1El CNI alertó a Interior y Rabat de un asalto por "valla y mar"

Fecha: 10 de septiembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión

Ceuta: los documentos que cambian la pregunta

El Gobierno sostiene que nadie anticipó la magnitud de la entrada del 30 de julio. Los 40 documentos desclasificados esta semana no lo desmienten del todo, pero sí obligan a matizarlo: existía una alerta concreta sobre una entrada masiva, aunque no sobre su tamaño final. Y, según ha ido saliendo a la luz estos mismos días por otras vías, esa alerta era todavía más temprana y más precisa que lo que el propio paquete de documentos deja ver.

Esa es la distinción que hay que fijar desde el principio. Los documentos no acreditan que el Ejecutivo supiera que iban a entrar decenas de miles de personas: no hay una previsión numérica de esa magnitud. Lo que sí acreditan es que, horas —y como se verá, días— antes, el Estado ya sabía que se preparaba algo.

Conviene una precisión antes de seguir. Lo publicado son 40 documentos correspondientes a julio, no el archivo completo: la propia portavoz del Gobierno, Elma Saiz, admitió que si aparecen más informes relacionados con el episodio "serán igualmente difundidos, salvo que afecten a la seguridad nacional". Eso significa que podemos afirmar con precisión lo que estos documentos dicen, pero no lo que los documentos aún no publicados podrían decir o silenciar. El análisis que sigue se limita a lo primero, con una excepción que explico más abajo.

A las 13:52 del 29 de julio, el CNI comunicó al gabinete de la Delegación del Gobierno y a Rabat que circulaba en redes una convocatoria para un asalto por mar y por la valla al día siguiente, a las 20:00 horas, aprovechando la Fiesta del Trono marroquí. Un minuto después, a las 13:53, trasladó el mismo aviso a la Guardia Civil: entradas a nado y saltos de valla previstos para el 30 de julio. No era una alerta genérica sobre inmigración: tenía fecha, hora, lugar y modalidad.

Frente a esto, La Moncloa ha sostenido públicamente que esas comunicaciones del CNI "no advertían" de una llegada masiva y que el CNI "no emitió una alerta formal". Es una negación que el propio documento desclasificado no sostiene: no hace falta acudir a fuentes externas para verlo, basta comparar el comunicado oficial con el aviso de fecha, hora y modalidad que el Ejecutivo ha decidido publicar.

Al día siguiente, a las 10:06, llegó la valoración de CIFAS, el centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas: "Se valora como MUY PROBABLE que durante el día 30JUL26 se intente una entrada masiva de migración irregular". Ese mismo día, la Policía Nacional emitió sus propias comunicaciones sobre una "llegada masiva". A su luz, ¿qué importancia tiene -como pretende el Gobierno- conocer la precisa magnitud del fenomeno?

Aquí es donde entra lo que no estaba en los 40 documentos y ha ido apareciendo estos días por otra vía —reportes de The Objective, El Independiente y El Español, no desclasificación oficial, por lo que conviene tomarlo con la cautela propia de fuentes militares no identificadas—. Según estas informaciones, entre el 25 y el 27 de julio el Regimiento de Guerra Electrónica nº 32 (REW-32), unidad de inteligencia de señales del Ejército con sede en Sevilla, interceptó comunicaciones de radio de agentes marroquíes en el Tarajal que hablaban de una entrada masiva coincidiendo con la Fiesta del Trono. La nota se remitió al CIFAS el 27 de julio, cuyo analista redactó ese mismo día un informe de máxima fiabilidad; pero no llegó al JEMAD ni a la ministra Robles hasta la mañana del 30 —más de 36 horas después—, desfase que fuentes militares calificaron de "grave e incomprensible". Ni esa nota del REW-32 ni el informe del CIFAS del 27 de julio figuran entre los 40 documentos publicados: de toda la cadena, lo único desclasificado es una valoración ya fechada el 30 de julio, cuando la entrada estaba en marcha. Si se confirma, el Estado tuvo indicios varios días antes de lo que los 40 documentos hacen visible, y es justo ese tramo el que sigue sin desclasificar.

Sobre el papel de Marruecos, los documentos sí se pronuncian —y conviene precisarlo, porque no hablan de connivencia con el asalto. La Guardia Civil contrastó, el 30 de julio, la «pasividad» marroquí de esa jornada con la «proactividad y colaboración adecuada» que había observado el día anterior. CIFAS calificó la conducta de Rabat de negligente y pasiva, valoró como muy probable que las autoridades marroquíes no estuvieran favoreciendo activamente la oleada, y no descartó que buscaran explotar la situación... en beneficio de sus intereses estratégicos, en un contexto de malestar por la visita del presidente del Gobierno a Argelia. La Jefatura de Información de la Guardia Civil, por su parte, consideró muy poco probable que Marruecos usara la inmigración como represalia. Es decir: pasividad y posible cálculo estratégico, documentados; facilitación activa, descartada por los propios servicios españoles. En todo caso, la apreciación hipotética de "poco probable" no asegura la no implicación del Gobierno marroquí

Hay un tercer plano de contradicción, más incómodo que el anterior. Semanas antes de esta desclasificación, Policía Nacional y Guardia Civil ya habían declarado ante la jueza María Tardón, que instruye el caso en la Audiencia Nacional, versiones que no encajan ni entre sí ni con lo que el Gobierno ha publicado ahora. La Guardia Civil dijo a la instructora que los avisos del CNI carecían de fechas concretas; los documentos desclasificados muestran, en cambio, un CNI que el 29 de julio dio fecha, hora y modalidad. Y mientras CIFAS hablaba de pasividad marroquí, el informe del CENIF de Policía Nacional entregado a Tardón describía gendarmes marroquíes dando indicaciones a los emigrantes y agentes de paisano dirigiendo el operativo hacia El Tarajal, con una finalidad que ese informe califica de distinta a la migratoria -apoyándose en que el 90% de los 72.000 regresó a Marruecos horas después-. Son dos Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre los mismos hechos, y ninguna de las dos versiones coincide del todo con el paquete que el Ejecutivo ha decidido hacer público. Declarar ante una jueza y participar en un oportunista ejercicio de transparencia elegido por el propio Gobierno no son lo mismo, y esa diferencia de régimen podría explicar parte del desajuste.

Puestas una al lado de la otra, estas tres discrepancias —la negación de La Moncloa sobre el propio aviso del CNI, la cadena REW-32/CIFAS ausente del paquete oficial, y el desencaje entre lo declarado ante la jueza y lo publicado ahora— dibujan un patrón, no una prueba: lo hecho público tiende a sostener que nadie vio venir el tamaño y que se actuó con lo que se sabía, mientras que lo que ha quedado fuera, o solo ha trascendido por vía periodística, tiende a situar el conocimiento del Estado más atrás en el tiempo. Caben dos lecturas —una cadena de mando lenta sin cálculo político, o una selección deliberada de lo que se publica— y ninguna está acreditada todavía. Pero, sea cual sea la explicación, desclasificar de forma selectiva y presentarlo como rendición de cuentas completa no son la misma cosa, y la diferencia no debería pasarle desapercibida al ciudadano.

La pregunta, entonces, deja de ser si el Gobierno sabía cuánta gente iba a entrar. Eso, según lo publicado, no lo sabía. Las preguntas que sí abren estos documentos son otras: qué hizo el Ejecutivo entre la primera señal captada a finales de julio y la mañana del 30, sabiendo lo que sabía; por qué el tramo más temprano de esa cadena no está entre lo desclasificado; y si la versión de que nadie vio venir lo que ocurrió se sostiene frente a lo que sus propios servicios ya sabían.

No es la misma pregunta que la de la responsabilidad del Estado, que exige acreditar daño efectivo, funcionamiento anormal del servicio y relación de causalidad conforme al artículo 32 de la Ley 40/2015, y que una alerta previa no basta por sí sola para resolver. Aquí el objeto es más acotado: la actuación del Gobierno y la exactitud de lo que dijo. Y en ese terreno, la afirmación literal de que "nadie anticipó la magnitud" no queda desmentida por estos documentos —no lo hicieron—, pero sí queda acotada: nadie anticipó cuántos, pero alguien sí anticipó que, y probablemente lo supo antes de lo que el propio Gobierno ha dejado ver.

Los documentos no prueban que el Gobierno supiera que entrarían más de 70.000 personas. Prueban que sabía, con fecha, hora y modalidad, que algo iba a pasar el 30 de julio, y hay indicios periodísticos serios —todavía sin confirmar oficialmente— de que lo supo días antes de lo que los papeles publicados sugieren. Lo que aún falta por explicar es qué se hizo con esa información entre el aviso y la entrada, por qué la versión de cada organismo no siempre coincide con la del de al lado, y por qué, de toda la cadena de avisos, es precisamente la más temprana la que sigue sin desclasificar.

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