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Moncloa decide atacar a Ceuta para defenderse de la crisis

10 septiembre, 2026 48 lecturas
Moncloa decide atacar a Ceuta para defenderse de la crisis
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Fecha: 18 de agosto de 2026   Autor: R. Trigo   Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

El Gobierno cercado

Hay momentos en que confluyen, de golpe, crisis procedentes de los flancos más débiles de un Gobierno. Ceuta parece ser, en este verano, el flanco más determinante para Pedro Sánchez, porque en ella ha culminado una catarata de episodios que ponen de manifiesto la extrema debilidad del Ejecutivo.

Lo sucedido en la frontera ceutí el pasado 30 y 31 de julio no fue una incidencia migratoria ordinaria. Durante horas, decenas de miles de personas procedentes de Marruecos lograron acceder irregularmente a la ciudad. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, llegó a cifrar la entrada en 60.000 personas; el Gobierno habló de más de 50.000. Una magnitud extraordinaria para una ciudad cuya población ronda los 85.000 habitantes.

No estamos, por tanto, ante una discusión meramente aritmética. Estamos ante un hecho político de enorme gravedad: una frontera exterior de la Unión Europea quedó sometida a una presión masiva y extraordinaria.

Ahí es donde empezó el problema para el Gobierno. Porque la primera obligación de cualquier Ejecutivo ante una situación semejante no es buscar culpables, sino ejercer el poder del Estado. La inmigración, el control de las fronteras, la seguridad nacional y la defensa de la integridad territorial no pueden convertirse en una disputa competencial entre administraciones. Y mucho menos en una guerra política entre el Gobierno central y el presidente de una ciudad autónoma que reclama precisamente la intervención del Estado.

Juan Vivas, presidente de Ceuta y dirigente del Partido Popular, mantuvo inicialmente una posición institucional y prudente. No convirtió la tragedia en una batalla partidista. Reclamó ayuda. Advirtió del riesgo de colapso. Y pidió una respuesta contundente del Estado.

Con el paso de los días, sin embargo, aquella prudencia empezó a agotarse.

El 17 de agosto, Vivas elevó el tono hasta anunciar que podría acudir al Poder Judicial si el Gobierno no ofrece una solución en treinta días. Acusó al Ejecutivo de «pasividad absoluta» y cuestionó que se estuviera respondiendo con la intensidad que exige una situación que afecta directamente a la seguridad y a la convivencia de la ciudad.

Y entonces apareció algo políticamente revelador: el Gobierno comenzó a convertir a Vivas en parte del problema. Es difícil no preguntarse por qué. Cuando una administración reclama auxilio al Estado y la respuesta consiste en reprocharle que no colabora suficientemente, la discusión deja de ser administrativa y pasa a ser política. Cuando un problema es demasiado grande para ocultarlo, siempre existe la tentación de desplazar el foco hacia quien lo denuncia.

Es exactamente ahí donde cobra sentido el titular de La Razón: «Moncloa decide atacar a Ceuta para defenderse de la crisis». Porque Ceuta no es el origen de la crisis. Ceuta es el lugar donde la crisis se denuncia y se hace visible sin tapujos.

El espejo europeo

Pero lo verdaderamente preocupante para el Gobierno no está solo en Ceuta: está también fuera de España. La crisis ha tenido una consecuencia que debería hacer reflexionar a cualquier Gobierno europeo: Italia, gobernada por Giorgia Meloni, decidió restablecer controles sobre los viajeros procedentes de España y suspender temporalmente la aplicación ordinaria del régimen Schengen con nuestro país. Los controles comenzaron en los aeropuertos italianos sobre determinados pasajeros procedentes de España. No es una cuestión menor: Schengen representa uno de los grandes símbolos de la construcción europea, la desaparición de las fronteras interiores y la confianza entre los Estados miembros. Y ahora esa confianza ha sufrido una grieta precisamente en la relación entre España e Italia.

La respuesta española tampoco fue retórica. Desde el 8 de agosto, España ha establecido controles aleatorios sobre viajeros procedentes de Italia, y hasta el 17 de agosto habían sido controladas 5.080 personas. Es decir: la crisis de Ceuta ha terminado por levantar, entre dos países de la Unión Europea, una frontera donde antes no la había. Estamos ante una auténtica paradoja.

Mientras la versión oficial de Moncloa presenta a Pedro Sánchez como un dirigente de enorme peso internacional, el Gobierno de una de las principales potencias europeas ha considerado necesario recuperar controles fronterizos con España como consecuencia de una crisis migratoria originada en territorio español. Eso no significa que España haya quedado aislada de Europa; sería exagerado decirlo. Pero sí significa algo mucho más concreto y difícil de discutir: la gestión española de la crisis ha generado suficiente preocupación en otro Estado miembro como para provocar una respuesta excepcional. Eso es trascendente, como lo es que la preocupación no se haya limitado a Italia. El debate sobre la presión migratoria española ha adquirido dimensión europea y ha provocado advertencias y reacciones políticas fuera de nuestras fronteras. De modo que la teoría del Gobierno según la cual todo está bajo control empieza a encontrar un problema sencillo: hay Gobiernos europeos que no parecen compartir esa tranquilidad.

Marruecos, el gran silencio

Y queda Marruecos. Porque detrás de la dimensión migratoria existe una dimensión geopolítica que no puede ignorarse. Las imágenes de miles de jóvenes intentando cruzar la frontera desde Marruecos no son las de un fenómeno migratorio espontáneo, comparable a una llegada ordinaria de migrantes. El propio Juan Vivas habló, aquel 31 de julio, de una «manipulación por parte de Marruecos de su población con fines partidistas».

El Gobierno español, por su parte, ha insistido en la cooperación con las autoridades marroquíes y ha agradecido su colaboración para facilitar el retorno de quienes entraron irregularmente. Pedro Sánchez lo hizo expresamente durante su visita a Ceuta.

¿Puede una política exterior convertirse en una razón para evitar formular determinadas preguntas?

La cooperación con Marruecos es necesaria. La relación bilateral es estratégica. Nadie sensato defendería lo contrario. Precisamente por eso resulta imprescindible que esa cooperación no se convierta en una zona de sombra sobre lo sucedido en la frontera. Porque si Marruecos utiliza, o permite que se utilicen, movimientos masivos de población como instrumento de presión, España necesita una respuesta de Estado, no únicamente una gestión administrativa de las consecuencias. Pero esa respuesta exige una transparencia que no existe desde la sorpresiva entrega del territorio autónomo del Sáhara, decidida personalmente por Sánchez, sin que se haya dado explicación alguna.

El Gobierno contra sus propios pactos y origen

Pero Ceuta tampoco está sola. Mientras el Ejecutivo intenta apagar el incendio migratorio, otro incendio político se le abre por el flanco energético. El Gobierno ha prorrogado la operación de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, apartándose del calendario de cierre inicialmente previsto. La decisión cuenta con respaldo técnico del Consejo de Seguridad Nuclear y responde a la solicitud de las empresas propietarias. Pero Sumar ha reaccionado con extraordinaria dureza y acusa al PSOE de incumplir los acuerdos de Gobierno.

Y he aquí la contradicción esencial: el Gobierno necesita a sus socios para sobrevivir parlamentariamente, y esos mismos socios pueden convertirse en el principal obstáculo para gobernar. El Ejecutivo está obligado a pactar con quienes no comparten necesariamente sus decisiones fundamentales. Y cuando adopta decisiones necesarias para el funcionamiento del Estado, corre el riesgo de enfrentarse con quienes necesita para seguir en el poder.

Almaraz es solamente el último ejemplo.

La agonía de un modelo

Por eso Ceuta es mucho más que Ceuta. Es el punto en el que convergen demasiadas contradicciones:

  • Un Gobierno que tiene que gestionar una crisis fronteriza extraordinaria.
  • Un Gobierno que recibe reclamaciones de la propia autoridad de una ciudad española.
  • Un Gobierno que ve cómo un Estado miembro de la Unión Europea restablece controles fronterizos con España.
  • Un Gobierno que debe mantener una relación especialmente delicada con Marruecos.
  • Un Gobierno que necesita a sus socios parlamentarios, pero acaba enfrentándose con ellos por una decisión energética de primer orden.
  • Y un Gobierno que, ante la dificultad de explicar algunas de sus actuaciones, corre el riesgo de dedicar más energía a combatir políticamente a quienes denuncian sus problemas que a resolverlos.

Ese es el verdadero peligro. No que el Gobierno sea criticado, ni que la oposición aproveche una crisis, ni que Meloni discrepe de Sánchez, ni que Sumar se encolerice con el PSOE por no cumplir sus acuerdos. El verdadero peligro es que la política de supervivencia termine sustituyendo a la política de Gobierno. Cuando eso ocurre, cada problema deja de tratarse como un problema de Estado y pasa a convertirse en una batalla por la supervivencia política. Y entonces se buscan enemigos:

  • Si la crisis está en Ceuta, el problema es Vivas.
  • Si la presión viene de Italia, el problema es Meloni.
  • Si el socio protesta por Almaraz, el problema es el socio.
  • Si la oposición denuncia la situación, el problema es la oposición.

Pero un Gobierno no puede gobernar indefinidamente contra todos aquellos que le recuerdan sus propias responsabilidades. Porque, al final, las crisis permanecen.

Ceuta sigue ahí. La frontera sigue ahí. Marruecos sigue ahí. Schengen sigue siendo una cuestión europea. Almaraz sigue funcionando. Y los socios parlamentarios siguen siendo necesarios.

Lo que empieza a desaparecer es otra cosa: el margen de maniobra del Gobierno.

Tal vez por eso la imagen más precisa de este verano político no sea la de un Ejecutivo atacado desde fuera, sino la de un Gobierno cercado por sus propios pactos, sus propias contradicciones y las consecuencias de sus propias decisiones. Cabría preguntarse si este Gobierno no nació ya muerto, lastrado por las contradicciones inherentes a unos pactos antinaturales y de difícil explicación.

Y cuando un Gobierno llega a ese punto, el problema ya no es quién le ataca.

El problema es que empieza a quedarse sin espacio para defenderse.