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El CNI informó tras Ceuta del riesgo de desborde en Canarias

18 noviembre, 2026 48 lecturas
El CNI informó tras Ceuta del riesgo de desborde en Canarias
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Fecha: 17 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

La frontera que no vemos: Ceuta, El Hierro y los agujeros de la inteligencia española

El Centro Nacional de Inteligencia ha comunicado a la Audiencia Nacional, en un informe conocido el 16 de noviembre, que no ha obtenido "hasta la fecha" evidencias de que la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio fuera instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes. La Policía Nacional sostiene algo muy distinto. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras describe un "guiado activo" de la masa por agentes marroquíes, uniformados y de paisano. Uno posterior de la Comisaría General de Información sitúa en el paso de Bab Sebta, durante aquellos dos días, al prefecto de Policía de Tetuán y al supervisor de M’diq-Fnideq.

No es un problema de matices sino de discrepancia. Entraron más de setenta mil personas y se recuperaron 82 cadáveres en aguas españolas, a los que se suman 14 fallecidos reconocidos por Marruecos. Lo que está en juego es la determinación de responsabilidades, las relaciones bilaterales y la credibilidad de los propios servicios españoles de seguridad e inteligencia.

Antes que nada es preciso entender el informe del CNI con exactitud. No dice que Marruecos sea ajeno a lo ocurrido. En octubre ya había informado de que las autoridades marroquíes eran conscientes, días antes, de lo que se preparaba. Y su último informe vuelve a hablar de una actitud pasiva que facilitó el acceso. Lo que el CNI afirma no poder probar es una orden estatal. Pero saber lo que iba a ocurrir y dejar que ocurriera no es neutralidad.

Caben, por tanto, dos posibilidades, y ninguna permite dar por cerrado el asunto.

Si el Gobierno marroquí organizó o facilitó deliberadamente la operación, estaríamos ante un acto de presión contra la soberanía española. Tendría consecuencias para la responsabilidad internacional de Marruecos. También para la responsabilidad política del Gobierno español, que tendría que explicar qué sabía, qué medidas adoptó y por qué no pudo impedirlo.

Si, como sostiene el CNI, no hay prueba de una decisión estatal, pero la investigación policial ha identificado a funcionarios marroquíes que habrían facilitado la invasión fronteriza, la buena fe entre ambos Estados exige de Rabat una explicación formal y una colaboración efectiva con la Justicia española. No ignoro las dificultades. El convenio de extradición de 2009 excluye la entrega de nacionales, y la inmunidad funcional de los agentes estatales extranjeros es un obstáculo adicional. Pero existen las comisiones rogatorias, la declaración por videoconferencia y, sobre todo, la obligación de Marruecos de investigar y, en su caso, juzgar a sus propios agentes. Negarse a todo ello también sería una respuesta, y muy elocuente.

La ausencia de prueba sobre una orden estatal no elimina, en definitiva, la necesidad de esclarecer las actuaciones individuales ni las responsabilidades derivadas de ellas.

Merece la pena tener en cuenta, en este punto, que el hecho de que un informe que rebaja la responsabilidad marroquí se conozca a trece días de unas elecciones generales no prueba, por sí solo, ninguna intencionalidad, responde a un requerimiento judicial. Pero ilustra un problema de fondo: un servicio de inteligencia que depende orgánicamente del Gobierno cuya gestión se está examinando difícilmente puede despejar, por sí mismo, toda sospecha. Por eso la última palabra debe tenerla la jueza, contrastando ambos informes, y no el calendario político.

Mientras tanto, la frontera ha vuelto a romperse por otro lado. Desde comienzos de noviembre han llegado a El Hierro más de 3.300 personas en cayucos procedentes sobre todo de Senegal, y la isla ha tenido que declarar la emergencia.

Ha reaparecido con ello una sospecha que puede ser para el Gobierno incómoda: la existencia de buques nodriza que transportarían a los migrantes en alta mar y los soltarían en cayucos a pocas millas de las islas. La versión oficial, la que más conviene al Gobierno, es que cada embarcación hace la travesía completa desde Senegal: cinco, seis, siete días y sus noches en el Atlántico, con más de cien personas hacinadas, sin espacio para moverse, para dormir o para hacer sus necesidades, con el agua y la comida que quepan a bordo. Es posible; consta que ocurre, y el precio se mide en muertos. Pero que ocurra siempre así, en cada uno de los más de ochenta cayucos llegados a El Hierro en apenas dos semanas, es algo que el ciudadano tiene derecho a poner en duda.

¿En qué estado llegan los ocupantes? ¿Llegan con el grado de deshidratación y agotamiento que cabría esperar de una semana en esas condiciones, o llegan en mejor estado del que la travesía haría suponer? ¿Cuánto combustible traen y cuánto les queda? ¿Se ha cotejado la autonomía de cada embarcación con la distancia que dicen haber recorrido? ¿Se han analizado los movimientos de pesqueros y mercantes en las horas previas a cada oleada de llegadas? Son preguntas sencillas que los servicios de rescate, la Guardia Civil y la inteligencia española pueden responder con datos. Si nadie las responde, la sospecha no la alimentan quienes la formulan, sino quienes se niegan a despejarla.

Hasta ahora, Salvamento Marítimo ha negado haber observado buques nodriza. Pero el método está documentado en el Mediterráneo central, y en 2020 la Guardia Civil llegó a retener en Tenerife un pesquero procedente de Senegal sin que se haya conocido el desenlace de aquella investigación. Con esos antecedentes, la negativa genérica ya no basta: hace falta una investigación seria y pública.

Si se confirmara, el escenario cambiaría. Ya no hablaríamos de embarcaciones precarias en peligro, sino de una estructura logística del crimen organizado en alta mar. El Derecho internacional ofrece instrumentos para actuar contra ella. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar permite visitar buques sin nacionalidad. El Protocolo de Palermo contra el tráfico ilícito de migrantes permite abordar e inspeccionar buques sospechosos con el consentimiento del Estado de pabellón. Y Europa tiene el precedente de la operación Sophia en el Mediterráneo, respaldada por el Consejo de Seguridad, que autorizó a inspeccionar buques sospechosos frente a Libia. Una misión naval europea en el Atlántico que persiguiera a los buques nodriza y a las redes que los operan estaría jurídicamente justificada y sería políticamente defendible.

Pero sus límites son igual de claros. Ningún buque de guerra puede apartar, bloquear o devolver a un cayuco con personas a bordo. El deber de salvamento es absoluto, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a Italia en el asunto Hirsi Jamaa por devolver a Libia a migrantes interceptados en alta mar. Las armadas pueden perseguir a los traficantes, no a sus víctimas. Y sin pruebas de esa logística, desplegarlas tendría más de gesto electoral que de política de Estado.

Esa es la frontera que no vemos: la de la anticipación. El propio CNI admitió que no previó "la magnitud y naturaleza" de lo ocurrido en Ceuta, y la Guardia Civil ha calificado de insuficiente la información que recibió antes de la entrada. En El Hierro, nadie ha explicado todavía cómo llegan ochenta cayucos en dos semanas. España tiene derecho a exigir explicaciones a Marruecos y a quien organice las travesías del Atlántico. Pero también tiene la obligación de preguntarse por qué sus servicios de inteligencia, su Policía y su Gobierno van siempre por detrás de los hechos.


Fuentes: