Fecha: 18 de julio de 2026 Autor: R. Trigo Categoría: Política nacional · Constitución · Guardia Civil Estado: Artículo de opinión

La necesidad de preservar el honor de la Guardia Civil cuando la sospecha alcanza a su cúpula

Quienes hemos tenido el honor de vestir un uniforme sabemos que el servicio no se presta a un Gobierno concreto, sino al Estado; no a un partido político, sino a la Nación y al ordenamiento jurídico. Esa distinción, que a algunos puede parecer una cuestión de matiz, es en realidad la columna vertebral de cualquier fuerza de seguridad en una democracia.

Una institución, más de ochenta mil personas

Cada día, más de ochenta y un mil guardias civiles en servicio activo —de un total de 91.034 efectivos, según los últimos datos oficiales—, cumplen su servicio con profesionalidad, ajenos a los despachos donde se libran las batallas políticas. No sería justo —ni riguroso— identificar a la institución en su conjunto con las presuntas irregularidades que hoy se atribuyen a algunos de sus máximos responsables. Diluir esa distinción, ya sea por desidia informativa o por conveniencia partidista, perjudica precisamente a quienes menos tienen que ver con lo ocurrido: los agentes que patrullan carreteras, investigan delitos y arriesgan su integridad sin figurar jamás en un titular.

Precisamente por eso conviene ser meticuloso al describir lo que está sucediendo, y no generalizar.

Lo que dicen las actuaciones judiciales

En las últimas semanas, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, han sido citados como investigados por el titular del juzgado central de instrucción, Santiago Pedraz. El magistrado aprecia indicios, prima facie, de posibles delitos continuados de prevaricación y obstrucción a la Justicia, relacionados con la apertura reiterada de informaciones reservadas dirigidas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigaban tramas de corrupción.

Conviene subrayarlo con precisión: una imputación no es una condena. El propio auto judicial aclara que la decisión de investigar no implica una declaración de culpabilidad, sino la necesidad de esclarecer si ambos responsables emplearon sus competencias para condicionar el trabajo de quienes instruían causas sensibles para el Ejecutivo. Ese matiz —presunción de inocencia frente a indicios que merecen ser investigados— es tan importante para quien defiende la institución como para quien la critica. Ignorarlo en cualquiera de las dos direcciones sería injusto.

Dicho esto, la gravedad de los hechos que se investigan —si se confirman— no es menor: no se trata de una irregularidad administrativa cualquiera, sino de la posible utilización de la cadena de mando para intimidar o desactivar una investigación en marcha. Y ahí es donde entra en juego algo que trasciende lo penal.

El honor no es un eslogan

El lema histórico de la Guardia Civil —"El honor es mi divisa"— no es una fórmula decorativa para actos protocolarios. Un guardia civil, como cualquier militar, sabe que debe obediencia a la ley por encima de cualquier conveniencia coyuntural. Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas sitúan el honor, la disciplina, el servicio y la neutralidad política entre los principios esenciales de quien viste el uniforme. No son adornos retóricos: son la razón de ser de la disciplina misma, porque una disciplina que solo obedeciera al poder de turno dejaría de ser garantía y pasaría a ser instrumento.

Por eso, si se confirmara que la cúpula del cuerpo utilizó sus competencias para frenar investigaciones incómodas para el Gobierno, el daño no sería solo penal: sería un daño reputacional que tardará mucho en repararse, incluso si los actuales investigados terminaran siendo absueltos. La sospecha, cuando alcanza a la cúspide de una institución armada, deja una marca que no se borra con una sentencia favorable.

Instituciones fuertes, no cúpulas dóciles

España necesita instituciones fuertes, y más si se atiende al panorama político actual. Pero las instituciones solo son fuertes cuando sus miembros —empezando por sus mandos más altos— saben distinguir entre servir al Gobierno de turno y servir al Estado. Un cuerpo de seguridad cuya dirección general dependiera, de facto, de la lealtad al Ejecutivo de turno dejaría de ser garante de la ley para convertirse en instrumento de quien gobierna. Esa es, precisamente, la peor herencia que podría dejar este episodio, independientemente de cómo termine resolviéndose en los tribunales.

Quienes visten el uniforme no juran fidelidad a un partido político. Juran cumplir la Constitución y proteger a todos los españoles por igual, con independencia de qué formación ocupe el Gobierno. Esa diferencia, aparentemente sencilla, es el verdadero fundamento del prestigio de la Guardia Civil, y hoy puede quedar maltrecha si no hay una reacción institucional a la altura: transparencia en la investigación, colaboración plena con la Justicia y, si los hechos se confirman, consecuencias claras para quienes hayan antepuesto la lealtad política a la ley.

La autoridad moral de cualquier cuerpo de seguridad depende, en última instancia, de una sola cosa: que nadie —ni siquiera quien lo dirige— esté por encima de la ley, y de que nadie pueda paralizar una investigación dirigida por un juez. Todo lo demás es, en el fondo, secundario.