El MASC: ¿Eficiencia Procesal o Peaje a la Tutela Judicial?
Resulta, cuanto menos, llamativo el artículo publicado hoy, 27 de febrero, en la Tribuna de La Razón por el Magistrado Alfonso Villagómez Cebrián. No tanto por la actualidad del tema —en plena implementación de las medidas de "eficiencia" del Gobierno— sino por el giro discursivo de un autor que siempre se ha significado como un firme defensor de la independencia judicial y las garantías de acceso a la Justicia. Sorprende que, en esta ocasión, su postura se alinee de forma unívoca con las tesis del equipo del Ministro Félix Bolaños.
Villagómez llega a afirmar que la Administración de Justicia debe estar presidida "inexorablemente" por los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), justificando incluso sanciones disciplinarias para aquellos letrados que, a su juicio, obstruyan la mediación con tácticas dilatorias. Si bien el ideal de que el fiel de la balanza se equilibre mediante la negociación de buena fe es deseable, este planteamiento ignora realidades sangrantes:
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La Justicia bajo mínimos: No se puede pretender ocultar el estado deplorable de los tribunales y sus dilaciones sistémicas mediante la imposición de una mediación que, en muchos casos, solo añade una capa más de gasto y retraso.
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El MASC como "Peaje": Existe el riesgo real de que estos mecanismos se conviertan en un obstáculo para el acceso a la Tutela Judicial Efectiva. El derecho al juez predeterminado por la Ley no puede verse condicionado por una etapa obligatoria que, a menudo, deviene en un mero trámite burocrático por la imposibilidad de encontrar salida para las partes, aun con garantía de la buena fe de las partes.
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La discriminación frente a la Administración: El discurso de la mediación naufraga cuando el ciudadano se enfrenta al Sector Público. Mientras al particular se le exige pactar, la Administración se atrinchera en su prerrogativa de autotutela y en la supuesta "indisponibilidad" del interés público para evitar sentarse en igualdad de condiciones. Es irónico que el Magistrado mencione a Hobbes; precisamente es esa "protección del poder público" la que la Administración utiliza como escudo para no transigir.