Zapatero, investigado: lo que dice el auto, lo que no dice, y lo que nadie debería confundir

Una citación judicial no es una condena. Tampoco es inocua. Lo que debería importarle a un ciudadano informado.

Eso es lo que dice el auto. Ni más ni menos. La Sección de Instrucción Plaza n.º 2 del Tribunal Central de Instancia de Madrid ha citado a José Luis Rodríguez Zapatero a declarar asistido de abogado el próximo 2 de junio de 2026. La noticia lleva días generando titulares. Este comentario no va a añadir uno más. Va a intentar algo más difícil: aportar algo de luz jurídica en medio de tanto ruido.

Primero: dejar de decir "imputado"

Desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el término correcto es investigado. No es un eufemismo ni una concesión política: es una categoría jurídica precisa que sustituye al antiguo "imputado" con un objetivo claro: reforzar las garantías procesales y eliminar el estigma automático que generaba esa etiqueta. Ser investigado significa, técnicamente, que una persona adquiere el derecho formal de defenderse dentro de una causa penal. Nada más. Y nada menos.

Segundo: distinguir lo jurídico de lo político

Una citación como investigado es un acto procesal. No implica condena. Ni siquiera garantiza que haya apertura de juicio oral. El procedimiento puede terminar en archivo, en sobreseimiento, en juicio, o en sentencia absolutoria. En este momento, lo único que ha ocurrido es que un juez considera que existen indicios suficientes para escuchar a una persona en calidad de investigada. Eso es todo.

Otra cosa es el plano político y reputacional. Nadie puede negar que una citación así tiene impacto mediático y genera consecuencias en la percepción pública. Eso es legítimo y comprensible. Pero ese impacto pertenece a otro orden de cosas: no al Derecho penal, sino a la política y a la opinión. Conviene no mezclarlos.

Tercero: lo que aún no sabemos y deberíamos saber

El auto de fecha 18 de mayo de 2026 no ha sido publicado íntegramente. Y ahí está el verdadero interés jurídico del asunto. Lo que importa conocer no es el titular, sino el contenido: qué hechos concretos se investigan, qué indicios los sustentan, si la participación que se atribuye al investigado es directa o se trata de un conocimiento indirecto de los hechos, y qué vinculación específica se aprecia con los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que se mencionan en la citación. Sin ese análisis, cualquier valoración jurídica es prematura.

Cuarto: la presunción de inocencia no es una formalidad

En un Estado de Derecho, la presunción de inocencia no es un recurso retórico que se invoca cuando conviene y se olvida cuando incomoda. Es un principio estructural del sistema. Una citación a declarar no equivale a culpabilidad, y convertir la investigación judicial en condena social anticipada es un daño que se hace, antes que al investigado, a las propias instituciones.

Al mismo tiempo, el respeto a los tribunales exige no descalificar una investigación por el nombre de quien está siendo investigado. Ni "si lo investiga un juez ya es culpable" ni "investigar a esta persona es ilegítimo por definición". Las dos posiciones son igualmente incompatibles con una cultura democrática madura.

Quinto: el sectarismo como tentación constante

La prueba más sencilla de si alguien razona con honestidad intelectual en estos casos es también la más incómoda: ¿aplicaría el mismo criterio si el investigado fuera del partido contrario? Si la respuesta es no, el problema no es jurídico. Es ideológico. Y mezclar ideología con Derecho penal no beneficia a nadie salvo a quienes tienen interés en que las instituciones pierdan credibilidad.