La Fiscalía Superior de Valencia ha alegado que las diligencias de la juez instructora de Catarroja no contienen pruebas claras para culpar a Carlos Mazón. Señalan que el retraso en dar la alerta no parece ser algo que Mazón ordenara directamente, y que su ausencia unas horas del CECOPI no es, por sí sola, un indicio de delito de homicidio. Por eso, piden al TSJCV que no lo impute por ahora.
El tema tiene un aspecto irónico: la juez parece querer responsabilizar a Mazón, pero al mismo tiempo dice que estaba ausente por lo que no pudo estar al mando durante la emergencia. Es difícil sostener que alguien que no dirigía la situación pudiera tomar decisiones que causaran tantas muertes. Quizá la juez, queriendo proteger a las víctimas, se precipitó un poco.
La Fiscalía recuerda que la responsabilidad real del manejo de la crisis era de la Consejería de Interior, dirigida entonces por Salomé Pradas, y que ella sí tenía el mando del CECOPI.
Un detalle importante: al no pedir la imputación de Mazón (que además es aforado), la Fiscalía permite que la juez siga investigando sin que la causa pase a sere competencia automática del TSJCV. Por su parte, Pradas ha pedido que se cierre el caso o, si no se imputa a Mazón, que no se bloquee el paso al tribunal superior, porque eso dejaría la instrucción en un juzgado que no es el adecuado para un presidente de la Generalidad.
Conclusiones
La situación refleja un choque entre la prudencia judicial y la presión política/social. La Fiscalía actúa con cautela, evitando imputar sin pruebas sólidas, mientras que la juez parece movida por el impulso de proteger a las víctimas. El punto clave es la contradicción: no se puede imputar penalmente a alguien que no tenía mando operativo sin pruebas directas, y eso deja el foco en la responsabilidad de la Consejería de Interior. También hay un juego estratégico: evitar que el caso llegue al TSJCV mientras se sigue investigando permite mantener el control sobre cómo se desarrolla la instrucción.