Fecha: 25 de octubre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión
La polarización española: de la reforma legislativa a la fractura social
La división que hoy percibimos en la sociedad española no se explica solo por el enfrentamiento entre partidos ni por la creciente agresividad del debate público. Su raíz está en la evolución del ordenamiento jurídico, en el desgaste de determinados consensos constitucionales y en el uso progresivo de la legislación unilateral, aprobada sin acuerdo e impuesta como instrumento de afirmación ideológica.
El punto de partida debe situarse en 2004. José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Presidencia del Gobierno tras unas elecciones celebradas tres días después del mayor atentado de nuestra historia. Durante la jornada de reflexión hubo concentraciones ante las sedes del partido del Gobierno, y Alfredo Pérez Rubalcaba compareció públicamente para acusar al Ejecutivo de mentir, en abierta contradicción con el sentido de esa jornada. El nuevo Gobierno emprendió una intensa actividad legislativa sobre materias de especial sensibilidad social, institucional y constitucional (lo analicé en El Sexenio 2004-2010. Derecho y Soberanía Ciudadana: VIIIª y IXª legislaturas de las Cortes Generales españolas, © 2011 Ricardo Manuel Trigo Calonge, que puede descargarse desde esta página).
Algunas de aquellas reformas alteraron sustancialmente el marco normativo y abrieron controversias que iban más allá de la discrepancia política ordinaria. Estaban en juego concepciones distintas de la familia, la vida humana, la libertad y la igualdad, la organización territorial, la historia y la relación entre los poderes públicos y la sociedad.
No sostengo que toda innovación legislativa sea una ruptura constitucional. Tampoco niego al legislador democrático la facultad de adaptar las leyes a la evolución social. La cuestión es si aquellas reformas se hicieron preservando los consensos básicos que permiten a una sociedad plural reconocerse en unas mismas reglas de convivencia. La legitimidad de una mayoría parlamentaria para legislar no elimina la conveniencia de respetar los límites constitucionales y, en determinadas materias, la necesidad política de hacerlo, para evitar que cada cambio de Gobierno redefina los principios que ordenan la vida colectiva. La respuesta es negativa: aquellos principios elementales de convivencia no se respetaron.
El Tribunal Constitucional merece especial atención. Sus magistrados no proceden necesariamente de la carrera judicial, y en su designación intervienen órganos de naturaleza inequívocamente política. Son juristas y ejercen una función jurisdiccional sometida a la Constitución y a la ley. Pero resulta difícil ignorar que los nombramientos están expuestos a la negociación entre fuerzas políticas, y que quienes designan no siempre han actuado con la neutralidad y la rectitud que la función exige.
El problema no es que los magistrados tengan sensibilidades distintas, algo compatible con una sociedad plural. El problema es que la percepción pública de sus decisiones quede subordinada a la identificación de bloques ideológicos. Cuando la interpretación constitucional se contempla como una prolongación de la disputa partidista, la autoridad del Tribunal se debilita, incluso cuando sus resoluciones se ajustan a Derecho. La confianza en la justicia constitucional exige algo más que la regularidad formal de los nombramientos. Exige que sus decisiones puedan reconocerse como fruto de una interpretación jurídica razonada, y no como la victoria institucional de un partido del que se recibe una consigna.
Los gobiernos posteriores tuvieron ocasión de revisar las reformas más controvertidas y de recuperar espacios de entendimiento. No lo hicieron. Con Mariano Rajoy no hubo rectificación de fondo: el sistema de plazos de la ley del aborto quedó intacto, salvo el consentimiento paterno de las menores restablecido en 2015. El recurso que su propio partido había interpuesto en 2010 no se resolvió hasta trece años después, y fue para desestimarlo. Ese mantenimiento pudo deberse a convicción, a cálculo parlamentario o a la prioridad de otras cuestiones, pero permitió que aquellas transformaciones se consolidaran. La inacción también tiene consecuencias: lo que no se revisa termina incorporándose a la normalidad institucional, aunque suponga una ruptura con la doctrina anterior.
La moción de censura de 2018 abrió una etapa nueva y descarnada. La dependencia parlamentaria de una coalición de intereses muy heterogéneos ha puesto en primer plano una cuestión esencial: hasta dónde pueden llegar las mayorías coyunturales al transformar el ordenamiento jurídico sin comprometer los consensos fundamentales. Algunas de las fuerzas que sostienen esa mayoría niegan abiertamente el orden constitucional. Entre ellas figuran herederas de la izquierda abertzale, cuya legalización decidió el Tribunal Constitucional enmendando al Supremo. Su peso decisivo en reformas de gran alcance erosiona la legitimidad que buena parte de la ciudadanía reconoce a esas reformas.
A ello se suma un uso del decreto-ley sin precedentes. Más de la mitad de las iniciativas legislativas de estos gobiernos se han aprobado por esa vía, muy por encima de cualquier gobierno anterior, cuando la Constitución la reserva a los casos de extraordinaria y urgente necesidad. Los acuerdos parlamentarios son inherentes al sistema democrático. Pero la necesidad exacerbada de mantenerse en el poder genera incentivos para impulsar reformas cuya justificación no está en un proyecto compartido de país, sino en satisfacer demandas particulares indispensables para sostener una mayoría.
Es ahí donde la discusión deja de ser meramente partidista. Una parte significativa de la ciudadanía percibe que las reglas comunes se modifican en función de necesidades parlamentarias inmediatas. Percibe también que el adversario político es tratado como un obstáculo moral antes que como un competidor legítimo, y que las instituciones se convierten en instrumentos de confrontación. Cuando eso ocurre, la discrepancia se transforma en desconfianza. Y la desconfianza sostenida acaba erosionando la cohesión social.
El escenario actual añade nuevos factores de tensión. Las causas judiciales que afectan a responsables públicos, las investigaciones que alcanzan a integrantes de los partidos gobernantes o de su entorno y la incertidumbre sobre sus consecuencias políticas alimentan un clima de sospecha. Es indispensable, sin embargo, distinguir entre investigación, imputación y condena firme. La exigencia de responsabilidad política no puede confundirse con la anticipación de la culpabilidad penal. El Estado de Derecho es el fundamento de nuestra convivencia, y precisamente por eso sus garantías deben aplicarse también a quienes ejercen el poder.
La consecuencia es una sociedad cada vez más inclinada a interpretar las decisiones públicas desde la lógica de la pertenencia a un bloque. La discusión política deja de centrarse en la eficacia de las medidas o en su adecuación constitucional y pasa a plantearse, con demasiada frecuencia, en términos de vencedores y vencidos. La alternancia democrática debería permitir revisar políticas y corregir errores. En lugar de eso, se convierte en una amenaza para quienes temen que cada cambio de mayoría altere las bases jurídicas, culturales o territoriales de su concepción de España. Ninguna de las facciones advierte que, en esta carrera por el poder, está perdiendo de vista el interés general y el bien común.
Recuperar la convivencia no exige eliminar las diferencias ni imponer una uniformidad ideológica imposible. Exige reconstruir un terreno común: instituciones cuya independencia no esté permanentemente en entredicho, reformas legislativas asentadas en una justificación jurídica rigurosa, respeto a las garantías constitucionales y disposición a alcanzar acuerdos que trasciendan la supervivencia de una legislatura.
La democracia no consiste únicamente en que una mayoría pueda aprobar leyes. Consiste también en que ese poder se ejerza preservando las condiciones que permiten a quienes discrepan seguir reconociéndose como miembros de una misma comunidad política.
Si la legislación se convierte en un instrumento de confrontación permanente y las instituciones pierden su capacidad de generar confianza compartida, la fractura social será inevitable y de extrema gravedad.
España no necesita que todos sus ciudadanos piensen igual. Necesita que, pensando de manera distinta, puedan confiar en que las reglas fundamentales de convivencia no se modificarán a conveniencia de cada mayoría coyuntural. Sin esa confianza, la alternancia seguirá siendo formalmente posible, pero la reconciliación política y social será cada vez más difícil.