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Toda la corrupción es de Sánchez

28 mayo, 2026 78 lecturas
Toda la corrupción es de Sánchez

Cuando la normalidad deja de ser democrática

España atraviesa un problema que ya no es únicamente judicial, sino profundamente institucional y moral.

La entrada de la UCO en la sede nacional del PSOE en Ferraz, ordenada por un juez de la Audiencia Nacional, no constituye un episodio político más. Tampoco son propias de la normalidad las múltiples investigaciones abiertas que afectan al entorno del partido gubernamental y a personas próximas al poder. Mucho menos lo es que las pesquisas apunten, presuntamente, a maniobras dirigidas a influir, presionar o desactivar investigaciones judiciales y policiales relacionadas con causas que afectan al propio Gobierno.

Una democracia seria no puede acostumbrarse a esto.

Pese a todo, se debe mantener siempre el rigor jurídico: la presunción de inocencia existe precisamente para impedir condenas anticipadas. Y hoy Pedro Sánchez no está formalmente imputado en esta causa. Eso debe afirmarse con claridad. Pero el problema ya ha superado ampliamente el terreno penal.

El verdadero daño es institucional.

Cuando en España se producen registros judiciales en la sede del partido que gobierna —con una legitimidad basada en pactos entre partidos—, imputaciones de altos cargos, sospechas de financiación irregular y presuntas operaciones contra jueces, fiscales o investigadores, y aun así no se produce el menor movimiento político relevante dentro del Ejecutivo, la sensación pública deja de ser la de un Gobierno sometido al control democrático y pasa a parecer la de un poder atrincherado.

Y eso erosiona gravemente la confianza ciudadana.

Algo chirría profundamente cuando el presidente del Gobierno no es solamente presidente: es también secretario general del partido afectado políticamente por las investigaciones. La separación entre Gobierno y estructura partidista se vuelve entonces prácticamente imposible a ojos de gran parte de la sociedad. La acumulación de poder personal y la impermeabilidad ante la crítica institucional empujan peligrosamente hacia formas de autoritarismo que deberían ser ajenas a una democracia consolidada.

Pero existe otra cuestión todavía más incómoda.

¿Dónde están los socios?

Los partidos que sostienen parlamentariamente al Ejecutivo llevan años presentándose como guardianes de la regeneración democrática, la ética pública y la ejemplaridad institucional. Sin embargo, ante un escenario de deterioro político creciente, optan por el silencio o por relativizar los hechos mientras continúan apuntalando al Gobierno. Es el caso, entre otros, de quienes como Gabriel Rufián aspiran simultáneamente al protagonismo en la izquierda española y a la consolidación de un proyecto independentista, obteniendo a cambio concesiones que este blog ya ha analizado en otras ocasiones.

Resulta difícil no preguntarse si algunos de esos aliados están intentando simplemente maximizar ventajas políticas mientras el desgaste lo asume exclusivamente el PSOE. Porque sostener un Gobierno en circunstancias excepcionales también implica asumir responsabilidades excepcionales. El silencio cómplice también es una posición política, y la ciudadanía tiene derecho a saberlo.

No basta con invocar automáticamente la presunción de inocencia cada vez que surge un nuevo escándalo. La democracia exige algo más que ausencia de condena penal. Exige responsabilidad política, transparencia y respeto institucional.

Y sobre todo exige comprender que hay momentos en los que el problema ya no es si alguien terminará condenado, sino cuánto daño se está causando mientras tanto a la credibilidad del Estado.

La cuestión de fondo no es únicamente qué han protagonizado estos actores políticos. La cuestión es hasta qué punto una democracia puede normalizar que el poder permanezca inmóvil mientras las instituciones judiciales y policiales investigan precisamente presuntas operaciones destinadas a proteger políticamente a ese mismo poder.

Ahí es donde empieza el verdadero deterioro democrático. No en una sentencia, como sostienen algunos para eludir el debate. No en una condena. En el momento en que la excepcionalidad deja de sorprender y empieza a parecer rutina.