Fecha: 21 de julio de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: Law-Fair · Verdad · Presunción de inocencia Estado: Artículo de opinión

La presunción de inocencia no exige renunciar a la inteligencia

Hay principios jurídicos que constituyen lo esencial del Estado de Derecho. La presunción de inocencia es, quizás, el más importante de todos. Sin ella, cualquiera quedaría a merced de la sospecha, del rumor o del interés político del momento. Quienes creen sinceramente en el Derecho deben defenderla siempre, incluso cuando el investigado sea un adversario político o cuando hacerlo resulte poco rentable.

En este blog se ha mantenido esa posición desde el primer día y no se abandonará ahora. Pero precisamente por respeto a la presunción de inocencia, no es posible aceptar una perversión cada vez más frecuente: convertirla en la obligación de cerrar los ojos ante indicios que merecen ser investigados, o en un argumento para descalificar preventivamente a quien los investiga.

En las últimas horas han trascendido escritos presentados ante el juez instructor José Luis Calama por Julio Martínez Martínez y por dos altos directivos de Plus Ultra, en los que se atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero un papel relevante en las gestiones que desembocaron en el rescate público de la aerolínea, y se sostiene que este pactó pagos vinculados a esa intermediación. Según esos escritos, las comisiones habrían ascendido al 1 % de la ayuda concedida: aproximadamente 530.000 euros.

Conviene recordar, por honestidad intelectual, que estas manifestaciones forman parte de una investigación judicial en curso, y que el propio Rodríguez Zapatero ha negado rotundamente haber influido en el rescate, haber hablado con responsables públicos sobre la operación o haber percibido comisión alguna relacionada con ella. Eso es exactamente lo que exige la presunción de inocencia: no dar por probados unos hechos que todavía deben demostrarse.

Pero la presunción de inocencia no obliga a fingir que no existen declaraciones coincidentes, documentos incorporados al procedimiento o contradicciones que un juez considera suficientemente relevantes como para seguir investigando. Ahí aparece el verdadero problema político. No es que el presidente del Gobierno manifieste confianza en un antiguo presidente de su partido; eso entra dentro de la lógica política. Lo preocupante es otra cosa.

Desde hace demasiado tiempo, cada vez que una investigación judicial afecta al entorno del PSOE, la respuesta institucional parece seguir un patrón invariable: desacreditar a los jueces, cuestionar a la Guardia Civil, atribuir las investigaciones a conspiraciones políticas, presentar cualquier actuación judicial como un ataque a la democracia y convertir al investigado en víctima antes incluso de que se practiquen todas las diligencias. Los altavoces no responden al contenido: se limitan a generar ruido, el suficiente para que resulte imposible distinguir los hechos de la propaganda.

Cabe preguntarse, además, por qué esa defensa cerrada y por qué ahora, con tantos indicios sobre la mesa, en lugar de guardar la prudencia que cualquier partido serio guardaría ante una instrucción en marcha. La respuesta probablemente combina varios factores. Uno es simbólico: Zapatero no es un cargo cualquiera, sino un expresidente que sigue actuando como referencia moral e ideológica del PSOE; reconocer siquiera la posibilidad de que algo no encaje equivaldría, a ojos de la dirección del partido, a poner en cuestión veinte años de encanto propio. Otro es estratégico: en un Gobierno ya desgastado por otros frentes judiciales abiertos en su entorno, cualquier fisura adicional se percibe como munición para la oposición, de modo que la consigna interna tiende a ser cerrar filas antes que distinguir matices. Y un tercero es de pura supervivencia política: admitir dudas sobre una figura tan vinculada al aparato del partido puede leerse puertas adentro como una señal de debilidad, algo que ningún liderazgo en un contexto de mayorías parlamentarias tan ajustadas está dispuesto a permitirse.

Ninguna de estas razones convierte en culpable a nadie, conviene insistir. Pero tampoco son inocentes desde el punto de vista democrático: cuando el cálculo de partido pesa más que la prudencia institucional, lo que se traslada a la ciudadanía no es serenidad ante la Justicia, sino la sensación de que la defensa se activa por reflejo de supervivencia, no por convicción sobre los hechos. Y esa diferencia, aunque sutil, es la que separa una defensa legítima de una defensa que empieza a parecer corporativa.

Quienes defienden la presunción de inocencia se encuentran entonces en una situación casi absurda, como si respetar ese principio significara aceptar sin espíritu crítico cualquier explicación oficial y considerar ofensiva cualquier duda razonable. No es así. La presunción de inocencia protege frente a la condena anticipada, pero no protege frente al análisis crítico, ni exige renunciar al sentido común, ni obliga a pensar que toda coincidencia es casual o que toda investigación judicial nace contaminada por intereses espurios.

Si mañana la instrucción concluye que no existió tráfico de influencias, que no hubo comisiones ilícitas y que todas las actuaciones fueron plenamente legales, esa absolución jurídica y moral deberá respetarse con la misma firmeza. Pero si los hechos que hoy se investigan terminan acreditándose mediante prueba suficiente, la consecuencia será inevitable: no estaremos ante un simple error político ni ante una campaña mediática, sino ante un supuesto de corrupción en el que quienes utilizaron el poder para obtener ventajas indebidas deberán responder como corruptos, y quienes facilitaron o financiaron esas ventajas asumirán igualmente su responsabilidad como corruptores. Esa conclusión no nace hoy: nace, precisamente, de respetar el proceso judicial hasta el final.

Lo que resulta difícil de sostener es la actitud de quienes parecen considerar que la mejor defensa consiste en levantar una cortina de humo cada vez más espesa y más agresiva contra jueces, fiscales, investigadores o periodistas. Porque llega un momento en que la virulencia verbal deja de parecer una defensa y empieza a interpretarse como un mecanismo para impedir que se conozca la verdad.

Y en un Estado de Derecho, la verdad no se decide en una rueda de prensa, ni en un mitin, ni en una campaña de descalificaciones. Se decide en los tribunales.

Mientras tanto, quienes defendemos la presunción de inocencia seguiremos haciéndolo con la misma convicción de siempre. Pero también seguiremos defendiendo algo igualmente esencial: que respetarla no significa abdicar de la razón, ni aceptar que el pensamiento crítico deba sacrificarse en el altar de la disciplina partidista. Porque la Justicia exige prudencia, y la ciudadanía, además, tiene derecho a no ser tratada como si fuera ciega.