Volver
Portada de El Correo

La investigación revela el caos en el control de Adif y un fallo"habitual" de seguridad

18 noviembre, 2026 48 lecturas
La investigación revela el caos en el control de Adif y un fallo"habitual" de seguridad
Comentarios
Inicia sesión para poder comentar esta noticia.
Cargando comentarios...

Fecha: 30 de octubre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Urda: la filtración que eligió un culpable

Antes de que la investigación judicial y la técnica hayan dicho una sola palabra, unas grabaciones cuidadosamente seleccionadas ya han señalado a un trabajador del centro de control de Atocha. La pregunta no es solo qué falló en la vía, sino a quién beneficia que la conversación pública se detenga en él.

Unas horas, tres audios, tres medios

El 28 de octubre, en las proximidades de Urda (Toledo), un AVE alcanzó a gran velocidad a un tren de Iryo que permanecía detenido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Es el segundo gran siniestro en esta línea en apenas diez meses: en enero, en Adamuz, murieron 46 personas. Esta vez el balance se acerca a los setenta muertos.

Esa misma tarde, pocas horas después de que el ministro de Transportes calificara de "inexplicable" la orden de reanudar la marcha dada desde el centro de control de Adif, tres grabaciones de las comunicaciones entre Atocha y los maquinistas aparecían simultáneamente en la Cadena SER, El País y elDiario.es. En ellas se oye cómo el controlador autoriza al AVE a reanudar con "marcha normal" tras la caída del sistema LZB y cómo, minutos después, la maquinista del Iryo comunica que sigue detenida a la entrada de Urda, sin que en lo difundido conste orden alguna de detener al tren que venía detrás. El contenido es grave y debe investigarse hasta el final. Pero la forma en que ha llegado a la opinión pública también lo es, y no puede pasar inadvertida.

Una prueba que no debía estar en la calle

Esas grabaciones no son material periodístico ordinario. Son fuentes de prueba de una investigación judicial en curso y de la investigación técnica del accidente. Varios jueces han recordado públicamente que las actuaciones habían sido declaradas secretas. Si así consta, su difusión no es una indiscreción: es la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas que castiga el artículo 466 del Código Penal; y si quien las entregó es autoridad o funcionario que accedió a ellas por razón de su cargo, entra además en el ámbito del artículo 417.

No se sabe todavía quién filtró. Pero sí se sabe quién podía disponer de esas grabaciones a las pocas horas del accidente: el gestor de la infraestructura, del que dependen el centro de control y sus registros, su cadena de mando y, en su caso, quienes ya las hubieran recibido en el marco de la investigación. El círculo es estrecho, y la justicia tiene instrumentos para cerrarlo. La primera exigencia es simple: que se investigue la filtración con la misma diligencia que el siniestro.

Selección, momento y destinatario

Una filtración no es neutral por el hecho de contener material auténtico. Lo que la hace interesada es lo que se elige y lo que se omite, cuándo se difunde y a quién señala. Se han difundido tres conversaciones. No los registros del LZB que explicarían por qué se cayó la central de Urda. Tampoco el procedimiento de circulación degradada vigente aquella mañana. Ni las comunicaciones internas entre el controlador, su auxiliar y su supervisor. Ni los datos de plantilla y carga de trabajo del centro de Atocha. Lo difundido admite una sola lectura: un hombre dio una orden equivocada. Lo omitido es precisamente lo que permitiría preguntar por qué esa orden pudo acabar en una colisión. El momento tampoco es indiferente. Las grabaciones aparecen horas después de una comparecencia ministerial que situó el origen del accidente en "la orden" del centro de control, y en plena precampaña electoral. El ministro tuvo el cuidado de no nombrar a nadie y de remitir las responsabilidades a la investigación. La filtración hizo, en cambio, lo que él dijo no hacer: puso voz, y casi rostro, al responsable.

Desde dentro de Adif y desde los sindicatos ferroviarios se ha denunciado que se ha expuesto a un trabajador desbordado y que difundir el audio sin contexto es gravísimo. Tienen toda la razón.

El controlador no está solo en la cadena

Si se confirma que el controlador autorizó la marcha normal sin comprobar que el tramo estaba libre y sin aplicar la marcha a la vista que, según lo publicado, exigía el protocolo, su actuación deberá examinarse profesional y jurídicamente. Nadie pide impunidad. Pero le asisten, como a cualquiera, la presunción de inocencia y el derecho a que su conducta se juzgue con todos los datos, y no con un fragmento elegido por terceros. Y los datos que ya conocemos apuntan más allá de él. El propio ministro informó de que el operario tenía experiencia, de que se le había asignado un auxiliar y de que había un supervisor por encima. Entre la orden y el choque, el AVE recorrió unos veinticinco kilómetros, y la maquinista del Iryo llamó dos veces para avisar de que seguía detenida. Una orden errónea que varias personas pudieron corregir durante varios minutos, y que nadie corrigió, no es un error individual: es un fallo de organización.

Un controlador no diseña la señalización, no decide qué tecnología se instala, no adjudica contratos de modernización ni fija las plantillas del centro de control. Trabaja dentro de una estructura que debe darle sistemas fiables, procedimientos claros, medios suficientes y barreras que impidan que un error humano —posible siempre, y por eso previsto en cualquier actividad de riesgo— se convierta en una catástrofe. En aviación o en energía nuclear esa premisa es elemental. El ferrocarril no puede ser la excepción.

Lo que la filtración deja fuera de la atención

Al concentrar la atención en Atocha, la filtración aparta la mirada de las preguntas incómodas.

La primera: por qué falló el LZB. Es el sistema de la línea desde 1992 y ha funcionado durante décadas, pero su antigüedad plantea problemas de mantenimiento, repuestos y soporte que la Administración conocía. En septiembre de 2021, Adif Alta Velocidad adjudicó por unos 136 millones de euros la renovación de las instalaciones de seguridad de la línea, con implantación de ERTMS de nivel 2; el contrato principal, de 93,8 millones, tenía un plazo de 52 meses, lo que situaba la línea renovada en 2026. En octubre, la renovación seguía sin completarse. No se trata de afirmar que el ERTMS por sí solo habría evitado el choque —el proyecto preveía que el LZB siguiera en servicio junto a él—, sino de preguntar por qué una actuación declarada necesaria para la seguridad y la fiabilidad de la línea acumula retraso.

La segunda: qué barrera quedaba en pie cuando cayó el sistema automático. Si, en situación de tráfico degradado, la separación entre dos trenes dependía únicamente de una cadena de decisiones humanas, sin un mecanismo técnico independiente capaz de detener al que se acercaba, estamos ante un agujero de seguridad que ningún controlador creó.

La tercera: la supervisión. Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Ministerio de Transportes tienen encomendadas, cada uno en su ámbito, la gestión, el control y la tutela del sistema. Dos tragedias en la misma línea en diez meses obligan a preguntarles qué sabían, qué hicieron y qué dejaron de hacer.

Responsabilidad política no es buscar un culpable

Nada de esto supone atribuir al Gobierno responsabilidad penal por el accidente. Supone exigirle que responda por la gestión de un servicio público cuya seguridad es una obligación esencial, y que no utilice —ni tolere que se utilice— el material de una investigación judicial para fijar el relato antes de que hablen los jueces y los técnicos. Porque la filtración no solo perjudica a un trabajador. Contamina la prueba, condiciona a los testigos, presiona a quien tiene que investigar y ofrece a la opinión pública una explicación cómoda: la de un error humano aislado, que exime a todos los demás. Cuando falla una barrera de seguridad, el error puede ser humano. Cuando fallan todas, la pregunta es institucional. Y cuando, en lugar de responderla, alguien filtra una grabación para que la conteste un solo hombre, la pregunta apunta a desvelar actos de clara inmoralidad.