Análisis Crítico: La Instrucción de la DANA y la Exposición Razonada contra Mazón
Resulta, cuanto menos, inquietante que la jueza instructora de la catástrofe en Catarroja califique penalmente las acciones u omisiones de Carlos Mazón con una contundencia tan inusual —hablando de "grosera negligencia"— cuando la instrucción ni siquiera ha concluido. Si bien es indiscutible que el exPresidente actuó de forma impropia y es acreedor de una severa reprobación política por su errática conducta el día de la tragedia, existe una brecha jurídica profunda entre la responsabilidad política y la imputación penal por hechos que, por naturaleza técnica, escapan a su control directo.
La debilidad de la cadena de responsabilidad
Para que Mazón pudiera ser objeto de un reproche penal sólido, éste debería fundamentarse previamente en la actuación de sus subordinados y técnicos. Son ellos quienes, por especialidad y competencia, deciden las acciones ante una catástrofe. Si los consejeros y mandos de emergencias actuaron correctamente desde una perspectiva técnica y siguiendo los protocolos vigentes, la posibilidad de imputación se desvanece en cascada: si no hay delito en la ejecución técnica, difícilmente puede haberlo en la supervisión política final.
La ausencia de la responsabilidad estatal
Asimismo, sorprende que la instrucción orille la responsabilidad última del Estado en la intervención ante calamidades de esta magnitud. Una investigación exhaustiva debería incluir la toma de declaración a los responsables de los ministerios implicados, cuya inacción o falta de asunción de mando único es un factor determinante que, hasta ahora, parece brillar por su ausencia en el juzgado de instrucción.
La sombra de nulidad: La supuesta asistencia del marido de la jueza
A esta falta de solidez argumental se suma una irregularidad procesal de extrema gravedad que ya ha sido judicializada. Existen indicios y denuncias formales —concretadas en una querella por prevaricación, revelación de secretos y usurpación de funciones— contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.
Se sostiene que la jueza ha sido asistida activamente en la causa por su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera. De confirmarse que una persona ajena al procedimiento ha participado en la toma de decisiones o redacción de autos, estaríamos ante una vulneración flagrante del derecho al Juez Predeterminado por la Ley. Esta anomalía no solo comprometería la imparcialidad del proceso, sino que podría acarrear la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado, invalidando una instrucción que parece haber nacido con un sesgo acusatorio prematuro.