El Juez pone el foco en las 27 empresas a nombre del presunto testaferro de Zapatero

La decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de extender las diligencias a las 27 sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez —el empresario señalado como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero— va mucho más allá de un simple ejercicio de identificación societaria. El objetivo de fondo es determinar si esas mercantiles desempeñaron un papel *necesario* en la presunta actividad investigada: emisión de facturas sin respaldo real, recepción y redistribución de fondos, ocultación de beneficiarios efectivos o reconducción de pagos vinculados al supuesto tráfico de influencias que la instrucción atribuye al entramado conocido como caso Plus Ultra.

En la práctica, lo que se persigue de inmediato es reconstruir el modo en que circuló el dinero. Para ello resulta obligado requerir la contabilidad de cada empresa, sus cuentas bancarias, los libros registro, las declaraciones tributarias, la identidad de administradores y apoderados, la composición del accionariado y los contratos de consultoría o asesoramiento que se han invocado para justificar unos ingresos que, según las últimas cifras manejadas por la UDEF, habrían superado los tres millones de euros percibidos por Rodríguez Zapatero entre 2020 y 2025 procedentes de sociedades relacionadas con el caso.

No es un dato menor: la Policía ya ha cifrado en al menos 27 las sociedades vinculadas a Julio Martínez, varias de ellas con domicilios sociales coincidentes, administradores compartidos, objetos mercantiles definidos de forma deliberadamente amplia y modificaciones estatutarias realizadas en fechas muy próximas entre sí. Son precisamente esos indicios —y no una sospecha genérica— los que han llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de un control unitario del entramado.

La finalidad última de las diligencias es comprobar si detrás de estas sociedades existía una actividad económica genuina o si, por el contrario, se utilizaban para dar apariencia de legalidad a flujos de dinero que en realidad retribuían actividades propias de un "conseguidor" o intermediario de influencias.

Conviene subrayarlo con claridad, porque es un matiz que con frecuencia se pierde en el debate público: que una empresa figure en las diligencias no implica que en ella se haya cometido delito alguno. Significa, únicamente, que el instructor considera que puede aportar información relevante para esclarecer la operativa del entramado investigado. Solo tras el análisis pormenorizado de la documentación mercantil, bancaria y fiscal podrá determinarse qué sociedades tuvieron una participación efectiva en los hechos y cuáles fueron, en su caso, meros soportes formales sin relevancia penal. La presunción de inocencia rige, como en cualquier causa, para todas las personas y sociedades investigadas mientras no exista una resolución judicial firme que diga lo contrario.

La amplitud de estas diligencias también permite a la Audiencia Nacional verificar si existieron conexiones estructurales entre las distintas sociedades: coincidencia de administradores, préstamos cruzados, facturación intragrupo, transferencias sin causa económica aparente o movimientos patrimoniales orientados a dificultar la trazabilidad del dinero.

En las investigaciones por presuntos delitos económicos, el análisis del entramado societario suele ser precisamente una de las piezas centrales para acreditar —o descartar— la existencia de una estructura organizada destinada a canalizar fondos o a encubrir a sus verdaderos destinatarios. De hecho, la propia Agencia Tributaria ha abierto ya una inspección fiscal sobre el IRPF de Julio Martínez y el IVA de una decena larga de sociedades vinculadas al entramado, correspondiente a los ejercicios 2021-2024, lo que da idea de la escala del rastreo patrimonial en curso.

El propio Julio Martínez ha reconocido ante el juez que utilizó varias de estas sociedades —entre ellas Análisis Relevante, que según su testimonio carecía de actividad real— para canalizar pagos al entorno de Zapatero. Se trata de una declaración que, de confirmarse en su integridad por el resto de la instrucción, apunta en la dirección que estas diligencias buscan verificar: la de un uso instrumental de la red societaria más allá de cualquier prestación de servicios genuina.

Las diligencias no se detienen en el círculo empresarial de Julio Martínez. El propio auto del juez Calama ordena también el rastreo bancario de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, a través de "What The fav", la sociedad que administran. Según la resolución, Whathefav habría recibido 242.423 euros procedentes de Análisis Relevante —la mercantil que el propio Julio Martínez ha reconocido como instrumental y sin actividad real—, además de pagos adicionales de Agropecuaria Lucena, Pickashop e Inteligencia Prospectiva, esta última por importe de 561.440 euros.

La UDEF ha elevado ya a más de tres millones de euros el total de pagos empresariales recibidos por Zapatero entre 2020 y 2025, y los últimos informes policiales apuntan a un presunto desvío de parte de esos fondos hacia cuentas de sus hijas. Es este dato, precisamente, el que ha llevado al juez a ampliar la orden de investigación a más de sesenta cuentas bancarias del expresidente, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas y su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Conviene aplicar aquí el mismo criterio de prudencia que al resto del entramado: que una sociedad administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa reciba transferencias de otras mercantiles investigadas no equivale, por sí solo, a la comisión de un delito. Lo que las diligencias buscan establecer es si esos pagos respondían a una prestación de servicios real y facturable, o si —como en el caso de Análisis Relevante— se trataba de cauces para canalizar comisiones sin contrapartida efectiva. Es un extremo que corresponde acreditar a la instrucción, y que ambas están en su derecho de rebatir con la documentación mercantil y fiscal que se les requiera.

Todo esto, de resultar acreditado, apunta a que no hubo ingenuidad alguna por parte de quienes participaron en el diseño de esta arquitectura societaria. No cabe, en un entramado con estas características —domicilios compartidos, administradores comunes, contratos de asesoramiento sin correlato en servicios reales, sociedades sin cuentas propias durante años—, invocar después una simple laguna legal o un desconocimiento de la mecánica empleada. Es una lectura que conviene hacer con prudencia, sin adelantar conclusiones que corresponde fijar a la instrucción y, en su caso, al juicio oral, pero que explica por qué el foco de la investigación se ha desplazado con tanta intensidad hacia la ingeniería societaria del caso.

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