Existe un inquietante paralelismo entre la situación de la Fiscalía Anticorrupción y la de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico. Ambas instituciones comparten una misma sensación: la soledad de medios frente a organizaciones cada vez más sofisticadas, mejor financiadas y jurídicamente blindadas. Es la imagen del capitán de un barco obligado a perseguir fragatas rápidas armado únicamente con un remo y una tripulación insuficiente.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, lleva años advirtiendo de que su departamento se encuentra desbordado. El número de fiscales especializados resulta claramente insuficiente para afrontar el volumen y complejidad de las macrocausas que han marcado la última década —Púnica, Villarejo y otros grandes procedimientos—. Frente a ellos no comparecen delincuentes improvisados, sino estructuras defendidas por algunos de los despachos más potentes del país, con recursos prácticamente ilimitados.
A ello se suma una carencia estructural especialmente grave: la Fiscalía Anticorrupción no dispone de peritos propios. Depende de técnicos adscritos a la AEAT y a la IGAE, organismos externos a su estructura funcional. Luzón ha reconocido públicamente en distintas ocasiones que esta dependencia constituye un enorme “handicap”, pues deja investigaciones enteras condicionadas por la disponibilidad de otros ministerios y organismos. Las consecuencias son evidentes: retrasos, bloqueos técnicos y procedimientos que se acercan peligrosamente a los límites de la prescripción.
Pero quizá el aspecto más significativo de Luzón sea precisamente su perfil personal. No es un fiscal mediático. No busca titulares ni protagonismo político. Su posición ha sido siempre eminentemente técnica, discreta y alejada del ruido que rodea habitualmente las guerras internas de las asociaciones fiscales. Esa soledad, en parte buscada, le ha permitido preservar una imagen de independencia. Sin embargo, también le sitúa en una posición especialmente vulnerable frente a las presiones cruzadas de todos los actores implicados.
Y es ahí donde aparece la dimensión política del problema.
En Moncloa existe desde hace tiempo un evidente malestar porque Luzón no se pliega a estrategias de oportunidad política. Mientras determinados sectores de la Fiscalía General del Estado han endurecido posiciones frente a colaboradores o confidentes en causas sensibles, Luzón ha defendido públicamente la aplicación de atenuantes cuando existe una colaboración efectiva con la Justicia. Para el Gobierno, que el fiscal otorgue credibilidad parcial a declaraciones incómodas supone un auténtico incendio político difícil de apagar.
No obstante, el Ejecutivo tampoco dispone de plena libertad de maniobra. El mandato de Luzón se extiende hasta octubre de 2027 y su prestigio técnico dentro de la carrera fiscal es sólido. Cualquier intento de apartarlo o erosionar su posición sería interpretado como un ataque directo a la independencia del Ministerio Fiscal. En determinados círculos políticos se le considera un “verso suelto”, precisamente porque mantiene un criterio propio y técnico incluso bajo presión.
La paradoja resulta evidente: el mismo Gobierno que observa con incomodidad algunas de sus posiciones utiliza sus declaraciones cuando estas resultan políticamente favorables. Así ocurrió cuando determinadas manifestaciones realizadas por Luzón ante el Tribunal Supremo fueron utilizadas públicamente para sostener que el núcleo del Ejecutivo es ajeno casos de corrupción. En ese sentido, es necesario traer a colación las palabras recientes de Bolaños y Elma Saiz en relación al caso mascarillas y las declaraciones de Aldama sonre el número uno de la trama.
Todo ello revela una cuestión de fondo mucho más preocupante: la lucha contra la corrupción en España continúa dependiendo, en demasiadas ocasiones, del sacrificio individual de determinados profesionales más que de una estructura institucional verdaderamente reforzada. Igual que ocurre con la Guardia Civil frente al narcotráfico, el problema no parece ser la falta de voluntad de quienes están en primera línea, sino la insuficiencia de medios con los que se les obliga a combatir.
Y cuando quienes deben perseguir la corrupción o el crimen organizado terminan actuando prácticamente en solitario, la debilidad deja de ser únicamente presupuestaria. Se convierte también en una fragilidad institucional.