Fecha: 30 de agosto de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión
Ceuta, una crisis abierta en canal
«La crisis de Ceuta se encuentra abierta en canal un mes después». El titular es muy expresivo. Una crisis que, tras un mes, sigue «abierta en canal» no es una crisis enquistada que simplemente pide solución inmediata: es la consecuencia directa de un modo específico de ejercer el poder.
Conviene recordar los hechos, porque sostienen la figura retórica mejor que cualquier adjetivo. A finales de julio, entre 50.000 y 80.000 personas, depende de que fuente, invadieron de forma irregular territorio español en Ceuta en apenas dos días. Al menos 72 murieron en el cruce. El Gobierno dice que el 90% regresó a Marruecos, y lo presenta como un dato de buena gestión; Human Rights Watch y una organización marroquí de derechos humanos lo ponen en cuestión, porque no hubo evaluación individual de cada persona, ni acceso a procedimientos de asilo, ni investigación sobre denuncias de uso de fuerza innecesaria en la localidad marroquí de Beni Enzar. Además, semanas antes de la crisis el Tribunal Supremo había limitado las devoluciones en caliente por mar, y el Gobierno se ha resistido desde entonces a cerrar ese vacío legal por decreto porque no quería reunir al Consejo de Ministros en pleno agosto. Es decir: ni siquiera el único número que el Gobierno presenta como éxito está limpio de disputa legal y humanitaria.
Y el resto de la respuesta fue igual de lenta. Durante dieciséis días, mientras el hospital de la ciudad operaba al límite y los distintos ministerios se pasaban la responsabilidad entre ellos, la única gestión visible fueron ocho visitas ministeriales que dejaron, según la crítica generalizada, "fotografías sin medidas operativas". El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tuvo que reclamar públicamente el 16 de agosto un mando único que coordinara de verdad. El Gobierno no lo anunció hasta el 24 de agosto ni lo aprobó hasta el 25: casi un mes después del asalto, semanas después de que se le pidiera. Y aun así, columnistas lo han descrito directamente como "el cuento del mando único": una autoridad funcional sin jerarquía real sobre ministros ni otras administraciones, mientras seguían sin resolverse cerca de 10.000 emigrantes en la ciudad. El plan económico de recuperación —ayudas al comercio, incentivos fiscales, apoyo al turismo— llegó con el mismo retraso, cuando el daño reputacional ya estaba hecho. Esa es la crisis "abierta en canal": no una imagen retórica, sino la fotografía exacta de una emergencia gestionada a golpe de reacción y de titular, nunca de anticipación.
Estaréis de acuerdo en que gobernar no consiste en diseñar leyes, anunciar políticas o construir una entelequia política. Gobernar es resolver problemas reales. Y cuando los problemas permanecen abiertos, se acumulan o incluso se agravan, resulta legítimo preguntarse por la capacidad de quienes tienen encomendada su gestión. Y eso sin entrar en su génesis, porque lo peor viene cuando el problema es consecuencia de un modo de gobierno o, peor aún, de desgobierno.
El problema cobra dimensiones exageradas cuando algunos ministros prefieren responder a la necesidad individual de sostener los pactos que sostienen al Gobierno, eliminando de facto la idea de que la Administración debe ser un instrumento al servicio de todos los españoles.
A pesar de que muchas posiciones ideológicas parecen indefendibles o han demostrado ser poco realistas, no es este lugar para negar la legitimidad de la opción de cada cual. El sentido común , que no la democracia por sí misma, exige reconocer que todas las ideologías que respeten el marco constitucional tienen derecho a defender sus propuestas y a intentar convertirlas en políticas para el ciudadano (antes se decía «para el pueblo»).
El esperpento surge cuando la ideología termina desplazando a la eficacia, y la Administración deja de estar orientada primordialmente a resolver problemas para convertirse en instrumento de una determinada concepción política de la sociedad.
Y ahí es donde se aprecia la gravedad de una política y una sociedad con riesgo de contaminación enfermiza. Que una política se etiquete como "progresista" no la convierte automáticamente en beneficiosa para la sociedad. El progreso no puede medirse por la etiqueta ideológica de una política, sino por sus resultados. Toda política pública debe poder someterse a una pregunta elemental: ¿ha mejorado realmente aquello que pretendía mejorar? En Ceuta, un mes después, la respuesta la están dando las propias calles.
Si la respuesta es negativa, mantener esa política indefinidamente por razones ideológicas deja de ser una cuestión de legítima discrepancia política y empieza a plantear un problema de responsabilidad en el ejercicio del poder, también para quienes deben votar y viven el día a día de forma humana y reflexiva.
Eso es lo que puede predicarse de ministerios cuya existencia, estructura o competencias responden en buena medida a los equilibrios necesarios para mantener una mayoría parlamentaria. La lógica de los pactos puede explicar la formación de un Gobierno; lo que no debería explicar es la pérdida de eficacia del Gobierno.
Porque una cosa es pactar para gobernar y otra muy distinta gobernar para mantener los pactos.
Cuando la segunda lógica se impone, los ministerios y sus ministros dejan de ser servidores públicos y pasan a ser piezas de una arquitectura política destinada, ante todo, a conservar el poder.
Ceuta constituye, en este sentido, algo más que un episodio concreto. Es una manifestación de la incapacidad del Estado para anticiparse a los problemas, reaccionar ante las crisis y ofrecer soluciones a tiempo. Un mando único creado tarde, un plan económico anunciado casi un mes después y un conflicto de competencias sin resolver entre la ciudad y el Gobierno central no son detalles de gestión: son el patrón.
Una Administración que no resuelve sus problemas esenciales y graves, o que esconde la cabeza para huir de su responsabilidad, podrá parecer respetable por institucional, pero no lo es de verdad, porque carece de la mínima eficacia y capacidad.
Todo conduce entonces a abrir el debate entre «progresismo» y «conservadurismo», en vez de ser valientes y buscar la discusión entre políticas que funcionan y políticas que fracasan; entre decisiones guiadas por el interés general y decisiones condicionadas por la necesidad de conservar una determinada mayoría política.
Desde aquí observo yo ese estado de la crisis: «abierta en canal». No es una mera descripción de una crisis migratoria y territorial, es la imagen de una Administración «al pairo», porque sus responsables carecen de la capacidad, los méritos y la responsabilidad necesarios para escapar de sus propias creencias ideológicas cuando estas ya han dejado de servir a nadie.