2026

FENOTIPO

Tu fisiología, medida y entendida

Ricardo Trigo Calonge

2008

Internet, Intimidad y Privacy

Un análisis de la influencia de la realidad transfronteriza de Internet en la decisión de la competencia judicial y ley aplicable en casos relativos a la Intimidad.

Ricardo Trigo Calonge

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2011

El Ocaso de la democracia postmoderna

Ricardo Trigo Calonge

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2011

El Sexenio 2004-2010

Derechos y Sobernía ciudadana: VIIIª y IXª legislaturas de las Cortes Generales españolas

Ricardo Trigo Calonge

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PORTADA DEL ABC Sábado, 22 de agosto de 2026

Caos en Ceuta por la improvisión en la reagrupación de inmigrantes

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Fecha: 22 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.Ceuta no es una colonia: la historia que desmiente la reivindicación marroquí Hay momentos en los que la historia nos refresca la memoria de tal forma que parece que siempre estuvo aquí, y en Ceuta ha sucedido. Tras la invasión masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, desbordando la frontera de la ciudad española con la violencia inherente a una presión humana de tal categoría, el gobierno marroquí se empeña en recolocar oficialmente sobre la mesa su reivindicación de lo que denominan, con manifiesta falta de fundamento histórico y lógico, «las colonias españolas». Llama la atención que se haga precisamente cuando la crisis no ha concluido, porque esto pudiera poner de manifiesto un protagonismo en la génesis de la invasión que nadie puede afirmar hasta el momento. Lo digo porque el 21 de agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, declaró que Ceuta y Melilla constituyen un «derecho histórico y geográfico» de Marruecos y propuso crear un mecanismo de diálogo con España para abordar su eventual retorno a Marruecos. La reivindicación no es nueva, pero su reaparición después de la crisis fronteriza de julio resulta significativa. La respuesta española ha sido formalmente inequívoca: Exteriores ha trasladado a Rabat su «rechazo tajante» a cualquier planteamiento distinto de la realidad de que Ceuta y Melilla forman parte de España y, por tanto, de la integridad territorial de la Unión Europea. Pero la cuestión es si el hecho de que un gobierno tan «original» como el que existe hoy en España puede dar garantía de tal afirmación. Ceuta no es una colonia La utilización por el ministro marroquí del término «colonia» no aparenta precisamente ingenuidad: es una estrategia política que ya se intentó utilizar ante la ONU en 1975 por Marruecos, justo antes de invadir el Sáhara Español. Si Ceuta y Melilla fueran realmente colonias, podrían ser incluidas en el marco jurídico internacional de la descolonización. Pero no lo son, aunque, visto lo sucedido con el Sáhara, eso no es una garantía de seguridad. Las Naciones Unidas mantienen una lista de territorios no autónomos sometidos al proceso de descolonización. Ceuta y Melilla no figuran en ella. Marruecos ha intentado históricamente que ambas ciudades fueran consideradas territorios pendientes de descolonización, pero esa pretensión no ha sido aceptada por Naciones Unidas. Y es que, evidentemente, Ceuta y Melilla no son territorios administrados por España como una colonia separada de la metrópoli. Son ciudades autónomas previstas constitucionalmente, ciudades que gozan de estatuto pleno de nacionalidad española: sus ciudadanos son españoles, cuentan con instituciones propias y representación política. Decir «colonia» no describe la realidad jurídica: es una manifestación de la posición política de quien pretende modificarla. La historia tampoco encaja demasiado bien con la palabra «devolución» Existe además un problema con la expresión «retorno» o «devolución», porque Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415 y pasó a la Corona de España por herencia de Felipe II (rey de Portugal también). Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta permaneció vinculada a la Monarquía Hispánica por voluntad de sus ciudadanos, de ahí que Felipe IV le concediera el título de «ciudad fidelísima». El Tratado de Lisboa de 1668 consolidó la soberanía española sobre la ciudad. Resumiendo: la soberanía española sobre Ceuta es muy anterior a la independencia de Marruecos en 1956. No estamos ante un territorio que España hubiera recibido del Estado marroquí contemporáneo y que ahora Rabat solicite recuperar. Estamos ante una ciudad cuya vinculación política con España se remonta a varios siglos. Por supuesto, Marruecos puede formular una reivindicación territorial —los Estados lo hacen—, pero una reivindicación no se convierte automáticamente en un derecho por el mero hecho de denominarlo «histórico». Treinta y tres años intentando conquistarla La historia de Ceuta ofrece, además, un dato extraordinariamente revelador, y es que, entre 1694 y 1727, el sultán Muley Ismail mantuvo durante aproximadamente treinta y tres años el asedio de Ceuta. Treinta y tres años de operaciones militares, ataques, bombardeos y presión sobre las defensas de la ciudad. El intento terminó en fracaso tras fracaso, con la muerte del sultán, y Ceuta permaneció bajo soberanía española. No puedo evitar hacer una comparación, aunque no debamos confundir acontecimientos históricamente diferentes. Si bien, en el siglo XVII, la pretensión de conquistar Ceuta tuvo que expresarse mediante un prolongado asedio militar, debe aceptarse que en julio de 2026 decenas de miles de personas llegaron a las inmediaciones y al territorio de la ciudad desde Marruecos, provocando una crisis de dimensiones extraordinarias. El presidente del Gobierno español llegó entonces a calificar los acontecimientos de «violación y ataque a la integridad territorial» de España y aseguró que se utilizarían todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de Ceuta, ante lo cual la pregunta es inevitable: ¿Estamos ante una nueva forma de presión territorial? No hay pruebas suficientes para afirmar que la entrada masiva de julio fuese una operación diseñada por el Estado marroquí para conquistar Ceuta, pero sería de una ceguera palmaria e insensata ignorar el contexto político en el que se produce. Cuando la presión fronteriza coincide con la reivindicación territorial La secuencia es cristalina: entrada masiva desde Marruecos que desborda la capacidad de respuesta de una ciudad de unos 85.000 habitantes; a ello sigue una intensa discusión política sobre la actuación española. Y en este preciso momento, reaparece la reivindicación oficial marroquí que afirma que Ceuta y Melilla pertenecen históricamente a Marruecos y propone negociar su «retorno». No se podría acusar de «conspiranoico» a alguien que advierta que los tres acontecimientos pertenecen a una misma realidad geopolítica: Marruecos no ha renunciado a su reivindicación sobre las ciudades españolas. Y eso obliga al gobierno de España a decidir si quiere tratar cada episodio por separado —inmigración por un lado, diplomacia por otro, soberanía por otro— o si está ante un problema estratégico único. ¿O es mucho pedir?

Caos en Ceuta por la improvisión en la reagrupación de inmigrantes

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 22 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

Ceuta no es una colonia: la historia que desmiente la reivindicación marroquí

Hay momentos en los que la historia nos refresca la memoria de tal forma que parece que siempre estuvo aquí, y en Ceuta ha sucedido.

Tras la invasión masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, desbordando la frontera de la ciudad española con la violencia inherente a una presión humana de tal categoría, el gobierno marroquí se empeña en recolocar oficialmente sobre la mesa su reivindicación de lo que denominan, con manifiesta falta de fundamento histórico y lógico, «las colonias españolas». Llama la atención que se haga precisamente cuando la crisis no ha concluido, porque esto pudiera poner de manifiesto un protagonismo en la génesis de la invasión que nadie puede afirmar hasta el momento.

Lo digo porque el 21 de agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, declaró que Ceuta y Melilla constituyen un «derecho histórico y geográfico» de Marruecos y propuso crear un mecanismo de diálogo con España para abordar su eventual retorno a Marruecos. La reivindicación no es nueva, pero su reaparición después de la crisis fronteriza de julio resulta significativa. La respuesta española ha sido formalmente inequívoca: Exteriores ha trasladado a Rabat su «rechazo tajante» a cualquier planteamiento distinto de la realidad de que Ceuta y Melilla forman parte de España y, por tanto, de la integridad territorial de la Unión Europea.

Pero la cuestión es si el hecho de que un gobierno tan «original» como el que existe hoy en España puede dar garantía de tal afirmación.

Ceuta no es una colonia

La utilización por el ministro marroquí del término «colonia» no aparenta precisamente ingenuidad: es una estrategia política que ya se intentó utilizar ante la ONU en 1975 por Marruecos, justo antes de invadir el Sáhara Español. Si Ceuta y Melilla fueran realmente colonias, podrían ser incluidas en el marco jurídico internacional de la descolonización. Pero no lo son, aunque, visto lo sucedido con el Sáhara, eso no es una garantía de seguridad.

Las Naciones Unidas mantienen una lista de territorios no autónomos sometidos al proceso de descolonización. Ceuta y Melilla no figuran en ella. Marruecos ha intentado históricamente que ambas ciudades fueran consideradas territorios pendientes de descolonización, pero esa pretensión no ha sido aceptada por Naciones Unidas. Y es que, evidentemente, Ceuta y Melilla no son territorios administrados por España como una colonia separada de la metrópoli. Son ciudades autónomas previstas constitucionalmente, ciudades que gozan de estatuto pleno de nacionalidad española: sus ciudadanos son españoles, cuentan con instituciones propias y representación política.

Decir «colonia» no describe la realidad jurídica: es una manifestación de la posición política de quien pretende modificarla.

La historia tampoco encaja demasiado bien con la palabra «devolución»

Existe además un problema con la expresión «retorno» o «devolución», porque Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415 y pasó a la Corona de España por herencia de Felipe II (rey de Portugal también). Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta permaneció vinculada a la Monarquía Hispánica por voluntad de sus ciudadanos, de ahí que Felipe IV le concediera el título de «ciudad fidelísima». El Tratado de Lisboa de 1668 consolidó la soberanía española sobre la ciudad.

Resumiendo: la soberanía española sobre Ceuta es muy anterior a la independencia de Marruecos en 1956. No estamos ante un territorio que España hubiera recibido del Estado marroquí contemporáneo y que ahora Rabat solicite recuperar. Estamos ante una ciudad cuya vinculación política con España se remonta a varios siglos. Por supuesto, Marruecos puede formular una reivindicación territorial —los Estados lo hacen—, pero una reivindicación no se convierte automáticamente en un derecho por el mero hecho de denominarlo «histórico».

Treinta y tres años intentando conquistarla

La historia de Ceuta ofrece, además, un dato extraordinariamente revelador, y es que, entre 1694 y 1727, el sultán Muley Ismail mantuvo durante aproximadamente treinta y tres años el asedio de Ceuta. Treinta y tres años de operaciones militares, ataques, bombardeos y presión sobre las defensas de la ciudad. El intento terminó en fracaso tras fracaso, con la muerte del sultán, y Ceuta permaneció bajo soberanía española.

No puedo evitar hacer una comparación, aunque no debamos confundir acontecimientos históricamente diferentes. Si bien, en el siglo XVII, la pretensión de conquistar Ceuta tuvo que expresarse mediante un prolongado asedio militar, debe aceptarse que en julio de 2026 decenas de miles de personas llegaron a las inmediaciones y al territorio de la ciudad desde Marruecos, provocando una crisis de dimensiones extraordinarias.

El presidente del Gobierno español llegó entonces a calificar los acontecimientos de «violación y ataque a la integridad territorial» de España y aseguró que se utilizarían todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de Ceuta, ante lo cual la pregunta es inevitable:

¿Estamos ante una nueva forma de presión territorial?

No hay pruebas suficientes para afirmar que la entrada masiva de julio fuese una operación diseñada por el Estado marroquí para conquistar Ceuta, pero sería de una ceguera palmaria e insensata ignorar el contexto político en el que se produce.

Cuando la presión fronteriza coincide con la reivindicación territorial

La secuencia es cristalina: entrada masiva desde Marruecos que desborda la capacidad de respuesta de una ciudad de unos 85.000 habitantes; a ello sigue una intensa discusión política sobre la actuación española. Y en este preciso momento, reaparece la reivindicación oficial marroquí que afirma que Ceuta y Melilla pertenecen históricamente a Marruecos y propone negociar su «retorno». No se podría acusar de «conspiranoico» a alguien que advierta que los tres acontecimientos pertenecen a una misma realidad geopolítica: Marruecos no ha renunciado a su reivindicación sobre las ciudades españolas.

Y eso obliga al gobierno de España a decidir si quiere tratar cada episodio por separado —inmigración por un lado, diplomacia por otro, soberanía por otro— o si está ante un problema estratégico único. ¿O es mucho pedir?

PORTADA DE EL DIARIO DE SEVILLA Sábado, 22 de agosto de 2026

El caos en Ceuta obliga a Sánchez a designar a Torres al frente de la crisis

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Fecha: 22 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión. La contradicción española ante Ceuta: soberanía, separatismo y el silencio de Europa La contradicción española España sostiene, correctamente, que Ceuta forma parte de su integridad territorial. Pero el actual Gobierno depende parlamentariamente de formaciones políticas cuyo fundamento ideológico incluye, en algunos casos, precisamente la negación de la integridad territorial española. Independientemente de que esos partidos apoyen la anexión marroquí de Ceuta —porque no hay prueba de ello—, sí surge la contradicción: un Gobierno puede afirmar frente a Rabat «Ceuta es España y la integridad territorial española no se negocia» y, simultáneamente, necesitar —para mantenerse en el poder— el apoyo de fuerzas políticas que sostienen que determinados territorios españoles tienen derecho a abandonar España. Reconozcan que, cuando menos, la cuestión resulta «incómoda» para una persona coherente con una moral media. Si la integridad territorial de España es un principio, debería serlo frente a todos. No puede ser innegociable cuando lo cuestiona Marruecos y negociable cuando lo cuestionan determinados partidos españoles. Tampoco es lícito utilizar el principio de autodeterminación de manera selectiva (¿oportunista?). El espejo del separatismo El paralelismo me lleva a una reflexión más amplia. Por un lado, los nacionalistas separatistas españoles sostienen, en términos generales, que determinados territorios poseen una identidad nacional propia y que sus habitantes deberían poder decidir separarse de España. Por otro, Marruecos sostiene que Ceuta y Melilla poseen una identidad territorial vinculada a Marruecos y que deberían «volver» a su patria. Salvando las distancias entre ambas posturas, ¿cómo y quién decide la soberanía de un territorio? Si la respuesta es que basta la existencia de una identidad nacional diferenciada, la pregunta resulta incómoda para España, porque Marruecos puede formular exactamente el mismo argumento desde fuera. Si la respuesta es que las fronteras de un Estado no pueden modificarse unilateralmente por razones identitarias, España debería aplicar ese principio con la misma claridad dentro de sus propias fronteras. Y me temo que pagaría un alto precio: perder el poder, lo cual tiene poco de discusión sentimental sobre identidades. La cuestión es establecer un principio general. ¿Qué ocurriría con los ceutíes? Supongamos por un instante que Marruecos consiguiera su objetivo. España aceptase negociar. Y finalmente se produjera una modificación de la soberanía. ¿Qué ocurriría con los ciudadanos de Ceuta? Esta pregunta suele desaparecer de los discursos nacionalistas. Pero es precisamente la más importante. ¿Perderían la nacionalidad española? ¿Conservarían la nacionalidad española? ¿Tendrían doble nacionalidad? ¿Mantendrían sus instituciones? ¿Conservarían su régimen fiscal? ¿Seguirían utilizando el euro? ¿Seguirían siendo ciudadanos de la Unión Europea? ¿Podrían votar en las elecciones españolas? ¿Mantendrían sus actuales derechos constitucionales? ¿Tendría Marruecos que reconocer un régimen jurídico excepcional para una población que actualmente es española? Y, sobre todo: ¿qué sucedería si los ceutíes dijeran que no quieren ser marroquíes? No existe una respuesta sencilla. Porque una transferencia de soberanía no consiste en mover una frontera sobre un mapa. Consiste en cambiar el Estado al que pertenecen seres humanos concretos. La voluntad de los habitantes Ceuta no está deshabitada. No es un territorio sobre el que dos gobiernos puedan discutir como si se tratara exclusivamente de una parcela de terreno. Hay ciudadanos. Y esos ciudadanos tienen derechos. Por eso, cualquier hipotética modificación de soberanía debería enfrentarse a una cuestión elemental: ¿qué quieren los habitantes de Ceuta? Esta pregunta debería ser inevitable para cualquier demócrata. Si la población quiere continuar siendo española, ¿con qué fundamento democrático podría imponérsele una nacionalidad distinta? Y si Marruecos sostiene que la población de Ceuta debe regresar a la «patria marroquí», ¿por qué la voluntad de quienes viven allí debería ser secundaria frente a una reivindicación histórica formulada desde Rabat? La responsabilidad del Gobierno español El Gobierno tiene ahora una obligación que va más allá de las declaraciones diplomáticas. Debe decidir qué significa realmente defender Ceuta. El 31 de julio, Pedro Sánchez afirmó que se emplearían «todos los recursos del Estado» para garantizar la seguridad de la ciudad y calificó lo ocurrido de ataque a la integridad territorial española. Pues bien: si fue un ataque a la integridad territorial, España debería actuar en consecuencia. No significa necesariamente recurrir a una respuesta militar. Significa algo mucho más elemental: que ninguna presión migratoria, económica o diplomática pueda convertirse en un mecanismo capaz de modificar de hecho la situación territorial de España. La cooperación con Marruecos puede ser necesaria. La lucha contra la inmigración ilegal puede requerir cooperación. La relación económica entre ambos países es importante. Pero la cooperación no puede convertirse en dependencia. Y una buena relación bilateral no puede tener como precio el silencio sobre una reivindicación territorial explícita. Y Europa, ¿dónde está? Hay otro actor que no puede permanecer al margen. Ceuta es España. Pero también es frontera exterior de la Unión Europea. Cuando una presión extraordinaria afecta a la frontera de Ceuta, no solamente está siendo presionada España: está siendo presionada una frontera exterior europea. La propia Comisión Europea ha reconocido la necesidad de reforzar la respuesta europea ante la situación fronteriza española. La pregunta para Bruselas debería ser sencilla: ¿qué sentido tiene hablar de una frontera exterior común si, cuando esa frontera es sometida a una presión extraordinaria, la defensa efectiva de la frontera queda exclusivamente a cargo del Estado que la administra? España no debería pedir a Europa que resuelva un problema que es suyo. Pero Europa tampoco debería comportarse como si Ceuta fuese exclusivamente un asunto bilateral entre Madrid y Rabat. Estados Unidos e Israel Y todavía queda una dimensión geopolítica. Marruecos mantiene relaciones estratégicas con Estados Unidos. También ha desarrollado una relación particularmente estrecha con Israel. España, por su parte, forma parte de la Unión Europea y de la OTAN. Por eso sería ingenuo contemplar Ceuta exclusivamente como una disputa entre Madrid y Rabat. Pero también sería irresponsable afirmar, sin pruebas, que Washington o Jerusalén están apoyando una eventual anexión marroquí de las ciudades. La política internacional exige distinguir entre hechos, intereses e hipótesis. Lo que sí parece evidente es que Marruecos ocupa una posición estratégica demasiado importante como para que sus reivindicaciones territoriales puedan ser ignoradas indefinidamente. Una frontera que España debe decidir si quiere defender Ceuta plantea finalmente una cuestión que trasciende a Ceuta. ¿Qué significa hoy la soberanía? Si un Estado puede mantener durante décadas una reivindicación territorial y utilizar sucesivamente instrumentos diplomáticos, económicos, migratorios y políticos para presionar al Estado que ejerce la soberanía, ¿en qué momento deja de ser una simple reivindicación y empieza a convertirse en una estrategia de modificación de la realidad? No sabemos si Marruecos pretende realmente llegar a una anexión de Ceuta por medios distintos de la negociación. No hay pruebas para afirmarlo. Pero sabemos algo mucho más sencillo: Marruecos sigue reclamando Ceuta. Lo ha vuelto a decir públicamente. Y lo ha hecho después de una crisis fronteriza de dimensiones extraordinarias. España ha contestado que Ceuta es España. Ahora tiene que demostrar que esa frase significa algo más que una declaración diplomática. Porque la historia enseña que Ceuta ha resistido durante siglos. Resistió al sultán Muley Ismail durante treinta y tres años de asedio. Lo verdaderamente preocupante sería que España consiguiera perderla algún día sin que nadie hubiera tenido que disparar un solo tiro. Y entonces la pregunta no sería únicamente por qué se perdió Ceuta. Sería mucho más incómoda: ¿quién decidió que los ceutíes dejaran de ser españoles?

El caos en Ceuta obliga a Sánchez a designar a Torres al frente de la crisis

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Fecha: 22 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

La contradicción española ante Ceuta: soberanía, separatismo y el silencio de Europa

La contradicción española

España sostiene, correctamente, que Ceuta forma parte de su integridad territorial. Pero el actual Gobierno depende parlamentariamente de formaciones políticas cuyo fundamento ideológico incluye, en algunos casos, precisamente la negación de la integridad territorial española. Independientemente de que esos partidos apoyen la anexión marroquí de Ceuta —porque no hay prueba de ello—, sí surge la contradicción: un Gobierno puede afirmar frente a Rabat «Ceuta es España y la integridad territorial española no se negocia» y, simultáneamente, necesitar —para mantenerse en el poder— el apoyo de fuerzas políticas que sostienen que determinados territorios españoles tienen derecho a abandonar España. Reconozcan que, cuando menos, la cuestión resulta «incómoda» para una persona coherente con una moral media.

Si la integridad territorial de España es un principio, debería serlo frente a todos. No puede ser innegociable cuando lo cuestiona Marruecos y negociable cuando lo cuestionan determinados partidos españoles. Tampoco es lícito utilizar el principio de autodeterminación de manera selectiva (¿oportunista?).

El espejo del separatismo

El paralelismo me lleva a una reflexión más amplia. Por un lado, los nacionalistas separatistas españoles sostienen, en términos generales, que determinados territorios poseen una identidad nacional propia y que sus habitantes deberían poder decidir separarse de España.

Por otro, Marruecos sostiene que Ceuta y Melilla poseen una identidad territorial vinculada a Marruecos y que deberían «volver» a su patria.

Salvando las distancias entre ambas posturas, ¿cómo y quién decide la soberanía de un territorio?

Si la respuesta es que basta la existencia de una identidad nacional diferenciada, la pregunta resulta incómoda para España, porque Marruecos puede formular exactamente el mismo argumento desde fuera.

Si la respuesta es que las fronteras de un Estado no pueden modificarse unilateralmente por razones identitarias, España debería aplicar ese principio con la misma claridad dentro de sus propias fronteras. Y me temo que pagaría un alto precio: perder el poder, lo cual tiene poco de discusión sentimental sobre identidades.

La cuestión es establecer un principio general.

¿Qué ocurriría con los ceutíes?

Supongamos por un instante que Marruecos consiguiera su objetivo. España aceptase negociar. Y finalmente se produjera una modificación de la soberanía. ¿Qué ocurriría con los ciudadanos de Ceuta?

Esta pregunta suele desaparecer de los discursos nacionalistas. Pero es precisamente la más importante.

¿Perderían la nacionalidad española? ¿Conservarían la nacionalidad española? ¿Tendrían doble nacionalidad? ¿Mantendrían sus instituciones? ¿Conservarían su régimen fiscal? ¿Seguirían utilizando el euro? ¿Seguirían siendo ciudadanos de la Unión Europea? ¿Podrían votar en las elecciones españolas? ¿Mantendrían sus actuales derechos constitucionales? ¿Tendría Marruecos que reconocer un régimen jurídico excepcional para una población que actualmente es española?

Y, sobre todo: ¿qué sucedería si los ceutíes dijeran que no quieren ser marroquíes?

No existe una respuesta sencilla. Porque una transferencia de soberanía no consiste en mover una frontera sobre un mapa. Consiste en cambiar el Estado al que pertenecen seres humanos concretos.

La voluntad de los habitantes

Ceuta no está deshabitada. No es un territorio sobre el que dos gobiernos puedan discutir como si se tratara exclusivamente de una parcela de terreno. Hay ciudadanos. Y esos ciudadanos tienen derechos.

Por eso, cualquier hipotética modificación de soberanía debería enfrentarse a una cuestión elemental: ¿qué quieren los habitantes de Ceuta?

Esta pregunta debería ser inevitable para cualquier demócrata. Si la población quiere continuar siendo española, ¿con qué fundamento democrático podría imponérsele una nacionalidad distinta? Y si Marruecos sostiene que la población de Ceuta debe regresar a la «patria marroquí», ¿por qué la voluntad de quienes viven allí debería ser secundaria frente a una reivindicación histórica formulada desde Rabat?

La responsabilidad del Gobierno español

El Gobierno tiene ahora una obligación que va más allá de las declaraciones diplomáticas. Debe decidir qué significa realmente defender Ceuta.

El 31 de julio, Pedro Sánchez afirmó que se emplearían «todos los recursos del Estado» para garantizar la seguridad de la ciudad y calificó lo ocurrido de ataque a la integridad territorial española. Pues bien: si fue un ataque a la integridad territorial, España debería actuar en consecuencia.

No significa necesariamente recurrir a una respuesta militar. Significa algo mucho más elemental: que ninguna presión migratoria, económica o diplomática pueda convertirse en un mecanismo capaz de modificar de hecho la situación territorial de España.

La cooperación con Marruecos puede ser necesaria. La lucha contra la inmigración ilegal puede requerir cooperación. La relación económica entre ambos países es importante. Pero la cooperación no puede convertirse en dependencia. Y una buena relación bilateral no puede tener como precio el silencio sobre una reivindicación territorial explícita.

Y Europa, ¿dónde está?

Hay otro actor que no puede permanecer al margen. Ceuta es España. Pero también es frontera exterior de la Unión Europea. Cuando una presión extraordinaria afecta a la frontera de Ceuta, no solamente está siendo presionada España: está siendo presionada una frontera exterior europea.

La propia Comisión Europea ha reconocido la necesidad de reforzar la respuesta europea ante la situación fronteriza española. La pregunta para Bruselas debería ser sencilla: ¿qué sentido tiene hablar de una frontera exterior común si, cuando esa frontera es sometida a una presión extraordinaria, la defensa efectiva de la frontera queda exclusivamente a cargo del Estado que la administra?

España no debería pedir a Europa que resuelva un problema que es suyo. Pero Europa tampoco debería comportarse como si Ceuta fuese exclusivamente un asunto bilateral entre Madrid y Rabat.

Estados Unidos e Israel

Y todavía queda una dimensión geopolítica. Marruecos mantiene relaciones estratégicas con Estados Unidos. También ha desarrollado una relación particularmente estrecha con Israel. España, por su parte, forma parte de la Unión Europea y de la OTAN.

Por eso sería ingenuo contemplar Ceuta exclusivamente como una disputa entre Madrid y Rabat. Pero también sería irresponsable afirmar, sin pruebas, que Washington o Jerusalén están apoyando una eventual anexión marroquí de las ciudades. La política internacional exige distinguir entre hechos, intereses e hipótesis.

Lo que sí parece evidente es que Marruecos ocupa una posición estratégica demasiado importante como para que sus reivindicaciones territoriales puedan ser ignoradas indefinidamente.

Una frontera que España debe decidir si quiere defender

Ceuta plantea finalmente una cuestión que trasciende a Ceuta. ¿Qué significa hoy la soberanía? Si un Estado puede mantener durante décadas una reivindicación territorial y utilizar sucesivamente instrumentos diplomáticos, económicos, migratorios y políticos para presionar al Estado que ejerce la soberanía, ¿en qué momento deja de ser una simple reivindicación y empieza a convertirse en una estrategia de modificación de la realidad?

No sabemos si Marruecos pretende realmente llegar a una anexión de Ceuta por medios distintos de la negociación. No hay pruebas para afirmarlo. Pero sabemos algo mucho más sencillo: Marruecos sigue reclamando Ceuta. Lo ha vuelto a decir públicamente. Y lo ha hecho después de una crisis fronteriza de dimensiones extraordinarias.

España ha contestado que Ceuta es España. Ahora tiene que demostrar que esa frase significa algo más que una declaración diplomática.

Porque la historia enseña que Ceuta ha resistido durante siglos. Resistió al sultán Muley Ismail durante treinta y tres años de asedio. Lo verdaderamente preocupante sería que España consiguiera perderla algún día sin que nadie hubiera tenido que disparar un solo tiro.

Y entonces la pregunta no sería únicamente por qué se perdió Ceuta. Sería mucho más incómoda: ¿quién decidió que los ceutíes dejaran de ser españoles?

PORTADA DE LA RAZÓN Sábado, 22 de agosto de 2026

Moncloa decide atacar a Ceuta para defenderse de la crisis

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Fecha: 18 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.El Gobierno cercado Hay momentos en que confluyen, de golpe, crisis procedentes de los flancos más débiles de un Gobierno. Ceuta parece ser, en este verano, el flanco más determinante para Pedro Sánchez, porque en ella ha culminado una catarata de episodios que ponen de manifiesto la extrema debilidad del Ejecutivo. Lo sucedido en la frontera ceutí el pasado 30 y 31 de julio no fue una incidencia migratoria ordinaria. Durante horas, decenas de miles de personas procedentes de Marruecos lograron acceder irregularmente a la ciudad. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, llegó a cifrar la entrada en 60.000 personas; el Gobierno habló de más de 50.000. Una magnitud extraordinaria para una ciudad cuya población ronda los 85.000 habitantes. No estamos, por tanto, ante una discusión meramente aritmética. Estamos ante un hecho político de enorme gravedad: una frontera exterior de la Unión Europea quedó sometida a una presión masiva y extraordinaria. Ahí es donde empezó el problema para el Gobierno. Porque la primera obligación de cualquier Ejecutivo ante una situación semejante no es buscar culpables, sino ejercer el poder del Estado. La inmigración, el control de las fronteras, la seguridad nacional y la defensa de la integridad territorial no pueden convertirse en una disputa competencial entre administraciones. Y mucho menos en una guerra política entre el Gobierno central y el presidente de una ciudad autónoma que reclama precisamente la intervención del Estado. Juan Vivas, presidente de Ceuta y dirigente del Partido Popular, mantuvo inicialmente una posición institucional y prudente. No convirtió la tragedia en una batalla partidista. Reclamó ayuda. Advirtió del riesgo de colapso. Y pidió una respuesta contundente del Estado. Con el paso de los días, sin embargo, aquella prudencia empezó a agotarse. El 17 de agosto, Vivas elevó el tono hasta anunciar que podría acudir al Poder Judicial si el Gobierno no ofrece una solución en treinta días. Acusó al Ejecutivo de «pasividad absoluta» y cuestionó que se estuviera respondiendo con la intensidad que exige una situación que afecta directamente a la seguridad y a la convivencia de la ciudad. Y entonces apareció algo políticamente revelador: el Gobierno comenzó a convertir a Vivas en parte del problema. Es difícil no preguntarse por qué. Cuando una administración reclama auxilio al Estado y la respuesta consiste en reprocharle que no colabora suficientemente, la discusión deja de ser administrativa y pasa a ser política. Cuando un problema es demasiado grande para ocultarlo, siempre existe la tentación de desplazar el foco hacia quien lo denuncia. Es exactamente ahí donde cobra sentido el titular de La Razón: «Moncloa decide atacar a Ceuta para defenderse de la crisis». Porque Ceuta no es el origen de la crisis. Ceuta es el lugar donde la crisis se denuncia y se hace visible sin tapujos. El espejo europeo Pero lo verdaderamente preocupante para el Gobierno no está solo en Ceuta: está también fuera de España. La crisis ha tenido una consecuencia que debería hacer reflexionar a cualquier Gobierno europeo: Italia, gobernada por Giorgia Meloni, decidió restablecer controles sobre los viajeros procedentes de España y suspender temporalmente la aplicación ordinaria del régimen Schengen con nuestro país. Los controles comenzaron en los aeropuertos italianos sobre determinados pasajeros procedentes de España. No es una cuestión menor: Schengen representa uno de los grandes símbolos de la construcción europea, la desaparición de las fronteras interiores y la confianza entre los Estados miembros. Y ahora esa confianza ha sufrido una grieta precisamente en la relación entre España e Italia. La respuesta española tampoco fue retórica. Desde el 8 de agosto, España ha establecido controles aleatorios sobre viajeros procedentes de Italia, y hasta el 17 de agosto habían sido controladas 5.080 personas. Es decir: la crisis de Ceuta ha terminado por levantar, entre dos países de la Unión Europea, una frontera donde antes no la había. Estamos ante una auténtica paradoja. Mientras la versión oficial de Moncloa presenta a Pedro Sánchez como un dirigente de enorme peso internacional, el Gobierno de una de las principales potencias europeas ha considerado necesario recuperar controles fronterizos con España como consecuencia de una crisis migratoria originada en territorio español. Eso no significa que España haya quedado aislada de Europa; sería exagerado decirlo. Pero sí significa algo mucho más concreto y difícil de discutir: la gestión española de la crisis ha generado suficiente preocupación en otro Estado miembro como para provocar una respuesta excepcional. Eso es trascendente, como lo es que la preocupación no se haya limitado a Italia. El debate sobre la presión migratoria española ha adquirido dimensión europea y ha provocado advertencias y reacciones políticas fuera de nuestras fronteras. De modo que la teoría del Gobierno según la cual todo está bajo control empieza a encontrar un problema sencillo: hay Gobiernos europeos que no parecen compartir esa tranquilidad. Marruecos, el gran silencio Y queda Marruecos. Porque detrás de la dimensión migratoria existe una dimensión geopolítica que no puede ignorarse. Las imágenes de miles de jóvenes intentando cruzar la frontera desde Marruecos no son las de un fenómeno migratorio espontáneo, comparable a una llegada ordinaria de migrantes. El propio Juan Vivas habló, aquel 31 de julio, de una «manipulación por parte de Marruecos de su población con fines partidistas». El Gobierno español, por su parte, ha insistido en la cooperación con las autoridades marroquíes y ha agradecido su colaboración para facilitar el retorno de quienes entraron irregularmente. Pedro Sánchez lo hizo expresamente durante su visita a Ceuta. ¿Puede una política exterior convertirse en una razón para evitar formular determinadas preguntas? La cooperación con Marruecos es necesaria. La relación bilateral es estratégica. Nadie sensato defendería lo contrario. Precisamente por eso resulta imprescindible que esa cooperación no se convierta en una zona de sombra sobre lo sucedido en la frontera. Porque si Marruecos utiliza, o permite que se utilicen, movimientos masivos de población como instrumento de presión, España necesita una respuesta de Estado, no únicamente una gestión administrativa de las consecuencias. Pero esa respuesta exige una transparencia que no existe desde la sorpresiva entrega del territorio autónomo del Sáhara, decidida personalmente por Sánchez, sin que se haya dado explicación alguna. El Gobierno contra sus propios pactos y origen Pero Ceuta tampoco está sola. Mientras el Ejecutivo intenta apagar el incendio migratorio, otro incendio político se le abre por el flanco energético. El Gobierno ha prorrogado la operación de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, apartándose del calendario de cierre inicialmente previsto. La decisión cuenta con respaldo técnico del Consejo de Seguridad Nuclear y responde a la solicitud de las empresas propietarias. Pero Sumar ha reaccionado con extraordinaria dureza y acusa al PSOE de incumplir los acuerdos de Gobierno. Y he aquí la contradicción esencial: el Gobierno necesita a sus socios para sobrevivir parlamentariamente, y esos mismos socios pueden convertirse en el principal obstáculo para gobernar. El Ejecutivo está obligado a pactar con quienes no comparten necesariamente sus decisiones fundamentales. Y cuando adopta decisiones necesarias para el funcionamiento del Estado, corre el riesgo de enfrentarse con quienes necesita para seguir en el poder. Almaraz es solamente el último ejemplo. La agonía de un modelo Por eso Ceuta es mucho más que Ceuta. Es el punto en el que convergen demasiadas contradicciones: Un Gobierno que tiene que gestionar una crisis fronteriza extraordinaria. Un Gobierno que recibe reclamaciones de la propia autoridad de una ciudad española. Un Gobierno que ve cómo un Estado miembro de la Unión Europea restablece controles fronterizos con España. Un Gobierno que debe mantener una relación especialmente delicada con Marruecos. Un Gobierno que necesita a sus socios parlamentarios, pero acaba enfrentándose con ellos por una decisión energética de primer orden. Y un Gobierno que, ante la dificultad de explicar algunas de sus actuaciones, corre el riesgo de dedicar más energía a combatir políticamente a quienes denuncian sus problemas que a resolverlos. Ese es el verdadero peligro. No que el Gobierno sea criticado, ni que la oposición aproveche una crisis, ni que Meloni discrepe de Sánchez, ni que Sumar se encolerice con el PSOE por no cumplir sus acuerdos. El verdadero peligro es que la política de supervivencia termine sustituyendo a la política de Gobierno. Cuando eso ocurre, cada problema deja de tratarse como un problema de Estado y pasa a convertirse en una batalla por la supervivencia política. Y entonces se buscan enemigos: Si la crisis está en Ceuta, el problema es Vivas. Si la presión viene de Italia, el problema es Meloni. Si el socio protesta por Almaraz, el problema es el socio. Si la oposición denuncia la situación, el problema es la oposición. Pero un Gobierno no puede gobernar indefinidamente contra todos aquellos que le recuerdan sus propias responsabilidades. Porque, al final, las crisis permanecen. Ceuta sigue ahí. La frontera sigue ahí. Marruecos sigue ahí. Schengen sigue siendo una cuestión europea. Almaraz sigue funcionando. Y los socios parlamentarios siguen siendo necesarios. Lo que empieza a desaparecer es otra cosa: el margen de maniobra del Gobierno. Tal vez por eso la imagen más precisa de este verano político no sea la de un Ejecutivo atacado desde fuera, sino la de un Gobierno cercado por sus propios pactos, sus propias contradicciones y las consecuencias de sus propias decisiones. Cabría preguntarse si este Gobierno no nació ya muerto, lastrado por las contradicciones inherentes a unos pactos antinaturales y de difícil explicación. Y cuando un Gobierno llega a ese punto, el problema ya no es quién le ataca. El problema es que empieza a quedarse sin espacio para defenderse.

Moncloa decide atacar a Ceuta para defenderse de la crisis

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Fecha: 18 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

El Gobierno cercado

Hay momentos en que confluyen, de golpe, crisis procedentes de los flancos más débiles de un Gobierno. Ceuta parece ser, en este verano, el flanco más determinante para Pedro Sánchez, porque en ella ha culminado una catarata de episodios que ponen de manifiesto la extrema debilidad del Ejecutivo.

Lo sucedido en la frontera ceutí el pasado 30 y 31 de julio no fue una incidencia migratoria ordinaria. Durante horas, decenas de miles de personas procedentes de Marruecos lograron acceder irregularmente a la ciudad. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, llegó a cifrar la entrada en 60.000 personas; el Gobierno habló de más de 50.000. Una magnitud extraordinaria para una ciudad cuya población ronda los 85.000 habitantes.

No estamos, por tanto, ante una discusión meramente aritmética. Estamos ante un hecho político de enorme gravedad: una frontera exterior de la Unión Europea quedó sometida a una presión masiva y extraordinaria.

Ahí es donde empezó el problema para el Gobierno. Porque la primera obligación de cualquier Ejecutivo ante una situación semejante no es buscar culpables, sino ejercer el poder del Estado. La inmigración, el control de las fronteras, la seguridad nacional y la defensa de la integridad territorial no pueden convertirse en una disputa competencial entre administraciones. Y mucho menos en una guerra política entre el Gobierno central y el presidente de una ciudad autónoma que reclama precisamente la intervención del Estado.

Juan Vivas, presidente de Ceuta y dirigente del Partido Popular, mantuvo inicialmente una posición institucional y prudente. No convirtió la tragedia en una batalla partidista. Reclamó ayuda. Advirtió del riesgo de colapso. Y pidió una respuesta contundente del Estado.

Con el paso de los días, sin embargo, aquella prudencia empezó a agotarse.

El 17 de agosto, Vivas elevó el tono hasta anunciar que podría acudir al Poder Judicial si el Gobierno no ofrece una solución en treinta días. Acusó al Ejecutivo de «pasividad absoluta» y cuestionó que se estuviera respondiendo con la intensidad que exige una situación que afecta directamente a la seguridad y a la convivencia de la ciudad.

Y entonces apareció algo políticamente revelador: el Gobierno comenzó a convertir a Vivas en parte del problema. Es difícil no preguntarse por qué. Cuando una administración reclama auxilio al Estado y la respuesta consiste en reprocharle que no colabora suficientemente, la discusión deja de ser administrativa y pasa a ser política. Cuando un problema es demasiado grande para ocultarlo, siempre existe la tentación de desplazar el foco hacia quien lo denuncia.

Es exactamente ahí donde cobra sentido el titular de La Razón: «Moncloa decide atacar a Ceuta para defenderse de la crisis». Porque Ceuta no es el origen de la crisis. Ceuta es el lugar donde la crisis se denuncia y se hace visible sin tapujos.

El espejo europeo

Pero lo verdaderamente preocupante para el Gobierno no está solo en Ceuta: está también fuera de España. La crisis ha tenido una consecuencia que debería hacer reflexionar a cualquier Gobierno europeo: Italia, gobernada por Giorgia Meloni, decidió restablecer controles sobre los viajeros procedentes de España y suspender temporalmente la aplicación ordinaria del régimen Schengen con nuestro país. Los controles comenzaron en los aeropuertos italianos sobre determinados pasajeros procedentes de España. No es una cuestión menor: Schengen representa uno de los grandes símbolos de la construcción europea, la desaparición de las fronteras interiores y la confianza entre los Estados miembros. Y ahora esa confianza ha sufrido una grieta precisamente en la relación entre España e Italia.

La respuesta española tampoco fue retórica. Desde el 8 de agosto, España ha establecido controles aleatorios sobre viajeros procedentes de Italia, y hasta el 17 de agosto habían sido controladas 5.080 personas. Es decir: la crisis de Ceuta ha terminado por levantar, entre dos países de la Unión Europea, una frontera donde antes no la había. Estamos ante una auténtica paradoja.

Mientras la versión oficial de Moncloa presenta a Pedro Sánchez como un dirigente de enorme peso internacional, el Gobierno de una de las principales potencias europeas ha considerado necesario recuperar controles fronterizos con España como consecuencia de una crisis migratoria originada en territorio español. Eso no significa que España haya quedado aislada de Europa; sería exagerado decirlo. Pero sí significa algo mucho más concreto y difícil de discutir: la gestión española de la crisis ha generado suficiente preocupación en otro Estado miembro como para provocar una respuesta excepcional. Eso es trascendente, como lo es que la preocupación no se haya limitado a Italia. El debate sobre la presión migratoria española ha adquirido dimensión europea y ha provocado advertencias y reacciones políticas fuera de nuestras fronteras. De modo que la teoría del Gobierno según la cual todo está bajo control empieza a encontrar un problema sencillo: hay Gobiernos europeos que no parecen compartir esa tranquilidad.

Marruecos, el gran silencio

Y queda Marruecos. Porque detrás de la dimensión migratoria existe una dimensión geopolítica que no puede ignorarse. Las imágenes de miles de jóvenes intentando cruzar la frontera desde Marruecos no son las de un fenómeno migratorio espontáneo, comparable a una llegada ordinaria de migrantes. El propio Juan Vivas habló, aquel 31 de julio, de una «manipulación por parte de Marruecos de su población con fines partidistas».

El Gobierno español, por su parte, ha insistido en la cooperación con las autoridades marroquíes y ha agradecido su colaboración para facilitar el retorno de quienes entraron irregularmente. Pedro Sánchez lo hizo expresamente durante su visita a Ceuta.

¿Puede una política exterior convertirse en una razón para evitar formular determinadas preguntas?

La cooperación con Marruecos es necesaria. La relación bilateral es estratégica. Nadie sensato defendería lo contrario. Precisamente por eso resulta imprescindible que esa cooperación no se convierta en una zona de sombra sobre lo sucedido en la frontera. Porque si Marruecos utiliza, o permite que se utilicen, movimientos masivos de población como instrumento de presión, España necesita una respuesta de Estado, no únicamente una gestión administrativa de las consecuencias. Pero esa respuesta exige una transparencia que no existe desde la sorpresiva entrega del territorio autónomo del Sáhara, decidida personalmente por Sánchez, sin que se haya dado explicación alguna.

El Gobierno contra sus propios pactos y origen

Pero Ceuta tampoco está sola. Mientras el Ejecutivo intenta apagar el incendio migratorio, otro incendio político se le abre por el flanco energético. El Gobierno ha prorrogado la operación de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, apartándose del calendario de cierre inicialmente previsto. La decisión cuenta con respaldo técnico del Consejo de Seguridad Nuclear y responde a la solicitud de las empresas propietarias. Pero Sumar ha reaccionado con extraordinaria dureza y acusa al PSOE de incumplir los acuerdos de Gobierno.

Y he aquí la contradicción esencial: el Gobierno necesita a sus socios para sobrevivir parlamentariamente, y esos mismos socios pueden convertirse en el principal obstáculo para gobernar. El Ejecutivo está obligado a pactar con quienes no comparten necesariamente sus decisiones fundamentales. Y cuando adopta decisiones necesarias para el funcionamiento del Estado, corre el riesgo de enfrentarse con quienes necesita para seguir en el poder.

Almaraz es solamente el último ejemplo.

La agonía de un modelo

Por eso Ceuta es mucho más que Ceuta. Es el punto en el que convergen demasiadas contradicciones:

Un Gobierno que tiene que gestionar una crisis fronteriza extraordinaria.
Un Gobierno que recibe reclamaciones de la propia autoridad de una ciudad española.
Un Gobierno que ve cómo un Estado miembro de la Unión Europea restablece controles fronterizos con España.
Un Gobierno que debe mantener una relación especialmente delicada con Marruecos.
Un Gobierno que necesita a sus socios parlamentarios, pero acaba enfrentándose con ellos por una decisión energética de primer orden.
Y un Gobierno que, ante la dificultad de explicar algunas de sus actuaciones, corre el riesgo de dedicar más energía a combatir políticamente a quienes denuncian sus problemas que a resolverlos.

Ese es el verdadero peligro. No que el Gobierno sea criticado, ni que la oposición aproveche una crisis, ni que Meloni discrepe de Sánchez, ni que Sumar se encolerice con el PSOE por no cumplir sus acuerdos. El verdadero peligro es que la política de supervivencia termine sustituyendo a la política de Gobierno. Cuando eso ocurre, cada problema deja de tratarse como un problema de Estado y pasa a convertirse en una batalla por la supervivencia política. Y entonces se buscan enemigos:

Si la crisis está en Ceuta, el problema es Vivas.
Si la presión viene de Italia, el problema es Meloni.
Si el socio protesta por Almaraz, el problema es el socio.
Si la oposición denuncia la situación, el problema es la oposición.

Pero un Gobierno no puede gobernar indefinidamente contra todos aquellos que le recuerdan sus propias responsabilidades. Porque, al final, las crisis permanecen.

Ceuta sigue ahí. La frontera sigue ahí. Marruecos sigue ahí. Schengen sigue siendo una cuestión europea. Almaraz sigue funcionando. Y los socios parlamentarios siguen siendo necesarios.

Lo que empieza a desaparecer es otra cosa: el margen de maniobra del Gobierno.

Tal vez por eso la imagen más precisa de este verano político no sea la de un Ejecutivo atacado desde fuera, sino la de un Gobierno cercado por sus propios pactos, sus propias contradicciones y las consecuencias de sus propias decisiones. Cabría preguntarse si este Gobierno no nació ya muerto, lastrado por las contradicciones inherentes a unos pactos antinaturales y de difícil explicación.

Y cuando un Gobierno llega a ese punto, el problema ya no es quién le ataca.

El problema es que empieza a quedarse sin espacio para defenderse.

PORTADA DE LA VOZ DE GALICIA Sábado, 22 de agosto de 2026

12A, una noche de dos minutos sobre Galicia

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Fecha: 9 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.12A, una noche de dos minutos sobre Galicia Hay acontecimientos que duran horas, acontecimientos que duran días y acontecimientos que, aunque apenas duran unos minutos, son capaces de movilizar durante meses a gobiernos, empresas, ciudadanos, medios de comunicación y redes sociales. El próximo 12 de agosto tendremos uno de ellos. Un eclipse total de Sol se producirá en una amplia franja de la península y, durante unos minutos, el día se convertirá en noche. Será un espectáculo astronómico extraordinario. Una de esas ocasiones en las que la naturaleza nos recuerda, sin necesidad de discursos, que seguimos viviendo en un planeta sometido a leyes que no hemos establecido nosotros, a pesar de las voces que promueven ideas contrarias fomentando la creencia de que el hombre es capaz de controlar o modular positivamente los fenómenos naturales de cierta envergadura. El verdadero fenómeno que deberíamos observar el día 12 no es solamente el eclipse: ¿por qué no nos observamos a nosotros mismos? Alrededor de esos pocos minutos se ha levantado una gigantesca estructura humana, psicofísica, económica, tecnológica y logística. Y ahí es donde el eclipse comienza a resultar un objeto de reflexión sociológica. El Estado para dos minutos Miles de personas se desplazarán buscando unos minutos de totalidad. Se reforzarán carreteras, transportes, comunicaciones, servicios sanitarios y dispositivos de seguridad. La Guardia Civil ha anunciado un despliegue extraordinario de más de 24.000 agentes en el conjunto de España, con unidades de tráfico, seguridad ciudadana, medio ambiente, servicios marítimos y aéreos, drones y otros recursos especializados. En Galicia, la propia Xunta ha preparado un dispositivo específico de protección civil y medidas para reforzar el transporte público ante el incremento previsible de desplazamientos. No hay nada necesariamente censurable en ello. Al contrario: cuando millones de personas se desplazan excepcionalmente, es razonable que los poderes públicos prevengan accidentes, colapsos, incendios, problemas sanitarios o situaciones de emergencia. Pero la magnitud del dispositivo invita a una pregunta. ¿Qué dice de nosotros que seamos capaces de movilizar semejante cantidad de recursos colectivos para garantizar que millones de personas puedan disfrutar durante unos minutos de una experiencia extraordinaria? La pregunta no pretende negar el valor del acontecimiento. Pretende ponerlo en relación con otros acontecimientos menos espectaculares de nuestra vida colectiva. Porque también existen problemas que duran mucho más de dos minutos y para los cuales rara vez contemplamos movilizaciones semejantes de recursos, entusiasmo y voluntad colectiva. Quizá el eclipse sea una buena ocasión para preguntarnos qué cosas consideramos verdaderamente importantes. La economía de no perdérselo Alrededor de la franja de totalidad del eclipse ha aparecido también otro fenómeno: una formidable expectativa de negocio. Alojamientos, restaurantes, transporte, actividades turísticas, excursiones, observatorios, alquileres, experiencias exclusivas, lugares privilegiados de observación... La economía ha comprendido rápidamente que hay algo que vender. Y no hay nada extraño en ello. Allí donde existe una necesidad, un deseo o una emoción, aparece el mercado. Pero aquí surge un elemento particularmente interesante: el miedo a quedarse fuera. No basta con ver el eclipse. Hay que verlo desde el lugar correcto. No basta con estar allí. Hay que estar dentro de la franja de totalidad. No basta con disfrutarlo. Hay que fotografiarlo, grabarlo, compartirlo y demostrar que estuvimos allí. El fenómeno astronómico se transforma así en experiencia de consumo. Y la experiencia de consumo, a su vez, se transforma en experiencia social. El eclipse deja de ser solamente un acontecimiento que contemplamos para convertirse en un acontecimiento que debemos poseer. Aunque solamente sea durante dos minutos. El extraño poder del "no me lo puedo perder" Hay una expresión contemporánea que merece quizá más atención de la que solemos concederle: "No me lo puedo perder." Parece una frase inocente. Pero encierra una poderosa estructura psicológica. ¿Por qué no podemos perdérnoslo? ¿Qué sucedería realmente si no estuviéramos allí? ¿Qué perderíamos? ¿Una experiencia estética? ¿Un recuerdo? ¿Una conversación? ¿Una fotografía? ¿Una oportunidad única? Probablemente sí. Pero también puede haber algo más profundo: el temor a quedar excluidos de una experiencia colectiva. El miedo a que los demás hayan vivido algo que nosotros no. Y ahí aparece el fenómeno conocido como FOMO —fear of missing out—, el miedo a perdernos aquello que otros están disfrutando. Las redes sociales han convertido este mecanismo en una poderosa fuerza de comportamiento. Ya no basta con vivir. Hay que vivir aquello que merece ser mostrado. Ya no basta con experimentar. Hay que experimentar lo que otros consideran digno de experimentar. Y ya no basta con disfrutar. Hay que poder demostrar que disfrutamos. El eclipse puede convertirse así en una gigantesca fotografía colectiva de nuestra época. Millones de personas mirando hacia el cielo. Y, paradójicamente, muchas de ellas preocupadas simultáneamente por el teléfono móvil. Una competición por unos segundos Hay algo todavía más paradójico. El eclipse será exactamente el mismo para todos. La Luna no distinguirá entre ricos y pobres. No distinguirá entre turistas y residentes. No distinguirá entre quienes pagaron una fortuna por alojarse en un lugar privilegiado y quienes simplemente levantaron la mirada desde el jardín de su casa. El eclipse es democrático. Sin embargo, nosotros podemos convertirlo en competitivo. ¿Quién consiguió el mejor lugar? ¿Quién reservó primero? ¿Quién pagó menos? ¿Quién pagó más? ¿Quién consiguió la mejor fotografía? ¿Quién estuvo más cerca? ¿Quién consiguió el alojamiento más exclusivo? ¿Quién tuvo la experiencia más extraordinaria? Es curioso. Un fenómeno cósmico que podría recordarnos nuestra pequeñez termina convertido en otra competición humana. Incluso frente al cielo podemos competir. El eclipse como fenómeno de masas Las masas no son necesariamente malas. Una sociedad necesita acontecimientos colectivos. Necesita rituales, celebraciones, símbolos y experiencias compartidas. El problema aparece cuando la dimensión colectiva no produce comunidad, sino simplemente agregación. Una multitud no es necesariamente una comunidad. Podemos ser millones de personas haciendo exactamente lo mismo y seguir siendo individuos completamente aislados. Podemos contemplar juntos el mismo eclipse sin experimentar ninguna forma de solidaridad. Podemos compartir el mismo espectáculo y no compartir absolutamente nada. Esta distinción me parece fundamental. La sociedad de masas puede reunir físicamente a las personas sin acercarlas moralmente. Y quizá esa sea una de las preguntas que deberíamos hacernos el 12 de agosto. Cuando millones de personas miren simultáneamente hacia el cielo, ¿estaremos viviendo un momento de comunidad? ¿O simplemente estaremos participando en un gigantesco acontecimiento de consumo? El cuerpo también paga la fiesta Hay otra dimensión menos visible. Todo acontecimiento de masas tiene costes. Horas de carretera. Atascos. Esperas. Calor. Falta de descanso. Desplazamientos apresurados. Saturación de servicios. Ansiedad. Preocupación por encontrar el lugar adecuado. Miedo a llegar tarde. Necesidad de reservar. Necesidad de competir. Necesidad de aprovechar al máximo una experiencia que solamente durará unos minutos. La propia administración recomienda planificar los desplazamientos y adoptar precauciones específicas para evitar problemas de movilidad y seguridad. Pero hay un coste psicológico más sutil. La obligación de disfrutar. Quizá esta sea una de las características más extrañas de nuestra época. No solamente tenemos que divertirnos. Tenemos que aprovechar la diversión. Una experiencia tiene que ser memorable. Un viaje tiene que ser extraordinario. Una comida tiene que ser excepcional. Un concierto tiene que ser inolvidable. Un eclipse tiene que ser "el momento de nuestra vida". Y cuando convertimos el disfrute en obligación, el disfrute comienza a parecerse sospechosamente a un trabajo. ¿Qué estamos buscando realmente? Aquí aparece, a mi juicio, la cuestión fundamental. El problema no es viajar para ver un eclipse. No es gastar dinero. No es disfrutar. No es hacer turismo. No es fotografiar. No es celebrar. Todo eso forma parte de una vida humana perfectamente legítima. La cuestión es otra: ¿Qué lugar ocupa todo ello dentro de nuestra jerarquía de valores? Porque una sociedad puede dedicar enormes cantidades de energía a satisfacer deseos inmediatos y, al mismo tiempo, mostrar una preocupante incapacidad para ocuparse de necesidades colectivas más profundas. Podemos organizar extraordinariamente bien un desplazamiento masivo para contemplar dos minutos de oscuridad y ser incapaces de organizar con igual entusiasmo aquello que afecta durante años a la vida de millones de personas. Podemos convertir un fenómeno astronómico en una extraordinaria oportunidad económica y tener muchas más dificultades para convertir el crecimiento económico en bienestar compartido. Podemos competir por conseguir el mejor lugar para mirar al cielo y no preocuparnos demasiado por quién se queda atrás en la tierra. No es una acusación. Es una paradoja. Y las paradojas son excelentes instrumentos para pensar. Una sociedad orientada hacia el disfrute Quizá el eclipse nos permita contemplar otra característica de nuestra sociedad: la progresiva identificación entre felicidad y consumo de experiencias. Parece que necesitamos acontecimientos. Necesitamos estímulos. Necesitamos novedades. Necesitamos viajar. Necesitamos celebrar. Necesitamos experimentar. Necesitamos sentir. Y, sobre todo, necesitamos evitar el aburrimiento. Pero una vida humana no puede sostenerse indefinidamente sobre la búsqueda de estímulos. La experiencia intensa no equivale necesariamente a una experiencia valiosa. El placer no equivale necesariamente a la felicidad. La diversión no equivale necesariamente al desarrollo personal. Y la acumulación de experiencias no garantiza una vida con sentido. Podemos tener miles de fotografías y pocos recuerdos verdaderamente significativos. Podemos viajar por medio mundo y no haber aprendido a mirar al vecino. Podemos asistir a acontecimientos extraordinarios y permanecer completamente ajenos a las personas que tenemos al lado. Podemos incluso contemplar la inmensidad del universo y seguir pensando exclusivamente en nosotros mismos. Dos minutos que podrían decirnos mucho El eclipse tendrá una duración limitada. La totalidad será fugaz. La sombra atravesará el territorio y desaparecerá. Después volverá la luz. Pero quizá nosotros deberíamos intentar que esos dos minutos no fueran solamente un acontecimiento astronómico. Podrían convertirse también en un pequeño experimento social. Observar qué hacemos. Cómo nos comportamos. Qué estamos dispuestos a pagar. Hasta dónde estamos dispuestos a desplazarnos. Cuánto estamos dispuestos a esperar. Qué sacrificios aceptamos. Qué recursos colectivos movilizamos. Qué importancia concedemos a la experiencia. Y, sobre todo, qué hacemos después de que termine. Porque el verdadero valor de un acontecimiento quizá no esté solamente en la intensidad con la que lo vivimos, sino en aquello que deja en nosotros. Si el 12 de agosto miramos al cielo y durante dos minutos sentimos asombro ante la extraordinaria mecánica del universo, quizá hayamos ganado algo. Si además conseguimos sentirnos parte de una humanidad que comparte el mismo planeta, quizá hayamos ganado mucho más. Pero si después de esos dos minutos solamente nos queda una fotografía para las redes sociales, una factura del hotel y la satisfacción de poder decir "yo estuve allí", quizá el eclipse haya pasado por encima de nosotros sin haber conseguido realmente iluminarnos. El cielo no necesita de nosotros Hay una última ironía. El eclipse no necesita publicidad. No necesita promoción. No necesita una estrategia de marketing. No necesita que nadie lo convierta en tendencia. No necesita que nadie lo monetice. No necesita que lo compartamos. La Luna pasará delante del Sol exactamente igual si estamos allí como si no estamos. Y quizá ahí resida su mayor enseñanza. Durante unos minutos, el universo seguirá funcionando sin tener en cuenta nuestros deseos, nuestras prisas, nuestros teléfonos, nuestros negocios y nuestras pequeñas competiciones. La sombra avanzará. El Sol desaparecerá. El día se hará noche. Y después todo volverá a ser como antes. Por eso quizá deberíamos aprovechar esos dos minutos no solamente para mirar hacia arriba, sino también para mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué clase de sociedad somos cuando un acontecimiento que dura dos minutos puede movilizar tanta energía, tanto dinero, tanta ansiedad y tanta competencia? Y, sobre todo: ¿qué otros acontecimientos, mucho más importantes y mucho más duraderos, deberían ser capaces de movilizarnos con la misma intensidad? Quizá esa sea la verdadera pregunta que nos deja el 12A. Porque el eclipse durará dos minutos. Pero lo que esos dos minutos digan de nosotros puede durar bastante más.

12A, una noche de dos minutos sobre Galicia

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 9 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

12A, una noche de dos minutos sobre Galicia

Hay acontecimientos que duran horas, acontecimientos que duran días y acontecimientos que, aunque apenas duran unos minutos, son capaces de movilizar durante meses a gobiernos, empresas, ciudadanos, medios de comunicación y redes sociales.

El próximo 12 de agosto tendremos uno de ellos.

Un eclipse total de Sol se producirá en una amplia franja de la península y, durante unos minutos, el día se convertirá en noche. Será un espectáculo astronómico extraordinario. Una de esas ocasiones en las que la naturaleza nos recuerda, sin necesidad de discursos, que seguimos viviendo en un planeta sometido a leyes que no hemos establecido nosotros, a pesar de las voces que promueven ideas contrarias fomentando la creencia de que el hombre es capaz de controlar o modular positivamente los fenómenos naturales de cierta envergadura.

El verdadero fenómeno que deberíamos observar el día 12 no es solamente el eclipse: ¿por qué no nos observamos a nosotros mismos?

Alrededor de esos pocos minutos se ha levantado una gigantesca estructura humana, psicofísica, económica, tecnológica y logística.

Y ahí es donde el eclipse comienza a resultar un objeto de reflexión sociológica.

El Estado para dos minutos

Miles de personas se desplazarán buscando unos minutos de totalidad. Se reforzarán carreteras, transportes, comunicaciones, servicios sanitarios y dispositivos de seguridad. La Guardia Civil ha anunciado un despliegue extraordinario de más de 24.000 agentes en el conjunto de España, con unidades de tráfico, seguridad ciudadana, medio ambiente, servicios marítimos y aéreos, drones y otros recursos especializados.

En Galicia, la propia Xunta ha preparado un dispositivo específico de protección civil y medidas para reforzar el transporte público ante el incremento previsible de desplazamientos.

No hay nada necesariamente censurable en ello.

Al contrario: cuando millones de personas se desplazan excepcionalmente, es razonable que los poderes públicos prevengan accidentes, colapsos, incendios, problemas sanitarios o situaciones de emergencia.

Pero la magnitud del dispositivo invita a una pregunta.

¿Qué dice de nosotros que seamos capaces de movilizar semejante cantidad de recursos colectivos para garantizar que millones de personas puedan disfrutar durante unos minutos de una experiencia extraordinaria?

La pregunta no pretende negar el valor del acontecimiento.

Pretende ponerlo en relación con otros acontecimientos menos espectaculares de nuestra vida colectiva.

Porque también existen problemas que duran mucho más de dos minutos y para los cuales rara vez contemplamos movilizaciones semejantes de recursos, entusiasmo y voluntad colectiva.

Quizá el eclipse sea una buena ocasión para preguntarnos qué cosas consideramos verdaderamente importantes.

La economía de no perdérselo

Alrededor de la franja de totalidad del eclipse ha aparecido también otro fenómeno: una formidable expectativa de negocio.

Alojamientos, restaurantes, transporte, actividades turísticas, excursiones, observatorios, alquileres, experiencias exclusivas, lugares privilegiados de observación...

La economía ha comprendido rápidamente que hay algo que vender.

Y no hay nada extraño en ello.

Allí donde existe una necesidad, un deseo o una emoción, aparece el mercado.

Pero aquí surge un elemento particularmente interesante: el miedo a quedarse fuera.

No basta con ver el eclipse.

Hay que verlo desde el lugar correcto.

No basta con estar allí.

Hay que estar dentro de la franja de totalidad.

No basta con disfrutarlo.

Hay que fotografiarlo, grabarlo, compartirlo y demostrar que estuvimos allí.

El fenómeno astronómico se transforma así en experiencia de consumo.

Y la experiencia de consumo, a su vez, se transforma en experiencia social.

El eclipse deja de ser solamente un acontecimiento que contemplamos para convertirse en un acontecimiento que debemos poseer.

Aunque solamente sea durante dos minutos.

El extraño poder del "no me lo puedo perder"

Hay una expresión contemporánea que merece quizá más atención de la que solemos concederle:

"No me lo puedo perder."

Parece una frase inocente.

Pero encierra una poderosa estructura psicológica.

¿Por qué no podemos perdérnoslo?

¿Qué sucedería realmente si no estuviéramos allí?

¿Qué perderíamos?

¿Una experiencia estética? ¿Un recuerdo? ¿Una conversación? ¿Una fotografía? ¿Una oportunidad única?

Probablemente sí.

Pero también puede haber algo más profundo: el temor a quedar excluidos de una experiencia colectiva.

El miedo a que los demás hayan vivido algo que nosotros no.

Y ahí aparece el fenómeno conocido como FOMO —fear of missing out—, el miedo a perdernos aquello que otros están disfrutando.

Las redes sociales han convertido este mecanismo en una poderosa fuerza de comportamiento.

Ya no basta con vivir.

Hay que vivir aquello que merece ser mostrado.

Ya no basta con experimentar.

Hay que experimentar lo que otros consideran digno de experimentar.

Y ya no basta con disfrutar.

Hay que poder demostrar que disfrutamos.

El eclipse puede convertirse así en una gigantesca fotografía colectiva de nuestra época.

Millones de personas mirando hacia el cielo.

Y, paradójicamente, muchas de ellas preocupadas simultáneamente por el teléfono móvil.

Una competición por unos segundos

Hay algo todavía más paradójico.

El eclipse será exactamente el mismo para todos.

La Luna no distinguirá entre ricos y pobres.

No distinguirá entre turistas y residentes.

No distinguirá entre quienes pagaron una fortuna por alojarse en un lugar privilegiado y quienes simplemente levantaron la mirada desde el jardín de su casa.

El eclipse es democrático.

Sin embargo, nosotros podemos convertirlo en competitivo.

¿Quién consiguió el mejor lugar?

¿Quién reservó primero?

¿Quién pagó menos?

¿Quién pagó más?

¿Quién consiguió la mejor fotografía?

¿Quién estuvo más cerca?

¿Quién consiguió el alojamiento más exclusivo?

¿Quién tuvo la experiencia más extraordinaria?

Es curioso.

Un fenómeno cósmico que podría recordarnos nuestra pequeñez termina convertido en otra competición humana.

Incluso frente al cielo podemos competir.

El eclipse como fenómeno de masas

Las masas no son necesariamente malas.

Una sociedad necesita acontecimientos colectivos. Necesita rituales, celebraciones, símbolos y experiencias compartidas.

El problema aparece cuando la dimensión colectiva no produce comunidad, sino simplemente agregación.

Una multitud no es necesariamente una comunidad.

Podemos ser millones de personas haciendo exactamente lo mismo y seguir siendo individuos completamente aislados.

Podemos contemplar juntos el mismo eclipse sin experimentar ninguna forma de solidaridad.

Podemos compartir el mismo espectáculo y no compartir absolutamente nada.

Esta distinción me parece fundamental.

La sociedad de masas puede reunir físicamente a las personas sin acercarlas moralmente.

Y quizá esa sea una de las preguntas que deberíamos hacernos el 12 de agosto.

Cuando millones de personas miren simultáneamente hacia el cielo, ¿estaremos viviendo un momento de comunidad?

¿O simplemente estaremos participando en un gigantesco acontecimiento de consumo?

El cuerpo también paga la fiesta

Hay otra dimensión menos visible.

Todo acontecimiento de masas tiene costes.

Horas de carretera.

Atascos.

Esperas.

Calor.

Falta de descanso.

Desplazamientos apresurados.

Saturación de servicios.

Ansiedad.

Preocupación por encontrar el lugar adecuado.

Miedo a llegar tarde.

Necesidad de reservar.

Necesidad de competir.

Necesidad de aprovechar al máximo una experiencia que solamente durará unos minutos.

La propia administración recomienda planificar los desplazamientos y adoptar precauciones específicas para evitar problemas de movilidad y seguridad.

Pero hay un coste psicológico más sutil.

La obligación de disfrutar.

Quizá esta sea una de las características más extrañas de nuestra época.

No solamente tenemos que divertirnos.

Tenemos que aprovechar la diversión.

Una experiencia tiene que ser memorable.

Un viaje tiene que ser extraordinario.

Una comida tiene que ser excepcional.

Un concierto tiene que ser inolvidable.

Un eclipse tiene que ser "el momento de nuestra vida".

Y cuando convertimos el disfrute en obligación, el disfrute comienza a parecerse sospechosamente a un trabajo.

¿Qué estamos buscando realmente?

Aquí aparece, a mi juicio, la cuestión fundamental.

El problema no es viajar para ver un eclipse.

No es gastar dinero.

No es disfrutar.

No es hacer turismo.

No es fotografiar.

No es celebrar.

Todo eso forma parte de una vida humana perfectamente legítima.

La cuestión es otra:

¿Qué lugar ocupa todo ello dentro de nuestra jerarquía de valores?

Porque una sociedad puede dedicar enormes cantidades de energía a satisfacer deseos inmediatos y, al mismo tiempo, mostrar una preocupante incapacidad para ocuparse de necesidades colectivas más profundas.

Podemos organizar extraordinariamente bien un desplazamiento masivo para contemplar dos minutos de oscuridad y ser incapaces de organizar con igual entusiasmo aquello que afecta durante años a la vida de millones de personas.

Podemos convertir un fenómeno astronómico en una extraordinaria oportunidad económica y tener muchas más dificultades para convertir el crecimiento económico en bienestar compartido.

Podemos competir por conseguir el mejor lugar para mirar al cielo y no preocuparnos demasiado por quién se queda atrás en la tierra.

No es una acusación.

Es una paradoja.

Y las paradojas son excelentes instrumentos para pensar.

Una sociedad orientada hacia el disfrute

Quizá el eclipse nos permita contemplar otra característica de nuestra sociedad: la progresiva identificación entre felicidad y consumo de experiencias.

Parece que necesitamos acontecimientos.

Necesitamos estímulos.

Necesitamos novedades.

Necesitamos viajar.

Necesitamos celebrar.

Necesitamos experimentar.

Necesitamos sentir.

Y, sobre todo, necesitamos evitar el aburrimiento.

Pero una vida humana no puede sostenerse indefinidamente sobre la búsqueda de estímulos.

La experiencia intensa no equivale necesariamente a una experiencia valiosa.

El placer no equivale necesariamente a la felicidad.

La diversión no equivale necesariamente al desarrollo personal.

Y la acumulación de experiencias no garantiza una vida con sentido.

Podemos tener miles de fotografías y pocos recuerdos verdaderamente significativos.

Podemos viajar por medio mundo y no haber aprendido a mirar al vecino.

Podemos asistir a acontecimientos extraordinarios y permanecer completamente ajenos a las personas que tenemos al lado.

Podemos incluso contemplar la inmensidad del universo y seguir pensando exclusivamente en nosotros mismos.

Dos minutos que podrían decirnos mucho

El eclipse tendrá una duración limitada.

La totalidad será fugaz.

La sombra atravesará el territorio y desaparecerá.

Después volverá la luz.

Pero quizá nosotros deberíamos intentar que esos dos minutos no fueran solamente un acontecimiento astronómico.

Podrían convertirse también en un pequeño experimento social.

Observar qué hacemos.

Cómo nos comportamos.

Qué estamos dispuestos a pagar.

Hasta dónde estamos dispuestos a desplazarnos.

Cuánto estamos dispuestos a esperar.

Qué sacrificios aceptamos.

Qué recursos colectivos movilizamos.

Qué importancia concedemos a la experiencia.

Y, sobre todo, qué hacemos después de que termine.

Porque el verdadero valor de un acontecimiento quizá no esté solamente en la intensidad con la que lo vivimos, sino en aquello que deja en nosotros.

Si el 12 de agosto miramos al cielo y durante dos minutos sentimos asombro ante la extraordinaria mecánica del universo, quizá hayamos ganado algo.

Si además conseguimos sentirnos parte de una humanidad que comparte el mismo planeta, quizá hayamos ganado mucho más.

Pero si después de esos dos minutos solamente nos queda una fotografía para las redes sociales, una factura del hotel y la satisfacción de poder decir "yo estuve allí", quizá el eclipse haya pasado por encima de nosotros sin haber conseguido realmente iluminarnos.

El cielo no necesita de nosotros

Hay una última ironía.

El eclipse no necesita publicidad.

No necesita promoción.

No necesita una estrategia de marketing.

No necesita que nadie lo convierta en tendencia.

No necesita que nadie lo monetice.

No necesita que lo compartamos.

La Luna pasará delante del Sol exactamente igual si estamos allí como si no estamos.

Y quizá ahí resida su mayor enseñanza.

Durante unos minutos, el universo seguirá funcionando sin tener en cuenta nuestros deseos, nuestras prisas, nuestros teléfonos, nuestros negocios y nuestras pequeñas competiciones.

La sombra avanzará.

El Sol desaparecerá.

El día se hará noche.

Y después todo volverá a ser como antes.

Por eso quizá deberíamos aprovechar esos dos minutos no solamente para mirar hacia arriba, sino también para mirarnos a nosotros mismos.

¿Qué clase de sociedad somos cuando un acontecimiento que dura dos minutos puede movilizar tanta energía, tanto dinero, tanta ansiedad y tanta competencia?

Y, sobre todo:

¿qué otros acontecimientos, mucho más importantes y mucho más duraderos, deberían ser capaces de movilizarnos con la misma intensidad?

Quizá esa sea la verdadera pregunta que nos deja el 12A.

Porque el eclipse durará dos minutos.

Pero lo que esos dos minutos digan de nosotros puede durar bastante más.

PORTADA DEL HERALDO DE ARAGÓN Sábado, 22 de agosto de 2026

El Rey expresa su deseo de visitar Ceuta

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Fecha: 7 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión. El Rey que no puede pisar España El presidente de la Ciudad autónoma de Ceuta salió del Palacio de Marivent con una frase de esperanza que en realidad no era sino una condena: "No me cabe la menor duda de que el Rey nos va a visitar". El Rey, no dio fecha porque no puede darla, ya que la visita de Felipe VI a Ceuta no depende de su voluntad. Cerca de diez dias de crisis migratoria en Ceuta —más de 70.000 personas cruzando desde Marruecos, un balance trágico de vidas perdidas, protestas ceutíes contra un presidente del Gobierno que ni siquiera atendió el teléfono cuando Vivas quiso avisarle— y el Jefe del Estado, capitán general de los Ejércitos, símbolo constitucional de la unidad de España, ha tenido que conformarse con llamadas telefónicas y un comunicado de indignación. Cuando quiso ir, si atendemos a algunas fuentes, no pudo. Fuentes que afirman que el Gobierno se lo impidió (OkDiario), cuya credibilidad se asienta en que ni Moncloa ni Zarzuela hayan hecho comentario alguno en sentido afirmativo o negando. El refrendo como bloqueo La explicación oficial tiene apoyo literal en la Constitución. El artículo 56.3 establece que los actos del Rey carecen de validez sin el refrendo del Gobierno; el artículo 64 asigna ese refrendo al Presidente o a los ministros competentes. Es el fundamento de la inviolabilidad regia: el Rey no responde políticamente en la medida en que no actúa nunca por mera decisión personal. Cabe preguntarse en tal caso, cuándo un viaje del Rey es "acto" en el sentido del artículo 56.3 y cuándo es simplemente el desplazamiento de un ciudadano por su propio país. Si queremos precisión jurídica, no hay jurisprudencia que lo resuelva. Y claro, con tal vacío, quien decide es el Gobierno sin condicionarse por la Constitución. Ese vacío interpretativo, que en un Gobierno con mayoría social propia y lealtad institucional plena sería una anécdota técnica, se convierte en algo mucho más incómodo cuando el Gobierno que lo administra es el que tenemos. Un Gobierno sin mayoría propia, sostenido por quien no cree en la Corona Sánchez gobierna desde 2018 sin haber ganado unas elecciones generales. Lo hace apoyado en investiduras sucesivas que dependen de Podemos y Sumar —republicanos declarados— y de ERC, Bildu y en su momento Junts, formaciones para las que España como proyecto común, y no digamos ya la Corona, no es precisamente una prioridad compartida. El refrendo del artículo 56.3, pensado como expresión de la soberanía popular canalizada a través de un Ejecutivo responsable ante las Cortes, se ejerce hoy por un Gobierno cuya base parlamentaria estructural preferiría, en el mejor de los casos, una Corona invisible, y en el peor, ninguna Corona. Ahí está la paradoja que conviene no dejar pasar: el mecanismo que debía proteger la democracia frente a un monarca sin control se ha convertido en la herramienta con la que una coalición parlamentaria sin mayoría social amplia bloquea al símbolo institucional que más incomoda a una parte de sus socios. El precedente que delata el patrón Hay un antecedente que revela cómo entiende este Gobierno el refrendo y la deliberación institucional cuando le conviene saltárselos. El 18 de marzo de 2022, la Casa Real marroquí hizo pública una carta de Sánchez a Mohamed VI en la que España abandonaba cuatro décadas de posición sobre el Sáhara Occidental para respaldar la propuesta de autonomía marroquí. Esa decisión —de calado histórico, con consecuencias diplomáticas mayores, incluida la ruptura temporal con Argelia— no pasó por el Consejo de Ministros ni fue debatida en las Cortes Generales. Se supo por una filtración, días después de que la anunciara Rabat. Así que el mismo Gobierno que invoca con rigor el procedimiento constitucional para impedir que el Rey pise Ceuta en plena crisis con Marruecos, prescindió de cualquier procedimiento colegiado para entregarle a Marruecos, por carta personal y sin debate, una posición histórica del Estado español. El refrendo se aplica con celo cuando frena al Rey; se ignora cuando estorba a Rabat. No es casualidad que las fuentes consultadas por varios medios apunten a que las protestas ceutíes contra Sánchez, y el deseo de no incomodar a Marruecos, pesaron en la decisión de no autorizar el viaje real. Eso no es una lectura estrictamente jurídica del artículo 56.3: es un cálculo político disfrazado de ortodoxia constitucional. En este contexto no cabe olvidar que en enero de 2022, representantes designados por Moncloa se reunieron con Marruecos en Marrakech y Málaga, con presencia israelí (Titular del Software PEGASUS), y Sánchez dio por amortizada la crisis del espionaje de su móvil y los de Robles y Marlaska, a cambio de un compromiso marroquí de no volver a usar Pegasus contra el Gobierno español. Esto no viene de fuentes judiciales pero tampoco es un solo bulo de fuentes anónimas genéricas; es una investigación periodística sostenida con varias entregas. Que tal espionaje causó el giro sobre el Sáhara —es decir, que Marruecos chantajeó a Sánchez con lo obtenido— es una correlación temporal fuerte, no una causalidad demostrada. Vozpópuli lo llama explícitamente “inexplicable e inexplicado”, y el propio lenguaje de esa pieza (“causa-efecto” entre comillas) reconoce que es lectura, no prueba. Nadie ha exhibido el contenido de lo extraído del móvil ni una prueba directa de chantaje. La pregunta que queda sobre la mesa Nadie discute aquí la necesidad del refrendo como institución. Es una garantía razonable en cualquier monarquía parlamentaria y no hay que confundir esta reflexión con una defensa de un Rey que actúe por libre. La pregunta es otra: ¿qué ocurre cuando el refrendo lo administra un Gobierno que no representa mayoritariamente la voluntad de las urnas, sostenido por quienes preferirían que la Corona no existiera, y que además ha demostrado —con el Sáhara— que sabe prescindir de cualquier procedimiento cuando el interesado es Rabat y no Zarzuela? Ceuta llevaba desde 2007 sin que un Rey la visitara. Ahora, en el peor momento de su historia reciente, vuelve a esperar. Y mientras espera, conviene preguntarse si lo que la mantiene esperando es la Constitución, o es simplemente la conveniencia de quienes hoy la interpretan.

El Rey expresa su deseo de visitar Ceuta

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 7 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

El Rey que no puede pisar España

El presidente de la Ciudad autónoma de Ceuta salió del Palacio de Marivent con una frase de esperanza que en realidad no era sino una condena: "No me cabe la menor duda de que el Rey nos va a visitar".

El Rey, no dio fecha porque no puede darla, ya que la visita de Felipe VI a Ceuta no depende de su voluntad.

Cerca de diez dias de crisis migratoria en Ceuta —más de 70.000 personas cruzando desde Marruecos, un balance trágico de vidas perdidas, protestas ceutíes contra un presidente del Gobierno que ni siquiera atendió el teléfono cuando Vivas quiso avisarle— y el Jefe del Estado, capitán general de los Ejércitos, símbolo constitucional de la unidad de España, ha tenido que conformarse con llamadas telefónicas y un comunicado de indignación. Cuando quiso ir, si atendemos a algunas fuentes, no pudo. Fuentes que afirman que el Gobierno se lo impidió (OkDiario), cuya credibilidad se asienta en que ni Moncloa ni Zarzuela hayan hecho comentario alguno en sentido afirmativo o negando.

El refrendo como bloqueo

La explicación oficial tiene apoyo literal en la Constitución. El artículo 56.3 establece que los actos del Rey carecen de validez sin el refrendo del Gobierno; el artículo 64 asigna ese refrendo al Presidente o a los ministros competentes. Es el fundamento de la inviolabilidad regia: el Rey no responde políticamente en la medida en que no actúa nunca por mera decisión personal.

Cabe preguntarse en tal caso, cuándo un viaje del Rey es "acto" en el sentido del artículo 56.3 y cuándo es simplemente el desplazamiento de un ciudadano por su propio país. Si queremos precisión jurídica, no hay jurisprudencia que lo resuelva. Y claro, con tal vacío, quien decide es el Gobierno sin condicionarse por la Constitución.

Ese vacío interpretativo, que en un Gobierno con mayoría social propia y lealtad institucional plena sería una anécdota técnica, se convierte en algo mucho más incómodo cuando el Gobierno que lo administra es el que tenemos.

Un Gobierno sin mayoría propia, sostenido por quien no cree en la Corona

Sánchez gobierna desde 2018 sin haber ganado unas elecciones generales. Lo hace apoyado en investiduras sucesivas que dependen de Podemos y Sumar —republicanos declarados— y de ERC, Bildu y en su momento Junts, formaciones para las que España como proyecto común, y no digamos ya la Corona, no es precisamente una prioridad compartida. El refrendo del artículo 56.3, pensado como expresión de la soberanía popular canalizada a través de un Ejecutivo responsable ante las Cortes, se ejerce hoy por un Gobierno cuya base parlamentaria estructural preferiría, en el mejor de los casos, una Corona invisible, y en el peor, ninguna Corona.

Ahí está la paradoja que conviene no dejar pasar: el mecanismo que debía proteger la democracia frente a un monarca sin control se ha convertido en la herramienta con la que una coalición parlamentaria sin mayoría social amplia bloquea al símbolo institucional que más incomoda a una parte de sus socios.

El precedente que delata el patrón

Hay un antecedente que revela cómo entiende este Gobierno el refrendo y la deliberación institucional cuando le conviene saltárselos. El 18 de marzo de 2022, la Casa Real marroquí hizo pública una carta de Sánchez a Mohamed VI en la que España abandonaba cuatro décadas de posición sobre el Sáhara Occidental para respaldar la propuesta de autonomía marroquí. Esa decisión —de calado histórico, con consecuencias diplomáticas mayores, incluida la ruptura temporal con Argelia— no pasó por el Consejo de Ministros ni fue debatida en las Cortes Generales. Se supo por una filtración, días después de que la anunciara Rabat.

Así que el mismo Gobierno que invoca con rigor el procedimiento constitucional para impedir que el Rey pise Ceuta en plena crisis con Marruecos, prescindió de cualquier procedimiento colegiado para entregarle a Marruecos, por carta personal y sin debate, una posición histórica del Estado español. El refrendo se aplica con celo cuando frena al Rey; se ignora cuando estorba a Rabat.

No es casualidad que las fuentes consultadas por varios medios apunten a que las protestas ceutíes contra Sánchez, y el deseo de no incomodar a Marruecos, pesaron en la decisión de no autorizar el viaje real. Eso no es una lectura estrictamente jurídica del artículo 56.3: es un cálculo político disfrazado de ortodoxia constitucional.

En este contexto no cabe olvidar que en enero de 2022, representantes designados por Moncloa se reunieron con Marruecos en Marrakech y Málaga, con presencia israelí (Titular del Software PEGASUS), y Sánchez dio por amortizada la crisis del espionaje de su móvil y los de Robles y Marlaska, a cambio de un compromiso marroquí de no volver a usar Pegasus contra el Gobierno español. Esto no viene de fuentes judiciales pero tampoco es un solo bulo de fuentes anónimas genéricas; es una investigación periodística sostenida con varias entregas.

Que tal espionaje causó el giro sobre el Sáhara —es decir, que Marruecos chantajeó a Sánchez con lo obtenido— es una correlación temporal fuerte, no una causalidad demostrada. Vozpópuli lo llama explícitamente “inexplicable e inexplicado”, y el propio lenguaje de esa pieza (“causa-efecto” entre comillas) reconoce que es lectura, no prueba. Nadie ha exhibido el contenido de lo extraído del móvil ni una prueba directa de chantaje.

La pregunta que queda sobre la mesa

Nadie discute aquí la necesidad del refrendo como institución. Es una garantía razonable en cualquier monarquía parlamentaria y no hay que confundir esta reflexión con una defensa de un Rey que actúe por libre. La pregunta es otra: ¿qué ocurre cuando el refrendo lo administra un Gobierno que no representa mayoritariamente la voluntad de las urnas, sostenido por quienes preferirían que la Corona no existiera, y que además ha demostrado —con el Sáhara— que sabe prescindir de cualquier procedimiento cuando el interesado es Rabat y no Zarzuela?

Ceuta llevaba desde 2007 sin que un Rey la visitara. Ahora, en el peor momento de su historia reciente, vuelve a esperar. Y mientras espera, conviene preguntarse si lo que la mantiene esperando es la Constitución, o es simplemente la conveniencia de quienes hoy la interpretan.

PORTADA DEL PAÍS Sábado, 22 de agosto de 2026

La acogida de menores pone a prueba las alianzas del PP y Vox

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Fecha: 6 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.El titular «La acogida de menores pone a prueba las alianzas del PP y Vox» presenta el debate político como si la cuestión controvertida fuera la acogida de menores, cuando, en realidad, el objeto principal de la controversia es el plan de redistribución de menores procedentes de Ceuta impulsado por el Gobierno y los criterios jurídicos, organizativos y financieros sobre los que se articula. Desde un punto de vista informativo, el titular tiende a identificar implícitamente la acogida de menores con la aceptación del mecanismo de reparto diseñado por el Gobierno, sugiriendo que la discrepancia política versa sobre la voluntad de prestar asistencia a los menores. Sin embargo, una parte significativa de las críticas formuladas por distintas comunidades autónomas no se dirige necesariamente a la obligación de protección de los menores —que deriva del ordenamiento jurídico—, sino al concreto sistema de redistribución propuesto y a las condiciones en que pretende ejecutarse. Asimismo, el enfoque elegido centra la atención exclusivamente en las eventuales tensiones entre el PP y Vox, omitiendo que las reservas al plan gubernamental también han sido expresadas por otros actores políticos, entre ellos catalanes de derechas conocidos por su irredento independentismo, que han condicionado su apoyo parlamentario al Gobierno a la exclusión de Cataluña del reparto, invocando el precedente de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y el criterio del «esfuerzo previo de acogida»; o el PNV, que se ha sumado a ese rechazo alegando el interés superior del menor y la falta de arraigo territorial de los destinos propuestos. Del mismo modo, otras comunidades autónomas han manifestado reservas de índole material o han optado por acudir a la vía judicial antes de fijar una posición definitiva. En este último plano, la controversia ha trascendido ya el terreno declarativo para instalarse en sede jurisdiccional. La Junta de Extremadura ha autorizado a su Abogacía General a interponer recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de las delegaciones del Gobierno en Ceuta y Canarias, invocando invasión de competencias autonómicas. La Xunta de Galicia, por su parte, mantiene un recurso ante el Tribunal Supremo contra el carácter obligatorio del mecanismo de reparto, aun reconociendo que deberá atender a los menores que finalmente le sean asignados. Se trata, por tanto, de un conflicto que ha adquirido naturaleza jurídico-competencial y que el titular analizado no refleja en absoluto al reducirlo a una tensión de alianza electoral. La noticia tampoco recoge otros elementos relevantes para comprender el debate, reiteradamente invocados por diversas comunidades autónomas: la insuficiencia de plazas disponibles, la falta de financiación estatal suficiente —los 25 millones de euros anunciados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han sido calificados por varias comunidades como manifiestamente insuficientes—, la ausencia de una planificación previa y las discrepancias sobre la legalidad y los criterios empleados para la distribución territorial de los menores. En estas circunstancias, un titular que atribuye el conflicto a la «acogida de menores» resulta simplificador, al desplazar el foco desde la controversia sobre el mecanismo de redistribución hacia una aparente oposición a la protección de los menores. Desde la perspectiva de la calidad informativa, habría sido más preciso identificar expresamente que el objeto de la controversia es el plan de reparto promovido por el Gobierno, en lugar de presentar la cuestión como un debate genérico sobre la acogida de menores. Cabe además deducir una intencionalidad concreta en el encuadre editorial elegido. Presentar el conflicto como una fractura interna del bloque PP-Vox permite arrojar una sombra de dudas sobre el desgaste político ajena al fondo del asunto, y desplaza el foco de escrutinio desde la gestión gubernamental de la crisis —suficiencia de plazas, financiación, planificación previa, criterios de reparto— hacia la conflictividad de terceros. Se trata de una operación de encuadre (framing) que convierte una controversia jurídico-administrativa y competencial en una confusión deliberada con una supuesta y no probada rivalidad partidista, más rentable en términos de audiencia y, en última instancia, más favorable al actor —el Gobierno— cuya actuación constituye precisamente el objeto primario del debate que el titular oscurece.

La acogida de menores pone a prueba las alianzas del PP y Vox

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 6 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

El titular «La acogida de menores pone a prueba las alianzas del PP y Vox» presenta el debate político como si la cuestión controvertida fuera la acogida de menores, cuando, en realidad, el objeto principal de la controversia es el plan de redistribución de menores procedentes de Ceuta impulsado por el Gobierno y los criterios jurídicos, organizativos y financieros sobre los que se articula.

Desde un punto de vista informativo, el titular tiende a identificar implícitamente la acogida de menores con la aceptación del mecanismo de reparto diseñado por el Gobierno, sugiriendo que la discrepancia política versa sobre la voluntad de prestar asistencia a los menores. Sin embargo, una parte significativa de las críticas formuladas por distintas comunidades autónomas no se dirige necesariamente a la obligación de protección de los menores —que deriva del ordenamiento jurídico—, sino al concreto sistema de redistribución propuesto y a las condiciones en que pretende ejecutarse.

Asimismo, el enfoque elegido centra la atención exclusivamente en las eventuales tensiones entre el PP y Vox, omitiendo que las reservas al plan gubernamental también han sido expresadas por otros actores políticos, entre ellos catalanes de derechas conocidos por su irredento independentismo, que han condicionado su apoyo parlamentario al Gobierno a la exclusión de Cataluña del reparto, invocando el precedente de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y el criterio del «esfuerzo previo de acogida»; o el PNV, que se ha sumado a ese rechazo alegando el interés superior del menor y la falta de arraigo territorial de los destinos propuestos. Del mismo modo, otras comunidades autónomas han manifestado reservas de índole material o han optado por acudir a la vía judicial antes de fijar una posición definitiva.

En este último plano, la controversia ha trascendido ya el terreno declarativo para instalarse en sede jurisdiccional. La Junta de Extremadura ha autorizado a su Abogacía General a interponer recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de las delegaciones del Gobierno en Ceuta y Canarias, invocando invasión de competencias autonómicas. La Xunta de Galicia, por su parte, mantiene un recurso ante el Tribunal Supremo contra el carácter obligatorio del mecanismo de reparto, aun reconociendo que deberá atender a los menores que finalmente le sean asignados. Se trata, por tanto, de un conflicto que ha adquirido naturaleza jurídico-competencial y que el titular analizado no refleja en absoluto al reducirlo a una tensión de alianza electoral.

La noticia tampoco recoge otros elementos relevantes para comprender el debate, reiteradamente invocados por diversas comunidades autónomas: la insuficiencia de plazas disponibles, la falta de financiación estatal suficiente —los 25 millones de euros anunciados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han sido calificados por varias comunidades como manifiestamente insuficientes—, la ausencia de una planificación previa y las discrepancias sobre la legalidad y los criterios empleados para la distribución territorial de los menores.

En estas circunstancias, un titular que atribuye el conflicto a la «acogida de menores» resulta simplificador, al desplazar el foco desde la controversia sobre el mecanismo de redistribución hacia una aparente oposición a la protección de los menores. Desde la perspectiva de la calidad informativa, habría sido más preciso identificar expresamente que el objeto de la controversia es el plan de reparto promovido por el Gobierno, en lugar de presentar la cuestión como un debate genérico sobre la acogida de menores.

Cabe además deducir una intencionalidad concreta en el encuadre editorial elegido. Presentar el conflicto como una fractura interna del bloque PP-Vox permite arrojar una sombra de dudas sobre el desgaste político ajena al fondo del asunto, y desplaza el foco de escrutinio desde la gestión gubernamental de la crisis —suficiencia de plazas, financiación, planificación previa, criterios de reparto— hacia la conflictividad de terceros. Se trata de una operación de encuadre (framing) que convierte una controversia jurídico-administrativa y competencial en una confusión deliberada con una supuesta y no probada rivalidad partidista, más rentable en términos de audiencia y, en última instancia, más favorable al actor —el Gobierno— cuya actuación constituye precisamente el objeto primario del debate que el titular oscurece.

PORTADA DE EL MUNDO Sábado, 22 de agosto de 2026

Marlaska se retrasó con el muro flotante pero carga contra el CNI

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Fecha: 5 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.Una lectura comparada y pausada de la prensa española tras la reciente invasión a través de la frontera de Ceuta constituye, sin más aderezo, un interesante ejercicio de constatación del estado del periodismo en España. Da lugar a cierta estupefacción comprobar cómo los mismos hechos conducen a titulares y conclusiones antagónicas. El fenómeno puede hacer pensar al lector que cada periódico informa sobre hechos distintos. Los medios próximos al Gobierno autodenominado progresista presentan como principal noticia el respaldo recibido desde Bruselas a la gestión española de la crisis. La secuencia real, sin embargo, es más matizada de lo que esos titulares sugieren: la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, remitió una carta a Pedro Sánchez felicitando tanto a España como a Marruecos por la contención de la situación, mientras que los ministros de Interior de la UE —no el Consejo de Asuntos Exteriores, como suele repetirse por simplificación periodística— expresaron "firme solidaridad" con España en una reunión virtual el 4 de agosto, centrada en reforzar la lucha contra las redes de tráfico de personas. Ese respaldo político, real, convivió desde el primer momento con una condición explícita: la exigencia de reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión para que el episodio no se repita. Presentar el respaldo sin esa condición —o presentar la condición sin el respaldo— es la misma fragmentación de la que habla este artículo, practicada por ambos bandos editoriales. En una posición algo más distante, otros periódicos centran su atención en las advertencias formuladas desde Bruselas acerca de la necesidad de reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión. En estas informaciones comienza a aflorar otra cuestión especialmente delicada: la posible falta de anticipación de los servicios de inteligencia españoles —sindicatos y asociaciones policiales habían advertido días antes sobre la presión migratoria y la falta de recursos— y las dudas sobre la eficacia de los mecanismos de prevención y respuesta ante una operación de estas características. No faltan tampoco quienes subrayan que las instituciones europeas han cuestionado la oportunidad política de la regularización extraordinaria de migrantes, procurando desvincularla expresamente de la crisis fronteriza para evitar que pueda interpretarse como un incentivo a nuevos movimientos migratorios. Aquí también conviene precisar: el programa de regularización, anunciado a principios de año con el objetivo declarado de dar vía legal a unos 500.000 migrantes indocumentados, recibió más de un millón de solicitudes. Y, finalmente, algunos medios optan por desplazar el foco hacia los efectos económicos de dicha regularización, destacando el incremento histórico de las afiliaciones a la Seguridad Social, como si el balance estadístico bastara para neutralizar el debate sobre sus consecuencias en materia de seguridad y control de fronteras. El distanciamiento europeo que la información oficial minimiza Aquí es donde la versión dominante en los medios afines al Gobierno se vuelve más incompleta, porque el respaldo institucional descrito arriba no fue unánime ni estuvo exento de fricción. Veintidós jefes de Estado y de Gobierno de la Unión remitieron una carta conjunta a la presidencia irlandesa del Consejo, a António Costa y a Ursula von der Leyen en la que sostienen que decisiones recientes adoptadas por España —entre ellas, la sentencia del Tribunal Supremo sobre las llamadas devoluciones en caliente y la propia regularización extraordinaria— podrían haber operado como factor de llamada para nuevas entradas. Es, dicho sin eufemismos, una crítica directa a la política migratoria del Ejecutivo español firmada por veintidós socios comunitarios, no una discrepancia marginal de dos o tres gobiernos incómodos. El episodio más visible de ese distanciamiento fue el protagonizado por Italia. La primera ministra Giorgia Meloni pidió suspender la participación de España en el espacio Schengen y endurecer los controles de viaje desde territorio español. Su ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, llegó a afirmar —sin aportar pruebas— que la política migratoria de Madrid "fomenta el tráfico de personas", lo que llevó a Albares a convocar al embajador italiano en Madrid. El propio Sánchez trasladó por escrito a von der Leyen, Costa y al primer ministro irlandés Micheál Martin —que ejerce la presidencia rotatoria y ha actuado de mediador— su "profunda preocupación" por la reacción de "algunos gobiernos europeos". Albares, por su parte, habló de una "internacional reaccionaria" que habría difundido "mentiras y falsas noticias" incluso antes de que España y Marruecos pudieran evaluar el alcance real de la crisis, y llegó a reprochar a Italia no haber estado "a la altura", en referencia a la gestión italiana de Lampedusa. El resultado final —el respaldo expreso obtenido en la reunión de ministros de Interior y la carta de von der Leyen— se ha presentado en los medios afines como una reivindicación plena de la gestión del Gobierno. Es más exacto describirlo como lo que el ministro irlandés de Interior, Jim O'Callaghan, resumió: una Unión que se declara "unida y dispuesta a apoyar a España" a cambio de un compromiso de reforzar el control fronterizo exterior. Es un respaldo condicionado y alcanzado después de gestionar activamente el malestar de varios socios, no una absolución sin matices. Omitir la carta de los veintidós o la disputa con Italia para quedarse solo con la foto final de solidaridad es exactamente el tipo de selección editorial que este artículo denuncia en el resto de la prensa. Como sería el caso en una sociedad profundamente dividida y fragmentada, se suceden interpretaciones para todos los gustos. Cada línea editorial selecciona aquellos aspectos que mejor encajan con su propio marco ideológico, relegando a un segundo plano otros hechos igualmente relevantes. El resultado es una ciudadanía que recibe una realidad fragmentada, filtrada y frecuentemente condicionada por intereses políticos, ideológicos y comerciales. Sin embargo, quizá el aspecto más preocupante sea precisamente aquello sobre lo que apenas se escribe. Más allá de las responsabilidades inmediatas, de los reproches partidistas o de la batalla por ganar la guerra de opiniones, la cuestión verdaderamente trascendente es que Europa acaba de enfrentarse a un escenario que desborda los parámetros tradicionales de la gestión migratoria. Los acontecimientos vividos en Ceuta, con cerca de sesenta mil personas cruzando la frontera en el curso de la crisis —algunas fuentes hablan de más de setenta mil entradas en un solo periodo de veinticuatro horas—, superan en magnitud incluso la crisis de mayo de 2021. Obligan a replantear el concepto mismo de protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Ya no estamos únicamente ante un problema de política migratoria, ni siquiera exclusivamente de cooperación policial. Nos encontramos ante un desafío híbrido en el que confluyen inmigración irregular, presión diplomática ejercida por terceros Estados (¿Marruecos?, en el contexto de la reciente visita de Sánchez a Argelia), desinformación —el propio Albares atribuyó parte del efecto llamada a bulos difundidos en redes sociales sobre un supuesto acceso automático a la permanencia en Europa— y graves deficiencias en los sistemas de inteligencia y respuesta estratégica. Conviene, eso sí, situar el episodio en su contexto continental: los cruces irregulares hacia la UE en su conjunto han caído un 37% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según la propia agencia fronteriza comunitaria. Ceuta no es representativa de una tendencia general al alza, sino un pico agudo y localizado que, precisamente por su concentración temporal y geográfica, ha resultado desbordante para los dispositivos existentes. Las fronteras exteriores de la Unión han dejado de ser una cuestión exclusivamente nacional para convertirse en un elemento esencial de la seguridad colectiva europea, como se ha puesto en evidencia por la propia reunión de urgencia de los ministros de Interior, por mucho que el Gobierno español se apunte el tanto del protagonismo de la convocatoria de una manera claramente ficticia. Cuando una frontera española es vulnerada de forma masiva, no solo se pone en cuestión la capacidad del Estado para ejercer el control efectivo de su territorio, sino también la credibilidad del propio espacio Schengen y del sistema común de seguridad europeo —credibilidad que, no por casualidad, es precisamente lo que Italia puso sobre la mesa al reclamar su suspensión. La tragedia adquiere una dimensión aún más dramática cuando se recuerda su coste humano, y aquí también los hechos se cuentan de forma distinta a cada lado de la valla. España, a través de la Guardia Civil, elevó su balance a 72 personas fallecidas confirmadas, mientras que el Gobierno de la ciudad autónoma, presidido por Juan Vivas, contabilizaba 88 cadáveres recibidos en la morgue improvisada del antiguo hospital militar de Ceuta —algunos correspondientes a intentos de cruce de las dos semanas previas—; buzos del GEAS calculaban que otros quince cuerpos podían seguir en el fondo del mar, y la Asociación Unificada de Guardias Civiles llegó a hablar de más de cien víctimas. Marruecos, por su parte, tardó tres días en ofrecer un balance oficial y lo fijó en solo 11 fallecidos en sus aguas —diez ahogados y uno por caída en zona rocosa—, una cifra que su propio Ministerio del Interior presentó como provisional y "en verificación" con las autoridades españolas. El mismo desfase se repite con el número de entradas: Rabat habla de 40.000, Madrid de más de 69.000 salidas voluntarias contabilizadas. Ni siquiera el recuento de los muertos escapa, por tanto, a la lógica de versiones paralelas que abre este artículo. Detrás de esas cifras, sea cual sea su valor final, existen historias personales, redes criminales de tráfico de seres humanos, familias rotas —muchas de ellas esperando aún noticias al otro lado de la valla, con menores incluidos entre los desaparecidos— y un fracaso colectivo de las políticas de cooperación, prevención y control. Reducir semejante desastre a un intercambio de titulares favorables o desfavorables para el Gobierno constituye una simplificación que resulta difícilmente justificable. La reflexión, por tanto, debería dirigirse hacia cuestiones mucho más profundas. ¿Qué información manejaban realmente los servicios de inteligencia? ¿Existieron advertencias previas que no fueron debidamente atendidas —más allá de las que ya formularon públicamente sindicatos policiales antes de la crisis—? ¿Disponían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los recursos humanos y materiales adecuados? ¿Ha funcionado el sistema europeo de coordinación de fronteras tal y como fue concebido? Sin perjuicio de la grave irresponsabilidad del Gobierno español, ¿qué responsabilidad corresponde a las instituciones comunitarias en la protección de las fronteras exteriores? ¿Puede seguir afrontándose este fenómeno con instrumentos diseñados para una realidad geopolítica que ya no existe? ¿Y hasta qué punto tienen razón los veintidós firmantes de la carta a Bruselas cuando señalan que ciertas decisiones internas españolas —devoluciones en caliente, regularización extraordinaria— pueden actuar como factor de atracción, más allá de que uno comparta o no el fondo de esas políticas? Responder a estas preguntas exige abandonar el terreno de la propaganda —española e italiana por igual— y adentrarse en un análisis sereno, técnico y desapasionado. Solo así será posible desmenuzar el cúmulo de omisiones, errores de planificación, decisiones políticas y fallos operativos que han desembocado en una crisis de semejante magnitud. La reciente invasión de la frontera de Ceuta no constituye únicamente un episodio migratorio. Representa un punto de inflexión en la concepción de la seguridad europea, y también un ensayo general de hasta qué punto la solidaridad comunitaria resiste cuando un socio grande —España— entra en conflicto abierto con otro socio grande —Italia— sobre cómo gestionar la misma amenaza. La Unión deberá decidir si continúa reaccionando de forma coyuntural ante cada crisis, gestionando cartas de veintidós países y embajadores convocados a golpe de titular, o si, por el contrario, asume definitivamente que la protección de sus fronteras exteriores constituye uno de los pilares fundamentales de su propia existencia como espacio político, jurídico y de libertad. Porque, en definitiva, cuando una frontera deja de ser segura, no solo queda comprometida la soberanía del Estado que la custodia; se resiente también la confianza de todos los ciudadanos europeos en la capacidad de sus instituciones para garantizar el primero de los bienes públicos: la seguridad.

Marlaska se retrasó con el muro flotante pero carga contra el CNI

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 5 de agosto de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

Una lectura comparada y pausada de la prensa española tras la reciente invasión a través de la frontera de Ceuta constituye, sin más aderezo, un interesante ejercicio de constatación del estado del periodismo en España. Da lugar a cierta estupefacción comprobar cómo los mismos hechos conducen a titulares y conclusiones antagónicas. El fenómeno puede hacer pensar al lector que cada periódico informa sobre hechos distintos.

Los medios próximos al Gobierno autodenominado progresista presentan como principal noticia el respaldo recibido desde Bruselas a la gestión española de la crisis. La secuencia real, sin embargo, es más matizada de lo que esos titulares sugieren: la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, remitió una carta a Pedro Sánchez felicitando tanto a España como a Marruecos por la contención de la situación, mientras que los ministros de Interior de la UE —no el Consejo de Asuntos Exteriores, como suele repetirse por simplificación periodística— expresaron "firme solidaridad" con España en una reunión virtual el 4 de agosto, centrada en reforzar la lucha contra las redes de tráfico de personas. Ese respaldo político, real, convivió desde el primer momento con una condición explícita: la exigencia de reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión para que el episodio no se repita. Presentar el respaldo sin esa condición —o presentar la condición sin el respaldo— es la misma fragmentación de la que habla este artículo, practicada por ambos bandos editoriales.

En una posición algo más distante, otros periódicos centran su atención en las advertencias formuladas desde Bruselas acerca de la necesidad de reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión. En estas informaciones comienza a aflorar otra cuestión especialmente delicada: la posible falta de anticipación de los servicios de inteligencia españoles —sindicatos y asociaciones policiales habían advertido días antes sobre la presión migratoria y la falta de recursos— y las dudas sobre la eficacia de los mecanismos de prevención y respuesta ante una operación de estas características.

No faltan tampoco quienes subrayan que las instituciones europeas han cuestionado la oportunidad política de la regularización extraordinaria de migrantes, procurando desvincularla expresamente de la crisis fronteriza para evitar que pueda interpretarse como un incentivo a nuevos movimientos migratorios. Aquí también conviene precisar: el programa de regularización, anunciado a principios de año con el objetivo declarado de dar vía legal a unos 500.000 migrantes indocumentados, recibió más de un millón de solicitudes. Y, finalmente, algunos medios optan por desplazar el foco hacia los efectos económicos de dicha regularización, destacando el incremento histórico de las afiliaciones a la Seguridad Social, como si el balance estadístico bastara para neutralizar el debate sobre sus consecuencias en materia de seguridad y control de fronteras.

El distanciamiento europeo que la información oficial minimiza

Aquí es donde la versión dominante en los medios afines al Gobierno se vuelve más incompleta, porque el respaldo institucional descrito arriba no fue unánime ni estuvo exento de fricción. Veintidós jefes de Estado y de Gobierno de la Unión remitieron una carta conjunta a la presidencia irlandesa del Consejo, a António Costa y a Ursula von der Leyen en la que sostienen que decisiones recientes adoptadas por España —entre ellas, la sentencia del Tribunal Supremo sobre las llamadas devoluciones en caliente y la propia regularización extraordinaria— podrían haber operado como factor de llamada para nuevas entradas. Es, dicho sin eufemismos, una crítica directa a la política migratoria del Ejecutivo español firmada por veintidós socios comunitarios, no una discrepancia marginal de dos o tres gobiernos incómodos.

El episodio más visible de ese distanciamiento fue el protagonizado por Italia. La primera ministra Giorgia Meloni pidió suspender la participación de España en el espacio Schengen y endurecer los controles de viaje desde territorio español. Su ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, llegó a afirmar —sin aportar pruebas— que la política migratoria de Madrid "fomenta el tráfico de personas", lo que llevó a Albares a convocar al embajador italiano en Madrid. El propio Sánchez trasladó por escrito a von der Leyen, Costa y al primer ministro irlandés Micheál Martin —que ejerce la presidencia rotatoria y ha actuado de mediador— su "profunda preocupación" por la reacción de "algunos gobiernos europeos". Albares, por su parte, habló de una "internacional reaccionaria" que habría difundido "mentiras y falsas noticias" incluso antes de que España y Marruecos pudieran evaluar el alcance real de la crisis, y llegó a reprochar a Italia no haber estado "a la altura", en referencia a la gestión italiana de Lampedusa.

El resultado final —el respaldo expreso obtenido en la reunión de ministros de Interior y la carta de von der Leyen— se ha presentado en los medios afines como una reivindicación plena de la gestión del Gobierno. Es más exacto describirlo como lo que el ministro irlandés de Interior, Jim O'Callaghan, resumió: una Unión que se declara "unida y dispuesta a apoyar a España" a cambio de un compromiso de reforzar el control fronterizo exterior. Es un respaldo condicionado y alcanzado después de gestionar activamente el malestar de varios socios, no una absolución sin matices. Omitir la carta de los veintidós o la disputa con Italia para quedarse solo con la foto final de solidaridad es exactamente el tipo de selección editorial que este artículo denuncia en el resto de la prensa.

Como sería el caso en una sociedad profundamente dividida y fragmentada, se suceden interpretaciones para todos los gustos. Cada línea editorial selecciona aquellos aspectos que mejor encajan con su propio marco ideológico, relegando a un segundo plano otros hechos igualmente relevantes. El resultado es una ciudadanía que recibe una realidad fragmentada, filtrada y frecuentemente condicionada por intereses políticos, ideológicos y comerciales.

Sin embargo, quizá el aspecto más preocupante sea precisamente aquello sobre lo que apenas se escribe. Más allá de las responsabilidades inmediatas, de los reproches partidistas o de la batalla por ganar la guerra de opiniones, la cuestión verdaderamente trascendente es que Europa acaba de enfrentarse a un escenario que desborda los parámetros tradicionales de la gestión migratoria.

Los acontecimientos vividos en Ceuta, con cerca de sesenta mil personas cruzando la frontera en el curso de la crisis —algunas fuentes hablan de más de setenta mil entradas en un solo periodo de veinticuatro horas—, superan en magnitud incluso la crisis de mayo de 2021. Obligan a replantear el concepto mismo de protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Ya no estamos únicamente ante un problema de política migratoria, ni siquiera exclusivamente de cooperación policial. Nos encontramos ante un desafío híbrido en el que confluyen inmigración irregular, presión diplomática ejercida por terceros Estados (¿Marruecos?, en el contexto de la reciente visita de Sánchez a Argelia), desinformación —el propio Albares atribuyó parte del efecto llamada a bulos difundidos en redes sociales sobre un supuesto acceso automático a la permanencia en Europa— y graves deficiencias en los sistemas de inteligencia y respuesta estratégica.

Conviene, eso sí, situar el episodio en su contexto continental: los cruces irregulares hacia la UE en su conjunto han caído un 37% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según la propia agencia fronteriza comunitaria. Ceuta no es representativa de una tendencia general al alza, sino un pico agudo y localizado que, precisamente por su concentración temporal y geográfica, ha resultado desbordante para los dispositivos existentes.

Las fronteras exteriores de la Unión han dejado de ser una cuestión exclusivamente nacional para convertirse en un elemento esencial de la seguridad colectiva europea, como se ha puesto en evidencia por la propia reunión de urgencia de los ministros de Interior, por mucho que el Gobierno español se apunte el tanto del protagonismo de la convocatoria de una manera claramente ficticia. Cuando una frontera española es vulnerada de forma masiva, no solo se pone en cuestión la capacidad del Estado para ejercer el control efectivo de su territorio, sino también la credibilidad del propio espacio Schengen y del sistema común de seguridad europeo —credibilidad que, no por casualidad, es precisamente lo que Italia puso sobre la mesa al reclamar su suspensión.

La tragedia adquiere una dimensión aún más dramática cuando se recuerda su coste humano, y aquí también los hechos se cuentan de forma distinta a cada lado de la valla. España, a través de la Guardia Civil, elevó su balance a 72 personas fallecidas confirmadas, mientras que el Gobierno de la ciudad autónoma, presidido por Juan Vivas, contabilizaba 88 cadáveres recibidos en la morgue improvisada del antiguo hospital militar de Ceuta —algunos correspondientes a intentos de cruce de las dos semanas previas—; buzos del GEAS calculaban que otros quince cuerpos podían seguir en el fondo del mar, y la Asociación Unificada de Guardias Civiles llegó a hablar de más de cien víctimas. Marruecos, por su parte, tardó tres días en ofrecer un balance oficial y lo fijó en solo 11 fallecidos en sus aguas —diez ahogados y uno por caída en zona rocosa—, una cifra que su propio Ministerio del Interior presentó como provisional y "en verificación" con las autoridades españolas. El mismo desfase se repite con el número de entradas: Rabat habla de 40.000, Madrid de más de 69.000 salidas voluntarias contabilizadas. Ni siquiera el recuento de los muertos escapa, por tanto, a la lógica de versiones paralelas que abre este artículo. Detrás de esas cifras, sea cual sea su valor final, existen historias personales, redes criminales de tráfico de seres humanos, familias rotas —muchas de ellas esperando aún noticias al otro lado de la valla, con menores incluidos entre los desaparecidos— y un fracaso colectivo de las políticas de cooperación, prevención y control. Reducir semejante desastre a un intercambio de titulares favorables o desfavorables para el Gobierno constituye una simplificación que resulta difícilmente justificable.

La reflexión, por tanto, debería dirigirse hacia cuestiones mucho más profundas. ¿Qué información manejaban realmente los servicios de inteligencia? ¿Existieron advertencias previas que no fueron debidamente atendidas —más allá de las que ya formularon públicamente sindicatos policiales antes de la crisis—? ¿Disponían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los recursos humanos y materiales adecuados? ¿Ha funcionado el sistema europeo de coordinación de fronteras tal y como fue concebido? Sin perjuicio de la grave irresponsabilidad del Gobierno español, ¿qué responsabilidad corresponde a las instituciones comunitarias en la protección de las fronteras exteriores? ¿Puede seguir afrontándose este fenómeno con instrumentos diseñados para una realidad geopolítica que ya no existe? ¿Y hasta qué punto tienen razón los veintidós firmantes de la carta a Bruselas cuando señalan que ciertas decisiones internas españolas —devoluciones en caliente, regularización extraordinaria— pueden actuar como factor de atracción, más allá de que uno comparta o no el fondo de esas políticas?

Responder a estas preguntas exige abandonar el terreno de la propaganda —española e italiana por igual— y adentrarse en un análisis sereno, técnico y desapasionado. Solo así será posible desmenuzar el cúmulo de omisiones, errores de planificación, decisiones políticas y fallos operativos que han desembocado en una crisis de semejante magnitud.

La reciente invasión de la frontera de Ceuta no constituye únicamente un episodio migratorio. Representa un punto de inflexión en la concepción de la seguridad europea, y también un ensayo general de hasta qué punto la solidaridad comunitaria resiste cuando un socio grande —España— entra en conflicto abierto con otro socio grande —Italia— sobre cómo gestionar la misma amenaza. La Unión deberá decidir si continúa reaccionando de forma coyuntural ante cada crisis, gestionando cartas de veintidós países y embajadores convocados a golpe de titular, o si, por el contrario, asume definitivamente que la protección de sus fronteras exteriores constituye uno de los pilares fundamentales de su propia existencia como espacio político, jurídico y de libertad. Porque, en definitiva, cuando una frontera deja de ser segura, no solo queda comprometida la soberanía del Estado que la custodia; se resiente también la confianza de todos los ciudadanos europeos en la capacidad de sus instituciones para garantizar el primero de los bienes públicos: la seguridad.

PORTADA DE EL PERIÓDICO Sábado, 22 de agosto de 2026

El Juez pone el foco en las 27 empresas a nombre del presunto testaferro de Zapatero

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Fecha: 31 de julio de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión. Las 27 sociedades bajo la lupa: qué persigue realmente el juez Calama en el caso Plus Ultra La decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de extender las diligencias a las 27 sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez —el empresario señalado como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero— va mucho más allá de un simple ejercicio de identificación societaria. El objetivo de fondo es determinar si esas mercantiles desempeñaron un papel *necesario* en la presunta actividad investigada: emisión de facturas sin respaldo real, recepción y redistribución de fondos, ocultación de beneficiarios efectivos o reconducción de pagos vinculados al supuesto tráfico de influencias que la instrucción atribuye al entramado conocido como caso Plus Ultra. Reconstruir el recorrido del dinero En la práctica, lo que se persigue de inmediato es reconstruir el modo en que circuló el dinero. Para ello resulta obligado requerir la contabilidad de cada empresa, sus cuentas bancarias, los libros registro, las declaraciones tributarias, la identidad de administradores y apoderados, la composición del accionariado y los contratos de consultoría o asesoramiento que se han invocado para justificar unos ingresos que, según las últimas cifras manejadas por la UDEF, habrían superado los tres millones de euros percibidos por Rodríguez Zapatero entre 2020 y 2025 procedentes de sociedades relacionadas con el caso. No es un dato menor: la Policía ya ha cifrado en al menos 27 las sociedades vinculadas a Julio Martínez, varias de ellas con domicilios sociales coincidentes, administradores compartidos, objetos mercantiles definidos de forma deliberadamente amplia y modificaciones estatutarias realizadas en fechas muy próximas entre sí. Son precisamente esos indicios —y no una sospecha genérica— los que han llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de un control unitario del entramado. ¿Actividad real o pantalla formal? La finalidad última de las diligencias es comprobar si detrás de estas sociedades existía una actividad económica genuina o si, por el contrario, se utilizaban para dar apariencia de legalidad a flujos de dinero que en realidad retribuían actividades propias de un "conseguidor" o intermediario de influencias. Conviene subrayarlo con claridad, porque es un matiz que con frecuencia se pierde en el debate público: que una empresa figure en las diligencias no implica que en ella se haya cometido delito alguno. Significa, únicamente, que el instructor considera que puede aportar información relevante para esclarecer la operativa del entramado investigado. Solo tras el análisis pormenorizado de la documentación mercantil, bancaria y fiscal podrá determinarse qué sociedades tuvieron una participación efectiva en los hechos y cuáles fueron, en su caso, meros soportes formales sin relevancia penal. La presunción de inocencia rige, como en cualquier causa, para todas las personas y sociedades investigadas mientras no exista una resolución judicial firme que diga lo contrario. El entramado societario como pieza clave de la investigación La amplitud de estas diligencias también permite a la Audiencia Nacional verificar si existieron conexiones estructurales entre las distintas sociedades: coincidencia de administradores, préstamos cruzados, facturación intragrupo, transferencias sin causa económica aparente o movimientos patrimoniales orientados a dificultar la trazabilidad del dinero. En las investigaciones por presuntos delitos económicos, el análisis del entramado societario suele ser precisamente una de las piezas centrales para acreditar —o descartar— la existencia de una estructura organizada destinada a canalizar fondos o a encubrir a sus verdaderos destinatarios. De hecho, la propia Agencia Tributaria ha abierto ya una inspección fiscal sobre el IRPF de Julio Martínez y el IVA de una decena larga de sociedades vinculadas al entramado, correspondiente a los ejercicios 2021-2024, lo que da idea de la escala del rastreo patrimonial en curso. Un dato que ha cambiado el rumbo de la causa El propio Julio Martínez ha reconocido ante el juez que utilizó varias de estas sociedades —entre ellas Análisis Relevante, que según su testimonio carecía de actividad real— para canalizar pagos al entorno de Zapatero. Se trata de una declaración que, de confirmarse en su integridad por el resto de la instrucción, apunta en la dirección que estas diligencias buscan verificar: la de un uso instrumental de la red societaria más allá de cualquier prestación de servicios genuina. El papel de Alba y Laura Rodríguez Espinosa Las diligencias no se detienen en el círculo empresarial de Julio Martínez. El propio auto del juez Calama ordena también el rastreo bancario de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, a través de "What The fav", la sociedad que administran. Según la resolución, Whathefav habría recibido 242.423 euros procedentes de Análisis Relevante —la mercantil que el propio Julio Martínez ha reconocido como instrumental y sin actividad real—, además de pagos adicionales de Agropecuaria Lucena, Pickashop e Inteligencia Prospectiva, esta última por importe de 561.440 euros. WHAT THE FAV? Aunque no existe un origen documentado de la expresión What the Fav?, resulta evidente el juego fonético con la conocida interjección inglesa What the fuck? («¿Qué coño?», «¿Qué demonios?»). La sustitución de fuck por fav —abreviatura de favorite— suaviza la expresión y le confiere un tono irónico o humorístico, aprovechando la familiaridad del lector con la locución original. La UDEF ha elevado ya a más de tres millones de euros el total de pagos empresariales recibidos por Zapatero entre 2020 y 2025, y los últimos informes policiales apuntan a un presunto desvío de parte de esos fondos hacia cuentas de sus hijas. Es este dato, precisamente, el que ha llevado al juez a ampliar la orden de investigación a más de sesenta cuentas bancarias del expresidente, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas y su secretaria, Gertrudis Alcázar. Conviene aplicar aquí el mismo criterio de prudencia que al resto del entramado: que una sociedad administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa reciba transferencias de otras mercantiles investigadas no equivale, por sí solo, a la comisión de un delito. Lo que las diligencias buscan establecer es si esos pagos respondían a una prestación de servicios real y facturable, o si —como en el caso de Análisis Relevante— se trataba de cauces para canalizar comisiones sin contrapartida efectiva. Es un extremo que corresponde acreditar a la instrucción, y que ambas están en su derecho de rebatir con la documentación mercantil y fiscal que se les requiera. Sin margen para la ingenuidad Todo esto, de resultar acreditado, apunta a que no hubo ingenuidad alguna por parte de quienes participaron en el diseño de esta arquitectura societaria. No cabe, en un entramado con estas características —domicilios compartidos, administradores comunes, contratos de asesoramiento sin correlato en servicios reales, sociedades sin cuentas propias durante años—, invocar después una simple laguna legal o un desconocimiento de la mecánica empleada. Es una lectura que conviene hacer con prudencia, sin adelantar conclusiones que corresponde fijar a la instrucción y, en su caso, al juicio oral, pero que explica por qué el foco de la investigación se ha desplazado con tanta intensidad hacia la ingeniería societaria del caso. --- *Fuentes: Infobae, El Independiente y otros medios que han tenido acceso al auto del juez Calama (julio de 2026). Se recuerda que todas las personas y sociedades mencionadas gozan de la presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme.*

El Juez pone el foco en las 27 empresas a nombre del presunto testaferro de Zapatero

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Fecha: 31 de julio de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

Las 27 sociedades bajo la lupa: qué persigue realmente el juez Calama en el caso Plus Ultra

La decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de extender las diligencias a las 27 sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez —el empresario señalado como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero— va mucho más allá de un simple ejercicio de identificación societaria. El objetivo de fondo es determinar si esas mercantiles desempeñaron un papel *necesario* en la presunta actividad investigada: emisión de facturas sin respaldo real, recepción y redistribución de fondos, ocultación de beneficiarios efectivos o reconducción de pagos vinculados al supuesto tráfico de influencias que la instrucción atribuye al entramado conocido como caso Plus Ultra.

Reconstruir el recorrido del dinero

En la práctica, lo que se persigue de inmediato es reconstruir el modo en que circuló el dinero. Para ello resulta obligado requerir la contabilidad de cada empresa, sus cuentas bancarias, los libros registro, las declaraciones tributarias, la identidad de administradores y apoderados, la composición del accionariado y los contratos de consultoría o asesoramiento que se han invocado para justificar unos ingresos que, según las últimas cifras manejadas por la UDEF, habrían superado los tres millones de euros percibidos por Rodríguez Zapatero entre 2020 y 2025 procedentes de sociedades relacionadas con el caso.

No es un dato menor: la Policía ya ha cifrado en al menos 27 las sociedades vinculadas a Julio Martínez, varias de ellas con domicilios sociales coincidentes, administradores compartidos, objetos mercantiles definidos de forma deliberadamente amplia y modificaciones estatutarias realizadas en fechas muy próximas entre sí. Son precisamente esos indicios —y no una sospecha genérica— los que han llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de un control unitario del entramado.

¿Actividad real o pantalla formal?

La finalidad última de las diligencias es comprobar si detrás de estas sociedades existía una actividad económica genuina o si, por el contrario, se utilizaban para dar apariencia de legalidad a flujos de dinero que en realidad retribuían actividades propias de un "conseguidor" o intermediario de influencias.

Conviene subrayarlo con claridad, porque es un matiz que con frecuencia se pierde en el debate público: que una empresa figure en las diligencias no implica que en ella se haya cometido delito alguno. Significa, únicamente, que el instructor considera que puede aportar información relevante para esclarecer la operativa del entramado investigado. Solo tras el análisis pormenorizado de la documentación mercantil, bancaria y fiscal podrá determinarse qué sociedades tuvieron una participación efectiva en los hechos y cuáles fueron, en su caso, meros soportes formales sin relevancia penal. La presunción de inocencia rige, como en cualquier causa, para todas las personas y sociedades investigadas mientras no exista una resolución judicial firme que diga lo contrario.

El entramado societario como pieza clave de la investigación

La amplitud de estas diligencias también permite a la Audiencia Nacional verificar si existieron conexiones estructurales entre las distintas sociedades: coincidencia de administradores, préstamos cruzados, facturación intragrupo, transferencias sin causa económica aparente o movimientos patrimoniales orientados a dificultar la trazabilidad del dinero.

En las investigaciones por presuntos delitos económicos, el análisis del entramado societario suele ser precisamente una de las piezas centrales para acreditar —o descartar— la existencia de una estructura organizada destinada a canalizar fondos o a encubrir a sus verdaderos destinatarios. De hecho, la propia Agencia Tributaria ha abierto ya una inspección fiscal sobre el IRPF de Julio Martínez y el IVA de una decena larga de sociedades vinculadas al entramado, correspondiente a los ejercicios 2021-2024, lo que da idea de la escala del rastreo patrimonial en curso.

Un dato que ha cambiado el rumbo de la causa

El propio Julio Martínez ha reconocido ante el juez que utilizó varias de estas sociedades —entre ellas Análisis Relevante, que según su testimonio carecía de actividad real— para canalizar pagos al entorno de Zapatero. Se trata de una declaración que, de confirmarse en su integridad por el resto de la instrucción, apunta en la dirección que estas diligencias buscan verificar: la de un uso instrumental de la red societaria más allá de cualquier prestación de servicios genuina.

El papel de Alba y Laura Rodríguez Espinosa

Las diligencias no se detienen en el círculo empresarial de Julio Martínez. El propio auto del juez Calama ordena también el rastreo bancario de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, a través de "What The fav", la sociedad que administran. Según la resolución, Whathefav habría recibido 242.423 euros procedentes de Análisis Relevante —la mercantil que el propio Julio Martínez ha reconocido como instrumental y sin actividad real—, además de pagos adicionales de Agropecuaria Lucena, Pickashop e Inteligencia Prospectiva, esta última por importe de 561.440 euros.

WHAT THE FAV?

Aunque no existe un origen documentado de la expresión What the Fav?, resulta evidente el juego fonético con la conocida interjección inglesa What the fuck? («¿Qué coño?», «¿Qué demonios?»). La sustitución de fuck por fav —abreviatura de favorite— suaviza la expresión y le confiere un tono irónico o humorístico, aprovechando la familiaridad del lector con la locución original.

La UDEF ha elevado ya a más de tres millones de euros el total de pagos empresariales recibidos por Zapatero entre 2020 y 2025, y los últimos informes policiales apuntan a un presunto desvío de parte de esos fondos hacia cuentas de sus hijas. Es este dato, precisamente, el que ha llevado al juez a ampliar la orden de investigación a más de sesenta cuentas bancarias del expresidente, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas y su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Conviene aplicar aquí el mismo criterio de prudencia que al resto del entramado: que una sociedad administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa reciba transferencias de otras mercantiles investigadas no equivale, por sí solo, a la comisión de un delito. Lo que las diligencias buscan establecer es si esos pagos respondían a una prestación de servicios real y facturable, o si —como en el caso de Análisis Relevante— se trataba de cauces para canalizar comisiones sin contrapartida efectiva. Es un extremo que corresponde acreditar a la instrucción, y que ambas están en su derecho de rebatir con la documentación mercantil y fiscal que se les requiera.

Sin margen para la ingenuidad

Todo esto, de resultar acreditado, apunta a que no hubo ingenuidad alguna por parte de quienes participaron en el diseño de esta arquitectura societaria. No cabe, en un entramado con estas características —domicilios compartidos, administradores comunes, contratos de asesoramiento sin correlato en servicios reales, sociedades sin cuentas propias durante años—, invocar después una simple laguna legal o un desconocimiento de la mecánica empleada. Es una lectura que conviene hacer con prudencia, sin adelantar conclusiones que corresponde fijar a la instrucción y, en su caso, al juicio oral, pero que explica por qué el foco de la investigación se ha desplazado con tanta intensidad hacia la ingeniería societaria del caso.

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*Fuentes: Infobae, El Independiente y otros medios que han tenido acceso al auto del juez Calama (julio de 2026). Se recuerda que todas las personas y sociedades mencionadas gozan de la presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme.*

PORTADA DE EL CORREO Sábado, 22 de agosto de 2026

Marruecos consiente un asalto masivo en Ceuta y pacta horas después las devoluciones

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Fecha: 31 de julio de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión. Ceuta: entre la inacción y la contradicción de los gobiernos La entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos, acaecida en los últimos días, trae de nuevo a la luz una realidad difícilmente discutible: un flujo de estas características no puede producirse sin una relajación, al menos temporal, de los controles ejercidos por las autoridades marroquíes en la frontera. Si ahora Marruecos coopera en la devolución de quienes han accedido ilegalmente a territorio español, resulta razonable concluir que también disponía de capacidad para impedir o reducir significativamente esas salidas desde un primer momento. La secuencia de los hechos revela una aparente contradicción. Por un lado, se ha producido una entrada irregular de varios miles de personas —el propio presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha cifrado en torno a 2.000 las llegadas registradas en los diez días previos, "el equivalente al 2% de la población de Ceuta"— y, en paralelo, ambos Estados anuncian mecanismos de cooperación para agilizar las devoluciones. Si existe capacidad administrativa, policial y logística para readmitir con rapidez a los inmigrantes, esa misma capacidad podría haberse empleado para evitar que abandonaran el territorio marroquí de forma irregular. La Embajada de Marruecos en Madrid ha atribuido la entrada masiva a organizaciones criminales dedicadas a la trata y al tráfico ilícito de personas, y ha insistido en que no existe voluntad alguna de Rabat de facilitar estos movimientos; sin embargo, fuentes de la Guardia Civil destacada en Ceuta matizan el alcance real de esa cooperación sobre el terreno, calificándola de superficial e insuficiente para contener la presión fronteriza. Desgraciadamente en Interior no parece que hayan llegado noticias alarmantes sobre el desarrollo de la invasión, a juzgar por la tranquilidad de sus responsables políticos ante tal desafío. Este razonamiento no proyecta la responsabilidad política únicamente sobre Marruecos. También resulta obligado analizar la actuación del Ejecutivo español. La reacción del Gobierno no fue inmediata para impedir la consolidación de la entrada irregular ni para reforzar desde el primer momento el control efectivo de la frontera. Esa demora permitió que la presión migratoria alcanzara una dimensión extraordinaria, generando una situación de evidente tensión para los servicios públicos y para la seguridad de la ciudad autónoma. Solo tras varios días de crisis se ha anunciado el envío de refuerzos del Ejército a la ciudad y la movilización de medios adicionales de la Guardia Civil. A esta reacción tardía se une la negativa del Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional solicitada por Vivas, quien había pedido además que el Ejecutivo central asumiera el "mando único" para dar una respuesta "enérgica, decidida e inmediata". El Ministerio del Interior ha rechazado esa petición alegando que la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, únicamente contempla la declaración de emergencia nacional para riesgos naturales y tecnológicos —inundaciones, terremotos, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes con sustancias peligrosas o riesgo nuclear y radiológico— y no para flujos migratorios. Se trata, sin duda, de una interpretación jurídicamente sostenible de la norma; pero también es cierto que nada impide al Gobierno articular, por otras vías legales a su disposición, una respuesta de alcance y contundencia equivalentes si la magnitud de la crisis lo exige. Optar por no hacerlo es, en sí misma, una decisión política, no un mero trámite técnico. Esta decisión ha suscitado un intenso debate político y jurídico. Quienes defienden la declaración de emergencia entienden que la magnitud de la crisis exige una respuesta excepcional, movilizando los recursos del Estado bajo una dirección única. El Gobierno de Sánchez, sin embargo, ha optado por mantener la gestión dentro de los mecanismos ordinarios —coordinación entre los ministerios de Interior, Inclusión y Migraciones, Política Territorial e Infancia—, rechazando la adopción de medidas extraordinarias, al tiempo que anunciaba el desplazamiento a la ciudad tanto del presidente del Gobierno como del ministro del Interior para "seguir la evolución de la crisis". La combinación de ambos factores —la aparente permisividad inicial de Marruecos y la respuesta tardía y limitada del Gobierno español— pone al descubierto la insuficiencia en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Marruecos demuestra que puede colaborar eficazmente en las devoluciones cuando existe voluntad política; España, por su parte, transmite la impresión de haber reaccionado con lentitud y de haber descartado instrumentos excepcionales que probablemente eran necesarios para afrontar una situación tan fuera de lo común. Jurídicamente, la protección de las fronteras constituye una competencia esencial del Estado y forma parte de sus obligaciones constitucionales, incluidas además en el objeto fundamental de las Fuerzas Armadas en tanto que responsables de la defensa y de la protección de la integridad territorial. Ello exige actuar con rapidez, proporcionalidad y eficacia, respetando siempre los derechos fundamentales y los compromisos internacionales, pero sin renunciar al ejercicio efectivo de las potestades que corresponden a los poderes públicos. La crisis de Ceuta no debe interpretarse únicamente como un episodio de presión migratoria, probablemente impulsada por una política internacional defectuosa. También constituye un test de la capacidad práctica del Gobierno para ejercer el control de sus fronteras, responder con rapidez ante situaciones excepcionales y evitar que la política migratoria quede condicionada por decisiones adoptadas fuera de nuestras fronteras. La experiencia demuestra que la cooperación internacional es imprescindible, pero también que la firmeza institucional y la reacción inmediata son elementos esenciales para preservar la seguridad jurídica, el orden público y la confianza de los ciudadanos.

Marruecos consiente un asalto masivo en Ceuta y pacta horas después las devoluciones

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Fecha: 31 de julio de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: GENERALISTA. Tipo: Artículo de opinión.

Ceuta: entre la inacción y la contradicción de los gobiernos

La entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos, acaecida en los últimos días, trae de nuevo a la luz una realidad difícilmente discutible: un flujo de estas características no puede producirse sin una relajación, al menos temporal, de los controles ejercidos por las autoridades marroquíes en la frontera. Si ahora Marruecos coopera en la devolución de quienes han accedido ilegalmente a territorio español, resulta razonable concluir que también disponía de capacidad para impedir o reducir significativamente esas salidas desde un primer momento.

La secuencia de los hechos revela una aparente contradicción. Por un lado, se ha producido una entrada irregular de varios miles de personas —el propio presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha cifrado en torno a 2.000 las llegadas registradas en los diez días previos, "el equivalente al 2% de la población de Ceuta"— y, en paralelo, ambos Estados anuncian mecanismos de cooperación para agilizar las devoluciones. Si existe capacidad administrativa, policial y logística para readmitir con rapidez a los inmigrantes, esa misma capacidad podría haberse empleado para evitar que abandonaran el territorio marroquí de forma irregular. La Embajada de Marruecos en Madrid ha atribuido la entrada masiva a organizaciones criminales dedicadas a la trata y al tráfico ilícito de personas, y ha insistido en que no existe voluntad alguna de Rabat de facilitar estos movimientos; sin embargo, fuentes de la Guardia Civil destacada en Ceuta matizan el alcance real de esa cooperación sobre el terreno, calificándola de superficial e insuficiente para contener la presión fronteriza. Desgraciadamente en Interior no parece que hayan llegado noticias alarmantes sobre el desarrollo de la invasión, a juzgar por la tranquilidad de sus responsables políticos ante tal desafío.

Este razonamiento no proyecta la responsabilidad política únicamente sobre Marruecos. También resulta obligado analizar la actuación del Ejecutivo español. La reacción del Gobierno no fue inmediata para impedir la consolidación de la entrada irregular ni para reforzar desde el primer momento el control efectivo de la frontera. Esa demora permitió que la presión migratoria alcanzara una dimensión extraordinaria, generando una situación de evidente tensión para los servicios públicos y para la seguridad de la ciudad autónoma. Solo tras varios días de crisis se ha anunciado el envío de refuerzos del Ejército a la ciudad y la movilización de medios adicionales de la Guardia Civil.

A esta reacción tardía se une la negativa del Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional solicitada por Vivas, quien había pedido además que el Ejecutivo central asumiera el "mando único" para dar una respuesta "enérgica, decidida e inmediata". El Ministerio del Interior ha rechazado esa petición alegando que la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, únicamente contempla la declaración de emergencia nacional para riesgos naturales y tecnológicos —inundaciones, terremotos, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes con sustancias peligrosas o riesgo nuclear y radiológico— y no para flujos migratorios. Se trata, sin duda, de una interpretación jurídicamente sostenible de la norma; pero también es cierto que nada impide al Gobierno articular, por otras vías legales a su disposición, una respuesta de alcance y contundencia equivalentes si la magnitud de la crisis lo exige. Optar por no hacerlo es, en sí misma, una decisión política, no un mero trámite técnico.

Esta decisión ha suscitado un intenso debate político y jurídico. Quienes defienden la declaración de emergencia entienden que la magnitud de la crisis exige una respuesta excepcional, movilizando los recursos del Estado bajo una dirección única. El Gobierno de Sánchez, sin embargo, ha optado por mantener la gestión dentro de los mecanismos ordinarios —coordinación entre los ministerios de Interior, Inclusión y Migraciones, Política Territorial e Infancia—, rechazando la adopción de medidas extraordinarias, al tiempo que anunciaba el desplazamiento a la ciudad tanto del presidente del Gobierno como del ministro del Interior para "seguir la evolución de la crisis".

La combinación de ambos factores —la aparente permisividad inicial de Marruecos y la respuesta tardía y limitada del Gobierno español— pone al descubierto la insuficiencia en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Marruecos demuestra que puede colaborar eficazmente en las devoluciones cuando existe voluntad política; España, por su parte, transmite la impresión de haber reaccionado con lentitud y de haber descartado instrumentos excepcionales que probablemente eran necesarios para afrontar una situación tan fuera de lo común.

Jurídicamente, la protección de las fronteras constituye una competencia esencial del Estado y forma parte de sus obligaciones constitucionales, incluidas además en el objeto fundamental de las Fuerzas Armadas en tanto que responsables de la defensa y de la protección de la integridad territorial. Ello exige actuar con rapidez, proporcionalidad y eficacia, respetando siempre los derechos fundamentales y los compromisos internacionales, pero sin renunciar al ejercicio efectivo de las potestades que corresponden a los poderes públicos.

La crisis de Ceuta no debe interpretarse únicamente como un episodio de presión migratoria, probablemente impulsada por una política internacional defectuosa. También constituye un test de la capacidad práctica del Gobierno para ejercer el control de sus fronteras, responder con rapidez ante situaciones excepcionales y evitar que la política migratoria quede condicionada por decisiones adoptadas fuera de nuestras fronteras. La experiencia demuestra que la cooperación internacional es imprescindible, pero también que la firmeza institucional y la reacción inmediata son elementos esenciales para preservar la seguridad jurídica, el orden público y la confianza de los ciudadanos.

PORTADA DE LA VANGUARDIA Sábado, 22 de agosto de 2026

Zapatero cobró por asesorar en el rescate de Plus Ultra, según su amigo

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Fecha: 21 de julio de 2026Autor: R. TrigoCategoría: Law-Fair · Verdad · Presunción de inocenciaTipo: Artículo de opinión La presunción de inocencia no exige renunciar a la inteligencia Hay principios jurídicos que constituyen lo esencial del Estado de Derecho. La presunción de inocencia es, quizás, el más importante de todos. Sin ella, cualquiera quedaría a merced de la sospecha, del rumor o del interés político del momento. Quienes creen sinceramente en el Derecho deben defenderla siempre, incluso cuando el investigado sea un adversario político o cuando hacerlo resulte poco rentable. En este blog se ha mantenido esa posición desde el primer día y no se abandonará ahora. Pero precisamente por respeto a la presunción de inocencia, no es posible aceptar una perversión cada vez más frecuente: convertirla en la obligación de cerrar los ojos ante indicios que merecen ser investigados, o en un argumento para descalificar preventivamente a quien los investiga. En las últimas horas han trascendido escritos presentados ante el juez instructor José Luis Calama por Julio Martínez Martínez y por dos altos directivos de Plus Ultra, en los que se atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero un papel relevante en las gestiones que desembocaron en el rescate público de la aerolínea, y se sostiene que este pactó pagos vinculados a esa intermediación. Según esos escritos, las comisiones habrían ascendido al 1 % de la ayuda concedida: aproximadamente 530.000 euros. Conviene recordar, por honestidad intelectual, que estas manifestaciones forman parte de una investigación judicial en curso, y que el propio Rodríguez Zapatero ha negado rotundamente haber influido en el rescate, haber hablado con responsables públicos sobre la operación o haber percibido comisión alguna relacionada con ella. Eso es exactamente lo que exige la presunción de inocencia: no dar por probados unos hechos que todavía deben demostrarse. Pero la presunción de inocencia no obliga a fingir que no existen declaraciones coincidentes, documentos incorporados al procedimiento o contradicciones que un juez considera suficientemente relevantes como para seguir investigando. Ahí aparece el verdadero problema político. No es que el presidente del Gobierno manifieste confianza en un antiguo presidente de su partido; eso entra dentro de la lógica política. Lo preocupante es otra cosa. Desde hace demasiado tiempo, cada vez que una investigación judicial afecta al entorno del PSOE, la respuesta institucional parece seguir un patrón invariable: desacreditar a los jueces, cuestionar a la Guardia Civil, atribuir las investigaciones a conspiraciones políticas, presentar cualquier actuación judicial como un ataque a la democracia y convertir al investigado en víctima antes incluso de que se practiquen todas las diligencias. Los altavoces no responden al contenido: se limitan a generar ruido, el suficiente para que resulte imposible distinguir los hechos de la propaganda. Cabe preguntarse, además, por qué esa defensa cerrada y por qué ahora, con tantos indicios sobre la mesa, en lugar de guardar la prudencia que cualquier partido serio guardaría ante una instrucción en marcha. La respuesta probablemente combina varios factores. Uno es simbólico: Zapatero no es un cargo cualquiera, sino un expresidente que sigue actuando como referencia moral e ideológica del PSOE; reconocer siquiera la posibilidad de que algo no encaje equivaldría, a ojos de la dirección del partido, a poner en cuestión veinte años de encanto propio. Otro es estratégico: en un Gobierno ya desgastado por otros frentes judiciales abiertos en su entorno, cualquier fisura adicional se percibe como munición para la oposición, de modo que la consigna interna tiende a ser cerrar filas antes que distinguir matices. Y un tercero es de pura supervivencia política: admitir dudas sobre una figura tan vinculada al aparato del partido puede leerse puertas adentro como una señal de debilidad, algo que ningún liderazgo en un contexto de mayorías parlamentarias tan ajustadas está dispuesto a permitirse. Ninguna de estas razones convierte en culpable a nadie, conviene insistir. Pero tampoco son inocentes desde el punto de vista democrático: cuando el cálculo de partido pesa más que la prudencia institucional, lo que se traslada a la ciudadanía no es serenidad ante la Justicia, sino la sensación de que la defensa se activa por reflejo de supervivencia, no por convicción sobre los hechos. Y esa diferencia, aunque sutil, es la que separa una defensa legítima de una defensa que empieza a parecer corporativa. Quienes defienden la presunción de inocencia se encuentran entonces en una situación casi absurda, como si respetar ese principio significara aceptar sin espíritu crítico cualquier explicación oficial y considerar ofensiva cualquier duda razonable. No es así. La presunción de inocencia protege frente a la condena anticipada, pero no protege frente al análisis crítico, ni exige renunciar al sentido común, ni obliga a pensar que toda coincidencia es casual o que toda investigación judicial nace contaminada por intereses espurios. Si mañana la instrucción concluye que no existió tráfico de influencias, que no hubo comisiones ilícitas y que todas las actuaciones fueron plenamente legales, esa absolución jurídica y moral deberá respetarse con la misma firmeza. Pero si los hechos que hoy se investigan terminan acreditándose mediante prueba suficiente, la consecuencia será inevitable: no estaremos ante un simple error político ni ante una campaña mediática, sino ante un supuesto de corrupción en el que quienes utilizaron el poder para obtener ventajas indebidas deberán responder como corruptos, y quienes facilitaron o financiaron esas ventajas asumirán igualmente su responsabilidad como corruptores. Esa conclusión no nace hoy: nace, precisamente, de respetar el proceso judicial hasta el final. Lo que resulta difícil de sostener es la actitud de quienes parecen considerar que la mejor defensa consiste en levantar una cortina de humo cada vez más espesa y más agresiva contra jueces, fiscales, investigadores o periodistas. Porque llega un momento en que la virulencia verbal deja de parecer una defensa y empieza a interpretarse como un mecanismo para impedir que se conozca la verdad. Y en un Estado de Derecho, la verdad no se decide en una rueda de prensa, ni en un mitin, ni en una campaña de descalificaciones. Se decide en los tribunales. Mientras tanto, quienes defendemos la presunción de inocencia seguiremos haciéndolo con la misma convicción de siempre. Pero también seguiremos defendiendo algo igualmente esencial: que respetarla no significa abdicar de la razón, ni aceptar que el pensamiento crítico deba sacrificarse en el altar de la disciplina partidista. Porque la Justicia exige prudencia, y la ciudadanía, además, tiene derecho a no ser tratada como si fuera ciega.

Zapatero cobró por asesorar en el rescate de Plus Ultra, según su amigo

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Fecha: 21 de julio de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: Law-Fair · Verdad · Presunción de inocencia
Tipo: Artículo de opinión

La presunción de inocencia no exige renunciar a la inteligencia

Hay principios jurídicos que constituyen lo esencial del Estado de Derecho. La presunción de inocencia es, quizás, el más importante de todos. Sin ella, cualquiera quedaría a merced de la sospecha, del rumor o del interés político del momento. Quienes creen sinceramente en el Derecho deben defenderla siempre, incluso cuando el investigado sea un adversario político o cuando hacerlo resulte poco rentable.

En este blog se ha mantenido esa posición desde el primer día y no se abandonará ahora. Pero precisamente por respeto a la presunción de inocencia, no es posible aceptar una perversión cada vez más frecuente: convertirla en la obligación de cerrar los ojos ante indicios que merecen ser investigados, o en un argumento para descalificar preventivamente a quien los investiga.

En las últimas horas han trascendido escritos presentados ante el juez instructor José Luis Calama por Julio Martínez Martínez y por dos altos directivos de Plus Ultra, en los que se atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero un papel relevante en las gestiones que desembocaron en el rescate público de la aerolínea, y se sostiene que este pactó pagos vinculados a esa intermediación. Según esos escritos, las comisiones habrían ascendido al 1 % de la ayuda concedida: aproximadamente 530.000 euros.

Conviene recordar, por honestidad intelectual, que estas manifestaciones forman parte de una investigación judicial en curso, y que el propio Rodríguez Zapatero ha negado rotundamente haber influido en el rescate, haber hablado con responsables públicos sobre la operación o haber percibido comisión alguna relacionada con ella. Eso es exactamente lo que exige la presunción de inocencia: no dar por probados unos hechos que todavía deben demostrarse.

Pero la presunción de inocencia no obliga a fingir que no existen declaraciones coincidentes, documentos incorporados al procedimiento o contradicciones que un juez considera suficientemente relevantes como para seguir investigando. Ahí aparece el verdadero problema político. No es que el presidente del Gobierno manifieste confianza en un antiguo presidente de su partido; eso entra dentro de la lógica política. Lo preocupante es otra cosa.

Desde hace demasiado tiempo, cada vez que una investigación judicial afecta al entorno del PSOE, la respuesta institucional parece seguir un patrón invariable: desacreditar a los jueces, cuestionar a la Guardia Civil, atribuir las investigaciones a conspiraciones políticas, presentar cualquier actuación judicial como un ataque a la democracia y convertir al investigado en víctima antes incluso de que se practiquen todas las diligencias. Los altavoces no responden al contenido: se limitan a generar ruido, el suficiente para que resulte imposible distinguir los hechos de la propaganda.

Cabe preguntarse, además, por qué esa defensa cerrada y por qué ahora, con tantos indicios sobre la mesa, en lugar de guardar la prudencia que cualquier partido serio guardaría ante una instrucción en marcha. La respuesta probablemente combina varios factores. Uno es simbólico: Zapatero no es un cargo cualquiera, sino un expresidente que sigue actuando como referencia moral e ideológica del PSOE; reconocer siquiera la posibilidad de que algo no encaje equivaldría, a ojos de la dirección del partido, a poner en cuestión veinte años de encanto propio. Otro es estratégico: en un Gobierno ya desgastado por otros frentes judiciales abiertos en su entorno, cualquier fisura adicional se percibe como munición para la oposición, de modo que la consigna interna tiende a ser cerrar filas antes que distinguir matices. Y un tercero es de pura supervivencia política: admitir dudas sobre una figura tan vinculada al aparato del partido puede leerse puertas adentro como una señal de debilidad, algo que ningún liderazgo en un contexto de mayorías parlamentarias tan ajustadas está dispuesto a permitirse.

Ninguna de estas razones convierte en culpable a nadie, conviene insistir. Pero tampoco son inocentes desde el punto de vista democrático: cuando el cálculo de partido pesa más que la prudencia institucional, lo que se traslada a la ciudadanía no es serenidad ante la Justicia, sino la sensación de que la defensa se activa por reflejo de supervivencia, no por convicción sobre los hechos. Y esa diferencia, aunque sutil, es la que separa una defensa legítima de una defensa que empieza a parecer corporativa.

Quienes defienden la presunción de inocencia se encuentran entonces en una situación casi absurda, como si respetar ese principio significara aceptar sin espíritu crítico cualquier explicación oficial y considerar ofensiva cualquier duda razonable. No es así. La presunción de inocencia protege frente a la condena anticipada, pero no protege frente al análisis crítico, ni exige renunciar al sentido común, ni obliga a pensar que toda coincidencia es casual o que toda investigación judicial nace contaminada por intereses espurios.

Si mañana la instrucción concluye que no existió tráfico de influencias, que no hubo comisiones ilícitas y que todas las actuaciones fueron plenamente legales, esa absolución jurídica y moral deberá respetarse con la misma firmeza. Pero si los hechos que hoy se investigan terminan acreditándose mediante prueba suficiente, la consecuencia será inevitable: no estaremos ante un simple error político ni ante una campaña mediática, sino ante un supuesto de corrupción en el que quienes utilizaron el poder para obtener ventajas indebidas deberán responder como corruptos, y quienes facilitaron o financiaron esas ventajas asumirán igualmente su responsabilidad como corruptores. Esa conclusión no nace hoy: nace, precisamente, de respetar el proceso judicial hasta el final.

Lo que resulta difícil de sostener es la actitud de quienes parecen considerar que la mejor defensa consiste en levantar una cortina de humo cada vez más espesa y más agresiva contra jueces, fiscales, investigadores o periodistas. Porque llega un momento en que la virulencia verbal deja de parecer una defensa y empieza a interpretarse como un mecanismo para impedir que se conozca la verdad.

Y en un Estado de Derecho, la verdad no se decide en una rueda de prensa, ni en un mitin, ni en una campaña de descalificaciones. Se decide en los tribunales.

Mientras tanto, quienes defendemos la presunción de inocencia seguiremos haciéndolo con la misma convicción de siempre. Pero también seguiremos defendiendo algo igualmente esencial: que respetarla no significa abdicar de la razón, ni aceptar que el pensamiento crítico deba sacrificarse en el altar de la disciplina partidista. Porque la Justicia exige prudencia, y la ciudadanía, además, tiene derecho a no ser tratada como si fuera ciega.

PORTADA DE HOY Sábado, 22 de agosto de 2026

El Gobierno ya analiza el informe del CSN de Almaraz

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Fecha: 18 de julio de 2026Autor: R. TrigoCategoría: Derecho de la Energía · Energía Nuclear · Medio AmbienteTipo: Artículo de opinión y análisis jurídico ¿Puede una decisión administrativa cambiar la política energética? La reciente decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de informar favorablemente la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz ha reabierto un debate que parecía cerrado desde la aprobación del calendario de cierre progresivo del parque nuclear español. Sin embargo, la cuestión trasciende ampliamente el futuro de una sola instalación. Lo que realmente está en juego es determinar si la política energética diseñada hace varios años continúa respondiendo a las necesidades actuales del sistema eléctrico español. Desde una perspectiva jurídica, el caso Almaraz constituye un magnífico ejemplo de la interacción entre la regulación técnica de la seguridad nuclear y las potestades de planificación energética que corresponden al Gobierno. Una aclaración previa: Almaraz I y Almaraz II Antes de abordar el fondo del asunto conviene realizar una precisión. Cuando se habla de la Central Nuclear de Almaraz suele pensarse en una única central, pero en realidad la instalación está formada por dos reactores nucleares independientes, denominados Almaraz I y Almaraz II. Ambos reactores comparten parte de las instalaciones auxiliares y son explotados conjuntamente, pero cada uno dispone de autorización administrativa propia y de una fecha distinta de puesta en funcionamiento. Almaraz I inició su explotación comercial en 1983 y Almaraz II en 1984, razón por la que el calendario vigente prevé el cierre de la primera unidad en 2027 y de la segunda en 2028. Esta diferencia, aunque técnica, resulta jurídicamente relevante porque cada autorización de explotación debe tramitarse de forma independiente. Ahora bien, en la práctica reciente esa independencia formal no ha impedido una tramitación conjunta del expediente de renovación: en 2025 el titular de la planta solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) la modificación de la autorización de explotación de ambas unidades en un mismo procedimiento, remitiéndose la documentación de soporte al CSN entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. El hecho de que el trámite se haya unificado no altera la naturaleza jurídica de cada autorización, pero sí conviene tenerlo presente: la práctica administrativa y la separación formal de expedientes no siempre coinciden. El mantenimiento en servicio no consiste simplemente en prolongar la vida de una central Uno de los errores más frecuentes consiste en identificar la prolongación de la explotación con el funcionamiento de instalaciones antiguas sin inversiones significativas. La realidad es precisamente la contraria. Las centrales nucleares están sometidas durante toda su vida útil a un proceso continuo de modernización, sustitución de equipos, inspecciones reglamentarias y programas de gestión del envejecimiento. La normativa española, siguiendo los estándares internacionales promovidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), exige que las instalaciones mantengan permanentemente niveles de seguridad compatibles con los avances tecnológicos y científicos. En consecuencia, la edad cronológica de una central no constituye, por sí sola, un criterio suficiente para determinar su continuidad o su cierre. La verdadera cuestión consiste en acreditar que la instalación sigue reuniendo las condiciones técnicas necesarias para operar con seguridad. El papel del Consejo de Seguridad Nuclear En este punto conviene distinguir dos planos diferentes que con frecuencia aparecen confundidos en el debate público. El primero corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear, organismo independiente creado por la Ley 15/1980, cuya misión consiste en garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica. El CSN no decide la política energética del Estado. Su función consiste exclusivamente en emitir un juicio técnico acerca de si una instalación puede continuar funcionando sin comprometer la seguridad de las personas, de los trabajadores o del medio ambiente. En el caso concreto de Almaraz, el Pleno del CSN emitió el pasado 16 de julio de 2026 un informe favorable, pero con condiciones, sobre la renovación de la autorización de explotación hasta el año 2030, aplicable a las dos unidades. Conviene subrayar dos matices que suelen perderse en la lectura mediática del informe. Primero, no fue un pronunciamiento unánime: el acuerdo de emisión contó con la abstención de uno de los consejeros (Son 5 miembros). Segundo, no se trata de una autorización indefinida ni de una simple ratificación de que "la central es segura" en abstracto, sino de un dictamen técnico acotado a un horizonte temporal concreto —hasta 2030— y sujeto a condiciones que el titular deberá seguir cumpliendo. Ese informe, aun siendo imprescindible, no decide por sí mismo la continuidad de la explotación. La decisión corresponde al Gobierno La autorización de explotación constituye un acto administrativo cuya competencia corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es precisamente aquí donde aparece la dimensión jurídica más interesante del caso. El Gobierno no debe limitarse a valorar la seguridad de la instalación. También debe integrar otros elementos igualmente relevantes: la planificación energética nacional; la seguridad del suministro eléctrico; los objetivos de descarbonización; los compromisos internacionales asumidos por España; el interés general. De hecho, el propio Ejecutivo ya había anticipado públicamente el marco de su decisión, condicionando cualquier prórroga a tres elementos: el aval técnico del CSN, la garantía de suministro eléctrico y que la operación no suponga coste alguno para el consumidor. Con el informe del 16 de julio, el sector y las administraciones territoriales afectadas sostienen que el primero de esos tres condicionantes ya está cumplido, lo que traslada el foco del debate a los otros dos —de naturaleza estrictamente política y económica, no técnica—. En consecuencia, la continuidad de una central nuclear nunca constituye una decisión exclusivamente técnica. Es, sobre todo, una decisión de política energética. El calendario de cierre aprobado en 2019 El calendario actualmente vigente fue fruto del acuerdo alcanzado entre las empresas propietarias de las centrales nucleares —Iberdrola, Endesa y Naturgy— y ENRESA en 2019. Dicho calendario prevé el cierre progresivo del parque nuclear español entre 2027 y 2035: Central Cese previsto Almaraz I 2027 Almaraz II 2028 Ascó I 2030 Cofrentes 2030 Ascó II 2032 Vandellós II 2035 Trillo 2035 Sin embargo, conviene recordar que este calendario fue diseñado en un contexto energético completamente distinto del actual. En 2019 no existía la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, ni el extraordinario crecimiento de la demanda eléctrica asociado a la electrificación del transporte, la climatización, la inteligencia artificial o los centros de datos. La planificación energética, como cualquier otra actuación administrativa, debe responder a las circunstancias existentes en cada momento. Y esas circunstancias han cambiado de manera significativa. El propio informe del CSN aporta ya un primer dato concreto sobre hacia dónde podría moverse ese calendario: al acreditar la viabilidad de la operación hasta 2030, sitúa técnicamente sobre la mesa una prórroga de dos y tres años, respectivamente, sobre las fechas de cierre de 2027 y 2028 previstas para Almaraz I y II. Que esa prórroga técnica se traduzca finalmente en una modificación jurídica del calendario depende ya, exclusivamente, de la decisión gubernativa. ¿Puede Almaraz convertirse en un precedente? Ésta constituye, probablemente, la cuestión más relevante. Si finalmente el Gobierno autoriza la continuidad de Almaraz, difícilmente podrá ignorarse esa decisión cuando llegue el momento de resolver sobre la situación de Ascó, Cofrentes, Vandellós o Trillo. No significa que exista un derecho automático a obtener nuevas autorizaciones. Cada expediente deberá resolverse individualmente. Pero sí resulta evidente que una autorización concedida sobre la base de criterios técnicos y jurídicos determinados generará un precedente administrativo cuya influencia será difícilmente evitable. Desde la perspectiva del Derecho Administrativo aparecen principios como la igualdad en la aplicación de la norma, la interdicción de la arbitrariedad y la seguridad jurídica. Si dos instalaciones acreditan condiciones técnicas equivalentes, la Administración deberá justificar adecuadamente cualquier diferencia de trato. Mucho más que una cuestión nuclear El debate tampoco puede reducirse a una confrontación entre energía nuclear y energías renovables. España necesita incrementar notablemente su producción eléctrica durante las próximas décadas. La electrificación de la economía exige disponer de un sistema capaz de garantizar el suministro incluso cuando las condiciones meteorológicas reducen la producción eólica o fotovoltaica. En ese contexto, la energía nuclear continúa aportando una producción estable, gestionable y libre de emisiones directas de dióxido de carbono. Ello no elimina los problemas asociados a la gestión de los residuos radiactivos ni los elevados costes del desmantelamiento futuro, pero obliga a incorporar al debate elementos técnicos y económicos que trascienden las posiciones ideológicas. Conclusión El expediente relativo a la Central Nuclear de Almaraz representa mucho más que una decisión sobre la continuidad de una instalación concreta. Constituye un auténtico caso de estudio sobre la relación entre la regulación técnica y la discrecionalidad administrativa en materia de planificación energética. El Consejo de Seguridad Nuclear puede afirmar que una central es segura hasta una fecha determinada. Sin embargo, corresponde al Gobierno decidir si esa seguridad técnica resulta compatible con la estrategia energética nacional, y si el resto de condicionantes —suministro y coste— quedan igualmente satisfechos. La respuesta que finalmente se adopte marcará probablemente el futuro del conjunto del parque nuclear español. Si Almaraz continúa operando más allá de las fechas inicialmente previstas —algo que el propio informe del CSN ya hace técnicamente posible hasta 2030—, será difícil sostener que el calendario de cierre aprobado en 2019 permanece inalterable. Muy probablemente estaremos asistiendo al inicio de una nueva etapa de la política energética española, en la que la seguridad del suministro, la competitividad económica y la transición hacia un modelo bajo en carbono deberán conciliarse con un marco jurídico capaz de adaptarse a una realidad muy distinta de la existente cuando aquel calendario fue diseñado.

El Gobierno ya analiza el informe del CSN de Almaraz

LECTURA DISPONIBLE Toca para escuchar

Fecha: 18 de julio de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: Derecho de la Energía · Energía Nuclear · Medio Ambiente
Tipo: Artículo de opinión y análisis jurídico

¿Puede una decisión administrativa cambiar la política energética?

La reciente decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de informar favorablemente la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz ha reabierto un debate que parecía cerrado desde la aprobación del calendario de cierre progresivo del parque nuclear español. Sin embargo, la cuestión trasciende ampliamente el futuro de una sola instalación. Lo que realmente está en juego es determinar si la política energética diseñada hace varios años continúa respondiendo a las necesidades actuales del sistema eléctrico español.

Desde una perspectiva jurídica, el caso Almaraz constituye un magnífico ejemplo de la interacción entre la regulación técnica de la seguridad nuclear y las potestades de planificación energética que corresponden al Gobierno.

Una aclaración previa: Almaraz I y Almaraz II

Antes de abordar el fondo del asunto conviene realizar una precisión.

Cuando se habla de la Central Nuclear de Almaraz suele pensarse en una única central, pero en realidad la instalación está formada por dos reactores nucleares independientes, denominados Almaraz I y Almaraz II.

Ambos reactores comparten parte de las instalaciones auxiliares y son explotados conjuntamente, pero cada uno dispone de autorización administrativa propia y de una fecha distinta de puesta en funcionamiento. Almaraz I inició su explotación comercial en 1983 y Almaraz II en 1984, razón por la que el calendario vigente prevé el cierre de la primera unidad en 2027 y de la segunda en 2028.

Esta diferencia, aunque técnica, resulta jurídicamente relevante porque cada autorización de explotación debe tramitarse de forma independiente. Ahora bien, en la práctica reciente esa independencia formal no ha impedido una tramitación conjunta del expediente de renovación: en 2025 el titular de la planta solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) la modificación de la autorización de explotación de ambas unidades en un mismo procedimiento, remitiéndose la documentación de soporte al CSN entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. El hecho de que el trámite se haya unificado no altera la naturaleza jurídica de cada autorización, pero sí conviene tenerlo presente: la práctica administrativa y la separación formal de expedientes no siempre coinciden.

El mantenimiento en servicio no consiste simplemente en prolongar la vida de una central

Uno de los errores más frecuentes consiste en identificar la prolongación de la explotación con el funcionamiento de instalaciones antiguas sin inversiones significativas. La realidad es precisamente la contraria. Las centrales nucleares están sometidas durante toda su vida útil a un proceso continuo de modernización, sustitución de equipos, inspecciones reglamentarias y programas de gestión del envejecimiento. La normativa española, siguiendo los estándares internacionales promovidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), exige que las instalaciones mantengan permanentemente niveles de seguridad compatibles con los avances tecnológicos y científicos. En consecuencia, la edad cronológica de una central no constituye, por sí sola, un criterio suficiente para determinar su continuidad o su cierre. La verdadera cuestión consiste en acreditar que la instalación sigue reuniendo las condiciones técnicas necesarias para operar con seguridad.

El papel del Consejo de Seguridad Nuclear

En este punto conviene distinguir dos planos diferentes que con frecuencia aparecen confundidos en el debate público. El primero corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear, organismo independiente creado por la Ley 15/1980, cuya misión consiste en garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica. El CSN no decide la política energética del Estado. Su función consiste exclusivamente en emitir un juicio técnico acerca de si una instalación puede continuar funcionando sin comprometer la seguridad de las personas, de los trabajadores o del medio ambiente.

En el caso concreto de Almaraz, el Pleno del CSN emitió el pasado 16 de julio de 2026 un informe favorable, pero con condiciones, sobre la renovación de la autorización de explotación hasta el año 2030, aplicable a las dos unidades. Conviene subrayar dos matices que suelen perderse en la lectura mediática del informe. Primero, no fue un pronunciamiento unánime: el acuerdo de emisión contó con la abstención de uno de los consejeros (Son 5 miembros). Segundo, no se trata de una autorización indefinida ni de una simple ratificación de que "la central es segura" en abstracto, sino de un dictamen técnico acotado a un horizonte temporal concreto —hasta 2030— y sujeto a condiciones que el titular deberá seguir cumpliendo. Ese informe, aun siendo imprescindible, no decide por sí mismo la continuidad de la explotación.

La decisión corresponde al Gobierno

La autorización de explotación constituye un acto administrativo cuya competencia corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Es precisamente aquí donde aparece la dimensión jurídica más interesante del caso. El Gobierno no debe limitarse a valorar la seguridad de la instalación. También debe integrar otros elementos igualmente relevantes:

la planificación energética nacional;
la seguridad del suministro eléctrico;
los objetivos de descarbonización;
los compromisos internacionales asumidos por España;
el interés general.

De hecho, el propio Ejecutivo ya había anticipado públicamente el marco de su decisión, condicionando cualquier prórroga a tres elementos: el aval técnico del CSN, la garantía de suministro eléctrico y que la operación no suponga coste alguno para el consumidor. Con el informe del 16 de julio, el sector y las administraciones territoriales afectadas sostienen que el primero de esos tres condicionantes ya está cumplido, lo que traslada el foco del debate a los otros dos —de naturaleza estrictamente política y económica, no técnica—.

En consecuencia, la continuidad de una central nuclear nunca constituye una decisión exclusivamente técnica. Es, sobre todo, una decisión de política energética.

El calendario de cierre aprobado en 2019

El calendario actualmente vigente fue fruto del acuerdo alcanzado entre las empresas propietarias de las centrales nucleares —Iberdrola, Endesa y Naturgy— y ENRESA en 2019.

Dicho calendario prevé el cierre progresivo del parque nuclear español entre 2027 y 2035:

Central	Cese previsto
Almaraz I	2027
Almaraz II	2028
Ascó I	2030
Cofrentes	2030
Ascó II	2032
Vandellós II	2035
Trillo	2035

Sin embargo, conviene recordar que este calendario fue diseñado en un contexto energético completamente distinto del actual. En 2019 no existía la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, ni el extraordinario crecimiento de la demanda eléctrica asociado a la electrificación del transporte, la climatización, la inteligencia artificial o los centros de datos. La planificación energética, como cualquier otra actuación administrativa, debe responder a las circunstancias existentes en cada momento. Y esas circunstancias han cambiado de manera significativa.

El propio informe del CSN aporta ya un primer dato concreto sobre hacia dónde podría moverse ese calendario: al acreditar la viabilidad de la operación hasta 2030, sitúa técnicamente sobre la mesa una prórroga de dos y tres años, respectivamente, sobre las fechas de cierre de 2027 y 2028 previstas para Almaraz I y II. Que esa prórroga técnica se traduzca finalmente en una modificación jurídica del calendario depende ya, exclusivamente, de la decisión gubernativa.

¿Puede Almaraz convertirse en un precedente?

Ésta constituye, probablemente, la cuestión más relevante. Si finalmente el Gobierno autoriza la continuidad de Almaraz, difícilmente podrá ignorarse esa decisión cuando llegue el momento de resolver sobre la situación de Ascó, Cofrentes, Vandellós o Trillo. No significa que exista un derecho automático a obtener nuevas autorizaciones. Cada expediente deberá resolverse individualmente. Pero sí resulta evidente que una autorización concedida sobre la base de criterios técnicos y jurídicos determinados generará un precedente administrativo cuya influencia será difícilmente evitable. Desde la perspectiva del Derecho Administrativo aparecen principios como la igualdad en la aplicación de la norma, la interdicción de la arbitrariedad y la seguridad jurídica. Si dos instalaciones acreditan condiciones técnicas equivalentes, la Administración deberá justificar adecuadamente cualquier diferencia de trato.

Mucho más que una cuestión nuclear

El debate tampoco puede reducirse a una confrontación entre energía nuclear y energías renovables. España necesita incrementar notablemente su producción eléctrica durante las próximas décadas. La electrificación de la economía exige disponer de un sistema capaz de garantizar el suministro incluso cuando las condiciones meteorológicas reducen la producción eólica o fotovoltaica. En ese contexto, la energía nuclear continúa aportando una producción estable, gestionable y libre de emisiones directas de dióxido de carbono. Ello no elimina los problemas asociados a la gestión de los residuos radiactivos ni los elevados costes del desmantelamiento futuro, pero obliga a incorporar al debate elementos técnicos y económicos que trascienden las posiciones ideológicas.

Conclusión

El expediente relativo a la Central Nuclear de Almaraz representa mucho más que una decisión sobre la continuidad de una instalación concreta. Constituye un auténtico caso de estudio sobre la relación entre la regulación técnica y la discrecionalidad administrativa en materia de planificación energética. El Consejo de Seguridad Nuclear puede afirmar que una central es segura hasta una fecha determinada. Sin embargo, corresponde al Gobierno decidir si esa seguridad técnica resulta compatible con la estrategia energética nacional, y si el resto de condicionantes —suministro y coste— quedan igualmente satisfechos.

La respuesta que finalmente se adopte marcará probablemente el futuro del conjunto del parque nuclear español. Si Almaraz continúa operando más allá de las fechas inicialmente previstas —algo que el propio informe del CSN ya hace técnicamente posible hasta 2030—, será difícil sostener que el calendario de cierre aprobado en 2019 permanece inalterable. Muy probablemente estaremos asistiendo al inicio de una nueva etapa de la política energética española, en la que la seguridad del suministro, la competitividad económica y la transición hacia un modelo bajo en carbono deberán conciliarse con un marco jurídico capaz de adaptarse a una realidad muy distinta de la existente cuando aquel calendario fue diseñado.

01/09/2024