Fecha: 19 de octubre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

CCOO y UGT: más subvenciones, menos confrontación y una huelga en vísperas electorales

La relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las dos grandes centrales sindicales vuelve a estar en los titulares. Antes de valorarla, conviene empezar por los números, y conviene hacerlo con cuidado: circulan tres magnitudes distintas que no deben confundirse ni sumarse entre sí. Solo separándolas es posible una valoración honesta.

Tres cifras que no son la misma cifra

Primera: la subvención estatal específica para actividad sindical. Es la línea que convoca cada año el Ministerio de Trabajo y que se reparte en función de la representatividad. En 2018, último presupuesto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, rondaba los 8,9 millones de euros. En 2021 subió a 13,9 millones; en 2022 alcanzó los 17, cifra que se mantuvo en 2023 y 2024. En la convocatoria de 2025 saltó a 32 millones, y la de 2026 repite ese máximo. El incremento ronda el 260 %: la partida se ha multiplicado por algo más de 3,5. En 2025, CCOO recibió 12,2 millones y UGT 11,4; juntas, cerca del 74 % del total. El salto se ha producido, por tanto, bajo la gestión de Yolanda Díaz al frente de Trabajo.

Segunda: el conjunto de ayudas públicas atribuidas a CCOO, UGT y sus entidades vinculadas. Según el análisis de los listados anuales de grandes beneficiarios de Hacienda publicado por The Objective, las ayudas registradas para estas organizaciones alcanzaron en 2025 los 93,5 millones de euros: un 34,1 % más que en 2018, unos 23,8 millones de diferencia. Esta magnitud abarca confederaciones estatales, organizaciones territoriales, federaciones y fundaciones, y procede de distintas administraciones, no solo de la estatal. No debe presentarse, pues, como dinero recibido por las direcciones nacionales de los dos sindicatos, ni como dinero concedido en exclusiva por el Gobierno central.

Tercera: el acumulado del periodo. El mismo análisis cifra en unos 569 millones de euros las ayudas públicas registradas entre 2018 y 2025 para el conjunto de CCOO, UGT y sus organizaciones vinculadas. Es la suma de ocho ejercicios, no una cantidad anual ni una partida adicional a las anteriores.

La primera cifra mide una línea estatal concreta; la segunda, un perímetro mucho más amplio de subvenciones; la tercera, el volumen acumulado de ese perímetro durante ocho años. Las fuentes son el Boletín Oficial del Estado, para las convocatorias de Trabajo, y los listados de grandes beneficiarios de Hacienda, para las otras dos.

Hechas las distinciones, la conclusión económica sigue siendo relevante: la financiación pública de estas organizaciones es considerable y ha crecido de forma significativa durante los gobiernos de Pedro Sánchez, con especial intensidad en la partida que depende directamente del Ministerio de Trabajo.

Catorce años sin una huelga general conjunta de 24 horas

La última huelga general de 24 horas convocada conjuntamente por CCOO y UGT fue la del 14 de noviembre de 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, contra las políticas de austeridad y la reforma laboral del Partido Popular. Ese mismo año, el 29 de marzo, ya habían convocado otra.

Desde entonces, ambos sindicatos han negociado convenios, se han movilizado y han respaldado huelgas sectoriales. Incluso convocaron, el 15 de octubre de 2025, paros parciales de dos horas por turno en solidaridad con Palestina; una protesta dirigida contra la guerra en Gaza, no contra la política del Ejecutivo. Pero no convocaron una huelga general de 24 horas durante los gobiernos de Pedro Sánchez hasta el anuncio de la de noviembre de 2026.

Lo significativo es que ese periodo no ha sido precisamente tranquilo para los trabajadores:

•   La crisis inflacionaria de 2022. El encarecimiento de la energía, los alimentos y otros bienes esenciales recortó el poder adquisitivo de muchos hogares y abrió conflictos salariales. Hubo negociación y hubo movilizaciones, pero no una huelga general contra el Gobierno.

•   La crisis de acceso a la vivienda. La escalada de alquileres y precios de compra ha bloqueado la emancipación de los jóvenes y se ha comido una parte creciente de los ingresos familiares. Pese a su gravedad, no motivó una huelga general conjunta hasta este otoño.

•   Los salarios que no alcanzan. La mejora de algunos indicadores laborales no ha eliminado los problemas de poder adquisitivo, la precariedad en determinados sectores ni la desigualdad.

•   Los servicios públicos. Las tensiones en sanidad, educación y otros servicios esenciales han generado protestas y huelgas territoriales y sectoriales, nunca una convocatoria general de 24 horas contra el Ejecutivo.

La pregunta se impone sola: ¿por qué conflictos de esta trascendencia no llevaron a CCOO y UGT a convocar una huelga general durante tantos años, y por qué ahora sí consideran necesaria una movilización de esa dimensión?

La convocatoria del 11 de noviembre

CCOO y UGT han convocado una huelga general de 24 horas para el miércoles 11 de noviembre de 2026, junto al Sindicato de Inquilinas, CGT, CNT y otras organizaciones. La vivienda es el eje de la protesta; las centrales mayoritarias han añadido reivindicaciones salariales, de jornada y contra la precariedad. La fecha fue propuesta por el propio Sindicato de Inquilinas.

Pero la fecha tiene una relevancia política evidente: las elecciones generales se celebran el 29 de noviembre y la campaña arranca el 13. La huelga caerá dieciocho días antes de las urnas y dos antes del inicio oficial de la campaña, en el momento de máxima sensibilidad electoral.

Los sindicatos la presentan como respuesta a problemas reales de los trabajadores, y lo son. No sería riguroso afirmar, sin pruebas, que su propósito sea apoyar electoralmente a Pedro Sánchez: una huelga general puede presionar al Gobierno, dañar su imagen o, por el contrario, movilizar a parte de su electorado. Sus efectos no están escritos de antemano.

La proximidad de las elecciones plantea, sin embargo, preguntas legítimas. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que se juzgue imprescindible una huelga general que no se consideró necesaria en los años anteriores? ¿Se habría tomado la misma decisión con un Gobierno de signo contrario?

La coincidencia temporal no demuestra por sí sola una maniobra partidista. Sí hace razonable exigir a los convocantes una explicación convincente de los criterios con los que deciden cuándo ejercer su máxima capacidad de presión.

El problema de fondo

La evolución de las ayudas, puesta junto a la escasa confrontación directa con el Gobierno durante estos años, apunta a un problema político de fondo.

Las subvenciones públicas no son ilegítimas por definición. Pueden financiar actividades sindicales de interés general y contribuir al ejercicio de derechos que la ley reconoce. Recibir dinero público no convierte automáticamente a un sindicato en dependiente del poder.

Pero la vocación sindical puede desvirtuarse cuando una organización que debe fiscalizar, presionar y, llegado el caso, enfrentarse al Gobierno depende en medida significativa de recursos que distribuyen las administraciones.

Los hechos son tres: un aumento sustancial de la financiación pública de CCOO, UGT y sus organizaciones vinculadas; la ausencia de una huelga general conjunta de 24 horas durante los gobiernos de Pedro Sánchez, pese a la sucesión de conflictos económicos y sociales; y una huelga general convocada en vísperas de unas elecciones generales.

No hay prueba que permita afirmar que el Gobierno haya comprado el silencio de los sindicatos ni que exista un acuerdo oculto.

Pero sería poco serio no preguntarse si la financiación pública y la cercanía institucional pueden favorecer una relación excesivamente acomodaticia entre el poder político y quienes están llamados a controlarlo desde el ámbito laboral. La independencia sindical no se mide solo por la libertad formal de decisión. Se mide también por la disposición efectiva a enfrentarse al Gobierno cuando los intereses de los trabajadores lo exigen, incluso cuando ese Gobierno comparte la orientación ideológica de la dirección sindical.

Un sindicato de clase no nació para ser la prolongación social de ningún partido ni para dar estabilidad a un Gobierno afín. Su función histórica es defender a los trabajadores frente al poder económico y político, negociar mejoras y movilizarse cuando la negociación no basta. Que demasiadas veces haya acabado convertido en correa de transmisión partidaria no cambia esa función; la agrava.

La dependencia financiera no equivale necesariamente a la descomposición de la vocación sindical. Puede llegar a serlo si la preservación de los recursos, la interlocución institucional o la afinidad política acaban pesando más que la defensa autónoma de los trabajadores. Un sindicato cumple su misión cuando defiende a los trabajadores frente a cualquier Gobierno, sea cual sea su color. Si la intensidad de la protesta varía según quién ocupe el poder, la representación obrera corre el riesgo de quedar subordinada a una estrategia de partido.

No se trata de afirmar que todo sindicato subvencionado esté comprado, ni que toda huelga próxima a unas elecciones responda a intereses partidistas. Se trata de exigir criterios transparentes, autonomía financiera y una disposición coherente a defender a los trabajadores gobierne quien gobierne.

Porque cuando un sindicato obrero deja de ser incómodo para el poder al que debería fiscalizar, tiene que preguntarse si sigue defendiendo prioritariamente a los trabajadores o si ha empezado a defender otros intereses.