Fecha: 22 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.
Ceuta no es una colonia: la historia que desmiente la reivindicación marroquí
Hay momentos en los que la historia nos refresca la memoria de tal forma que parece que siempre estuvo aquí, y en Ceuta ha sucedido.
Tras la invasión masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, desbordando la frontera de la ciudad española con la violencia inherente a una presión humana de tal categoría, el gobierno marroquí se empeña en recolocar oficialmente sobre la mesa su reivindicación de lo que denominan, con manifiesta falta de fundamento histórico y lógico, «las colonias españolas». Llama la atención que se haga precisamente cuando la crisis no ha concluido, porque esto pudiera poner de manifiesto un protagonismo en la génesis de la invasión que nadie puede afirmar hasta el momento.
Lo digo porque el 21 de agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, declaró que Ceuta y Melilla constituyen un «derecho histórico y geográfico» de Marruecos y propuso crear un mecanismo de diálogo con España para abordar su eventual retorno a Marruecos. La reivindicación no es nueva, pero su reaparición después de la crisis fronteriza de julio resulta significativa. La respuesta española ha sido formalmente inequívoca: Exteriores ha trasladado a Rabat su «rechazo tajante» a cualquier planteamiento distinto de la realidad de que Ceuta y Melilla forman parte de España y, por tanto, de la integridad territorial de la Unión Europea.
Pero la cuestión es si el hecho de que un gobierno tan «original» como el que existe hoy en España puede dar garantía de tal afirmación.
Ceuta no es una colonia
La utilización por el ministro marroquí del término «colonia» no aparenta precisamente ingenuidad: es una estrategia política que ya se intentó utilizar ante la ONU en 1975 por Marruecos, justo antes de invadir el Sáhara Español. Si Ceuta y Melilla fueran realmente colonias, podrían ser incluidas en el marco jurídico internacional de la descolonización. Pero no lo son, aunque, visto lo sucedido con el Sáhara, eso no es una garantía de seguridad.
Las Naciones Unidas mantienen una lista de territorios no autónomos sometidos al proceso de descolonización. Ceuta y Melilla no figuran en ella. Marruecos ha intentado históricamente que ambas ciudades fueran consideradas territorios pendientes de descolonización, pero esa pretensión no ha sido aceptada por Naciones Unidas. Y es que, evidentemente, Ceuta y Melilla no son territorios administrados por España como una colonia separada de la metrópoli. Son ciudades autónomas previstas constitucionalmente, ciudades que gozan de estatuto pleno de nacionalidad española: sus ciudadanos son españoles, cuentan con instituciones propias y representación política.
Decir «colonia» no describe la realidad jurídica: es una manifestación de la posición política de quien pretende modificarla.
La historia tampoco encaja demasiado bien con la palabra «devolución»
Existe además un problema con la expresión «retorno» o «devolución», porque Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415 y pasó a la Corona de España por herencia de Felipe II (rey de Portugal también). Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta permaneció vinculada a la Monarquía Hispánica por voluntad de sus ciudadanos, de ahí que Felipe IV le concediera el título de «ciudad fidelísima». El Tratado de Lisboa de 1668 consolidó la soberanía española sobre la ciudad.
Resumiendo: la soberanía española sobre Ceuta es muy anterior a la independencia de Marruecos en 1956. No estamos ante un territorio que España hubiera recibido del Estado marroquí contemporáneo y que ahora Rabat solicite recuperar. Estamos ante una ciudad cuya vinculación política con España se remonta a varios siglos. Por supuesto, Marruecos puede formular una reivindicación territorial —los Estados lo hacen—, pero una reivindicación no se convierte automáticamente en un derecho por el mero hecho de denominarlo «histórico».
Treinta y tres años intentando conquistarla
La historia de Ceuta ofrece, además, un dato extraordinariamente revelador, y es que, entre 1694 y 1727, el sultán Muley Ismail mantuvo durante aproximadamente treinta y tres años el asedio de Ceuta. Treinta y tres años de operaciones militares, ataques, bombardeos y presión sobre las defensas de la ciudad. El intento terminó en fracaso tras fracaso, con la muerte del sultán, y Ceuta permaneció bajo soberanía española.
No puedo evitar hacer una comparación, aunque no debamos confundir acontecimientos históricamente diferentes. Si bien, en el siglo XVII, la pretensión de conquistar Ceuta tuvo que expresarse mediante un prolongado asedio militar, debe aceptarse que en julio de 2026 decenas de miles de personas llegaron a las inmediaciones y al territorio de la ciudad desde Marruecos, provocando una crisis de dimensiones extraordinarias.
El presidente del Gobierno español llegó entonces a calificar los acontecimientos de «violación y ataque a la integridad territorial» de España y aseguró que se utilizarían todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de Ceuta, ante lo cual la pregunta es inevitable:
¿Estamos ante una nueva forma de presión territorial?
No hay pruebas suficientes para afirmar que la entrada masiva de julio fuese una operación diseñada por el Estado marroquí para conquistar Ceuta, pero sería de una ceguera palmaria e insensata ignorar el contexto político en el que se produce.
Cuando la presión fronteriza coincide con la reivindicación territorial
La secuencia es cristalina: entrada masiva desde Marruecos que desborda la capacidad de respuesta de una ciudad de unos 85.000 habitantes; a ello sigue una intensa discusión política sobre la actuación española. Y en este preciso momento, reaparece la reivindicación oficial marroquí que afirma que Ceuta y Melilla pertenecen históricamente a Marruecos y propone negociar su «retorno». No se podría acusar de «conspiranoico» a alguien que advierta que los tres acontecimientos pertenecen a una misma realidad geopolítica: Marruecos no ha renunciado a su reivindicación sobre las ciudades españolas.
Y eso obliga al gobierno de España a decidir si quiere tratar cada episodio por separado —inmigración por un lado, diplomacia por otro, soberanía por otro— o si está ante un problema estratégico único. ¿O es mucho pedir?