Cuando el Gobierno desacredita las instituciones que gobierna
Hay una paradoja incómoda en el centro del debate político español que merece ser nombrada con claridad.
Cuando ministros o portavoces del Gobierno sugieren que jueces, fiscales o policías actúan coordinadamente contra ellos, están lanzando una acusación de enorme gravedad. Y esa acusación, sea verdad o mentira, produce el mismo daño institucional.
Si es verdad, España tiene un problema gravísimo de Estado: sus propias instituciones de control estarían siendo utilizadas como arma política. Si es mentira —o simple especulación sin pruebas— el problema es igualmente serio: el propio Ejecutivo estaría destruyendo la credibilidad de las instituciones que representa.
En los dos casos, el resultado es el mismo: ciudadanos que dejan de confiar en que algo funciona con neutralidad.
Esto no es un fenómeno exclusivo de la izquierda ni de la derecha. La espiral de "judicializar la política y politizar la justicia" lleva años siendo alimentada desde todos los flancos. Pero tiene especial gravedad cuando lo hace el Gobierno, porque el Gobierno no es un partido como los demás: es el Estado mismo actuando.
La etiqueta "lawfare" —persecución judicial con fines políticos— puede describir una realidad. La historia tiene ejemplos. Pero precisamente por eso exige pruebas, rigor y prudencia. Cuando se convierte en respuesta automática a cualquier investigación incómoda, deja de ser una denuncia y pasa a ser un escudo.
El deterioro de la confianza pública es acumulativo. Cada vez que una resolución judicial se lee en clave de partido en lugar de en clave jurídica, cada vez que la información se consume emocionalmente en lugar de analizarse, el poso es siempre el mismo: la convicción de que todo está podrido y nada es neutral.
Las democracias pueden sobrevivir a escándalos, a gobiernos fallidos, incluso a episodios de corrupción. Lo que difícilmente sobreviven es la convicción colectiva de que todas las instituciones son instrumentos de facción.
Ese es hoy el verdadero riesgo. Y conviene decirlo sin rodeos.
Existe además un elemento particularmente inquietante en el momento político actual: la progresiva normalización de la sospecha institucional como instrumento ordinario de supervivencia política.
Durante décadas, las democracias occidentales funcionaron sobre una premisa tácita pero esencial: las instituciones podían cometer errores, sufrir desviaciones o verse afectadas por sesgos humanos, pero conservaban una legitimidad estructural básica que ningún actor político relevante debía erosionar irresponsablemente. Hoy esa lógica parece invertirse. La sospecha permanente se ha convertido en un recurso político cotidiano.
Y ello produce un fenómeno extremadamente corrosivo: la legitimidad condicionada.
Las instituciones dejan de ser percibidas como estructuras neutrales sometidas al Derecho y pasan a valorarse exclusivamente en función de si benefician o perjudican al propio bloque ideológico. Si una resolución judicial favorece la propia posición política, se exalta la independencia judicial; si la perjudica, se denuncia una conspiración. Si una investigación afecta al adversario, se invoca el Estado de Derecho; si afecta al propio entorno, se habla de “lawfare”, persecución o manipulación.
La consecuencia acumulativa de esta dinámica es devastadora: el ciudadano termina interiorizando que no existen ya reglas compartidas, sino únicamente facciones enfrentadas utilizando instituciones como instrumentos de combate.
Ese deterioro es especialmente delicado cuando quienes alimentan tales afirmaciones ocupan responsabilidades de Gobierno. Porque no existe simetría institucional entre un comentarista, un militante o un dirigente partidista y un ministro del Ejecutivo. Cuanto mayor es la posición institucional, mayor debería ser la prudencia retórica y mayor el deber de preservar la credibilidad de las estructuras del Estado.
En este contexto cobra especial relevancia el uso creciente del concepto “lawfare”. El término describe, en origen, la eventual utilización abusiva de mecanismos judiciales con fines de neutralización política. Y conviene reconocer algo importante: históricamente, las instrumentalizaciones judiciales han existido y ningún sistema democrático es inmune a ellas.
Pero precisamente por la gravedad de esa hipótesis, banalizar el concepto termina siendo profundamente irresponsable. Si toda investigación incómoda pasa automáticamente a calificarse como persecución política, el término pierde capacidad para identificar auténticos abusos y se transforma simplemente en un mecanismo discursivo de autodefensa del poder.
La paradoja contemporánea es aún más compleja: parte del poder político adopta hoy discursos antisistema mientras continúa ejerciendo plenamente el poder institucional. El Gobierno se presenta simultáneamente como autoridad del Estado y como víctima de ese mismo Estado; administra las instituciones mientras cuestiona su neutralidad; ejerce el poder mientras sostiene que estructuras ocultas intentan impedirle gobernar.
Esa dualidad introduce un factor de enorme confusión democrática.