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Los sindicatos miden su fuerza entre los ataques de la derecha

18 noviembre, 2026 48 lecturas
 Los sindicatos miden su fuerza entre los ataques de la derecha
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Fecha: 11 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

¿Una huelga general a favor del Gobierno?

Contradicción o parcialidad ingenua

España vive hoy una huelga general. Merece una reflexión que vaya más allá del enfrentamiento habitual entre partidarios y detractores. Y, desde luego, más allá de esas posiciones que la presentan como un simple pulso entre los sindicatos y  "la derecha".

Para empezar, no es una huelga unitaria. La convocan CCOO, UGT, CGT, CNT y el "Sindicato" de Inquilinas, entre otros. Pero la han rechazado USO, CSIF, el sindicato de maquinistas SEMAF y Fetico, con un argumento común: no tiene naturaleza laboral. La patronal ha anunciado que la impugnará por "electoral". Una huelga general que divide al propio sindicalismo ya dice algo de sí misma.

Para qué sirve una huelga general

La huelga general ha sido históricamente uno de los instrumentos más importantes de los trabajadores frente al poder económico y político. Su función es trasladar a quien decide el coste social de sus decisiones y obligarle a cambiarlas.

CCOO y UGT lo saben bien, porque no dudaron en usarla contra Gobiernos socialistas. El 14-D de 1988 paralizaron el país frente a Felipe González, y volvieron a hacerlo en 1992 y 1994. En 2010 llamaron al paro contra la reforma laboral de Zapatero. Esa trayectoria es precisamente la que hace más visible la anomalía de hoy. La del 11 de noviembre es su primera huelga general desde 2012 y la primera bajo los Gobiernos de Pedro Sánchez. Y el Gobierno al que, en buena lógica, debería dirigirse no se siente interpelado: el presidente respalda la movilización y, según se ha publicado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha sopesado secundarla. Sería la primera vez que un miembro del Gobierno hace huelga. ¿Contra quién?

¿A quién se reclama responsabilidad?

Las reivindicaciones son legítimas: vivienda asequible, salarios dignos y contención de precios. Nadie razonable puede negar la gravedad de estos problemas.

Pero tampoco puede ignorarse que quien gobierna desde 2018 dispone de instrumentos legislativos, presupuestarios y administrativos para intervenir en ellos. La situación de la vivienda no ha mejorado en estos años, sino al contrario. Si hoy hace falta una huelga general, es razonable preguntarse por qué el Ejecutivo actúa como espectador solidario de una protesta que también debería pedirle cuentas a él.

Se dirá que el Gobierno lo intentó y que fue el Congreso quien, el 2 de octubre, tumbó sus decretos de vivienda con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Es cierto, y conviene decirlo. Pero el argumento prueba demasiado. Uno de los que votaron en contra, Junts, fue socio de investidura del presidente. Un Ejecutivo que no logra convalidar su propia política de vivienda es un Ejecutivo sin mayoría para gobernar, y la respuesta institucional a esa situación son las elecciones, que ya están convocadas. No lo es una huelga general. Si la protesta apunta a la oposición parlamentaria y no a quien gobierna, deja de ser presión sobre el poder y empieza a parecerse a una campaña.

Una huelga general no debería convertirse en un acto de respaldo político al Gobierno de turno. Su función es presionar al poder, no ofrecerle una ocasión de legitimarse.

La independencia sindical como cuestión de credibilidad

UGT y CCOO tienen plena legitimidad para convocar huelgas y defender un modelo social. Pero la independencia sindical no se acredita con declaraciones. Se demuestra con la capacidad de exigir responsabilidades al poder político, también cuando ese poder comparte su orientación ideológica. Los sindicatos pueden coincidir con el Gobierno, claro que sí. Lo que resulta dudoso es que conserven la misma capacidad de movilización y exigencia cuando las políticas cuestionadas proceden de un Ejecutivo afín.

El término"sindicato amarillo" nació en Francia a principios del siglo pasado para designar a las organizaciones creadas al servicio de la patronal. No sería justo aplicarlo sin más a CCOO y UGT. Pero existe una variante más sutil y más moderna: el sindicalismo de afinidad. No está controlado por el poder, pero es incapaz de incomodarlo cuando ese poder es de los suyos.

Tampoco es una cuestión solo política. Nuestro ordenamiento, en el artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977, considera ilegal la huelga"por motivos políticos" o ajena al interés profesional de los trabajadores. El Tribunal Constitucional, desde la STC 11/1981, admite huelgas por intereses socioeconómicos generales, y la vivienda y los salarios encajan formalmente en ellos. Pero cuanto más se acerca una convocatoria a una cita electoral, y cuanto más se señala como responsable a la oposición en lugar de al Gobierno, más se acerca también a esa frontera. Decidirlo corresponde a los tribunales. Advertirlo, a cualquiera.

Una convocatoria en vísperas electorales

Hay otro elemento que no debería pasar inadvertido. La huelga se celebra dos días antes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas por el presidente tras la caída de sus decretos de vivienda. Y la propia prensa la ha analizado como una oportunidad para devolver la vivienda al centro del debate electoral.

No hace falta atribuir intenciones ocultas a nadie para reconocer que el contexto condiciona inevitablemente la percepción de la convocatoria. Una movilización puede perseguir objetivos sociales legítimos y producir, al mismo tiempo, beneficios electorales para una formación concreta. Ambas cosas son compatibles. Precisamente por eso es exigible más transparencia sobre los objetivos, los destinatarios y la oportunidad de la convocatoria.

¿Contradicción o parcialidad ingenua?

Defender el derecho a la vivienda, salarios dignos y unas condiciones de vida razonables es perfectamente compatible con exigir responsabilidades al Gobierno. Lo difícil de conciliar es una huelga que dice presionar al poder y encuentra en ese mismo poder a uno de sus principales aliados. Quizá no estemos ante una huelga a favor del Gobierno en sentido formal. Pero sí ante una movilización cuyo uso político puede acabar favoreciendo precisamente a quienes deberían sentirse destinatarios de sus reivindicaciones.

Porque cuando la independencia sindical depende de quién gobierne, deja de ser independencia y se convierte en afinidad.

Una huelga general debe servir para exigir responsabilidades a quienes gobiernan, no para ayudarles a eludirlas.

 

Fuentes

•         Artículo 14 – Huelga general del 11N: quién convoca y motivos

•         Vozpópuli – Rechazo de USO, CSIF, SEMAF y otros

•         Artículo 14 – Garamendi impugnará la huelga

•         Qué! – Yolanda Díaz sopesa secundar la huelga

•         Brainsre – El Congreso tumba los decretos de vivienda

•         Izquierda Diario – Convocatoria tras el rechazo de los decretos