El reparto competencial como moneda de cambio
La anulación del Registro estatal de alquileres turísticos por parte del Tribunal Supremo vuelve a poner sobre la mesa una anomalía cada vez más evidente en nuestro sistema institucional: el reparto de competencias ya no responde a una lógica constitucional estable, sino a necesidades políticas cambiantes y a intereses coyunturales del poder.
Porque mientras el Estado invade en ocasiones ámbitos claramente atribuidos a las comunidades autónomas —como vivienda o turismo—, al mismo tiempo se negocian o transfieren competencias que muchos juristas consideran inseparables del núcleo duro de la soberanía estatal. El resultado es una incoherencia institucional creciente y difícilmente justificable.
No existe ya una defensa reconocible del modelo territorial diseñado por la Constitución, sino una utilización táctica del mismo: se recentraliza cuando conviene políticamente, y se descentraliza cuando el Gobierno necesita apoyos parlamentarios.
La coincidencia de hoy lo ilustra con una claridad difícil de ignorar. El mismo día en que el Tribunal Supremo anula el Registro estatal de alquileres turísticos por invadir competencias autonómicas en materia de vivienda, el Gobierno publica un acuerdo de 7.000 millones con las comunidades autónomas sobre esa misma materia. No es contradicción por descuido — es la lógica del sistema tal como funciona hoy: el Estado retrocede donde los tribunales le obligan y avanza donde el dinero le permite negociar. Y lo hace no solo hacia fuera, con socios parlamentarios externos, sino hacia dentro, entre las propias facciones de un gobierno de coalición con intereses territoriales divergentes. El reparto competencial ha dejado de ser un problema constitucional para convertirse en una herramienta de gobernabilidad interna.
Todo ello envuelto en un lenguaje extraordinariamente contradictorio. Se invoca el pluralismo territorial mientras se construyen mecanismos estatales uniformadores; y simultáneamente se presentan como "normales" cesiones competenciales que hace pocos años habrían sido consideradas incompatibles con la propia idea de Estado.
El problema no es únicamente jurídico. Es institucional.
Cuando las reglas competenciales dejan de percibirse como límites constitucionales objetivos y pasan a funcionar como moneda de negociación política — exterior e interior al propio gobierno —, el deterioro de la confianza ciudadana es inevitable. La Constitución deja de ser un marco estable de convivencia para convertirse en un instrumento al servicio de la necesidad coyuntural del poder.
Y eso es extraordinariamente peligroso para cualquier Estado de Derecho serio.