La erosión institucional del «caso Sánchez»
La política española atraviesa probablemente el momento de mayor tensión institucional desde el intento de sedición catalán. No existe aún una imputación formal del presidente del Gobierno, pero múltiples investigaciones judiciales convergen simultáneamente sobre su entorno político, familiar y orgánico más próximo. El problema no reside, por el momento, en el plano estrictamente jurídico: reside en el daño institucional que esta acumulación genera por sí misma. El volumen, la coetaneidad y la naturaleza de los procedimientos abiertos configuran una situación políticamente excepcional.
El «caso Koldo» ya no es el caso de Koldo
La investigación ha mutado sustancialmente. Lo que comenzó como una presunta irregularidad en contratos de mascarillas apunta ahora a algo cualitativamente distinto: una posible red estable de influencia política, adjudicaciones públicas dirigidas y estructuras de protección interna.
La Unidad Central Operativa sitúa hoy a Santos Cerdán —hasta hace poco uno de los hombres fuertes del PSOE y colaborador directo del presidente— en el centro de una presunta trama vinculada a contratos públicos y beneficios ilícitos canalizados a través de empresas afines. La relevancia política es evidente: Cerdán formaba parte del núcleo estratégico del sanchismo, participó en negociaciones parlamentarias decisivas y ejercía funciones orgánicas de primer orden dentro del partido. El deterioro, por tanto, no se limita a la posible responsabilidad individual de los investigados: compromete la credibilidad del aparato político en su conjunto.
La hipótesis de interferencia institucional
Lo más delicado, sin embargo, ya no son las adjudicaciones irregulares ni las presuntas comisiones. El salto cualitativo se produce cuando las investigaciones se orientan a determinar si existieron maniobras para desacreditar jueces, obtener información reservada, neutralizar investigaciones policiales o presionar indirectamente sobre órganos del Estado.
Las actuaciones conocidas en torno al llamado «caso Leire» apuntan precisamente en esa dirección. Las últimas diligencias y las informaciones periodísticas que las reflejan sugieren la existencia de grupos organizados para proteger al presidente mediante la desacreditación de miembros de la UCO y la articulación de estrategias de reacción política y mediática frente a determinadas investigaciones.
Santos Cerdán ha negado cualquier implicación delictiva y ha denunciado una campaña de destrucción reputacional. La presunción de inocencia opera con plena vigencia. Pero conviene precisar: incluso aceptando esa presunción en sus términos más amplios, el mero planteamiento procesal de estas hipótesis produce ya un efecto institucional autónomo e irreversible.
Puede admitirse cierta tolerancia, discutible pero políticamente común, respecto de la corrupción entendida en sentido estricto. Lo que no admite tolerancia, porque es el fundamento mismo del Estado de Derecho, es la confianza en jueces, fiscales, cuerpos policiales y procedimientos de investigación. Cuando esa confianza se erosiona —cuando la calle ve «cloacas», operaciones de neutralización y ataques cruzados entre instituciones—, la legitimidad institucional queda en entredicho con independencia de cuál sea el resultado penal.
La dimensión familiar
En paralelo, continúan las investigaciones que afectan al entorno familiar del presidente. El procedimiento relativo a Begoña Gómez ha adquirido una dimensión inédita en la política española reciente, con diligencias que abarcan tráfico de influencias, apropiación de software, relaciones empresariales y utilización de recursos institucionales. Las actuaciones relativas al hermano del presidente añaden desgaste adicional a un cuadro ya de por sí extraordinario.
Debe reiterarse: investigación no equivale a condena, ni instrucción equivale a culpabilidad. Pero la acumulación de procedimientos, instrucciones y juicios simultáneos genera, por su propia densidad, una nebulosa sobre la que resulta imposible proyectar legitimidad ordinaria.
El problema político de fondo
La cuestión verdaderamente importante quizá no sea de naturaleza penal, sino política.
La experiencia comparada enseña que un gobierno puede sobrevivir a un escándalo aislado en democracias consolidadas. Lo que resulta difícilmente sostenible es una situación en la que las investigaciones se multiplican, afectan al círculo de máxima confianza del ejecutivo, comprometen la estabilidad parlamentaria y generan una tensión sostenida entre poderes del Estado.
La pregunta relevante se desplaza, así, del plano penal al plano institucional: ¿puede mantenerse intacto el crédito de un gobierno cuando la actualidad política gira de forma casi exclusiva en torno a procedimientos judiciales, informes policiales y filtraciones procesales?
La democracia se alimenta de algo más que de legalidad
La democracia no se sostiene únicamente sobre la legalidad formal. Requiere, también, la apariencia de imparcialidad, la contención institucional, el respeto entre poderes y la confianza pública. Cuando los gobernantes entran en sospecha permanente y el Gobierno denuncia conspiraciones, la oposición habla de corrupción estructural, los jueces son cuestionados públicamente, los cuerpos policiales son señalados y los socios parlamentarios guardan un silencio tácticamente calculado, el deterioro democrático opera como fenómeno autónomo.
Este es el aspecto más serio de cuanto estamos describiendo: el mayor daño no provendrá de ninguna sentencia condenatoria. Provendrá de la pérdida progresiva y acumulativa de confianza colectiva en las instituciones del Estado. Una pérdida que, a diferencia de las sentencias, no tiene recurso posible.