Pulso en el Gobierno: La desclasificación del 23-F fractura el bloque de Defensa y Moncloa
La publicación hoy, 25 de febrero de 2026, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la desclasificación de 153 unidades documentales relativas al 23-F ha dinamitado la ya frágil relación entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el núcleo duro de Moncloa. La liberación de archivos críticos, entre los que destaca el "Informe Jáudenes" —que detalla el apoyo logístico de la unidad del CESID a los golpistas— y diversos sumarios del Tribunal Supremo, ha pasado de ser un hito histórico a convertirse en un campo de batalla político interno.
Un anuncio por redes sociales y "sorpresa" en Defensa
El origen del malestar reside en las formas: el Ministerio de Defensa fue "sorprendido" por un anuncio unilateral de Pedro Sánchez en redes sociales, quien justificó la medida como un paso necesario para "saldar una deuda histórica". Para Robles, esta forma de proceder es impropia de una democracia consolidada. La ministra sostiene que una desclasificación de tal calado debe articularse bajo el paraguas de una nueva Ley de Información Clasificada y no mediante acuerdos puntuales del Consejo de Ministros, diseñados —a su juicio— para satisfacer las exigencias de los socios de investidura.
El choque de modelos: Seguridad frente a "Transparencia"
La fricción es especialmente aguda con Félix Bolaños y su estrategia de "transparencia democrática", la cual Robles interpreta como una injerencia directa en las competencias exclusivas de Defensa y el CNI. El enfrentamiento sube de tono al involucrar al Ministerio del Interior:
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Presión de Interior y Presidencia: Existe una fuerte pugna por desvelar la identidad de antiguos agentes operativos del CESID que participaron en la trama.
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Resistencia de Robles: La ministra ha intentado blindar estos nombres para proteger la continuidad y el prestigio de la inteligencia española, advirtiendo que la seguridad nacional no puede ser moneda de cambio político.
Una desclasificación "atropellada" y táctica
Aunque Robles finalmente ha tenido que ceder, fuentes de su entorno más cercano filtran un profundo malestar, calificando el proceso de "atropellado" y falto de rigor técnico. Desde el entorno de la ministra se acusa directamente al Presidente de poner en riesgo el prestigio de las instituciones del Estado por una necesidad puramente táctica: utilizar el 23-F como una "cortina de humo" para desviar la atención de otros frentes críticos que asedian al Ejecutivo en este inicio de 2026.