Volver
Portada de Hoy

El Gobierno aprueba la subida a los funcionarios en plena campaña

18 noviembre, 2026 48 lecturas
El Gobierno aprueba la subida a los funcionarios en plena campaña
Comentarios
Inicia sesión para poder comentar esta noticia.
Cargando comentarios...

Fecha: 18 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Gobernar contra el reloj electoral: decretos-leyes, compromisos de larga duración y neutralidad democrática

¿Puede un Gobierno, una vez convocadas las elecciones, utilizar la legislación de urgencia para condicionar al Ejecutivo que salga de las urnas, sea cual sea?

Hoy, 18 de noviembre, en plena campaña electoral, la Diputación Permanente del Congreso vota siete decretos-leyes. Hace seis días convalidó otro, el de vivienda, que el Pleno había rechazado a comienzos de octubre. Y uno de los que se votan hoy fue aprobado por el Consejo de Ministros ayer mismo.

Nada de ello es ilegal. La Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes con las Cortes disueltas y encomienda su convalidación a la Diputación Permanente. Pero que una facultad exista no significa que cualquier uso de ella sea institucionalmente indiferente. Lo que se  plantea aquí no es si el Gobierno puede legislar por decreto antes del 29 de noviembre, sino si lo está haciendo con una intensidad, una oportunidad y un alcance temporal que, aun respetando la letra del ordenamiento, resulten difíciles de conciliar con la neutralidad institucional y con el respeto al resultado electoral todavía pendiente.

Un vacío temporal: el Gobierno que compite no tiene límites; el que ya ha perdido, sí

La disolución de las Cortes, el pasado 5 de octubre, no convirtió al Gobierno en un Ejecutivo en funciones. Conforme al artículo 101 de la Constitución, el Gobierno cesa tras la celebración de las elecciones; solo a partir de ese momento el artículo 21 de la Ley 50/1997, del Gobierno, restringe su actuación al despacho ordinario de los asuntos públicos y le impide, entre otras cosas, presentar proyectos de ley o aprobar los Presupuestos.

El resultado es paradójico. El ordenamiento limita al Gobierno cuando ya ha concluido la contienda y su continuidad depende de la investidura de otro; pero no establece límite material alguno durante las semanas en que ese mismo Gobierno compite por el voto, que es precisamente cuando sus decisiones tienen mayor potencial electoral.

No se trata de reclamar una paralización del Estado durante cada campaña. Se trata de constatar que, en ese intervalo, la contención no la impone la ley: depende por completo de la lealtad institucional de quien gobierna. Y por eso merece examen público el modo en que se ejerce.

El decreto-ley: urgencia, no anticipación

El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes "en caso de extraordinaria y urgente necesidad". La urgencia no es una etiqueta que permita acelerar cualquier decisión políticamente conveniente: es el presupuesto que justifica sustituir el procedimiento legislativo ordinario -con su debate, sus enmiendas y su negociación- por una norma que entra en vigor de inmediato y se somete después a un voto de sí o no.

El Tribunal Constitucional lo ha precisado desde la STC 29/1982: entre la situación de urgencia y las medidas adoptadas debe existir una conexión de sentido, y no la hay cuando las disposiciones, por su propia estructura, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente. Una medida cuyos efectos se proyectan durante años es, por definición, una medida cuya urgencia exige una justificación reforzada.

En período electoral esa exigencia es todavía más sensible. Cuando el decreto-ley no se limita a atender una necesidad puntual, sino que fija un marco normativo de larga duración, compromete recursos durante varios ejercicios o modifica relaciones jurídicas consolidadas, deja de ser solo un instrumento de respuesta y se convierte en una herramienta de anticipación: fija el terreno sobre el que deberá actuar el próximo Gobierno y le traslada el coste de mantener, modificar o derogar lo decidido.

Lo aprobado desde el 5 de octubre: no basta contar normas

Una secuencia normativa no se valora contando decretos, sino examinando qué contienen, cuánto duran y si su urgencia es real. Aplicado ese criterio a lo aprobado desde la disolución, el panorama no es homogéneo.

Los decretos de emergencia. De los siete que vota hoy la Diputación Permanente, cuatro responden a sucesos sobrevenidos: el apoyo financiero a Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio, los daños de las inundaciones del 17 al 19 de octubre, las ayudas a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda y el refuerzo de la seguridad ferroviaria. Son, en principio, el uso para el que el artículo 86 fue concebido. Nadie razonable sostendría que debieran esperar a la constitución de las nuevas Cortes.

Los decretos estructurales. Los otros tres son de naturaleza distinta: la ampliación de la acción protectora de la Seguridad Social, el despliegue de la reforma del Sistema de Dependencia y el reconocimiento y protección de las familias monoparentales, este último aprobado ayer, a once días de las elecciones. Pueden ser medidas socialmente valiosas. Pero son reformas de alcance general y efectos duraderos, y cuesta identificar qué perjuicio habría causado su tramitación como proyecto de ley ante las Cortes que se constituirán el 23 de diciembre.

El caso de la vivienda. Es el más significativo. El 2 de octubre el Pleno del Congreso rechazó los decretos de vivienda por 178 votos en contra frente a 172. Tres días después se disolvieron las Cortes y, al día siguiente, el Consejo de Ministros aprobó dos nuevos decretos-leyes -los 28 y 29/2026- que retomaban su contenido con modificaciones técnicas. El 12 de noviembre, víspera del inicio de la campaña, la Diputación Permanente convalidó el segundo por 35 votos contra 34 y derogó el primero.

El decreto convalidado prohíbe los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y limita la actualización de las rentas hasta finales de 2027. Es decir: una norma aprobada por la vía de urgencia, en período electoral, cuyos efectos se extienden a lo largo de toda la próxima legislatura.

A ello se suma que, según se ha informado, los distintos ministerios aceleraron tras la disolución la preparación de sus decretos para aprobar antes del 29 de noviembre reformas que tenían previstas para los meses siguientes. Si eso es así, la urgencia no la marca la realidad social, sino el calendario electoral.

El legado que no se vota

El aspecto más delicado no es que una medida sea electoralmente atractiva. Es su capacidad para producir un legado jurídico y económico que el electorado no ha podido valorar y que condicionará a quien resulte elegido, sea cual sea su orientación.

En el plano jurídico, estas normas son reversibles: un nuevo Congreso puede derogarlas o modificarlas por ley, el nuevo Gobierno puede hacerlo por otro decreto-ley si concurre la urgencia, y cincuenta diputados pueden recurrirlas ante el Tribunal Constitucional. Lo aprobado en vivienda, de hecho, sigue pendiente del resultado del 29 de noviembre.

Pero en el plano material la operación es mucho más costosa. Suprimir una prestación afecta a quienes ya se encuentran dentro de su ámbito. Modificar un marco de protección perjudica a quienes han tomado decisiones confiando en él. Retirar compromisos presupuestarios genera costes, litigios y responsabilidades. Una decisión formalmente reversible se convierte así en una decisión políticamente difícil de revertir.

Es aquí donde surge la sospecha de una estrategia de precompromiso: aprobar ahora aquello que, aun pudiendo modificarse mañana, obligue al próximo Gobierno a asumir el coste político de hacerlo. Y esa lógica no depende de quién gane. Si quien gobierna revalida su mayoría, habrá anticipado por la vía de urgencia lo que podría haber tramitado con debate ordinario; si la pierde, habrá trasladado a su sucesor la factura de deshacerlo. En ambos casos, la decisión se ha sustraído al procedimiento que la Constitución considera ordinario.

Neutralidad electoral: lo que prohíbe la ley y lo que exige la democracia

El artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece, desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones, un régimen preciso: solo permite campañas institucionales de carácter informativo (apartado 1), prohíbe cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que contenga alusiones a sus realizaciones o logros (apartado 2) y prohíbe las inauguraciones (apartado 3). Su lógica es elemental: el poder público no puede utilizar sus recursos ni su posición para favorecer a quien gobierna.

La LOREG no prohíbe aprobar decretos-leyes durante el período electoral, y sería jurídicamente incorrecto equiparar sin más legislación de urgencia y propaganda prohibida. Pero esa constatación no termina con el problema que se percibe. Cabe preguntarse si la neutralidad electoral se está interpretando de forma excesivamente formalista: respetando la prohibición de carteles, anuncios e inauguraciones, mientras se desarrolla una actividad normativa intensa, selectiva y de enorme visibilidad, cuyos efectos se presentan ante el electorado como logros del Gobierno. Cuando la ministra de Vivienda defiende en sede parlamentaria la convalidación de un decreto apelando a lo que "nos jugamos" el 29 de noviembre, la frontera entre norma y mensaje de campaña se vuelve difícil de trazar.

Algunos han calificado esta práctica de lawfare. Creo que el término no es el adecuado: en su uso habitual alude a la utilización de procedimientos judiciales como arma contra el adversario, y aplicarlo aquí convierte una crítica jurídica en una etiqueta política. Lo que se describe es más preciso y no menos grave: la instrumentalización electoral de la potestad normativa.

La Diputación Permanente: continuidad constitucional, aritmética distinta

La Diputación Permanente no es una anomalía. Los artículos 78 y 86 de la Constitución le atribuyen expresamente la convalidación de los decretos-leyes cuando las Cámaras están disueltas, y su existencia garantiza que la función parlamentaria no desaparezca entre legislaturas.

Pero su legitimidad no la hace neutral en sus efectos. Es un órgano reducido -sesenta y nueve miembros- cuya composición reproduce la proporción de los grupos, pero no exactamente. En el caso de la vivienda, esa diferencia ha sido decisiva: la composición de la Diputación permitió al Gobierno prescindir de un apoyo que en el Pleno le había faltado. Una medida rechazada por la Cámara en octubre ha sido convalidada en noviembre por un órgano de esa misma Cámara con otra aritmética.

Ello no vicia la convalidación. Pero sí obliga a preguntarse si decisiones de este alcance deben consolidarse mediante un voto de sí o no, sin enmiendas, en un órgano de guardia y en vísperas de unas elecciones que van a renovar íntegramente la Cámara de la que ese órgano procede.

Lo que puede responder el Gobierno

El Gobierno puede sostener que la Diputación Permanente es el sustituto constitucional del Pleno y que su voto tiene idéntica validez; que los nuevos decretos de vivienda son jurídicamente distintos de los rechazados; que la emergencia habitacional no se suspende por la convocatoria de elecciones; y que, si la urgencia fuera inexistente, existen cauces para declararlo: la derogación por las nuevas Cortes o el recurso de inconstitucionalidad.

Son argumentos serios, y algunos son correctos. Pero ninguno responde a la cuestión central: no si el Gobierno puede hacerlo, sino si debe hacerlo así, en este momento y con este alcance temporal. Tampoco es un fenómeno nuevo. En 2019, el Congreso derogó en enero un decreto-ley de alquiler; el Gobierno aprobó otro de contenido análogo días antes de disolver las Cortes, y la Diputación Permanente lo convalidó en plena precampaña. Que el patrón se repita es precisamente lo preocupante: lo excepcional empieza a parecer costumbre.

La alternancia no puede ser meramente formal

Una democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. El voto debe permitir que los ciudadanos decidan no solo quién gobierna, sino qué políticas merecen continuar. Si la capacidad normativa del Gobierno que compite se utiliza para dejar resueltas decisiones de largo alcance antes de que se vote, la alternancia conserva su forma, pero pierde parte de su eficacia.

Nada de esto niega al Gobierno legitimidad para ejercer sus competencias, ni exige que el Estado se paralice cada vez que se abre un proceso electoral. Las ayudas a las víctimas de Urda o de las inundaciones no podían esperar. Pero hay una diferencia entre garantizar la continuidad del Estado y aprovechar esa continuidad para anticipar reformas cuya urgencia real es discutible. Si cada convocatoria se convierte en una carrera por dejar aprobado el mayor número posible de medidas antes del día de la votación, el decreto-ley dejará de ser un instrumento excepcional para convertirse en una herramienta ordinaria de anticipación política.

Y entonces el problema ya no será únicamente jurídico.

Será democrático.

El 29 de noviembre no debería decidir solo quién ocupará el Gobierno, sino también qué políticas, qué prioridades y qué compromisos merecen continuar. Esa decisión corresponde a los electores, y no debería llegarles ya tomada.