada 1970-1971 Ola extraordinaria, del 16 de diciembre al 7 de enero, de 23 días Fuentes: registros históricos recopilados por AEMET y documentación meteorológica.   ¿Podemos predecir estos fenómenos? La meteorología moderna dispone de modelos numéricos capaces de simular la evolución de la atmósfera, incluidos los procesos estratosféricos. Sin embargo, el sistema atmosférico presenta un comportamiento caótico: pequeñas diferencias en las condiciones iniciales pueden producir evoluciones distintas a medida que aumenta el horizonte temporal. Por eso, los meteorólogos trabajan con conjuntos de simulaciones y probabilidades, en lugar de depender de una única predicción. Los indicadores más importantes para vigilar el comportamiento del vórtice son: ·         La velocidad de los vientos estratosféricos a 10 hPa ( medida de presión atmosférica hPa = 100 Pascales) y 60° de latitud norte. ·         La evolución de las temperaturas estratosféricas polares. ·         La actividad y propagación de las ondas planetarias. ·         La posible transmisión de las perturbaciones hacia la troposfera. ·         La evolución de la corriente en chorro y los bloqueos atmosféricos. Conclusión: un equilibrio atmosférico mucho más complejo de lo que parece El vórtice polar constituye un magnífico ejemplo de la complejidad del sistema climático terrestre. Su comportamiento depende de interacciones entre la radiación solar, los contrastes térmicos, las ondas atmosféricas, los océanos y la composición química de la atmósfera. La contaminación puede intervenir en algunos de estos procesos, especialmente mediante los gases de efecto invernadero, los aerosoles y las sustancias que alteran la capa de ozono. Por eso no es correcto afirmar que la actividad humana sea la causa directa de los grandes debilitamientos del vórtice polar. La cuestión científica fundamental es otra: ¿hasta qué punto las modificaciones que estamos introduciendo en la composición y la temperatura de la atmósfera están alterando los mecanismos naturales que regulan la circulación del planeta? Comprender esta relación será esencial para interpretar la evolución del clima y mejorar nuestra capacidad de anticipar fenómenos meteorológicos extremos. El vórtice polar no es simplemente un fenómeno del invierno ártico. Es una pieza de un sistema atmosférico global en el que procesos aparentemente distantes pueden terminar condicionando el tiempo que experimentamos a miles de kilómetros de distancia. Fuentes científicas recomendadas ·         NOAA – Climate Prediction Center: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/ ·         ECMWF – Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo: https://www.ecmwf.int/ ·         NASA – Ozone Watch: https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/ ·         Organización Meteorológica Mundial: https://wmo.int/
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El vórtice polar: ¿puede la contaminación alterar el equilibrio atmosférico del planeta?

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Fecha: 10 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

La compleja relación entre el cambio climático, la contaminación y los grandes episodios de frío en el hemisferio norte

Una enorme estructura de circulación atmosférica, en forma de anillo, rodea el Ártico y contribuye a mantener el aire muy frío concentrado en aquellas regiones. Se conoce como vórtice polar y, aunque permanece entre 15 y 50 km por encima de nuestras cabezas, su evolución en invierno tiene consecuencias meteorológicas relevantes en Europa, Norteamérica y Asia. Cuando el vórtice se debilita, se desplaza o incluso a veces se divide, se producen alteraciones en la circulación atmosférica que facilitan que masas de aire polar alcancen latitudes más bajas. ¿Cual es la causa de estas perturbaciones? ¿Son fenómenos naturales o puede intervenir la actividad humana? ¿Existe alguna relación con la contaminación y el calentamiento global? Para responder hay que comprender algunos mecanismos fundamentales de la física atmosférica.

El vórtice polar: una estructura invisible que condiciona el invierno

El vórtice polar es una región donde la circulación de vientos se desarrolla alrededor de las regiones polares durante el invierno. Una parte del vórtice se encuentra en la estratosfera, aproximadamente entre los 15 y los 50 kilómetros de altitud. Esta circulación se intensifica debido al fuerte contraste térmico entre el Ártico, que pierde radiación solar durante el invierno, y las latitudes inferiores, que conservan temperaturas más elevadas que las árticas. Mientras el vórtice permanece intenso y organizado, confina el aire más frío en las regiones polares.  Sin embargo, el vórtice puede experimentar desplazamientos, deformaciones y divisiones que modifican la circulación atmosférica del hemisferio norte.

¿Cómo se debilita el vórtice polar?

Los científicos denomiman ondas planetarias de Rossby a la causa inmediata más importante de los grandes debilitamientos del vórtice. Son grandes ondulaciones de la circulación atmosférica que pueden propagarse desde la troposfera (capa atmosférica inmediatamente anterior), hacia la estratosfera. Cuando estas ondas transportan suficiente energía y momento (masa y velocidad), hacia la estratosfera polar, pueden alterar la circulacion de los vientos que mantienen organizado el vórtice al proporcionar más calor. En ocasiones, la perturbación produce un aumento muy rápido de la temperatura estratosférica polar. El fenómeno se conoce como calentamiento súbito estratosférico (Sudden Stratospheric Warming). En los casos más intensos, los vientos del vórtice que circulan del oeste al este pueden llegar a invertirse, favoreciendo el desplazamiento o la división del vórtice. Este fenómeno demuestra que las distintas capas de la atmósfera no funcionan de manera independiente: la meteorología que se desarrolla cerca de la superficie puede influir en procesos que tienen lugar a decenas de kilómetros de altura.

¿Qué papel tiene la contaminación en esta debilitación del vórtice polar?

La respuesta requiere distinguir entre diferentes tipos de contaminación. No existe una relación directa y general según la cual un aumento de la contaminación atmosférica provoque necesariamente el debilitamiento del vórtice polar. Sin embargo, determinadas sustancias de origen humano pueden modificar las propiedades físicas y químicas de la estratosfera.

Los gases de efecto invernadero

El dióxido de carbono (CO₂) es el principal ejemplo. Su aumento contribuye al calentamiento de la troposfera, pero también favorece el enfriamiento radiativo de la estratosfera. Este comportamiento aparentemente contradictorio se explica porque cada capa atmosférica tiene un balance energético diferente. El enfriamiento estratosférico puede modificar los gradientes térmicos y la circulación atmosférica. No obstante, sus efectos sobre el vórtice dependen de múltiples factores y no equivalen automáticamente a un debilitamiento.

Los aerosoles atmosféricos

Las partículas suspendidas en la atmósfera también pueden alterar el balance radiativo. Las grandes erupciones volcánicas, por ejemplo, pueden inyectar dióxido de azufre en la estratosfera, donde se transforma en aerosoles de sulfato. Estos aerosoles modifican la absorción y dispersión de la radiación solar e infrarroja, alterando temporalmente las condiciones térmicas de la estratosfera. La actividad industrial también genera aerosoles, aunque la mayor parte de sus emisiones permanece en la troposfera y su influencia estratosférica es ínfima comparada con las emisiones volcánicas.

Los compuestos que destruyen el ozono

Los clorofluorocarbonos (CFC) constituyen otro ejemplo importante de intervención humana sobre la estratosfera. Estos compuestos liberan cloro y bromo mediante procesos fotoquímicos que destruyen moléculas de ozono. La disminución del ozono reduce la absorción de radiación ultravioleta y modifica las temperaturas estratosféricas. Este mecanismo tiene especial relevancia en la Antártida, donde contribuye al intenso enfriamiento estratosférico y a la persistencia del vórtice polar austral.

Los cambios climáticos y el comportamiento del vórtice

Los científicos están muy interesados en determinar cómo está modificando el cambio climático la dinámica del vórtice polar. El calentamiento global no implica que todas las capas de la atmósfera se calienten por igual. Mientras la superficie terrestre y la troposfera experimentan un calentamiento general, la estratosfera presenta una tendencia al enfriamiento, principalmente como consecuencia del aumento de los gases de efecto invernadero. Esta modificación de la estructura térmica atmosférica puede influir en la circulación estratosférica. También se investiga cómo los cambios en el hielo marino del Ártico, las temperaturas oceánicas y la distribución de las masas continentales pueden modificar la propagación de las ondas planetarias. Sin embargo, todavía no existe una explicación única y concluyente que permita atribuir al cambio climático actualmente observado, una tendencia universal al debilitamiento del vórtice polar. Es necesario diferenciar los cambios climáticos a largo plazo de las perturbaciones meteorológicas que se producen en una temporada concreta.

El Niño: una posible conexión entre los océanos y la estratosfera

El fenómeno de El Niño constituye otro elemento a considerar. Se produce cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial presentan anomalías cálidas persistentes. Estas alteraciones modifican la distribución de las precipitaciones tropicales y pueden afectar a la circulación atmosférica a escala planetaria. En determinadas circunstancias, El Niño favorece patrones de ondas de Rossby que pueden propagarse hacia la estratosfera y modificar la intensidad del vórtice polar. No significa que El Niño provoque necesariamente un calentamiento súbito estratosférico, pero sí que puede contribuir a crear condiciones favorables para determinadas perturbaciones. Estamos, por tanto, ante un sistema climático en el que océanos, atmósfera y estratosfera mantienen una interacción permanente.

¿Por qué un debilitamiento del vórtice puede provocar frío en Europa?

Esta es probablemente la consecuencia que más interés despierta. El vórtice polar estratosférico y la corriente en chorro polar de la troposfera (la corriente en chorro oeste-este), son estructuras diferentes, aunque están relacionadas. La corriente en chorro es una banda de vientos muy intensos que circula generalmente de oeste a este a unos 8-15 kilómetros de altitud (Troposfera). Cuando una perturbación estratosférica se transmite hacia la troposfera, puede favorecer modificaciones en la trayectoria de esta corriente. En determinadas configuraciones, aparecen grandes ondulaciones que permiten que el aire frío ártico descienda hacia latitudes inferiores. Europa puede experimentar entonces episodios de frío intenso, aunque su distribución geográfica depende de la posición de las dorsales anticiclónicas, las vaguadas y los bloqueos atmosféricos. Por ello, un vórtice polar debilitado no significa necesariamente que España vaya a experimentar una ola de frío. La propagación de la perturbación y la configuración posterior de la circulación atmosférica son determinantes. (A finales de los años 60 del siglo pasado, se apreció en España tal efecto con inviernos exageradamente fríos y grandes nevadas).

Invierno

Episodio destacado

1962-1963

Ola de frío importante, del 26 de enero al 6 de febrero

1966-1967

Entrada fría en enero, con nevadas en Madrid

1967-1968

Nevada en Madrid el 8 de marzo, sin ola de frío excepcional

1968-1969

Episodios de nieve, pero sin ola de frío nacional destacada

1970-1971

Ola extraordinaria, del 16 de diciembre al 7 de enero, de 23 días

Fuentes: registros históricos recopilados por AEMET y documentación meteorológica.

 

¿Podemos predecir estos fenómenos?

La meteorología moderna dispone de modelos numéricos capaces de simular la evolución de la atmósfera, incluidos los procesos estratosféricos. Sin embargo, el sistema atmosférico presenta un comportamiento caótico: pequeñas diferencias en las condiciones iniciales pueden producir evoluciones distintas a medida que aumenta el horizonte temporal. Por eso, los meteorólogos trabajan con conjuntos de simulaciones y probabilidades, en lugar de depender de una única predicción.

Los indicadores más importantes para vigilar el comportamiento del vórtice son:

·         La velocidad de los vientos estratosféricos a 10 hPa ( medida de presión atmosférica hPa = 100 Pascales) y 60° de latitud norte.

·         La evolución de las temperaturas estratosféricas polares.

·         La actividad y propagación de las ondas planetarias.

·         La posible transmisión de las perturbaciones hacia la troposfera.

·         La evolución de la corriente en chorro y los bloqueos atmosféricos.

Conclusión: un equilibrio atmosférico mucho más complejo de lo que parece

El vórtice polar constituye un magnífico ejemplo de la complejidad del sistema climático terrestre. Su comportamiento depende de interacciones entre la radiación solar, los contrastes térmicos, las ondas atmosféricas, los océanos y la composición química de la atmósfera.

La contaminación puede intervenir en algunos de estos procesos, especialmente mediante los gases de efecto invernadero, los aerosoles y las sustancias que alteran la capa de ozono. Por eso no es correcto afirmar que la actividad humana sea la causa directa de los grandes debilitamientos del vórtice polar.

La cuestión científica fundamental es otra: ¿hasta qué punto las modificaciones que estamos introduciendo en la composición y la temperatura de la atmósfera están alterando los mecanismos naturales que regulan la circulación del planeta?

Comprender esta relación será esencial para interpretar la evolución del clima y mejorar nuestra capacidad de anticipar fenómenos meteorológicos extremos. El vórtice polar no es simplemente un fenómeno del invierno ártico. Es una pieza de un sistema atmosférico global en el que procesos aparentemente distantes pueden terminar condicionando el tiempo que experimentamos a miles de kilómetros de distancia.

Fuentes científicas recomendadas

·         NOAA – Climate Prediction Center: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/

·         ECMWF – Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo: https://www.ecmwf.int/

·         NASA – Ozone Watch: https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

·         Organización Meteorológica Mundial: https://wmo.int/

PORTADA DE LA RAZÓN Viernes, 20 de noviembre de 2026
Análisis 1
El fin de la MINURSO: Marruecos, Ceuta, Melilla y Canarias
Fecha: 5 de noviembre de 2026Autor: R. TrigoCategoría: GENERALISTATipo: Artículo de opiniónEl fin de la MINURSO: Marruecos, Ceuta, Melilla y Canarias La desaparición de la MINURSO, después de que Estados Unidos y Rusia no lograran acordar la renovación de su mandato, abre una nueva etapa en el conflicto del Sáhara Occidental. Marruecos obtiene una ventaja estratégica frente al Polisario, mientras España debe valorar las consecuencias de este fortalecimiento sobre Ceuta, Melilla y Canarias. El fin de la MINURSO: un fracaso diplomático con consecuencias sobre el terreno El 31 de octubre de 2026 expiró el mandato de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), creada en 1991 para supervisar el alto el fuego y organizar el referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse. La renovación quedó bloqueada el día anterior por el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad. La resolución 2797, de octubre de 2025, ya había tomado el plan marroquí de autonomía como base de las negociaciones. Washington quiso ir más lejos: su propuesta reforzaba ese plan, bajo soberanía de Marruecos, como fundamento de la negociación y planteaba transformar la misión, eliminando incluso de su denominación la referencia al referéndum. El texto obtuvo once votos a favor y tres abstenciones, pero Rusia lo vetó. Moscú presentó entonces una alternativa para mantener la misión en sus condiciones anteriores, pero Estados Unidos votó en contra y la propuesta, con tres votos a favor y once abstenciones, tampoco consiguió los nueve votos necesarios. El resultado fue extraordinario: ninguna de las dos propuestas prosperó y Naciones Unidas se quedó sin misión de mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental. El 1 de noviembre comenzó la liquidación de una presencia sobre el terreno que había durado 35 años. La ONU mantiene, eso sí, a su Enviado Personal, Staffan de Mistura, para seguir buscando una solución política. La primera consecuencia: una ventaja estratégica para Marruecos La desaparición de la MINURSO favorece objetivamente la posición marroquí. Rabat la ha celebrado como un paso hacia el cierre del expediente y reclama que el asunto salga de la agenda del Consejo de Seguridad. El desequilibrio entre Marruecos y el Frente Polisario es muy considerable. Marruecos dispone de unas fuerzas armadas regulares, recursos económicos, capacidad diplomática y apoyo internacional muy superiores a los del movimiento saharaui, cuya capacidad política y militar depende en buena medida del respaldo argelino. La retirada de los observadores internacionales elimina, además, un mecanismo de vigilancia y contención que contribuía a limitar los riesgos de escalada en un conflicto cuyas hostilidades se reanudaron en 2020. Marruecos no obtiene por ello un reconocimiento jurídico de soberanía sobre el territorio, ni desaparece el derecho saharaui a la autodeterminación, como ha recordado el propio secretario general de la ONU. Sin embargo, la correlación de fuerzas se desplaza todavía más a su favor. La estrategia estadounidense pretendía consolidar políticamente esa ventaja mediante el reconocimiento del plan de autonomía como referencia central de la negociación. Rusia consiguió impedirlo, pero no logró preservar la misión. La paradoja es evidente: el veto ruso bloqueó la iniciativa estadounidense, pero el fracaso posterior de la alternativa rusa, rechazada por Estados Unidos y sin apoyos suficientes, terminó produciendo un resultado que favorece materialmente a Marruecos. Ceuta y Melilla: el fortalecimiento de Marruecos y sus implicaciones para España El cambio de equilibrio en el Sáhara no tiene consecuencias jurídicas directas sobre Ceuta y Melilla, cuya soberanía española no queda afectada por la desaparición de la MINURSO. Sin embargo, existe una conexión geopolítica que España no debería ignorar. Marruecos mantiene reivindicaciones territoriales sobre ambas ciudades. Una consolidación de su posición en el Sáhara reforzaría su confianza estratégica y su capacidad de presión diplomática frente a España. El precedente político que Rabat podría extraer es significativo: una reivindicación territorial sostenida durante décadas puede avanzar mediante la combinación de presión diplomática, alianzas internacionales y una correlación de fuerzas favorable. Esto no significa que Marruecos vaya a trasladar necesariamente su estrategia al ámbito militar. Existen instrumentos de presión económica, migratoria y diplomática mucho más probables. Por tanto, el fortalecimiento marroquí en el Sáhara obliga a España a valorar con mayor atención la defensa de sus intereses territoriales y estratégicos en el norte de África. Canarias: la dimensión atlántica del nuevo equilibrio La cuestión adquiere una dimensión adicional cuando se contempla la posición geográfica de Canarias. El Sáhara Occidental constituye un espacio estratégico de conexión entre el Atlántico, el Magreb y el Sahel. Una consolidación marroquí del territorio aumentaría su proyección sobre la fachada atlántica africana y reforzaría su influencia en las rutas comerciales y energéticas de la región. Para España, esto tiene implicaciones en materia de seguridad marítima, vigilancia de los espacios próximos a Canarias, control de las rutas migratorias y estabilidad regional. No se trata de establecer una amenaza militar inmediata sobre el archipiélago, sino de reconocer que un Marruecos afianzado en el territorio y fortalecido diplomáticamente dispondrá de una posición regional más influyente. La política española desde 2022 El fortalecimiento estratégico de Marruecos no puede analizarse al margen de la política española de los últimos años. En marzo de 2022, Pedro Sánchez modificó unilateralmente la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental al considerar la propuesta marroquí de autonomía "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto. Aquella decisión supuso, en la práctica, abandonar la neutralidad que España había mantenido entre las partes y aproximarse a las tesis de Rabat, sin que se obtuviera a cambio una solución definitiva a las reivindicaciones marroquíes ni una garantía duradera de respeto a los intereses españoles. Los acontecimientos posteriores obligan a revisar el balance de aquella política. La entrada masiva en Ceuta de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio de 2026 (72.000 según Interior; 96.058 según un informe del Gobierno de Ceuta) constituye un episodio de extraordinaria gravedad. Estuvo precedida de avisos del CNI, entre ellos uno del 29 de julio a la Delegación del Gobierno sobre un llamamiento a un asalto por valla y mar, aunque el propio CNI admite que no anticipó su magnitud. El CNI ha informado además a la Audiencia Nacional de que las fuerzas de seguridad marroquíes actuaron con una pasividad que contribuyó al desbordamiento de la crisis. Todo ello plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno español para prevenir y proteger eficazmente la frontera. La posterior recuperación del control no elimina la gravedad de una crisis que puso de manifiesto la vulnerabilidad de la ciudad. Estos hechos pesan todavía más tras la desaparición de la MINURSO y la consolidación de la posición marroquí en el Sáhara. Marruecos obtiene una ventaja estratégica y diplomática frente al Polisario y aumenta su capacidad de influencia regional, mientras España parece haber sustituido una política de defensa firme de sus intereses por una estrategia de aproximación a Rabat cuya eficacia resulta, cuando menos, discutible. Una advertencia para España Ceuta y Melilla no tienen ninguna relación jurídica con la descolonización del Sáhara, ni su soberanía española queda cuestionada por la desaparición de la MINURSO. Sin embargo, el fortalecimiento de Marruecos y la persistencia de sus reivindicaciones territoriales obligan a considerar seriamente las consecuencias para ambas ciudades. Canarias, por su parte, debe contemplarse dentro de la nueva proyección atlántica marroquí y de sus implicaciones para la seguridad marítima y regional. España corre el riesgo de encontrarse ante un Marruecos afianzado en el territorio, diplomáticamente respaldado y consciente de su capacidad para ejercer presión sobre las fronteras españolas. La cesión política de 2022 y la escandalosa falta de previsión del Gobierno ante la crisis de Ceuta de julio de 2026 deberían servir de advertencia. La cooperación con Marruecos es necesaria, pero no puede construirse a costa de la capacidad española para defender su soberanía, sus fronteras y sus intereses estratégicos.   Fuentes: ONU: votación del Consejo de Seguridad Noticias ONU: fin de la MINURSO ONU: acta de la resolución 2797 Wikipedia: crisis migratoria de Ceuta de 2026 Moncloa.com: comparecencia de Marlaska Aragón Digital: aviso del CNI El Constitucional: alertas previas Diario Red: informe del CNI a la jueza Onda Vasca: la carta de 2022 Escudo Digital: alcance de la resolución 2797 The Objective: reacción marroquí TelQuel: España y la resolución 2797 Mundiario: auto del Supremo Western Sahara Resource Watch: las dos votaciones Sáhara Occidental: debate del 10 de noviembre  
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Fecha: 5 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

El fin de la MINURSO: Marruecos, Ceuta, Melilla y Canarias

La desaparición de la MINURSO, después de que Estados Unidos y Rusia no lograran acordar la renovación de su mandato, abre una nueva etapa en el conflicto del Sáhara Occidental. Marruecos obtiene una ventaja estratégica frente al Polisario, mientras España debe valorar las consecuencias de este fortalecimiento sobre Ceuta, Melilla y Canarias.

El fin de la MINURSO: un fracaso diplomático con consecuencias sobre el terreno

El 31 de octubre de 2026 expiró el mandato de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), creada en 1991 para supervisar el alto el fuego y organizar el referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse.

La renovación quedó bloqueada el día anterior por el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad. La resolución 2797, de octubre de 2025, ya había tomado el plan marroquí de autonomía como base de las negociaciones. Washington quiso ir más lejos: su propuesta reforzaba ese plan, bajo soberanía de Marruecos, como fundamento de la negociación y planteaba transformar la misión, eliminando incluso de su denominación la referencia al referéndum. El texto obtuvo once votos a favor y tres abstenciones, pero Rusia lo vetó. Moscú presentó entonces una alternativa para mantener la misión en sus condiciones anteriores, pero Estados Unidos votó en contra y la propuesta, con tres votos a favor y once abstenciones, tampoco consiguió los nueve votos necesarios. El resultado fue extraordinario: ninguna de las dos propuestas prosperó y Naciones Unidas se quedó sin misión de mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental. El 1 de noviembre comenzó la liquidación de una presencia sobre el terreno que había durado 35 años. La ONU mantiene, eso sí, a su Enviado Personal, Staffan de Mistura, para seguir buscando una solución política.

La primera consecuencia: una ventaja estratégica para Marruecos

La desaparición de la MINURSO favorece objetivamente la posición marroquí. Rabat la ha celebrado como un paso hacia el cierre del expediente y reclama que el asunto salga de la agenda del Consejo de Seguridad. El desequilibrio entre Marruecos y el Frente Polisario es muy considerable. Marruecos dispone de unas fuerzas armadas regulares, recursos económicos, capacidad diplomática y apoyo internacional muy superiores a los del movimiento saharaui, cuya capacidad política y militar depende en buena medida del respaldo argelino. La retirada de los observadores internacionales elimina, además, un mecanismo de vigilancia y contención que contribuía a limitar los riesgos de escalada en un conflicto cuyas hostilidades se reanudaron en 2020.

Marruecos no obtiene por ello un reconocimiento jurídico de soberanía sobre el territorio, ni desaparece el derecho saharaui a la autodeterminación, como ha recordado el propio secretario general de la ONU. Sin embargo, la correlación de fuerzas se desplaza todavía más a su favor. La estrategia estadounidense pretendía consolidar políticamente esa ventaja mediante el reconocimiento del plan de autonomía como referencia central de la negociación. Rusia consiguió impedirlo, pero no logró preservar la misión.

La paradoja es evidente: el veto ruso bloqueó la iniciativa estadounidense, pero el fracaso posterior de la alternativa rusa, rechazada por Estados Unidos y sin apoyos suficientes, terminó produciendo un resultado que favorece materialmente a Marruecos.

Ceuta y Melilla: el fortalecimiento de Marruecos y sus implicaciones para España

El cambio de equilibrio en el Sáhara no tiene consecuencias jurídicas directas sobre Ceuta y Melilla, cuya soberanía española no queda afectada por la desaparición de la MINURSO. Sin embargo, existe una conexión geopolítica que España no debería ignorar.

Marruecos mantiene reivindicaciones territoriales sobre ambas ciudades. Una consolidación de su posición en el Sáhara reforzaría su confianza estratégica y su capacidad de presión diplomática frente a España. El precedente político que Rabat podría extraer es significativo: una reivindicación territorial sostenida durante décadas puede avanzar mediante la combinación de presión diplomática, alianzas internacionales y una correlación de fuerzas favorable. Esto no significa que Marruecos vaya a trasladar necesariamente su estrategia al ámbito militar. Existen instrumentos de presión económica, migratoria y diplomática mucho más probables.

Por tanto, el fortalecimiento marroquí en el Sáhara obliga a España a valorar con mayor atención la defensa de sus intereses territoriales y estratégicos en el norte de África.

Canarias: la dimensión atlántica del nuevo equilibrio

La cuestión adquiere una dimensión adicional cuando se contempla la posición geográfica de Canarias. El Sáhara Occidental constituye un espacio estratégico de conexión entre el Atlántico, el Magreb y el Sahel. Una consolidación marroquí del territorio aumentaría su proyección sobre la fachada atlántica africana y reforzaría su influencia en las rutas comerciales y energéticas de la región. Para España, esto tiene implicaciones en materia de seguridad marítima, vigilancia de los espacios próximos a Canarias, control de las rutas migratorias y estabilidad regional. No se trata de establecer una amenaza militar inmediata sobre el archipiélago, sino de reconocer que un Marruecos afianzado en el territorio y fortalecido diplomáticamente dispondrá de una posición regional más influyente.

La política española desde 2022

El fortalecimiento estratégico de Marruecos no puede analizarse al margen de la política española de los últimos años. En marzo de 2022, Pedro Sánchez modificó unilateralmente la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental al considerar la propuesta marroquí de autonomía "la base más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto. Aquella decisión supuso, en la práctica, abandonar la neutralidad que España había mantenido entre las partes y aproximarse a las tesis de Rabat, sin que se obtuviera a cambio una solución definitiva a las reivindicaciones marroquíes ni una garantía duradera de respeto a los intereses españoles.

Los acontecimientos posteriores obligan a revisar el balance de aquella política. La entrada masiva en Ceuta de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio de 2026 (72.000 según Interior; 96.058 según un informe del Gobierno de Ceuta) constituye un episodio de extraordinaria gravedad. Estuvo precedida de avisos del CNI, entre ellos uno del 29 de julio a la Delegación del Gobierno sobre un llamamiento a un asalto por valla y mar, aunque el propio CNI admite que no anticipó su magnitud. El CNI ha informado además a la Audiencia Nacional de que las fuerzas de seguridad marroquíes actuaron con una pasividad que contribuyó al desbordamiento de la crisis. Todo ello plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno español para prevenir y proteger eficazmente la frontera. La posterior recuperación del control no elimina la gravedad de una crisis que puso de manifiesto la vulnerabilidad de la ciudad.

Estos hechos pesan todavía más tras la desaparición de la MINURSO y la consolidación de la posición marroquí en el Sáhara. Marruecos obtiene una ventaja estratégica y diplomática frente al Polisario y aumenta su capacidad de influencia regional, mientras España parece haber sustituido una política de defensa firme de sus intereses por una estrategia de aproximación a Rabat cuya eficacia resulta, cuando menos, discutible.

Una advertencia para España

Ceuta y Melilla no tienen ninguna relación jurídica con la descolonización del Sáhara, ni su soberanía española queda cuestionada por la desaparición de la MINURSO. Sin embargo, el fortalecimiento de Marruecos y la persistencia de sus reivindicaciones territoriales obligan a considerar seriamente las consecuencias para ambas ciudades. Canarias, por su parte, debe contemplarse dentro de la nueva proyección atlántica marroquí y de sus implicaciones para la seguridad marítima y regional.

España corre el riesgo de encontrarse ante un Marruecos afianzado en el territorio, diplomáticamente respaldado y consciente de su capacidad para ejercer presión sobre las fronteras españolas. La cesión política de 2022 y la escandalosa falta de previsión del Gobierno ante la crisis de Ceuta de julio de 2026 deberían servir de advertencia. La cooperación con Marruecos es necesaria, pero no puede construirse a costa de la capacidad española para defender su soberanía, sus fronteras y sus intereses estratégicos.

 

Fuentes:

 

OPINION

Esta sección recoge análisis críticos y de denuncia sobre tendencias ideológicas, sesgos mediáticos e institucionales, y manipulaciones del debate público. El tono es deliberadamente combativo.

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