La intervención de Gabriel Rufián en el Congreso, a propósito de la investigación judicial sobre el expresidente Zapatero, es un buen ejemplo de algo que cada vez vemos más en nuestra vida pública: la política tribal disfrazada de prudencia institucional y de la que ya hablamos ayer en Otras Noticias. Esta postura de Rufían corrobora con mayor contundencia el maltrato al Estado de Derecho al que se aludía.
Empecemos por lo obvio. “Jodido” y “una mierda” no son expresiones que uno espere escuchar en el Parlamento. No porque seamos cicateros o puritanos, sino porque el Congreso es la sede de la soberanía nacional, no un plató de televisión ni la barra de un bar. Las formas importan, y cuando un diputado las ignora sistemáticamente, el mensaje que transmite es que la institución le importa poco o que directamente la desdeña… aunque eso no le impida servirse de ella y percibir puntualmente sus haberes.
Y lo más revelador quizá no fue solo la expresión, sino la ausencia de reacción institucional. La Mesa no corrigió ni llamó al orden. Cabe preguntarse entonces si estamos ante simple dejación, cálculo político o el temor permanente a incomodar a quienes sostienen parlamentariamente al Gobierno aun cuando su proyecto político de origen haya sido precisamente combatir la idea misma de una soberanía nacional compartida.
Pero eso, con ser ya bastante indigestible, es casi lo menos preocupante.
Hay que reconocerle a Rufián una habilidad política muy concreta: la capacidad de parecer crítico sin serlo jamás del todo. Su “si esto es verdad, es una mierda” constituye una pirueta retórica calculada. Le permite mantener intacta su lealtad al bloque gubernamental, aparentar una distancia moral que parece honesta y, al mismo tiempo, no comprometerse realmente con nada. La fórmula perfecta para mojarse sin mancharse; exactamente lo contrario de aquello de “tomar partido hasta mancharse” que decía el poeta.
En un auténtico Estado de Derecho, esa lógica debería desterrarse. Ni condenar anticipadamente a nadie ni minimizar hechos potencialmente graves porque afecten a aliados políticos. No pueden hacerse ambas cosas a la vez mediante juegos de lenguaje y equilibrios tácticos. Ahí es donde se separan la coherencia ética y el simple cálculo político.
Y, en realidad, la actitud de Rufián resulta perfectamente coherente con su concepción de fondo. No hay contradicción entre este tipo de discurso ambiguo y el hecho de que un dirigente separatista se ofrezca ahora como impulsor de un supuesto “bloque unitario de izquierdas” formado —según sus propias palabras— por “soberanistas” y “españoles”.
La formulación es reveladora por sí sola. Los que creen en la soberanía nacional compartida aparecen reducidos a una categoría funcional o casi residual, mientras que quienes defienden proyectos de fragmentación territorial son elevados a sujeto político propio, diferenciado y legitimado. El lenguaje nunca es inocente, y menos aún en política.
Ese planteamiento delata una visión profundamente táctica del poder. El objetivo ya no parece ser construir un proyecto nacional común, ni siquiera un marco estable de convivencia institucional, sino articular alianzas coyunturales donde las convicciones quedan subordinadas a la utilidad estratégica del momento. Por eso tampoco sorprende que la misma lógica que relativiza institucionalmente unos hechos graves sea la que permite hablar con naturalidad de unir a quienes pretenden erosionar el marco común con quienes dicen defenderlo.
Y aquí aparece quizá la contradicción más profunda de todo este escenario político: es precisamente un Gobierno que se presenta públicamente como constitucionalista, progresista y defensor de la convivencia común el que ha terminado colaborando activamente —por necesidad parlamentaria— con dinámicas de disrupción nacionalista abiertamente contrarias al espíritu integrador de la Constitución de 1978.
No se trata ya únicamente de pactos parlamentarios normales en democracia. Las mayorías son legítimas y el acuerdo forma parte del sistema. El problema surge cuando el sostenimiento precario del poder obliga a asumir como interlocutores preferentes a quienes consideran insuficiente o directamente ilegítimo el propio marco nacional y constitucional sobre el que descansa ese poder.
Porque todos sabemos cómo se ha sostenido un gobierno que nunca obtuvo una mayoría parlamentaria propia. Y ese sostenimiento tiene un precio. No hablamos solo de cesiones políticas o económicas, sino también de algo mucho más profundo: del deterioro paulatino de ciertos valores institucionales, de la degradación del debate público y de la erosión progresiva de la dignidad de las propias instituciones y de quienes las representan.
Al final, todo encaja: el desprecio implícito por las formas institucionales, la ambigüedad moral cuidadosamente calculada y la construcción de bloques políticos sostenidos únicamente por intereses coyunturales forman parte de una misma cultura política.
Cuando un representante público valora antes la utilidad partidista de una situación que la confianza ciudadana en las instituciones, el daño no se limita a él ni a su partido. Se extiende al sistema entero. Y eso, para variar, nos afecta a todos.
Menos tribalismo. Más altura de Estado. Menos sectarismo partidista y, por favor, un mínimo respeto a la democracia representativa, al pluralismo político y a las instituciones comunes. No parece demasiado pedir