Fecha: 14 de noviembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión
Bolaños y la "norma no escrita": cuando la imprudencia la pone el Gobierno
La única norma escrita del periodo electoral obliga al poder ejecutivo, no a los jueces. El ministro de Justicia invoca otra, no escrita, que haría exactamente lo contrario.
El ministro de Justicia no merece una respuesta destemplada, aunque sus palabras de ayer suenen a desafío directo a jueces y fiscales. Merece, precisamente porque es el ministro de Justicia, una respuesta jurídica.
Qué dijo el ministro
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario del viernes 13 de noviembre, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, fue preguntado por las últimas actuaciones judiciales que afectan al PSOE. Entre ellas estaba la entrada de la UCO de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas el día anterior, en busca de presuntas irregularidades en donaciones al partido.
Su respuesta fue invocar una "norma no escrita" según la cual la Justicia no avanza, en periodo electoral, en causas que afectan al Gobierno y a los partidos. "A mí esa norma no escrita me parece muy prudente, muy razonable", dijo. Y añadió que "se ha venido cumpliendo siempre y es respetuosa con los procesos que están en curso", como las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuera de cámara, fuentes de Moncloa fueron más explícitas: se quejaron de que esas operaciones se produzcan con la campaña ya iniciada.
La pregunta que suscita es sencilla: ¿desde cuándo la independencia judicial está condicionada por el calendario electoral?
Una norma que no es norma
El artículo 117.1 de la Constitución establece que jueces y magistrados están sometidos "únicamente al imperio de la ley". La palabra decisiva es únicamente. No están sometidos al calendario electoral, ni a las conveniencias del Gobierno, ni a la repercusión política que puedan tener sus resoluciones.
Si alguna vez ha existido esa práctica (y el ministro no aporta más prueba que su afirmación de que "se ha venido cumpliendo siempre"), sería, a lo sumo, un uso. Un uso no es una norma jurídica. Y mucho menos puede convertirse en una obligación de paralizar actuaciones judiciales.
Un juez, dentro de sus facultades de ordenación del proceso, puede decidir cuándo practica una diligencia por razones procesales justificadas: la disponibilidad de medios, la necesidad de no frustrar otra diligencia, la protección de la propia investigación. Eso forma parte del funcionamiento ordinario de la Justicia. Otra cosa, muy diferente, es que deba posponerla porque su resultado pueda perjudicar electoralmente al partido que gobierna. Lo primero es ordenación procesal. Lo segundo es un criterio de oportunidad política, ajeno a la función jurisdiccional.
Que un juez, por propia iniciativa, sea cuidadoso con los tiempos es un ejercicio de su independencia. Que se lo reclame públicamente el Gobierno es exactamente lo contrario.
La única norma escrita en nuestro ordenamiento para el periodo electoral, obliga al Gobierno
Hay una ironía que el ministro debería conocer mejor que nadie. Durante el periodo electoral sí existe una norma, y está escrita. El artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe, desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones, cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que aluda a sus realizaciones o logros, así como la inauguración de obras o servicios públicos.
Es decir, la ley impone la contención electoral al poder ejecutivo, no a los jueces. El legislador entendió que quien puede aprovechar el poder para influir en el voto es el Gobierno, y a él le ató las manos.
La norma escrita frena al Gobierno. La "no escrita" que invoca el Gobierno frenaría a los jueces. El reparto de prudencias está exactamente invertido.
La paradoja
El ministro dice querer evitar que la Justicia influya en el proceso electoral, y para ello pide a la Justicia que se adapte al proceso electoral. Para preservar la neutralidad política de los tribunales, les reclama que tengan en cuenta las consecuencias políticas de sus actuaciones.
Pero la paralización tampoco es neutral. Un registro aplazado, una declaración suspendida o una resolución congelada también producen efectos electorales: favorecen a quien está siendo investigado. No actuar es también decidir, y decidir en favor de alguien.
La única neutralidad posible para un juez es la que le marca la ley. Si existen razones procesales para practicar un registro, requerir documentación, tomar una declaración o dictar una resolución, esas razones deben prevalecer. Si no existen, la actuación no debe realizarse. La proximidad de unas elecciones no es una de esas razones, sencillamente porque la ley no la contempla.
La responsabilidad de quien ocupa el Ministerio de Justicia
Lo verdaderamente preocupante no es la idea de fondo, sino quién la formula. El artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no deja margen: "Todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados". Todos incluye, con mayor motivo, al ministro del ramo. La misma ley prevé incluso un cauce para cuando un juez se considera inquietado o perturbado en su independencia: ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial y solicitar su amparo (artículo 14).
La petición, además, no se dirige solo a los jueces. Alcanza a los fiscales, a quienes el artículo 124 de la Constitución sujeta "en todo caso" a los principios de legalidad e imparcialidad, y cuyo Fiscal General nombra el propio Gobierno. Y alcanza a la policía judicial, que según el artículo 126 de la Constitución depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito. La UCO no fija su propio calendario: actúa bajo dirección judicial o fiscal. Pedirle que se detenga es, en realidad, pedírselo al juez o al fiscal que la dirige.
Un ministro de Justicia debe observar una cautela especial cuando habla de actuaciones de jueces, fiscales y policía judicial, y más aún si esas actuaciones afectan a personas o entidades vinculadas al Gobierno al que pertenece. Reclamar mejoras para la Administración de Justicia es su trabajo. Sugerir que sus órganos modulen sus actuaciones según la conveniencia electoral es otra cosa. La responsabilidad del cargo exige no confundir ambas.
Los informes policiales y las filtraciones
El País recogía también ayer el malestar del Gobierno por los informes policiales que se están publicando en plena campaña. Aquí conviene deshacer otra confusión. Una cosa es la investigación policial; otra, la incorporación de sus resultados al procedimiento judicial, y otra muy distinta, la difusión pública de la información que procede de esas investigaciones.
Si se producen filtraciones ilegítimas, deben investigarse. Si se vulnera el secreto de las actuaciones, deben exigirse las responsabilidades que correspondan. Esa preocupación es legítima, y lo sería con cualquier Gobierno. Pero una eventual irregularidad en la difusión de un informe no convierte en ilegítima la investigación que lo originó.
La solución a las filtraciones no es paralizar las investigaciones. Y menos aún cuando esa paralización beneficiaría precisamente a quienes son objeto de ellas.
La memoria institucional también importa
La defensa de las normas, de las instituciones y de la legalidad no puede elegirse a conveniencia. No es admisible invocar solemnemente una supuesta tradición institucional cuando sus consecuencias pueden perjudicar al Gobierno y, al mismo tiempo, relativizar las exigencias de la legalidad cuando resultan incómodas para el poder. A quien ocupa la cartera de Justicia debe exigírsele un estándar de respeto institucional particularmente elevado. No basta con apelar a la prudencia de los jueces cuando sus resoluciones afectan al Ejecutivo. La independencia judicial debe defenderse también, y sobre todo, cuando sus decisiones incomodan a quien gobierna.
La Constitución no contempla una independencia judicial intermitente, que se suspende durante la campaña electoral y se recupera cuando se cierran las urnas.
La Justicia no está al servicio del calendario político
El argumento de la "prudencia" suena razonable. Pero pierde toda legitimidad cuando lo formula el Gobierno, y cuando lo formula en un momento en que las actuaciones judiciales afectan a su propio entorno político.
No le corresponde a la Justicia proteger al Gobierno de las consecuencias electorales de sus investigaciones. Tampoco a la oposición, si mañana fuera ella la investigada.
Su obligación es otra: investigar cuando proceda, resolver cuando corresponda y hacerlo con arreglo a la ley. La independencia judicial no es una concesión del poder político, ni una tradición que pueda invocarse o abandonarse según las circunstancias.
Es una garantía constitucional frente al propio poder por lo que convendría que el ministro de Justicia no lo recordara solo cuando le resulta conveniente.