La competencia del Comité Federal y sus límites
El Comité Federal del PSOE celebrado el 27 de junio ha ratificado por abrumadora mayoría el liderazgo de Pedro Sánchez. La foto de unidad es irreprochable como acto interno de partido. Pero conviene precisar, con rigor, lo que ese órgano puede hacer y lo que estructuralmente no puede: puede expresar adhesión a su secretario general; no puede resolver las cuestiones que la actual crisis política ha puesto sobre la mesa. No porque le falte voluntad, sino porque le falta competencia. Son cuestiones de otro orden.
El Comité Federal es el órgano de dirección interna de una formación política. Sus resoluciones vinculan a los militantes del PSOE. No vinculan a la Constitución, no vinculan a la sociedad y, desde luego, no resuelven los déficits de legitimidad política que se acumulan desde hace varios años en el Gobierno que ese partido sustenta.
La distinción que el debate público elude
Legalidad y legitimidad política no son sinónimos. Esta distinción, elemental en cualquier manual de Teoría del Estado, es la que con mayor consistencia se elude en el debate público español.
El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene íntegra su legalidad constitucional. Dispone de mayoría parlamentaria. No ha perdido ninguna votación de confianza. Las formas se cumplen. Pero la legitimidad política es otra cosa: es la correspondencia entre el ejercicio del poder y la confianza activa de una parte sustancial de la sociedad. Y esa correspondencia se ha deteriorado de forma acelerada, no como resultado de la propaganda opositora, sino como consecuencia de hechos verificables y de procedimientos judiciales en curso o ya resueltos mediante condenas firmes.
Cuando una parte significativa de la ciudadanía percibe que el sostenimiento del Gobierno ha pasado a ser el objetivo principal del Gobierno mismo, que las explicaciones políticas ante los ciudadanos son sustituidas por la aritmética parlamentaria, y que el escrutinio público se esquiva sistemáticamente mediante la invocación de mayorías que, en sentido estricto, nadie eligió para ese fin concreto, el sistema continúa siendo formalmente democrático pero empieza a funcionar con una fricción institucional que ningún comité interno puede eliminar.
La arquitectura de la mayoría y su coste constitucional
El Gobierno se sostiene sobre una coalición parlamentaria que incluye formaciones cuyo proyecto político es, en varios casos, incompatible con los principios constitucionales que el propio Ejecutivo tiene el deber de defender. Esto no es una denuncia: es una descripción del problema.
Bildu, Junts, Esquerra Republicana de Catalunya sostienen la investidura y la estabilidad de un Gobierno que, en virtud de ese apoyo, negocia con ellas de forma continua concesiones cuyo alcance constitucional es objeto de legítima controversia jurídica. La amnistía aprobada en la anterior legislatura es el ejemplo más nítido: su compatibilidad con el artículo 14 y con el principio de igualdad ante la ley sigue siendo debatida en instancias judiciales europeas. Es un asunto abierto, no cerrado.
Lo que el Comité Federal no puede hacer es pronunciarse sobre si esas concesiones son o no compatibles con la Constitución. Tampoco puede determinar cuáles son los límites de la negociación territorial admisible conforme al artículo 2 de la norma fundamental. Eso corresponde al Tribunal Constitucional, a los tribunales ordinarios y, en última instancia, al propio poder constituyente. Ningún órgano de partido puede sustituir a esas instancias.
El argumento de la responsabilidad política
En 2018, la moción de censura que desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy se justificó ante la ciudadanía con un argumento explícito: la necesidad de regenerar la vida pública, combatir la corrupción y restablecer los estándares éticos en el ejercicio del poder. Era, formalmente, un argumento de responsabilidad política.
Ocho años después, el mismo partido que lideró esa moción gestiona un entorno en el que se han producido condenas firmes, investigaciones judiciales sobre el círculo próximo al presidente, y una acumulación de episodios que, individualmente considerados, podrían admitir explicaciones, pero cuyo conjunto resulta difícilmente compatible con la retórica regeneracionista de 2018.
El Comité Federal puede ignorar esta contradicción. No puede resolverla. La contradicción existe en el terreno de los hechos, no en el de las resoluciones internas.
Lo que queda después del comité
La pregunta relevante no es si el Gobierno sobrevivirá a este ciclo político —la matemática parlamentaria sugiere que sí, al menos a corto plazo—. La pregunta relevante es qué efectos institucionales dejará esta etapa.
Las democracias no se dañan únicamente mediante golpes de Estado o rupturas constitucionales. Se dañan también cuando la distancia entre las formas institucionales y la percepción ciudadana de su funcionamiento se hace estructural. Cuando los ciudadanos aprenden que las reglas se aplican de forma selectiva, que la responsabilidad política tiene distintos estándares según quién sea el afectado, y que la mayoría parlamentaria puede funcionar como escudo frente a cualquier demanda de rendición de cuentas, el sistema jurídico permanece intacto pero la confianza en él sufre una erosión que no se recupera con facilidad.
España es un Estado democrático de Derecho. Esa afirmación no es retórica: es la descripción de un sistema que contiene sus propios mecanismos de corrección. Pero esos mecanismos requieren que quienes ejercen el poder acepten someterse a ellos, no solo cuando los resultados les son favorables.
El Comité Federal del PSOE no tiene competencia para decidir nada de esto. Solo los ciudadanos, en las urnas, y los tribunales, en Derecho, pueden hacerlo. Esa es, precisamente, la garantía del sistema. Y también su límite.